En España viven más de 44 millones de personas, de las que 3,8 millones, casi el 10%, son extranjeros y la mayoría de países extracomunitarios. Las consecuencias sociopolíticas, económicas, culturales y hasta religiosas de esta alteración demográfica, tan profunda como repentina, son inmensas y nos afectarán, sin duda, durante el resto del siglo XXI. Una de ellas es el signo del voto de los inmigrantes en las elecciones locales y generales. Como ha dicho el socialista Rafael Simancas, “la inmigración supone un factor político electoral de primer orden”[1]. Este asunto se debate en los cuarteles generales de los partidos políticos y creemos que determina su actitud respecto al grave problema de la inmigración.

 

De acuerdo con los últimos datos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística[2], en España hemos pasado de tener poco más de 600.000 extranjeros en 1998 a 3,73 millones en 2004. ¡Un crecimiento superior al 600% en seis años! Si en todas las ciudades se aprecia a simple vista el crecimiento de la población foránea, en algunos pueblos los españoles son ya minoría. Por ejemplo, de los 1.383 habitantes de la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto, 838 son extranjeros, y de esos, 784 son de Marruecos; es decir, los ciudadanos españoles son el 39%. Un partido que atrajese el voto de los marroquíes, o un partido que, a través de su programa, reuniese exclusivamente a éstos, obtendría la alcaldía.

 

En 2005, se registraron 465.616 nacimientos, 11.025 más que en 2004; de todos ellos, 69.933 correspondieron a madres extranjeras, un 11,7% más respecto a los 62.633 registrados en 2004 y los 54.028 del año 2003[3]. En los años anteriores, las ecuatorianas fueron el grupo más numeroso dentro de este apartado; sin embargo, en 2005 fueron las madres marroquíes las que más hijos tuvieron: 14.558, el 20,8% del total de nacimientos de madre extranjera. Las ecuatorianas bajaron a 9.922 hijos, un 14,2%; les siguieron las rumanas con un 9,8% y las colombianas, con un 7,1%.

 

La mayoría de esa población extranjera la forman ciudadanos de países extracomunitarios: Marruecos, Ecuador, Colombia, Rumanía, Argentina, Perú, Argelia, Bolivia, China... En algunos de ellos no hay elecciones (China y Pakistán); en otros, están amañadas (Marruecos), pero en un grupo muy abundante, identificado con las repúblicas americanas de cultura hispana, las hay y sus nacionales tienen unos partidos, unas ideas y unos líderes homologables con los españoles[4].

 

 

Las posibles selecciones políticas de estos millones de personas son objeto de especulación, en el caso de que se les concediera el derecho de voto en los comicios locales (es imprescindible que los países de origen también se lo reconozcan a los españoles que vivan allí[5]).

 

Pero hay otra vía más rápida que está alterando el censo electoral. El Código Civil español establece un régimen de concesión de la nacionalidad relajado en comparación con otros vigentes en la UE, que exigen pruebas de conocimiento de la historia y del idioma nacionales. El plazo temporal básico para la obtención de la nacionalidad española por residencia legal y continuada es de diez años, pero se rebaja a cinco años para quienes tengan el estatus de refugiado político, a dos años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes, y a un año para quienes lleven otro casados con un español o, aunque nacidos en el extranjero, tuvieran un abuelo o una abuela español[6].

 

Semejantes condiciones hacen que se produzcan fraudes de ley y delitos para obtener la nacionalidad y, con ella, privilegios como el acceso a programas de ayuda económica y becas (como es el caso de los descendientes de gallegos en Argentina y vascos en Venezuela) y a la sanidad pública que pagan los españoles[7]. También empiezan a abundar los matrimonios de conveniencia, como han denunciado los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia[8].

 

Entre 1999 y 2003 se presentaron más de 167.000 peticiones de concesión de la nacionalidad española y se aprobaron 93.442, casi el 70%. En estos años, los mayores beneficiarios fueron los marroquíes, con 16.738 (17,9% de los nuevos ciudadanos); siguieron los peruanos con 12.233 (13,1%) y los dominicanos con 12.048 (12,9%)[9]. En ese lustro, el censo electoral creció en más de 93.000 nuevos votantes, una cantidad superior a toda la población de la provincia de Soria[10].

 

Los partidos y las Administraciones que éstos controlan tratan de atraerse a los inmigrantes con diversas medidas. En varias comunidades autónomas los Gobiernos han creado departamentos específicos para atenderlos y, en algún caso, como el de la Comunidad Autónoma de Madrid, una consejería dedicadas este asunto. Ya han desaparecido frases como la pronunciada por el peneuvista Xabier Arzalluz en 1994 de que prefería “un negro que hablase euskera a un blanco que lo ignorase”[11]. El racismo, por desgracia, se reserva sólo para los españoles y lo practican gentes a las que cabe exigir otro comportamiento, debido a su educación cosmopolita y a sus puestos de altos funcionarios pagados con los impuestos de todos. Un ejemplo es la reciente afirmación del presidente socialista de la Generalidad catalana Pasqual Maragall de que para desempeñar el cargo que él ocupa “es importante el lugar en el que has nacido”[12].

 

Los partidos de izquierda parecen convencidos de que esa masa de ciudadanos-votantes les elegirá a ellos. En enero de 2004, los eurodiputados socialistas, incluidos los del PSOE, trataron de aprobar la obligación de incorporar al censo electoral para las elecciones municipales y europeas a los inmigrantes legales procedentes de terceros países con la excusa de facilitar su integración[13]. Rafael Simancas, en la entrevista ya citada, declaró lo siguiente: “Las personas que viven entre nosotros y comparten las vivencias de nuestra sociedad deben tener los mismos derechos para opinar y decidir sobre quién gobierne cada institución. En el programa electoral del PSOE figura el derecho de los inmigrantes a votar en elecciones locales. Es una asignatura pendiente: el tema de los derechos políticos de los que sólo tienen la residencia, y se va a cumplir”. Sin embargo, unos meses antes, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega había afirmado que ese compromiso del programa socialista “no está en el horizonte del Gobierno”[14].

 

Pero la petición del derecho de voto a los residentes extracomunitarios no proviene únicamente de la izquierda. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, declaró en marzo, en la presentación de su Plan de Integración 2006-2008, dotado con 4.417 millones de euros, que instaría al Gobierno nacional a negociar tratados bilaterales con los países de donde proceden los que ella llamó “madrileños inmigrantes” para que ejercieran el voto en las elecciones municipales[15]. Cuando Aguirre expuso su propuesta, el yacimiento electoral se calculaba en 405.000 personas. Unos días antes, lo había hecho Mariano Rajoy en la Convención del PP[16], ante la sorpresa de su electorado y de las asociaciones de inmigrantes, algunas de las cuales proponen que se permita votar a los extracomunitarios aunque no haya reciprocidad con los españoles[17].

 

 

En enero pasado, se conoció una encuesta publicada en la revista profesional de la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión (Aedemo)[18]. Según el sondeo a 2.425 extranjeros residentes en España, el 40,4% de los encuestados votaría al PSOE; un 15,4% al PP; un 1,1% a IU; un 0,2% a ERC; un 0,1% a Coalición Canaria; un 0,1% a CiU, y otro 0,1% a Eusko Alkartasuna; un 35,4% de los encuestados no se pronuncia.

 

La valoración del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, es inferior a la del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que obtiene 4,97 puntos sobre 10. Por debajo de Rajoy quedan los políticos nacionalistas: el presidente de CiU, Artur Mas, con 3,99 puntos, el máximo dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Josep Lluis Carod-Rovira, con 3,93 puntos, y el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, con 3,53 puntos. El único que aprueba es el presidente del Gobierno.

 

Los inmigrantes marroquíes son los que más valoran al socialista Rodríguez Zapatero (7,49 puntos), frente a los que proceden de la Europa del Este (6,60). En relación a Rajoy, son los iberoamericanos quienes más le apoyan (4,86), mientras que los marroquíes son los más disgustados con él (3,86).

 

Un 67% de los inmigrantes consideró “muy bien” o “bastante bien” el proceso de regularización acometido por el Gobierno socialista el año pasado, frente al 21%, que opinó que estuvo “muy mal” o “bastante mal”.

 

Ésta es, que sepamos nosotros, la primera encuesta sobre la intención de voto de los inmigrantes.

 

 

Para dar nuestra opinión, nos vamos a fijar en datos obtenidos de las últimas elecciones y referendos en que han participado algunos de los extranjeros residentes en España: las elecciones presidenciales colombianas y peruanas y el referéndum revocatorio venezolano.

 

Los colombianos constituyen la cuarta comunidad extranjera en España. La embajada calcula que sus nacionales establecidos entre nosotros son 450.000, aunque sólo 270.000 están empadronados. Pueden votar unos 40.000, de los cuales 17.000 están en Madrid, 10.000 en Barcelona, 6.000 en Valencia y el resto repartidos por el país. En las elecciones presidenciales desarrolladas el 28 de mayo emitieron su voto 11.260 ciudadanos: en Madrid acudieron a las urnas 5.506 personas; en Barcelona 2.409; en Valencia 1.452; en Bilbao 991; en Palma de Mallorca 622; y en Sevilla 280.

 

Las elecciones las ganó el candidato independiente y actual jefe del Estado Álvaro Uribe por mayoría absoluta en la primera vuelta. Uribe, que se ha enfrentado a los grupos terroristas de las FARC y el ELN y ha liberalizado la economía hasta el punto de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, obtuvo el 62% de todos los votos. En España, su porcentaje fue aún mayor: el 77%, quince puntos por encima del resultado final.

 

Los demás candidatos recibieron de los colombianos afincados en España unos porcentajes menores de los generales: el izquierdista Carlos Gaviria un 15% en comparación con un 22,04% de ámbito nacional; y el liberal Horacio Serpa, que tuvo un 11,83%, en España cayó al 2,6%.

Entre todos los residentes en el extranjero que votaron, 120.670, Uribe alcanzó un impresionante 84%. En Estados Unidos, el presidente recibió 51.315 sufragios, mientras que Gaviria obtuvo unos escasos 2.947. Los únicos países en los que Uribe no ganó fueron Cuba y Rusia; donde triunfo el candidato de la izquierda[19].

 

En la segunda vuelta de las elecciones peruanas[20], celebradas el 4 de junio, el reparto final de los votos válidos fue de un 52,62% para el socialdemócrata Alan García y de un 47,37% para el etnocacerista Ollanta Humala, apoyado, además, por el venezolano Hugo Chávez. En España, el margen de victoria de García fue mucho mayor: un 69,35% frente a un 30,65%, es decir, 39 puntos de ventaja.

 

En la primera vuelta, el 9 de abril, de los tres candidatos con posibilidades de pasar a la segunda, la perdedora fue la derechista y católica Lourdes Flores; sin embargo, ésta fue la preferida por los peruanos residentes en España. Según los datos oficiales, la lista de Flores obtuvo un 55,22%; García, un 21,3%; y Humala, sólo un 12,15%. En el escrutinio nacional de la primera vuelta, Humala quedó primero, con un 30,6%, seguido por García con 24,32%; y Flores fue tercera con un 23,81%. Por tanto, los peruanos emigrantes preferían el programa democrático y liberal de Flores, mientras que sus compatriotas que seguían en el país se decantaban por el populista y socializante Humala.

 

Lourdes Flores, de Unión Nacional por Perú, ganó un 58,23% de los 229.883 sufragios válidos depositados por sus compatriotas residentes en el extranjero. García obtuvo un 16,91% y Humala un 12,59%.

 

Si retrocedemos dos años, al 15 de agosto de 2004, encontramos el referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chávez. En España vive la segunda mayor colonia de venezolanos del mundo, detrás de la afincada en Estados Unidos. Del censo de 8.071, votaron 5.095; y de éstos, 4.828, el 94,76%, se pronunciaron a favor de la destitución del presidente[21]. El porcentaje osciló entre el 88,11% escrutado en el consulado de Bilbao y el 96% del consulado de Vigo. Los defensores del prócer bolivariano sumaron sólo 267, que pudieron ser los funcionarios de la embajada y los consulados, los periodistas de los medios oficiales, los empleados de las empresas públicas y todos los familiares de los anteriores. El resultado absoluto, con denuncias de manipulación por parte del régimen, fue favorable a Chávez, con el 59,1%; sus adversarios se quedaron en un 40,6%.

 

A la espera de las elecciones presidenciales de México (2 de julio) y Ecuador[22] (15 de octubre), vemos que los emigrantes hispanoamericanos se decantan por los candidatos de derechas y programas liberales, en detrimento de los candidatos populistas y de izquierdas. Seguramente, esta actitud se debe a que los colombianos, los peruanos y los venezolanos han sufrido las políticas habituales de la izquierda: demagogia, burla de la ley, inflación, pactos con terroristas, corrupción...

 

Una encuesta realizada en Bolivia en marzo pasado[23], cuando Evo Morales ya había empezado a gobernar, mostró que el 54% de los bolivianos estaba dispuesta a emigrar debido a la pobreza y a la incertidumbre sobre su porvenir. En el país viven 9,4 millones de personas y se calcula que hay casi tres millones más expatriados, sobre todo en Estados Unidos y Argentina. Es palmario que estos emigrantes, sobre todo los que pertenecen a la clase media y gozan de formación, en cuanto mejora su bienestar se alejen de cualquier candidato o programa que les recuerde lo que dejaron atrás.

 

 

Otro comportamiento socio-político de los inmigrantes que merece la pena destacarse es la preferencia de los hispanoamericanos por la provincia de Madrid para avecindarse y trabajar, mientras que a Cataluña se dirigen en mayor grado los mahometanos.

 

Los iberoamericanos representan el 53% de los extranjeros extracomunitarios en Madrid; en Cataluña disminuyen al 38% Entre los inmigrantes asentados en Cataluña, donde son oficiales dos lenguas, los que conocen el español no alcanzan el 40% y al menos el 20% de los inmigrantes son musulmanes. En enero de 2003, los extranjeros residentes en la provincia de Madrid se dividían por su origen de la siguiente forma: Iberoamérica 42%; África, 20%; Asía, 10%; Unión Europea 9%; resto de Europa, 19%. En Cataluña las proporciones eran las siguientes: África, 40%, Iberoamérica, 23%, UE, 19%; Asia, 13%; y resto de Europa, 5%[24].

 

La explicación a este comportamiento puede no estar únicamente en el mayor dinamismo económico madrileño, sino, también, en los proyectos catalanistas, como escribe Carlos Herrera: “Si no me equivoco, las autoridades del Principado optaron en un principio por la inmigración proveniente del Magreb ya que ésta no venía viciada con el uso del castellano, como la hispanoamericana. Un chavalín ecuatoriano tenía menos urgencia por aprender catalán ya que se podía manejar, de momento, con el castellano ese que ahora quieren que se estudie más en las escuelas para que los chavales de la tierra no aprendan a hablar el español exclusivamente a través de Gran Hermano. En cambio, uno marroquí haría un esfuerzo mayor por integrarse y sería más manejable. Una vez han visto que proliferan las mezquitas en los pueblos de la muy pía Cataluña y una vez han comprobado que los musulmanes ribereños no tienen ningún interés en adoptar las costumbres de la tierra de acogida y se empecinan en reproducir sus costumbres particulares y en hacer de ellas reglamento aparte, han saltado las alarmas”[25].

 

El ex presidente de Esquerra Republicana de Cataluña y ex presidente del Parlamento autonómico Heribert Barrera expresó así los temores de los nacionalistas catalanes a perder su identidad a manos de hispanoparlantes: “Ésa es la amenaza de la inmigración para el futuro del catalán: hoy se usan catalán y castellano casi por igual, pero si sigue este flujo inmigratorio..., el catalán desaparecerá. (...)  Es una simple cuestión numérica: la mayoría de los inmigrantes adopta el castellano, y como cada vez llegan más... Si Cataluña tuviese Estado, tendrían que hablar catalán, pero como no es así... ¡Cataluña desaparecerá! (...) Si desaparece el catalán, desaparece la identidad catalana: desaparece Cataluña. (...) Aragoneses y murcianos no eran ningún problema: nos eran muy cercanos. Los andaluces... ya no era lo mismo. Pero pudimos asimilarlos”[26].

 

Dentro de la estrategia de postergación de la lengua española por las Administraciones catalanas, el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona denunció “el absurdo” que se produce “en algunas campañas municipales en las que, además de en catalán, informaban a los ciudadanos antes en árabe que en castellano, como sucedió con la campaña municipal de recogida de muebles”[27].

 

La Generalidad presidida por Jordi Pujol no vaciló en invadir las competencias exclusivas del Gobierno central en el ámbito de la política exterior extracomunitaria y de control de los flujos de población[28] para contratar marroquíes. La Administración autonómica catalana abrió una delegación en Casablanca, la capital económica de Maruecos, entre cuyas funciones estaba el envío de trabajadores marroquíes a Cataluña. Pujol nombró al frente de la oficina a Ángel Colom, ex secretario general de ERC. Cuando Maragall la cerró, el semanario Aujourd'hui le Maroc, próximo al Ministerio de Interior, escribió: “El nuevo equipo que dirige el Gobierno autónomo de Cataluña ha roto con 23 años de amistad y de excelentes relaciones con Marruecos”[29]. Unos meses después, Maragall recuperó[30] esas “excelentes relaciones”, características tanto de los catalanistas como de los socialistas, y estableció un nuevo organismo, el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, que desempeña las mismas funciones que la delegación cerrada.

 

En el nuevo Estatuto catalán, se conceden competencias a la Generalidad para establecer cupos de inmigrantes y emitir permisos de trabajo[31]. ¿Qué harán las autoridades catalanas, tanto de CiU como del Tripartito?, ¿mantendrán su predilección por los inmigrantes cuya lengua materna no sea el español para progresar en su construcción nacional?

 

 

Este análisis no estaría completo si nos olvidáramos de la opinión de los ‘nativos’ españoles sobre el que algunos definen, con satisfacción cosmopolita, como “futuro mestizo”[32].

 

Varios estudios sociológicos muestran la preocupación de los españoles por la avalancha desordenada de inmigrantes, constante desde hace varios años. Según el barómetro del CIS elaborado en noviembre, la inmigración es, para los encuestados, el segundo problema en importancia de España, después del paro. Un 59,6% de los españoles considera que hay “demasiados” Para un 84,7% de los encuestados debería permitirse la entrada en España "sólo a aquellos inmigrantes que tengan un contrato de trabajo”, mientras que un 6,8% permitiría la entrada de los trabajadores inmigrantes “sin poner ningún obstáculo legal” y un 6% prohibiría “por completo” la entrada de los trabajadores extranjeros[33].

 

Una encuesta posterior, realizada por la empresa Gallup para el diario El Mundo y publicada en mayo[34], muestra que para el 69,1% de los encuestados el número de inmigrantes establecido en España es ya “excesivo” y el 70,2% cree que la regularización decidida en 2005 por el Gobierno socialista ha producido un efecto llamada. Sólo para el 18,1% de los preguntados por Sigma Dos, la cantidad de inmigrantes es adecuada y para el 2,5% resulta insuficiente. El 83% apoya el establecimiento de una política de cupos de inmigrantes en función de las demandas de empleo.

 

Nuestros políticos en el Gobierno y la oposición también deberían de tener en cuenta lo ocurrido en Francia en los últimos años. En 2002, los candidatos de la izquierda establecida (excluidos los trostkistas) se quedaron boquiabiertos cuando, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el propietario del Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, superó por 400.000 votos al entonces primer ministro socialista, Lionel Jospin, y pasó a la segunda vuelta con Jacques Chirac.

 

Como han demostrado numerosos estudios, el Frente Nacional ha crecido de un 0,75% de los votantes en las presidenciales de 1974 a un 17% en 2002 gracias a su penetración en las zonas dominadas por la izquierda y, más en concreto, por el PCF. El candidato comunista Georges Marchais obtuvo en 1974 un 15,35%; en 2002, la lista de Robert Hue bajó a un ridículo 3,37%. Además, un 30% del electorado de Le Pen lo componen obreros y un 20% los campesinos y agricultores, que en su mayoría era simpatizante de la izquierda. El éxito del programa del líder de la extrema derecha se debe a sus denuncias de la delincuencia, la corrupción y la partitocracia, su oposición a la Unión Europea y sus compromisos de limitar la inmigración sí como de reducir las subvenciones y las primas que reciben los inmigrantes de la Administración[35]. Una lección a tener en cuenta: los socialistas franceses promovieron a Le Pen para debilitar al centro-derecha, pero a quienes más ha perjudicado el extremista ha sido a ellos, pues les ha arrebatado un porcentaje de su electorado tradicional y ello les condena a quedar siempre por detrás del centro-derecha en las elecciones presidenciales y legislativas.

 

La inmigración no se puede encerrar en números, porque afecta a personas; tanto en el lado de los que salen de sus países como en el lado de los que reciben a aquéllas. Las experiencias de otras naciones europeas, desde los crímenes de honor[36] que se suceden en Suecia y Alemania, hasta la participación de musulmanes nacidos en Occidente en atentados como el perpetrado en Londres en 2005, y las que vivimos en España, como las 500 bandas de salteadores de chalés[37] y la mano de obra barata permitida para mantener el crecimiento económico[38], deberían hacer reflexionar a los políticos sobre las consecuencias posteriores de sus decisiones, cuando toman éstas con la única finalidad de ganar un cargo.

 

A la vista de los datos de las elecciones analizadas, deducimos que la incorporación al censo electoral español de docenas de miles de ciudadanos latinoamericanos no tiene que por qué beneficiar a los partidos de izquierda. Se mantiene la necesidad de elaborar y aplicar una verdadera política de integración de los inmigrantes de lengua española que no se limite al ámbito laboral, sino, también, al cultural. Sin duda, el partido que lo haga con éxito e inteligencia podrá obtener los votos de aquéllos y el de muchos españoles.