El sainete de la política de inmigración de Zapatero en 2006

Cuando falta menos de un mes para finalizar el año, el panorama respecto a la política de inmigración emprendida por el gobierno de Zapatero no puede ser más desolador: 2006 se cerrará con la entrada irregular de 800.000 inmigrantes. De ellos, apenas la cuarta parte, unos 220.000, serán dados de alta en la Seguridad Social a lo largo del año que viene, lo que significa que la bolsa de inmigración irregular se situaría en estos momentos entre 1.500.000 y 1.600.000 sin papeles, la cifra más alta desde que el Ejecutivo aprobó en 2005 el proceso de regularización.

 

Estas cifras se conocían mientras nuestro Presidente se encontraba en Senegal, donde se supone que ha ido a cerrar una serie de compromisos con el gobierno de Dakar para proceder a la repatriación de inmigrantes ilegales a este país.  Un viaje que no ha  tenido más remedio que efectuar, dado que era uno de los compromisos que el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Bernardino León, aseguró que el Gobierno cumpliría, durante una sesión en el Senado, cuando el  senador del Grupo Popular, Ignacio Cosidó,  le solicitó información específica acerca de un acuerdo de segunda generación, como lo denominó el ministro Moratinos, y que no consiguió.

 

También quedó en evidencia durante dicha sesión que nunca más se supo acerca de los supuestos acuerdos suscritos por España con Senegal en materia de cooperación para luchar contra la inmigración ilegal. Antes al contrario, el gobierno español tuvo que efectuar una serie de donaciones, pagos o ayudas a cambio de que este país aceptara la llegada de algunos aviones con inmigrantes, tras el incidente de las acusaciones del presidente de Senegal al gobierno socialista, por  presunto incumplimiento de los compromisos suscritos, y de no respetar los derechos humanos de los ilegales.

 

La operación ZP del mes de diciembre en Senegal recuerda más al chiste de aquél lugareño que presumía de gran negociador y que fue dispuesto a vender una vaca a su vecino: no solo no se la vendió, sino que regresó con la que llevaba, más la vaca que le sobraba al vecino, convencido de que había hecho un de los mejores negocios de su vida.

 

Pues así ha debido sentirse el Presidente Zapatero, cuando su colega senegalés lo ha devuelto de regreso a España con el acuerdo sin firmar, pero con el firme propósito de aumentar la ayuda al desarrollo del país africano, rubricado bajo la atenta mirada del águila imperial de la bandera de la dictadura franquista, en vez de ser recibido con la bandera constitucional.  Apelo a  la complicidad del lector para creernos que la cuestión ha sido obra del despiste y no de la más sonada burla.

 

Esta escena podría pertenecer a una de tantas de los hermanos Álvarez Quintero, geniales en su género. Sin embargo, no puede ser más triste comprobar como nuestra política de inmigración no solo no mejora, sino que tiene visos de ir peor. Ni tan siquiera nos reciben en serio. Enhorabuena, señor Presidente.

 

 

El año ha estado jalonado de todo tipo de contratiempos para el Gobierno. Si Caldera creyó que había cumplido su misión al regularizar masivamente a miles de inmigrantes, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La palabra cayuco es ya tan familiar en España como la coca-cola.  Las cifras son testarudas: según datos que se emplean para confeccionar el padrón municipal, fuente en la que se basa el Gobierno para calcular el número de inmigrantes, en 2006 bolivianos y rumanos son los grupos de mayor afluencia, seguidos de africanos.  Por el contrario, ha descendido el número de colombianos y ecuatorianos.

 

Desde estas páginas se alertó a primeros de este año de las fatales consecuencias que tendría la política demagoga de Evo Morales, al que se recibió en La Moncloa como a un héroe, personaje tan del gusto de la progresía de salón, que presume de apoyar en otros países lo que no aceptaría en el nuestro. Hoy,  Bruselas ya ha aprobado que los bolivianos precisen visado para entrar en la Unión Europea a partir del 1 de abril de 2007. El acuerdo fue adoptado por unanimidad de los veinticinco representantes, incluido el de España, cuya vicepresidenta se ha apresurado a asegurar a las autoridades bolivianas que España no ha tenido más remedio que suscribirlo porque así lo han decidido los demás socios.

Según la agencia Serpal, la decisión todavía debe ser ratificada formalmente por los ministros y el Parlamento Europeo. El acuerdo podría sería ratificado en diciembre o enero, una vez  que el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) aceptara la propuesta de la Comisión Europea de incluir a Bolivia en la lista de países atados a la visa, debido a la intensa presión migratoria boliviana.

También desde el GEES se mostraron algunas buenas prácticas desarrolladas por Álvaro Uribe en Colombia, comentadas por él mismo durante la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo, destinadas a desalentar la migración indocumentada, crear empleo decente para los migrantes y fortalecer las acciones para proteger a las víctimas de la trata de personas y del tráfico ilícito de personas. Algo que poco a poco, parece que va surtiendo efecto.

 

Estos dos ejemplos  indican que no íbamos desencaminados en el análisis.

 

Lo que es claro es que no se ha conseguido mucho, a pesar de la firmeza mostrada por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras un Consejo de Ministros, y después de todo lo que ha ocurrido este verano, cuando afirmó con tono solemne que, antes o después, los inmigrantes irregulares tendrían que volver a sus países de origen. Un verano que no ha tenido desperdicio, porque solo en agosto  llegaron a España más inmigrantes que en todo 2005.

 

 

Otro dato que ofrece una idea de lo que ha supuesto la inmigración es el facilitado por el Ministerio de Trabajo: asegura que el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 192.103 trabajadores, de los el 70% procede de países de fuera de la Unión Europea.

 

La cifra se sitúa muy por encima de la registrada en los años inmediatamente anteriores a la regularización (entre 70.000 y 130.000), lo que da una idea de la intensidad del fenómeno de la inmigración irregular. En 2005, 613.000 trabajadores sin papeles se acogieron al proceso de regularización abierto por el Gobierno.

 

Este número de afiliaciones está descendiendo vertiginosamente en los últimos meses. La explicación es sencilla: muchos trabajadores que estuvieron dados de alta a la Seguridad Social, como condición indispensable para obtener el permiso de residencia, han vuelto a la economía sumergida.

Este fenómeno se está produciendo con especial énfasis en el régimen de empleadas de hogar, cuya afiliación ha caído nada menos que un 16,14% respecto al 31 de diciembre del año pasado. Dicho en otros términos, si al acabar el año pasado había inscritos 364.754 cotizantes, ahora hay 58.865 menos, la inmensa mayoría inmigrantes.

 

Este fenómeno era absolutamente previsible, puesto que en el momento de la regularización masiva se firmaron miles de falsos contratos que únicamente buscaban la regularización, pero sin que hubiera una oferta real de un puesto de trabajo.  Este caso es particularmente patente en el caso de los trabajadores del servicio doméstico, puesto que tan solo era necesaria una carta firmada por el empleador, favoreciéndose así, el fraude.

Una vez obtenido el premiso de residencia para los dos próximos años, estos trabajadores se han dado de baja en la Seguridad Social, lo que permite que tanto empresario como trabajador se ahorren el pago de la cotización. Aunque en menor medida, esta situación se está detectando ya en el régimen agrario por cuenta ajena, donde la afiliación ha caído casi un 5%.

 

 

Así lo revela la última encuesta del CIS, la inmigración es el principal motivo de preocupación en nuestro país. Un tema que al Gobierno se le resbala entre los dedos, mientras que la oposición estudia con interés, consciente de que va a ser uno de los caballos de batalla de lo que queda de legislatura y de la que viene.

 

Así lo ha demostrado Rajoy durante  la clausura de un seminario internacional sobre inmigración organizado por la Internacional Demócrata de Centro (IDC) quien mostró sus propuestas sobre inmigración basadas en tres ejes: mejorar en los aspectos jurídicos, de gestión, de competencias del Estado de las CCAA, de seguridad; otro eje centrado en políticas de integración de los inmigrantes y  de empleo ordenado; por último, la necesaria integración de las políticas españolas en el marco de la Unión Europea, desarrollando en paralelo políticas de cooperación para el desarrollo con los países de origen de los inmigrantes. (Se pueden consultar todas las propuestas en: http://www.pp.es/uploads/docs/DOCUMENTOSPIT/6_11_18_Conclusiones_Conf_Seguridad.pdf).

 

La experiencia en España con el último proceso de regularización indica que es necesario prohibir tanto en Europa como en nuestro país las regularizaciones masivas para luchar contra la inmigración ilegal. Algo a lo que Rajoy ya se comprometió durante la conferencia de inmigración celebrada por el Partido Popular en octubre  de este año, donde no hubo reparo en asumir que la Ley de Extranjería podía mejorarse en este y otros aspectos tan relevantes como el de las condiciones, requisitos y efectos del Padrón Municipal. Quizá, esta sea una de las principales aportaciones que se hizo en esta sesión en el ámbito jurídico.

 

De hecho, estas medidas estarían en consonancia con las políticas del Reino Unido, Francia o Alemania. No está de más recordar el referéndum celebrado en Suiza en octubre de este año, donde se ratificaron  sendas leyes restrictivas en materia de asilo y extranjería, con lo que la Confederación Helvética pasa a ser uno de los países europeos que regula de manera más drástica el ingreso de potenciales refugiados e inmigrantes en el país.

 

Hablando de Europa,  Rajoy ha anunciado que va a trabajar en el desarrollo de una política europea de inmigración, marco donde Europa definitivamente tiene que estar.  La misma Unión Europea está dispuesta a mejorar su disponibilidad al respecto, una vez que expresó su descontento y desacuerdo con el gobierno de Zapatero por tomar una decisión tan importante como son los procesos de regularización masiva sin tomar en consideración la opinión del resto de los socios. 

 

A finales de noviembre hemos podido saber que la Comisión Europea propone crear un Sistema Europeo de Vigilancia y una Red de Patrullas Costeras para aumentar la seguridad en la frontera marítima del sur de la Unión Europea ante el nivel sin precedentes de la presión de la inmigración ilegal. También se ha propuesto que la agencia europea  FRONTEX efectúe patrullas de control continuas hasta otoño de 2007 como medida de disuasión ante la próxima temporada de llegada de inmigrantes irregulares por mar.

En cuanto a las políticas de integración, lo más destacable de las propuestas del Partido Popular tiene que ver con facilitar toda la información posible a los inmigrantes de manera única y clara, tanto de su situación y como de los trámites que han de cumplimentar. Además,  es preciso  trabajar en temas como la educación para la integración a través del colegio y  de centros específicos para tal fin, sin olvidar  la formación  de los adultos. Integrar a estos colectivos en los procesos decisivos de la sociedad, para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones municipales.  Será fundamental contar con la experiencia de las ONGs que viene trabajando en este campo.

 

Otro aspecto que se pone encima de la mesa es el del empleo regulado y consensuado con los países de origen, facilitando a los emprendedores las herramientas necesarias para establecerse por su cuenta, tanto en España como en sus países. Esta labor ya se está desarrollando en la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Inmigración bajo la dirección de la consejera Lucía Figar y por Percival Manglano, director general de Inmigración y  Cooperación para el Desarrollo.

 

 

2006 podría calificarse como desastroso sin precedentes en materia de inmigración. Un año que comenzó bajo los efectos de la euforia del gobierno socialista, cuando creía haber resuelto de un plumazo el difícil problema de la inmigración ilegal, seguro de haber dado con la fórmula mágica: papeles para todos.

 

A los efectos y como se ha ido desgranando a lo largo de un buen número de análisis, lo que comenzó siendo preocupante, pasó por ser grave, hasta convertirse en un verdadero sainete, jalonado de anécdotas de toda naturaleza.

 

Los hechos son testarudos, los datos y la realidad también. Nadie tiene la fórmula precisa para paliar un problema que es a la vez económico, político, social y humano, pero lo que no se puede es experimentar sobre la marcha, ya que los inmigrantes, son ante todo personas, por lo que un tema de esta naturaleza no se puede improvisar buscando el voto rápido y desesperado.

 

Solo siendo firmes a la par que humanos, que no pusilánimes ni demagogos, se podrán construir políticas realmente efectivas, para una convivencia ordenada e integrada por todos.