Se acortan las distancias: factores claves ante el 9 de Marzo

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba el reciente 14 de enero la convocatoria de las elecciones y la disolución de las Cortes elegidas en 2004, dando por concluida la legislatura.

 

 Según la definición del propio Zapatero, ésta ha sido una “legislatura de reformas, cambios y progreso para el país”. Al mismo tiempo consideraba que estaba más motivado que nunca para pedir la confianza de los ciudadanos para otros cuatro años. Zapatero ha aprovechado la convocatoria de elecciones para hacer un llamamiento a que todos los ciudadanos acudan a votar el próximo 9 de marzo. En recientes ocasiones ya ha manifestado esta llamada al “voto masivo”. Al mismo tiempo valoraba que los próximos cuatro años serán “decisivos”. Según él mismo, en estos próximos años no se deben debatir temas pasados sino construir futuro; serán años de “consolidación de avances y de ampliación de derechos”. Zapatero también se refería a su intento fallido de acabar con el terrorismo y a su labor para “mejorar la articulación territorial del país”. El presidente emitía esta declaración institucional tras salir de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, de apenas 15 minutos, celebrada para aprobar el decreto.

 

Evidentemente es mucho lo que se puede decir tras escuchar o leer esta comparecencia. Un hecho que sorprende para empezar es el tono manifiestamente mitinero y el encadenamiento de mensajes como si de un acto de partido se tratara. Es cierto que Zapatero nos tiene acostumbrados a estos abusos disimulados de su posición lo que no significa que éstos sean correctos.

 

Mirando más allá de los aspectos puntuales, podemos sacar una serie de conclusiones que nos sirven para el análisis posterior:

 

1.      Zapatero reconoce que la legislatura ha sido un tiempo para su propia “acción” política, la de las reformas (básicamente sociales). Más que un programa para todos, se ha aplicado “su programa”, que califica de “progreso para todo el país”.

 

2.      En reiteradas ocasiones el presidente ha afirmado que deseaba una mayoría amplia. Unas veces ha insinuado una gran mayoría, deseando un resultado cercano a la mayoría absoluta; otras -cuando los datos no eran muy halagüeños- ha llamado a aumentar el apoyo recibido en 2004. Ahora de nuevo el mensaje se orienta a la movilización del voto. Es una necesidad por encima del deseo; al PSOE le urge una buena participación.

 

3.      El presidente se muestra enérgico, para demostrar que sigue estando en un buen momento, aunque las circunstancias actuales no sean las más benévolas para la valoración de su gestión. La pantalla de optimismo es un atenuante, pero no logra enmascarar una realidad distinta en muy diferentes órdenes.

 

4.      Zapatero apela a los próximos cuatro años, porque los necesita para completar su programa de cambios, y lo reconoce abiertamente. Cambios que él considera de progreso y de ampliación de derechos, pero que con la experiencia adquirida se pueden prever de conflictivos y disgregadores.

 

5.      Por último se ha servido del acto para hacer un repaso a su manera de los dos grandes temas que han sido eje y apuesta personal de legislatura, y que han supuesto un fracaso o han generado fricciones innecesarias: la negociación-cesión con ETA y el proceso de reformas estatutarias que inciden en una pérdida de peso del Estado frente al desarrollo competencial de ámbito autonómico.

 

Puede que el primero de estos dos temas sea uno de esos asuntos de los que es mejor no hablar en tiempos venideros, Zapatero sabrá por qué. Y en cuanto al segundo, no es sino el inicio de un proceso de desequilibrio estructural entre el poder del Estado y el poder autonómico; no olvidemos que hay sobre la mesa del saliente Presidente una larga lista de reivindicación de competencias por parte de los partidos nacionalistas y de su propio partido en Cataluña.

 

Un dato nada anecdótico, el presidente Rodríguez Zapatero ha mostrado gran insistencia en dar “su versión” o explicación a medida de los gestos realizados durante estos pasados años, como si tuviera que maquillar un cuadro. Olvida fácilmente las decepciones que han generado sus falsas expectativas de paz y la oposición ciudadana que ha encontrado cuando ha intentado imponer sus medidas.

 

A buen seguro estos intentos de mostrar las ventajas derivadas de estos años de Gobierno  vienen motivados por una distancia cada vez más reducida entre el partido en el Gobierno y el partido en la oposición. A este tema y a un primer conjunto de factores que han podido influir en la inversión de la tendencia vamos a dedicar las siguientes líneas.

 

Recientemente Antena 3 emitía los resultados de un sondeo realizado por TNS Demoscopia, que mostraba los resultados posibles si se celebraran en este momento elecciones generales. Según el estudio el Partido Socialista aventajaría en casi dos puntos al Partido Popular, con cerca del 42% de los votos. En cuanto a votos, los socialistas pierden siete décimas -siempre según el sondeo- mientras que los populares ven incrementado su respaldo hasta el 40% de los votos por encima del 37,7% que alcanzaron en 2004. Esto es lo que ya anticipábamos algunas semanas antes, estableciéndose el conocido empate técnico. Este empate otorga un aumento de escaños al PP, elemento imprescindible en el camino hacia la mayoría.

Aunque los resultados no son definitivos, y todavía quedan dos meses por delante hasta llegar a la cita electoral, sí podemos confirmar que en las últimas semanas las distancias PP-PSOE se han ido recortando de forma significativa. Esto quiere decir que el cierre de legislatura no ha sido tan boyante como se esperaba, y que la incertidumbre de los últimos meses se ha ido traduciendo  en un aumento del apoyo al Partido Popular.

 

Sobre el respaldo obtenido por los partidos nacionalistas y fuerzas minoritarias lo más destacable sería un posible descenso de Esquerra, quizá como voto de castigo dada la radicalidad mostrada en la presente legislatura y la sensación de desgobierno percibida por la sociedad catalana.

 

En cuanto a la valoración de los líderes Zapatero y Rajoy se aproximan, recibiendo un respaldo del 42% y 40,1% respectivamente.

 

El dato más interesante es el relativo a los índices de participación, previsibles en este momento en torno a un 72% del electorado, frente a más del 77% de 2004. La participación va ser sin duda alguna uno de los principales caballos de batalla de esta campaña electoral, debido a los difíciles resultados que de momento arrojan las encuestas para el PSOE, dados sus objetivos. Para entender el calado de este elemento hay que hacer lectura de los resultados obtenidos en 2004 en relación a la elevada participación y el momento en que se realizó la votación. Cuatro años después, sin un elemento desencadenante de movilización -y aun contando con la ventaja de ser partido en el Gobierno- el PSOE no saca una mayor distancia lógica respecto del PP;  además la ve recortada.

 

Si acudimos a otra fuente distinta, los resultados son similares. Según la encuesta que el Instituto Opina realiza mensualmente para la Cadena Ser los socialistas obtendrían un 43% del voto decidido, dos puntos menos que hace un mes; el PP subiría hasta el 40%, dos puntos y medio más que en diciembre. La incertidumbre económica parece ser el motivo principal de esta situación, puesto que aparece como primer motivo de preocupación de los ciudadanos, seguido del terrorismo, el paro y la vivienda.

 

Como decíamos anteriormente, estos datos nos hablan de una inversión de la tendencia: el PSOE no sólo no despega, sino que es seguido cada vez más de cerca por el PP que sí aumenta en intención de voto. Esto quiere decir que a pesar de apoyar el discurso en el optimismo y en la llamada a la participación, los resultados son inversos: hay un mayor pesimismo entre la población y ese vuelco esperado  no es perceptible en los sondeos.

 

A este respecto una gran mayoría de electores tiene el voto ya determinado, sobre unos 20 millones. Pero existe a la vez una minoría que lo decide al final de la campaña, en los días previos a la cita con las urnas. Las dudas giran en este caso en torno a votar a un partido o al otro, votar en blanco o abstenerse en función de las previsiones. Este segundo grupo que engloba aproximadamente unos seis millones de votantes marca la diferencia final que otorga la victoria a uno u otro si las estimaciones están ajustadas.

 

Lo interesante a día de hoy es que en la antesala de las elecciones generales nada está decidido. Vamos a intentar evaluar cuáles han podido ser los puntos clave que hacen cada vez más posible un cambio de Gobierno, y cómo afectan a uno y otro partido.

 

En un primer lugar hay que hacer distinción entre factores que vienen de atrás, de carácter previsible y otros más recientes o cuya visibilidad se ha despejado en los últimos meses.

 

En esta ocasión nos ocuparemos de los factores previos entre los que destacan principalmente la negociación con ETA y las modificaciones que atañen a la configuración territorial del Estado. Valoraremos qué papel juegan  en la percepción de los principales partidos de cara a la cita con las urnas.

 

En el caso de la negociación con ETA, ésta ha supuesto una losa de gran peso a espaldas del Gobierno. El eje principal de la legislatura, la “consecución de la paz” no sólo se vio frustrada sino que además dejaba en evidencia al Presidente del Gobierno, al ser la banda la que mostraba la fuerza tanto en la negociación como en la ruptura (con el atentado de la T4). Tiempo después el fin de la tregua de ETA permitía al Gobierno recuperar un discurso en política antiterrorista, y las actuaciones contra la banda le devolvían cierta imagen al menos ante su electorado.

 

Qué decir que este fracaso estrepitoso tuvo sus consecuencias en la victoria electoral del PP en las elecciones municipales de 2007. Este factor afectó los resultados de lo que se han considerado unas “primarias” de cara a las generales, pero influyó directamente en dos expectativas básicas de Rodríguez Zapatero: una de ellas, consolidar su liderazgo al “conseguir una paz dialogada”; otra, el logro del fin del terrorismo. Al no alcanzar esto último, el liderazgo -basado en la auto confianza y en la eficacia del “talante dialogante”- ha sufrido un duro golpe. El equívoco “proceso de paz” era el as en la manga de Zapatero, un comodín que se esfumó dejándolo al descubierto.

 

Una consecuencia de la ruptura de la tregua ha sido el regreso a los atentados, a los coches-bomba, a las amenazas, en fin a la inseguridad ciudadana. La gran oportunidad de la tregua para la banda en cuanto a reorganización logística y de recursos humanos se ha dejado notar. Y de nuevo, lógicamente, el terrorismo se convierte en el segundo problema más valorado por los españoles. Se puede decir que a efectos de lucha antiterrorista se han perdido cuatro años, pero no cuenta tanto el tiempo como la recuperación de la capacidad de la banda para cometer asesinatos.

 

Y en esta materia la sociedad apoya mayoritariamente la política  de seguridad propuesta por el Partido Popular antes que la del PSOE. A estas alturas Zapatero se contenta con afirmar lo siguiente: «prometí buscar el fin de la violencia terrorista o reducirla al máximo; lo he hecho con la aplicación del Estado de derecho, siempre para proteger vidas y salvaguardando los principios esenciales del sistema democrático y el marco constitucional, con la ley en la mano y con el respaldo del Parlamento». De este modo resta importancia al fracaso, como si de un hecho puntual se tratara; lo cierto es que éste ha sido su proyecto político de 2004 a 2008, incluso antes de llegar a ser Presidente.

 

El último dato del que tenemos constancia, que ahonda más si cabe en la misma herida, es el reconocimiento reciente de Zapatero de que tras el atentado de la T-4 hubo nuevos contactos con la banda. Por “escasas esperanzas” que Zapatero haya declarado respecto a ello, el hecho escapa a toda lógica. A estas alturas ha perdido toda la credibilidad, ¿quién se cree que si tiene una sola oportunidad no volverá a intentarlo? Es ilustrador al respecto el libro de Alfonso Merlos, “Rendirse ante ETA”, en el cual el periodista ofrece un minucioso repaso de la política de negociación del PSOE que ya mantenía contactos en secreto en el País Vasco con el entorno de la banda. Si Zapatero ha dicho la verdad o no respecto a este tema, es algo que ahora deben valorar los españoles.

 

Por el contrario el Partido Popular ha dejado claro en todo momento su postura de aplicación tajante del Estado de Derecho, y de vuelta al Pacto Antiterrorista. En este sentido el PP ha insistido a lo largo de los cuatro años en el aspecto falaz de una obtención de la paz sin concesiones, y de los efectos perversos de una tregua que más que alto al fuego era un tiempo de reorganización y rearme de la banda. La realidad lo ha confirmado, y con ello ha quedado patente, que en materia de terrorismo no valen las buenas intenciones.

 

Otro tema de herencia del pasado reciente han sido las modificaciones estatutarias, y el debate abierto sobre las mismas. Todavía hoy sigue abierto el recurso presentado por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán. En él se impugna prácticamente la totalidad del contenido y hace hincapié en mostrar la  inconstitucionalidad del tratamiento del término 'nación', ya que según la Constitución de 1978 no hay más nación que la española. Igualmente sucede con el 'deber de conocer' el catalán o la regulación del poder judicial (que confirma un poder judicial propio en Cataluña, con su propio órgano de gobierno, tribunales propios, demarcación judicial y jueces propios con propio tribunal de casación para toda jurisdicción y cualquiera sea la norma aplicada, estatal o autonómica).

 

Si recordamos bien el Consejo General del Poder Judicial ya elaboró un informe en el que denunciaba 17 tachas de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatuto catalán en el momento de su tramitación en el Congreso de los Diputados. En este sentido el estatuto sería inconstitucional porque favorece la creación de un régimen gubernamental judicial sólo para una parte de España, rompiendo así su unidad y desbordando el marco autonómico.

 

También el defensor del pueblo, Enrique Múgica, presentó en su momento otro recurso contra el Estatuto catalán aludiendo otros siete motivos de inconstitucionalidad, relacionados con  el origen de los poderes de la Generalitat proclamado en el Estatuto, los derechos y deberes recogidos, el régimen lingüístico, la regulación del Síndic de Greuges, el Poder Judicial, el llamado 'blindaje' de competencias, la financiación y la bilateralidad de las relaciones entre el Estado y la Generalitat.

 

A pesar de las afirmaciones jocosas de Zapatero aludiendo a que “aquí no se ha roto nada”, y que España sigue siendo la misma, lo cierto es que hemos avanzado en un modelo más descentralizador si cabe; pero no es este el punto importante sino la capacidad real del Estado para gestionar sus propios recursos, para coordinar determinadas materias, para adoptar decisiones en algunos ámbitos que afectan a todos los españoles con independencia de la región en la que vivan. La instrumentalización de la lengua en algunas comunidades y el empleo dudoso del término nación por parte del Presidente del Gobierno han llevado a un desorden en la materia que sí afecta a la unidad, a la buena organización del Estado y al respeto de los derechos constitucionales de muchos españoles. La escasa participación en los refrendos de los estatutos catalán y andaluz mostró además el escaso interés generado en la sociedad ante tales temas, abriéndose así mayor distancia entre las preocupaciones de algunos políticos y las de los ciudadanos de a pie. Esto también se reflejó en el resultado de los comicios municipales del pasado año.

 

Siendo éste un asunto de gran calado, es importante analizar qué postura adopta el PSOE en este momento: no sólo no quiere dar marcha atrás sino que pretende finalizar su programa de reformas administrativas. Así lo reconocía el coordinador del programa, Jesús Caldera: “quedará recogido por escrito que el modelo autonómico estará completo cuando terminen las reformas estatutarias”. Nada se ha dicho sobre delimitación de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuestión que sí ha abordado el Partido Popular.

 

Asumiendo este tema el Partido Popular marca otra gran distancia respecto del Partido Socialista, puesto que ambos muestran visiones muy distintas sobre la Administración Territorial del Estado.

 

El PP ha propuesto en relación a ello un plan que conllevaría una reforma de la Constitución, Si el PP gana las elecciones, la próxima será una legislatura constituyente en la que el Parlamento se ocupará de modificar la Carta Magna y redefinir el diseño de modelo autonómico. Mariano Rajoy ya tomó la decisión y el PP se plantea los comicios del 2008 con un sistema de desarrollo territorial alternativo al que ha impulsado el Gobierno del PSOE en estos cuatro años. Siendo la política autonómica  uno de los temas de mayor desacuerdo de los españoles con el actual Gobierno, oportunamente en el PP se ha considerado esta opción.

 

Desde luego esta iniciativa es ambiciosa y audaz, porque aborda de frente un problema crónico de nuestra democracia: la dependencia continua de los actores nacionalistas y el  “desembolso competencial” que sufre el Estado cada vez que un partido en el gobierno tiene que pactar acuerdos con agentes partidistas periféricos.

 

La reforma  del PP se ha convertido en una respuesta responsable del PP ante el impulso de Zapatero de las modificaciones estatutarias. Si el proyecto del PP fuera apoyado el 9 de marzo, probablemente muchos apartados de los estatutos que se han aprobado sin su apoyo podrían ser derogados por un texto constitucional modificado. Esta reforma también podría abordar un cambio en el sistema electoral para modificar la sobre representación de los partidos nacionalistas, hecho que condiciona la formación de gobiernos estables cuando el principal partido no obtiene una mayoría suficiente.

 

El objetivo último de estos proyectos no es otro que el fortalecimiento del Estado, y dado que el Gobierno ya ha trabajado en una línea es el momento oportuno de presentar alternativa.

El posicionamiento sobre estos dos grandes temas es remarcadamente diferente entre PP y PSOE, y al igual que los dos partidos se posicionan, también lo hace sus respectivos electorados. Ahora bien, si el electorado del PP tenía clara de antemano cuáles eran las posturas de su partido en estas materias, el electorado socialista se ha encontrado en estos años con la aplicación de unas políticas que no se tenía tan claro que fueran a ir en esa dirección después de 2004. El Gobierno ha asumido como propios proyectos surgidos de las reivindicaciones autonómicas en busca de mayor poder y autonomía política y fiscal frente al Estado. El impacto de todo ello ha podido atemperar los ánimos, y esto sumado a otros factores ha mitigado la adhesión ferviente a las políticas del Gobierno.

 

Zapatero en la convocatoria de elecciones generales ha intentado restar importancia y citar casi como áreas de tercera clase la negociación y las modificaciones que afectan a la administración territorial del Estado. Por contrapartida ha defendido estos años como una etapa de extensión en los derechos civiles y se ha centrado en la venta de la gestión económica. Esto obedece a varios motivos; de una parte cabe decir que fracasada la política clave, el gobierno se ha visto obligado a  hacer “remiendos”. Por ello el amplio repertorio en legislación en torno a cuestiones éticas y sociales ha pasado de ser el surtido ideológico de ingeniería social al margen del epicentro político, a constituirse en el paquete comercial de exposición y venta del gobierno.

 

De la misma forma el Gobierno ha intensificado su batería de argumentos y razones de estabilidad económica que desmienten los datos del paro, inflación... La tormenta económica llega en el peor momento posible, y la propaganda televisiva y los anuncios de la extensión de derechos llueven sobre mojado cuando cada día uno se entera que ha subido el recibo de la luz, que ha aumentado la hipoteca, que llenar la cesta de la compra cuesta bastante más que antes. De éstos y otros temas nos ocuparemos en breve en una inmersión en lo que han sido los factores de cristalización reciente de la pérdida de márgenes del PSOE en intención de voto.

 

Menos de dos meses nos restan para el 9 de marzo y el tiempo corre en contra de Zapatero; él quisiera ganarlo para mostrar más y mejor todo lo que ha hecho y lo que podrá hacer si vuelve a salir elegido. Y, mientras, los datos nos hablan más y mejor de todo lo que ha dejado de hacer y cómo nos afecta a todos, lo que ha deshecho y cómo ello entorpece el correcto funcionamiento de las instituciones.

 

A la vez el recorte de distancia PP-PSOE nos dice que un cambio es posible, que mucha gente empieza a valorar otra forma de hacer política más equilibrada, menos baladí. Zapatero ha sido un presidente que se ha ocupado de sus asuntos; España necesita un presidente que se ocupe de todos los españoles.