El precio de lo alimentos y las barreras comerciales

Mientras en el mundo desarrollado se observa con curiosidad y perplejidad a las cadenas de distribución más grandes del mundo, como Walmart o Costco, limitar el volumen de venta minorista, numerosos países en vías de desarrollo sufrían con  preocupación y malestar una situación que puede convertirse en un riesgo humanitario y político. Sin embargo es erróneo achacar la subida del arroz o del trigo exclusivamente a razones climatológicas o de simple aumento de la demanda. El precio de los cereales está, junto con esos factores, relacionado con el fracaso de una apertura comercial real y efectiva en los sectores agrícolas que permita que, al igual que en otras materias primas, los mercados funcionen y se mejore la producción mediante una mayor eficiencia. Es además paradójico que se hable de subvencionar ahora a los consumidores de cereales en el tercer mundo cuando, durante décadas, los países desarrollados han aplicado políticas draconianas para impedir que los productores de países principalmente agrícolas puedan tener acceso a sus mercados. La necesidad de una vez de una  liberalización real y multilateral de los mercados agrícolas es la mejor conclusión que se puede obtener de este aumento.

 

 

La actual coyuntura con los precios de los alimentos en niveles nunca vistos tiene su origen hace algo más de un año, cuando todos los cereales sin excepción comenzaron a ver incrementado su precio (ver fig. 1) impulsados por varios factores que se dieron simultáneamente: el incremento de la demanda de alimentos en países en vías de desarrollo y en particular en algunos países de Asia^[1], el desvío de terrenos para el cultivo de especies con mejor rendimiento y que puedan ser utilizadas como biocombustibles^[2] y una climatología desfavorable en varios países de forma simultánea que redujo la capacidad de oferta

 

Si bien el precio del trigo ha descendido en los últimos meses por la puesta en el mercado de ingentes cantidades procedentes de EEUU, el precio del arroz continúa imparable al igual que el de otros granos. De hecho, el índice de precios básicos que publica la FAO está en máximos desde hace meses. (Fig. 1).

 

Fig. 1. FAO World Food Index

 

 

Fuente: FAO. Extraído de Financial Times Commodity Index.

 

 

Cabe preguntarse porqué tratándose aparentemente de hechos coyunturales, este aumento de precios afecta negativamente a las naciones exportadoras, en su mayoría agrarias, en lugar de beneficiarlas. La razón es simple; la inflación es un problema muy grande para estas economías en vías de desarrollo por tener una estructura productiva con una alta sensibilidad a cualquier variación de los precios en las materias primas, ya sea petróleo o, especialmente, productos de primera necesidad que, en casos de carestía, pueden dar lugar a serios conflictos sociales. Situémonos en la India el año pasado, cuando, debido a sucesivas temporadas de sequías y malas cosechas, el precio del arroz en el mercado interno comenzó a aumentar, tuvieron lugar numerosas protestas sociales. El gobierno recién elegido tuvo así que detener temporalmente las exportaciones de arroz para cubrir sus reservas estratégicas de alimentos ante el peligro de más movilizaciones sociales por las subidas de los cereales y que ello conllevara problemas políticos.

 

Esta retirada del mercado de la producción india tuvo un efecto dominó en las economías en desarrollo pues los Gobiernos de esos países han debido imitar en los últimos meses las medidas de la India para asegurar el suministro doméstico a precios bajos. El último en hacerlo fue Brasil, el principal exportador de arroz para América del Sur que anunció que no cumpliría los pedidos de más de 500.000 toneladas de este cereal que habían sido asignadas a varios países africanos y sudamericanos para asegurar el suministro doméstico a bajos precios.

 

El resultado es que en abril el precio del arroz rozó los 1300 dólares por tonelada en el protegido mercado japonés y muestra un valor triple que el de hace un año.

 

 

El incremento en el precio de los alimentos es ya una preocupación del Banco Mundial que estima que el actual aumento afectará a más de 100 millones de personas, en su mayoría en Asia. Asia, que adquiere progresivamente más peso en el conjunto de la economía internacional es también el continente con más gente sumida en la pobreza y es el conjunto más afectado por la subida de los precios, en particular del arroz. Además, se ha de tener en cuenta que el arroz es la fuente principal de calorías para toda Asia y la mitad del planeta y, en dicha mitad, se han de incluir a la mayor parte de los países en vías de desarrollo.

 

Los líderes del G8 han acordado incluir esta cuestión para su próxima reunión de junio y se plantea una solución basada en la compra masiva de alimentos para los países más desfavorecidos y también se discutirá la propuesta francesa de limitar las importaciones de alimentos procedentes de países en vías de desarrollo a la Unión Europea y EEUU.

 

Mientras la ayuda con la compra de alimentos será una medida que servirá como alivio temporal, la idea de Sarkozy esconde cínicamente el argumento de siempre: “dejémosles a ellos su producción y sigamos consumiendo la nuestra, mucho más cara pero subvencionada por toda la Unión Europea”. Conviene por cierto recordar que Francia es el país más beneficiado por la PAC en términos absolutos y relativos.

 

Por supuesto si hay alguna enseñanza que extraer de esta crisis es que los diferentes países productores tendrán que  aumentar su producción mediante ganancias de eficiencia por mejoras en la irrigación, de la investigación y estudios, que llevarán años. La prevención de futuras crisis debe pasar necesariamente por que los incentivos fundamentales para la actividad agraria en el ámbito mundial sean reconsiderados y modificados pero no en el sentido que se propone desde Francia sino justamente en el contrario: más eficiencia en los cultivos y políticas favorables para la producción y el comercio de alimentos.

 

Lo que determinará si las futuras crisis de abastecimiento se superarán o no, será la capacidad de modificar las actuales políticas y por llevar a cabo un replanteamiento total de los mercados alimentarios. En este sentido cabe señalar a dos conceptos que no por ser más políticamente correctos, son menos equivocados. En primer lugar los incentivos a la producción de biocombustibles y la exigencia de cuotas de sustitución de los hidrocarburos tradicionales a partir de unas fechas y, después, las políticas comerciales de los países desarrollados de subsidios a la actividad agraria mientras mantienen los elevados aranceles a los productos agrarios amparándose en motivaciones sociales, culturales, sanitarias (¡o religiosas!^[3]), etc.

 

En el primer caso, los incentivos a los biocombustible son tan extraordinariamente elevados que están generando un margen superior a lo esperado en algunos cultivos de forma que, a nivel mundial, se incita a privilegiar determinados productos como el maíz o la caña de azúcar. A esto se le añade la decisión de la Unión Europea de establecer mínimos de consumo de biocarburantes para dentro de unos años y las políticas de diversos Gobiernos como el español que se apuntan a incrementar las cuotas de etanol o biodiésel en muy poco plazo de tiempo con subvenciones desproporcionadas.

 

Como consecuencia, no puede extrañar que la producción mundial de este tipo de carburantes se haya disparado (ver fig.2) desde hace unos años hasta el punto en que el 20% de la cosecha  mundial de maíz se consagra a la producción de biocombustibles. Además existe un segundo efecto negativo. No sólo ese 20% de la cosecha global de maíz se elimina del mercado alimentario sino que, además, existe un incentivo para que los agricultores de países en vías de desarrollo opten por este cultivo frente a otros como el trigo o la cebada haciendo que, a su vez, los precios de esos cultivos suban también de forma generalizada y al final exista una mayor dificultad de acceso a los alimentos.

 

 

Fig. 2. Producción mundial de biocombustibles. Mil mill. De litros

 

 

Fuente: Internacional Food  Policy Institute.

 

La segunda cuestión es igualmente perturbadora de los mercados alimentarios. Las restricciones a la exportación de grano y alimentos de los países en vías de desarrollo son un impedimento para que se cree un verdadero mercado mundial con liquidez y transparencia donde la oferta y la demanda se ajustan con eficiencia y con incentivos para la producción. Incluso cuando muchas de las barreras comerciales están disminuyendo mediante acuerdos bilaterales o a través de la OMC, lo cierto es que queda muchísimo por hacer pues las restricciones en el ámbito agrícola son demasiado elevadas.

 

A todo esto se suman las políticas de los países productores que, acuciados por el miedo a la carestía, realizan la política opuesta que demandaban, o sea, permitir la apertura de los mercados de países desarrollados; ahora, amparados en una falta de seguridad de suministro cada gobierno intenta incrementar sus reservas de seguridad con obstáculos a la exportación que van desde la pura prohibición como en India o Filipinas, a la imposición de aranceles como en Argentina. Estas prohibiciones impiden que la información de oferta, demanda y precios llegue de forma transparente a los productores y, al final, son ellos, los propios agricultores, los más perjudicados al no poder obtener el máximo beneficio por su producto. En el reducido mercado mundial el efecto es el contrario, con menos oferta por parte de los países productores, los precios se mantienen altos en una espiral alcista que genera y aparentemente justifica, a su vez, más intervenciones por parte de los gobiernos.

 

Todas estas medidas suponen numerosas trabas y desequilibrios debidos a las  intervenciones estatales y, además, desincentivan que existan inversiones para incrementar la eficiencia y por tanto la producción a largo plazo ante las incertidumbres generadas. Se ha entrado en un círculo vicioso en el que las intervenciones públicas incrementan los precios que, a su vez, justifican dichas intervenciones.

 

 

Los mercados de materias primas se caracterizan por tratase de mercados  muy líquidos con pocas barreras de acceso y en los que se negocian productos de una elevada homogeneidad y estandarización. Por implicar una elevada liquidez en la oferta y la demanda, mercados como el del petróleo, el gas o los metales responden con eficacia a la demanda y, por su liquidez y transparencia, permiten que el precio sea una información real e indicativa de la evolución de ese equilibrio. Es de esta forma como la asignación de recursos se realiza de la forma más eficiente.

 

En el caso de los alimentos es más difícil encontrar la mano invisible que beneficie a todos ya que existen numerosas restricciones comerciales y regulatorias que lo impiden. La solución pues debe ir encaminada a que esos mercados globales no se vean afectados por regulaciones domésticas tanto en los países consumidores como en los productores y que los mercados sean mucho más transparentes.

 

Recientemente, Strauss-Kahn^[4], director del FMI,  reclamaba que se aborde esta cuestión de forma global entre países productores y consumidores con objeto de que se incentive la producción de alimentos y que los beneficios lleguen a los agricultores de los países productores. Strauss-Kahn deja de lado el hecho de que la coordinación de políticas no sólo debe afectar a la parte meramente comercial y de barreras arancelarias pues éstas han perdido su importancia relativa en los últimos años a medida que los precios han subido. Se debe tener en cuenta a las subvenciones a lo productos derivados que perturban enormemente la oferta y la demanda.

 

 

El problema de la subida de los precios de las materias primas alimenticias, por su dimensión humana, debe ser abordado con responsabilidad y con objetividad  y jamás debe ser visto como una consecuencia del desarrollo económico global ni como un síntoma maltusiano de que los recursos a nuestra disposición no permiten que se generalice el desarrollo o que aumente el consumo.

 

El problema no es un mercado supuestamente cruel que perjudica a los más desfavorecidos sino la regulación que existe actualmente, que hace que este mercado sea imperfecto y tremendamente perturbado por las restricciones directas al comercio por parte de los gobiernos de países productores y consumidores. Por si fuera poco, el creciente número de subvenciones a los biocombustibles está perturbando el equilibrio de coste de los diferentes cultivos beneficiando a aquellos con más incentivos de forma que la carestía se extiende a todas las materias primas alimenticias.

 

Para garantizar las oportunidades de los más desfavorecidos, es necesario un acuerdo multilateral que incluya a OMC, países productores y los países industriales. Estos últimos deberían eliminar progresivamente las subvenciones tanto a los biocarburantes como a las actividades agrícolas directamente y mediante los aranceles a la importación. Por su parte los países productores deberán dejar de lado cualquier tentación de intervención en los mercados para restringir las exportaciones y permitir que el propio mercado cree incentivos para aumentar la oferta por parte de los agricultores.

 

Por desgracia hay varios hechos impiden ser optimistas. Los acuerdos comerciales multilaterales son cada vez más complejos ante los numerosos acuerdos bilaterales y la consolidación de los llamados “bloques regionales” que, tras una sucesión de acuerdos eufemísticamente llamados de libre comercio, esconden un nuevo tipo de proteccionismo discriminatorio con países y productos. Por ejemplo, la actual negociación de la ronda de Doha no va a incluir las cuestiones de los subsidios agrarios en toda su dimensión y, mucho menos, las subvenciones a la producción de biocarburantes. Aunque los acuerdos a los que se llegue en Doha serán siempre positivos para el comercio mundial, si se dejan de lado estas subvenciones, el mercado seguirá estando perturbado y no se acabará fácilmente con la crisis.

 

Paradójicamente la situación actual refleja un círculo vicioso donde la carestía de alimentos genera intervencionismo y ese intervencionismo genera carestía. La única solución debe pasar por eliminar el intervencionismo, de cualquier signo, en los mercados y llegar a acuerdos que promuevan el comercio y la eficiencia en la actividad agrícola para aumentar la producción y favorecer así a los más pobres.