Infraestructuras críticas

Publicado en el blog de Ignacio Cosidó, 17 marzo 2011

En plena crisis por el terrible terremoto en Japón aprobamos ayer por unanimidad en el Congreso de los Diputados la Ley de Protección de las Infraestructuras Críticas.  En realidad se trata de una trasposición de una Directiva de la Unión Europea del año 2008 que estamos aplicando con tres años de retraso y riesgo de sanción. La norma aprobada ayer por la Comisión de Interior establece los procedimientos para identificar y proteger aquellas instalaciones críticas que, si dejaran de funcionar, ya sea por un desastre natural o actos de sabotaje o terrorismo, pondrían en peligro servicios esenciales o la propia seguridad nacional: centrales nucleares, hidroeléctricas, estaciones de tren, aeropuertos y compañías de agua, electricidad o gas, entre otras.

Antes que nada debo felicitar a mi compañero Francisco Márquez de la Rubia, nuestro diputado por Ceuta, que ha tenido su bautismo legislativo con un magnífico trabajo reconocido por todos los grupos de la Cámara. Sus aportaciones han contribuido sin duda a mejorar la norma en su trámite parlamentario.

El grado de acuerdo ha sido alto sobe una cuestión que necesariamente debe estar alejada de cualquier juego partidista. El Grupo Socialista ha aceptado once de las doce enmiendas que le presentamos, muchas de mejora técnica, pero que tocaban también algunas cuestiones de fondo, entre otras:

• Reforzar el papel de los Delegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la implantación de los planes de protección de estas infraestructuras.
• Permitir la participación de todas las comunidades autónomas en el sistema de protección y no únicamente de aquellas que tuvieran policía propia como establecía el Gobierno.
• Dar un tratamiento especial a Ceuta y Melilla dada su especificidad.

Lamentablemente el PSOE se opuso a nuestra enmienda para que los Planes de Apoyo Operativo fueran elaborados por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con el apoyo de la policía autonómica donde la hubiera. En mi opinión, la protección de las infraestructuras críticas es una responsabilidad esencial del Estado, para la que debe contar con la colaboración de las Comunidades Autónomas, pero no delegarla. Del mismo modo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son responsables de la protección de las fronteras o el mar territorial, también deberían serlo de la protección de estas infraestructuras críticas. Que Cataluña o País Vasco cuenten con policías propias no significa que Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía deban desaparecer de esos territorios, como pretenden algunos. Para ello es esencial que tengan sus competencias bien definidas legalmente.

Pero más allá de este debate, lo que debemos exigir ahora al Gobierno es el cumplimiento diligente de una Ley que sin duda mejorará la seguridad de los españoles ante cualquier catastrofe o atentado de los que por desgracia no estamos inmunes.