Entre las empresas con peor fama destacan las petroleras. Muchas veces se les asocia con los Gobiernos de los países de los que proceden y se les atribuyen actos políticos y financieros reprobables, como golpes de Estado, sobornos a gobernantes y negociaciones con rebeldes. Pese a lo que puedan pensar los espectadores de las películas de Michael Moore, no son las petroleras norteamericanas las que cargan con las mayores acusaciones, sino la francesa Elf-Aquitaine. Cabe preguntarse si la española Repsol-YPF ha entrado ya en esta categoría de empresas con misiones políticas.

 

El viernes 3 de marzo, Antoni Brufau, presidente de Repsol-YPF, se reunió en La Paz con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y sus ministros de Planificación de Desarrollo, Carlos Villegas, y de Hidrocarburos, Andrés Soliz, para manifestarles su aceptación de las nuevas leyes que modifican las concesiones obtenidas por la petrolera de otros Gobiernos y la fiscalidad.

 

Brufau declaró a la salida que Repsol se someterá a la nueva Ley de Hidrocarburos que establece un régimen de producción compartida con la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)[i], eleva del 18% al 50% los tributos y ordena fiscalizar la explotación de hidrocarburos en el punto de producción[ii].

 

De acuerdo con las informaciones publicadas por la prensa boliviana, Brufau aseguró a Morales que no recurriría al arbitraje internacional para mantener las cláusulas firmadas hace años y se comprometió a aumentar sus inversiones en Bolivia. El ministro de Hidrocarburos, resaltó que la petrolera no se ha opuesto a que sea el Gobierno quien fije los precios de exportación y para el mercado interno de los hidrocarburos. Por último, se fijó el 8 de marzo como la fecha en que Repsol y YPFB, con una dirección nombrada por Morales, comenzarán las negociaciones para pactar proyectos comunes. Uno de éstos, según explicó el ministro Villegas, es la construcción de “la planta de fertilizantes más grande del mundo”, que usaría gas como combustible[iii].

 

[iv]Para mostrar su disposición a entenderse con los nuevos gobernantes, el empresario español adujo que Repsol fue la primera petrolífera extranjera establecida en Venezuela que aceptó el cambio del régimen jurídico de las concesiones decidido por el presidente Chávez[v]. ¡Mientras la norteamericana Exxon Mobil se marchaba del campo de Quiamare-La Ceiba que explotaba conjuntamente con Repsol y planteaba un arbitraje internacional, la española compró su parte y formó una sociedad mixta con la petrolera pública PDVSA![vi]

 

Sorprende este comportamiento tan conciliador de Brufau cuando la multinacional que preside es capital para la economía del país más pobre de Sudamérica. Las inversiones de Repsol entre 1997 y 2005 ascendieron a 1.080 millones de dólares; su presencia en el país genera unos 822 millones de dólares en impuestos y más de 3.000 empleos propios e inducidos[vii].

 

De modo llamativo, poco antes del viaje de Brufau a La Paz, comenzó una campaña de calentamiento contra Repsol. El 17 de febrero, la Aduana Nacional de Bolivia anunció la presentación de una demanda contra la petrolera Andina, participada a partes iguales por Repsol YPF y el Estado boliviano, por un presunto delito de contrabando de 230.399 barriles de crudo, valorados en más de 9,2 millones de dólares, y otro de falsificación de documentos. La Fiscalía dictó el sábado 25 una orden de búsqueda y captura del presidente de Andina y máximo representante de Repsol en el país, Julio Gavito, y la anuló el lunes 27. Brufau, que llegó el viernes siguiente a la capital, acudió al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para interceder a favor de Gavito.

 

Una vez concluida la visita, la Fiscalía reanudó el caso contra Repsol, hasta el punto de que el 9 de marzo dos fiscales al frente de un grupo de policías allanaron la sede de la empresa en la ciudad de Santa Cruz para buscar y requisar documentación y detener al español Gavito y al gerente de Andina, el argentino Francisco Sánchez[viii]. Los citados Moratinos y León protestaron por el comportamiento de los funcionarios bolivianos, pero sin consecuencia alguna, hasta el momento. El día 10, el presidente Morales declaró en Santiago de Chile que se abstenía de intervenir: “El Poder Ejecutivo no está en el objetivo de buscar o intervenir en las oficinas de Repsol en Bolivia (...) que sea la justicia boliviana la que diga la verdad sobre esa empresa”[ix]. Nos podemos imaginar la sorpresa de la dirección de Repsol, después del “clima de diálogo sincero y constructivo”[x] de la reunión entre Morales y Brufau.

 

¿Por qué Repsol se somete a nuevas condiciones que otras empresas del sector rechazan y amplía sus inversiones -es decir, su riesgo- en países en los que está aumentando la inseguridad, tanto política como jurídica? Venezuela y Bolivia son de importancia menor para Repsol, pues el 80% de su negocio se reparte entre España (consumo y refino) y Argentina (consumo y extracción); el otro 20% se distribuye entre las citadas Venezuela y Bolivia más Trinidad y Tobago y otros Estados. Y de las reservas de gas natural de Bolivia, sólo controla -por decirlo de alguna manera, porque Evo Morales ha renacionalizado los yacimientos- el 25%. Un nuevo factor deprecia el valor de los yacimientos vírgenes bolivianos. Se trata del proyecto del Gasoducto del Sur, por el que Venezuela venderá gas natural a Brasil y Argentina, y que los presidentes de estos tres países ya han comenzado a discutir. Mientras Morales hostiga a las multinacionales que necesita, el compañero Chávez se asegura clientes aunque sea a costa del nuevo aliado antiimperialista.

 

La respuesta a la pregunta del párrafo anterior no la encontramos en la gestión empresarial, pero sí en la política. José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los apoyos más potentes, junto con Chávez, de Evo Morales. Tal como reconoció éste en la entrevista falsa que le hicieron unos periodistas de la COPE, el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, le había prometido doblar la ayuda al desarrollo si ganaba las elecciones presidenciales[xi]. Y en la visita de Morales a España en enero, Rodríguez le prometió la condonación de “una parte sustancial” de la deuda española[xii]. ¿Puede interpretarse la obediencia de Repsol al nuevo Gobierno de La Paz como una vía mediante la cual Rodríguez contribuye al desarrollo progresista de Bolivia y expande su Alianza de Civilizaciones?

 

 

Repsol puede estar desempeñando en la política exterior un papel parecido al del grupo PRISA en el mundo de la comunicación y al de La Caixa en el empresarial español. Ordenemos algunos de los datos y hechos ocurridos en el último año y medio en la petrolera para obtener una imagen completa.

Por último, y como una pequeña anécdota, sin otra intención, el cargo de director de recursos humanos de la petrolera lo desempeña Jesús Fernández de la Vega Sanz, hermano de la vicepresidenta del Gobierno. Le nombró para ese puesto Alfonso Cortina y fue uno de los poquísimos altos cargos que mantuvo Brufau[xvii].

 

Está claro que para Rodríguez el interés de los accionistas y los empleados de Endesa es secundario ante el de los consejeros de La Caixa y los políticos catalanistas[xviii]. ¿Ha decidido también perjudicar a la propiedad y la plantilla de Repsol, con la colaboración de sus máximos directivos?