Sahara-Kosovo: realismo político y principios inamovibles

Mientras Zapatero y Chacón preparaban el último acto de una defensa a ultranza del derecho internacional en relación a Kosovo, el ministro Moratinos anunció un giro histórico en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental: el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui ha dejado de tener como condición que el pueblo saharaui elija su futuro en un referéndum^[1]. Contaba para ello con el entusiasta apoyo del diputado del PP Gustavo de Arístegui, que también invocó la flexibilidad del derecho internacional y el realismo político para pedir que el Polisario renuncie a una aplicación al pie de la letra de la Ley y se avenga a aceptar la anexión a Marruecos en unas negociaciones bilaterales. Así de fascinante es el argumentario de los amigos de Mohamed VI en España: los principios inamovibles, la firmeza, las convicciones  y la coherencia política para preservar el derecho internacional en el Kosovo se convierten en un maximalismo utópico indeseable y fuera de lugar cuando se trata de la aplicación de la misma Ley en el Sáhara.

 

Los muchos admiradores que la monarquía alauita -no el pueblo marroquí- tiene en el Gobierno de Zapatero, el PP, el PSOE, la Universidad, el mundo empresarial y los medios de comunicación, se volcaron a partir del 11-M en la idea de que el derecho internacional está sujeto a evolución y tiene una flexibilidad de cintura que explica que, lo que hace 33 años fueron principios jurídicos intocables, tengan que ser revisados a la luz de la realidad política actual. Lo ha explicado por ejemplo el profesor Bernabé López, uno de los más firmes partidarios de la anexión del territorio a Marruecos por la vía de la autonomía en el mundo universitario español: “la legalidad internacional no es un guión escrito de antemano que sólo espera que lo interpreten al pie de la letra unos actores”.^[2]

 

Nadie duda de la sinceridad del profesor López al expresar sus ideas pero la realidad es que sus puntos de vista, entre otros, han sido utilizados para dar a entender a la opinión pública que la causa del bloqueo del proceso de paz en el Sáhara residía en la tendencia al radicalismo con la que supuestamente el Polisario se oponía a que el referéndum incluyese una pregunta sobre si los saharauis quieren la autonomía dentro de Marruecos y no, como ya era evidente, en la cerrazón con que la parte marroquí ha venido exigiendo que, de celebrarse una consulta, se eliminase la pregunta sobre si los saharauis quieren o no ser independientes^[3]. Con argumentos de apariencia muy razonable (“el respeto al derecho de autodeterminación no significa necesariamente la independencia”), también se ha sugerido al ciudadano de a pie que el maximalismo saharaui llega al extremo de pretender proclamar la independencia sin pasar por la consulta cuando es justo lo contrario: es la parte marroquí la que ha rechazado la celebración del referéndum en abierto desafío a la comunidad internacional.

 

 

Ahora ya sabemos que el terreno que estaba abonando esta estrategia de la confusión inspirada desde el Gobierno de Zapatero era el de la flexibilidad de la aplicación del derecho, es decir, preparar el terreno para que, llegado el momento, a la opinión pública española le resultase de lo más sensato y legal que el pueblo saharaui se pueda dar por autodeterminado sin pronunciarse en una consulta. Para hacerle este regalo a Mohamed VI era necesario hacer rodar entre la opinión pública ideas con las que convertir el referéndum en una fijación del Polisario y no en una condición impuesta por la doctrina de descolonización de la ONU –el Polisario y no Marruecos es quien mantiene posiciones “pétreas e inmutables”, “de extremada rigidez e inflexibilidad”, “maximalismos inaplicables” y una perniciosa “radicalización”, etc.-. Mientras, la diplomacia de Moratinos trabajaba muy duro entre bastidores, moviendo hilos y palancas a lo largo y ancho de este mundo, incluido Latinoamérica y África, para que en el Consejo de Seguridad se aprobase una resolución, aunque fuese sólo una^[4], en la que poder agarrarse para poder decir, como ha hecho ahora el ministro en su sorprendente dúo con Arístegui en el Congreso: al defender el realismo político el Gobierno actúa en sintonía con la legalidad internacional porque la diplomacia española se limita a seguir la línea que ha tomado la ONU -“eso lo recoge el Consejo de Seguridad: no lo dice el Gobierno de España”-.

 

La maniobra recuerda a la que en 1975 propició la diplomacia de Francia para que el Consejo de Seguridad aprobase la resolución 377 que, con un texto de medida ambigüedad,  animaba a España y Marruecos a resolver la fricción (en términos onusianos) provocada por la invasión de la Marcha Verde contra el Sáhara por la vía de la negociación bilateral^[5]. Este texto fue la agarradera a la que se aferraron los valedores de la monarquía alauita que proliferaban en el entorno de Franco para firmar un acuerdo que violaba el derecho internacional y hacer como que ellos estaban en regla con la Ley al entregar la colonia española a Hassán II porque habían seguido las recomendaciones de una resolución de la ONU. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que 33 años después, por mucha apariencia legal que se les diese a esas negociaciones y a los mal llamados acuerdos de Madrid, el derecho sigue sin darlos por válidos.

 

Ahora el ardid jurídico es la resolución 1813 (a la que la diplomacia de Zapatero tanto ha contribuido) y cuyo lenguaje realista le viene como anillo al dedo al argumentario de los proMohamed VI para simular que ha habido un cambio en la Ley y descalificar, una vez más, a quienes no comparten sus afinidades como una especie incapaz de adaptarse al cambio impuesto a la práctica jurídica por la realidad sobre terreno. Los pobres (maximalistas y utópicos), vienen a decir, nunca podrán gozar del sosiego del que, por ejemplo, disfruta el ex ministro Juan Fernando López Aguilar y candidato socialista a las próximas elecciones europeas por haber interiorizado que, en el Sáhara, 'la historia no tiene marcha atrás'.^[6]

 

 

Si tan segura está la diplomacia de Zapatero de que lo que se lleva ahora en derecho internacional es la alegre flexibilidad del Sahara, ¿por qué no la practican en el Kosovo evitando los quebraderos de cabeza e incomprensiones que el no reconocimiento de la independencia unilateral nos hace pagar con la gran mayoría de nuestros aliados? No vale decir que el problema del Kosovo nada tiene que ver con el Sáhara porque entonces nadie hubiese dicho que, si el presidente Zapatero está muy terco con un asunto que se desarrolla en un escenario tradicionalmente ajeno a nuestros intereses es por su importancia como precedente en materia de legalidad internacional para las pretensiones independentistas en el País Vasco o Cataluña. Tan serio es el asunto de  los precedentes jurídicos, que ni él ni los demás jefes de Gobierno de la minoría irreductible se dejaron ablandar por las palabras tranquilizadoras con las que el diplomático y premio Nobel Martti Ahtisaari ha intentando convencerles de que el giro del derecho en el Kosovo es un caso excepcional que “no crea un precedente para otros conflictos sin resolver”.

 

Los que no ven bien que la diplomacia de Zapatero quede en incómoda minoría por un exceso de celo en la aplicación del derecho internacional alegan una falta de cosmopolitismo y cortedad de miras que impide al Gobierno de Zapatero darse cuenta de que el caso de Kosovo está contribuyendo al parto que acabará poniendo los derechos humanos y el principio de injerencia humanitario en un escalón superior al principio de no injerencia en los asuntos internos de un estado soberano.^[7]

 

Mejor pretexto para cambiar de chaqueta que el de la primacía de los derechos humanos para un Gobierno volcado en el buenismo a escala planetaria, imposible. Pero héte ahí que la convicción de que la independencia unilateral de Kosovo constituye una violación del derecho internacional a la que España no debe sumarse, se convierte en un principio inamovible, como dice la ministra Chacón y que obliga a tomar decisiones difíciles, como dice Zapatero, sin que valgan ni la marcha de la historia, ni el argumento que se emplea para el Sáhara de que, como la mayoría de nuestros aliados están a favor de ponérselo en bandeja de plata a Marruecos, no vamos a ser nosotros los que rompamos el consenso y la armonía saliéndonos de la fila. Y eso que el propio Moratinos acaba de reconocer que le ha costado lo suyo poner de acuerdo a Francia y EEUU en su línea proMohamed VI (de lo que hay que deducir que en Washington no estaban muy por la labor).  Si hay que resignarse a seguir el rumbo marcado por Francia (el único de los tres países que nunca se ha desviado de la política promarroquinización del Sáhara), con más motivo habría que resignarse a no desentonar en el Kosovo con una unanimidad mucho más fuerte en número y calidad del lado contrario: nada menos que 56 estados que han reconocido la independencia kosovar, entre ellos EEUU y 22 miembros de los 27 que integran la UE.

 

En los análisis sobre el Sáhara habría que tener muy en cuenta las razones de la beligerancia de Zapatero contra la independencia unilateral kosovar que han llevado a una salida de las tropas españolas en esta parte de los Balcanes. Los críticos de la minoría inflexible dicen que lo que mueve a los rebeldes es un egoísmo nacional. Pero no, Zapatero ha preferido las incomodidades de la disonancia de los que sostienen que lo que está en juego en el Kosovo no sólo alienta conflictos en aquellos puntos de Europa con reivindicaciones nacionalistas sino que va mucho más allá, poniendo en peligro la buena salud del sistema sobre el que se asienta el multilateralismo. Es el mensaje que se lanzó durante la visita del presidente serbio a Madrid el pasado 10 de marzo para agradecerle a Zapatero su promesa de no reconocer el Kosovo: “si violamos el principio jurídico en un solo punto del mundo, podemos perjudicar a otros espacios en otra parte del planeta”, advirtió entonces el líder serbio ante la mirada complaciente de su anfitrión. ^[8]

 

Eso es justo uno de los argumentos de quienes defienden la necesidad de que la ONU cumpla con sus resoluciones y su doctrina sobre el Sáhara. Hans Corell, ex asesor legal de Naciones Unidas ha advertido que el “no respeto de los principios del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui por medio de la expresión libre y genuina de la voluntad de las personas del Territorio”, tal como lo confirmó la sentencia del Tribunal de La Haya de 1975, no se puede tomar como un caso aislado sin repercusión para la viabilidad de la resolución pacífica de los conflictos y el multilateralismo. Lo dijo recientemente en la conferencia sobre Multilateralismo y Derecho Internacional con el Sáhara Occidental organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, gobierno que por cierto sí reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática: “Una sociedad internacional basada en normas es el único modo de avanzar si deseamos asegurarnos de no volver a caer en la anarquía del pasado. Una de las características de un sistema basado en normas es que las disputas deben resolverse de acuerdo con la ley, lo cual significa que no todas las partes se sentirán satisfechas con el resultado, pero esto está en la naturaleza de las cosas y debe aceptarse en aras del interés superior de que las disputas deben resolverse por medios pacíficos”.^[9]

 

Evidentemente, la anarquía a la que se refería Corell al subrayar la importancia que la aplicación del derecho tiene para la preservación de la paz, aunque sea en un lugar lejano, apartado y supuestamente de segunda importancia en las prioridades de las grandes potencias como podría ser el Sáhara Occidental, era la de la Segunda Guerra Mundial. Y es que conviene no olvidar cómo la antesala de esta tragedia fue la aplicación del realismo político, con ropajes de apaciguamiento, y la diplomacia de los cambios de cromos entre las grandes potencias a costa de la aplicación del derecho en Etiopía, la República española, Austria o Checoslovaquia,  acabaron entonces con la Liga de las Naciones, antecesora de la ONU.

 

Corell fue responsable de la opinión jurídica elaborada en la ONU con la que en 2002 se recordó a Marruecos que, a pesar de la realidad política, su ocupación del Sáhara sigue sin gozar legalmente ni siquiera del reconocimiento de potencia administradora que ejerce de facto. Él es tajante: la importancia que tiene la solución del conflicto del Sáhara de acuerdo al principio pacti sunt servanda (los acuerdos deben ser honrados), es clave para la preservación del sistema que impide que las relaciones internacionales se conviertan en una jungla sin ley. Por lo tanto, añadió, el cumplimiento de este principio está por encima de “las circunstancias de la vida”, “las realidades geopolíticas”, “realpolitk” y los problemas que a la Unión Europea le pueda crear la pataleta de Marruecos -le avergüenza, como europeo, el chanchullo de los acuerdos pesqueros acordados en Bruselas que afectan a las aguas saharianas. Y si hay argumentos a favor de buscar una solución que no sea del todo conforme a la solución fetén de acuerdo a derecho o de cambiar leyes que se han vuelto obsoletas o inservibles, ello nunca debería hacerse rebasando ni la línea que marca el respeto de los derechos humanos de los pueblos, ni con un cambio en la ley que vaya en contra de las normas y los principios constitucionales.

 

Hay muchas probabilidades de que, si en lugar de hablar del Sáhara, Corell estuviese refiriéndose al caso del Kosovo, Zapatero, Chacón y hasta Moratinos, se sintiesen confortados por tener a un notable ex experto de la ONU dándoles la razón a todos los que consideran que la excepción kosovar abre un precedente en la gestión del derecho internacional que traerá grandes tormentas. De ahí que su inflexibilidad ante el no reconocimiento de Kosovo ni siquiera ceda ante la prioridad de los derechos humanos que esgrimen los defensores de la excepción en los Balcanes.  El cómo este cambio en la Ley fue utilizado inmediatamente por Rusia para mover peones en Osetia del Sur y Abjacia tampoco sirvió -como podía haber ocurrido- para que Zapatero se relajase al haberse demostrado que la excepción, lo mismo que servía para crear un nuevo estado, también podía servir a los intereses integradores que Rusia mantiene en algunos de los conflictos sin resolver de su patio trasero. No, por el contrario, el Gobierno español encontró en la ofensiva rusa contra Georgia y a favor de los separatistas una razón de peso con la que justificar que su rechazo a la independencia kosovar está ligada a la causa de la paz internacional.

 

Hay que deducir que el diputado opositor Gustavo de Arístegui comparte estas razones ya que -a pesar de sus duras críticas a las formas con que Zapatero ha gestionado la salida de las tropas- ha alabado con entusiasmo la decisión (“una solución acertada”) por lo que respecta el fondo de la cuestión. ¿Será que Zapatero, Chacón, Moratinos y Arístegui se volvieron unos maximalistas utópicos y no se dieron cuenta?

 

Lo importante, sin embargo, no son sus problemas personales sino la cuestión de fondo: en qué quedamos con el derecho internacional: ¿Flexibilidad o inflexibilidad con las violaciones del derecho internacional? La inflexibilidad es desde luego más acorde con la postura de estricta observancia que convirtió la salida de Irak en una de las primeras decisiones presidenciales de Zapatero. Mantener las tropas españoles en Kosovo venía a darle la razón a los que, como John Bolton, ex embajador en la ONU de EEUU -el mismo que defendía la no ilegalidad de la intervención en Irak durante el Gobierno de Bush-, enarbolan el reconocimiento de los paladines del no a la guerra al nuevo estado como prueba fehaciente de que, cuando les conviene, los europeos se saltan la legalidad de la ONU con la misma alegría que EEUU. ^[10]

 

Bolton no es de los que creen que la consolidación de la independencia kosovar llegue a la categoría de violación del derecho internacional pero sí que conforma una patada a la ley mucho más grave que la que los europeos le atribuyeron a Bush al acusarle de haberse lanzado a una guerra ilegal. Sus conclusiones, por lo tanto, no son muy recomendables para un paladín del no a la guerra que quiera guardar su credibilidad porque, dice Bolton, si lo de Kosovo no es una ilegalidad, mucho menos lo fue la de la intervención americana en Irak y lo que tienen que hacer los europeos la próxima vez, es abstenerse de ponerle un bastón entre las ruedas a Washington con un cuento chino.

 

 

La necesidad de Zapatero de mantener la coherencia habrá decepcionado a muchos amigos del pueblo saharaui, que se hicieron ilusiones de que la independencia del Kosovo fuese a facilitar una solución en el Sáhara a favor de la independencia. Pensaban que si la comunidad internacional reconocía la independencia a una provincia serbia a la que ninguna resolución de la ONU había reconocido el derecho a la autodeterminación, en buena lógica y con más motivo, debía de reconocer la independencia al pueblo saharaui que sí cuenta con este reconocimiento desde hace más de 45 años. Pueden consolarse con una buena noticia: si en Kosovo las tropas internaciones llegaron allí con la cobertura de una resolución que preservaba la integración territorial de Serbia y pasaron de la noche a la mañana a tener que contribuir a la consolidación de un estado no reconocido por el Consejo de Seguridad, existe el peligro de que tanta flexibilidad facilitase a los amigos de Marruecos que los cascos azules en el Sáhara acaben haciendo lo contrario de lo que fue el cometido por el que aterrizaron allí.

 

A pesar de Moratinos, la misión de paz todavía se llama MINURSO, Misión de Naciones Unidas para la organización del Referéndum en el Sáhara Occidental pero, si como dice el ministro la organización ya no considera necesaria la consulta, cabe temer que los cascos azules acaben, con su  ayuda, convirtiéndose en guardianes de la anexión marroquí encargados de vigilar y disuadir al terrorismo del Polisario. Todo ello sin que los militantes de la paz que se movilizaron en la segunda guerra de Irak muevan un dedo porque, esta vez, Francia no estaría ahí para mover los hilos de las izquierdas europeas a favor de la legalidad internacional que, en este caso, va en contra de sus intereses hegemónicos e imperiales en el Magreb.

 

Por el momento, sin embargo, habría que preocuparse más por la esquizofrenia con la que el Gobierno de Zapatero se olvida de los principios inamovibles del Kosovo y defiende para el Sáhara una solución que satisfaga a las dos partes por igual a pesar de que hasta los amigos de Marruecos han tenido que reconocer que el derecho está de parte del pueblo saharaui. Malo para el Sáhara y, también, para la credibilidad de las convicciones de Zapatero en Kosovo. Desde el punto de vista de los aliados, es como para desconfiar ante un sospechoso doble rasero y pensar que, tanta prisa para salir de los Balcanes quizás tenga que ver más con la visita a Madrid del presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, seis días antes que la del presidente serbio, y la alianza energética en la que desembocó ese encuentro.

 

¿Qué pensar, por ejemplo, del mucho esfuerzo que los amigos de Mohamed VI están poniendo en promover como una iniciativa “muy útil” (como dice Moratinos) una visita de diputados españoles al Sáhara ocupado ilegalmente por Marruecos? El pretexto es que el evento le va a sentar muy bien a la causa de los derechos humanos y, si alguien pone algún pero a la iniciativa (el peligro de que Marruecos pueda convertir este paseo en un reconocimiento implícito de su soberanía sobre el Sáhara), además de maximalista y utópico, se le descalifica como un pejiguero compulsivo y con el corazón lo suficientemente duro como, por un detalle tan nimio, darle la espalda a las víctimas de los malos tratos de los ocupantes ^[11]. Pues que expliquen los organizadores del viaje al Sáhara por qué en cambio, en el Kosovo, todas las precauciones son pocas para evitar que una visita de la ministra de Defensa a las tropas españolas allí estacionadas pueda ser interpretado por las autoridades kosovares como un implícito reconocimiento de su legitimidad.

 

Tan importantes son fuera del Sáhara los pequeños detalles, que la ministra se tomó la molestia de evitar aterrizar en el aeropuerto internacional de Pristina. Para que los kosovares no pudiesen forzar un encuentro esperándola al pie de la escalerilla, mantuvo en secreto su lugar de llegada hasta el último momento. Eligió para aterrizar la base militar Dacovika, una base de la OTAN bajo control italiano a pesar de que ello obligó a renunciar a las comodidades del Airbus y viajar en un Hércules de transporte y no se arrepintió del cambio ni siquiera cuando una avería de este aparato le impuso un desagradable retraso. Cabe sospechar que si esta visita no hubiese tenido como objetivo la inequívoca despedida, Chacón hubiese hecho lo mismo que en abril de 2008: evitar poner pie en territorio de Kosovo viajando a Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) donde intentó solventar el expediente de la visita con una simbólica reunión con una delegación representativa del contingente español en Kosovo^[12].

 

Evidentemente, si no es esquizofrenia jurídica, el derecho en el Sáhara debe estar hecho de una pasta muy distinta a la de la ley que se aplica en los Balcanes.