Calderón se vuelca en la lucha contra el narcotráfico

A los pocos días de prestar juramento de su cargo de presidente de México y nombrar a su Gobierno, Calderón dio una prueba de cómo iba a desarrollarse su sexenio: el 12 de diciembre ordenó un despliegue militar en su estado natal, Michoacán, contra las bandas de narcotraficantes que lo han convertido en el más violento del país. Las intervenciones armadas contra los delincuentes y sus aliados en las Administraciones federales se repiten desde entonces. Calderón ha dejado claro a sus compatriotas que enfrentará tres de los mayores problemas mexicano, la delincuencia rampante, los potentes cárteles de la droga y la corrupción administrativa, y que, si es necesario, lo hará mediante el empleo de las Fuerzas Armadas.

 

Los tres problemas citados afectan a los mexicanos no sólo en su vida cotidiana, sino en la económica. La delincuencia y la corrupción desvían recursos, fuerzan la emigración de los más preparados y frenan la llegada de inversiones extranjeras. Los medios de comunicación describen a diario asesinatos estremecedores. En 2006, las muertes violentas achacadas al crimen organizado superaron las 2.000, es decir, seis diarias. Junto a los habituales ajustes de cuentas entre bandas por las zonas de dominio y las guerras de los cárteles, que ya conocemos en España, hay que incluir los asesinatos de funcionarios y ciudadanos honrados que les combaten (jueces, policías, políticos, periodistas...). Incluso las desapariciones de cientos de mujeres y muchachas en Tijuana se atribuyen a sacrificios humanos y ritos de ingreso en las bandas relacionados con el narcotráfico. La matanza, así como el poder de los cárteles, han aumentado, pues en 2005 el número de asesinatos quedó en poco más de 1.400.

 

Los cinco estados más violentos del país en 2006 fueron Michoacán con 567 ejecuciones^[1], Sinaloa con 562, Guerrero con 355, Tamaulipas con 306 y Nuevo León con 170. En Michoacán, se registraron 270 homicidios más que en el 2005; ¡el número casi se dobló! En las ejecuciones de este año se incluyen 17 decapitaciones y al menos 38 asesinatos de policías. Además, empiezan a ser frecuentes los actos de crueldad para amedrentar aún más a los ciudadanos: decapitaciones con abandono de las cabezas en lugares públicos, arrojo de cadáveres desde avionetas, mutilaciones y torturas, tiroteos en las calles a la luz del sol... En Nuevo León, los delincuentes han establecido peajes a los habitantes del estado que desean circular por él e impuestos a los empresarios^[2]. Y el 5 de enero un diputado estatal del PAN fue asesinado en Acapulco (Guerrero) a instancias de otros militantes del mismo partido para que la esposa de uno de ellos ocupase el escaño vacante^[3].

 

El periodista Hector Aguilar Camín publicó en un diario de Tamaulipas datos sobre el poder del narcotráfico y la industria del crimen. Reproducimos íntegra la columna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta ahora, las autoridades federales habían preferido permanecer al margen del combate contra la delincuencia, con la consecuencia de que los cárteles de la droga levantaron zonas francas junto a la frontera con Estados Unidos y regiones abruptas. En un reportaje sobre el despliegue militar en la ciudad de Tijuana, un periodista del diario El Universal escribía la siguiente frase: “El peligro acecha en esta ciudad, centro de operaciones desde hace más de 20 años del cártel que dirigen los hermanos Arellano Félix”^[4]. Ese período de dos décadas abarca las presidencias completas de Vicente Fox (PAN) y Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari (PRI). Parece que la impunidad y la indiferencia han concluido a juzgar por los últimos hechos y palabras de Calderón.

 

En el campo de los hechos, las operaciones conjuntas de las Fuerzas Armadas la Procuraduría (Fiscalía) de la República y la Policía Federal empezaron en Michoacán y se han extendido a Guerrero^[5] y la comarca de Tijuana (Baja California). Y en el campo de las palabras el 3 de enero, el presidente nacional pronunció un discurso en una reunión con cargos políticos y militares en Michoacán, se comprometió a proseguir la campaña contra la delincuencia y los narcos: “Estamos decididos a recuperar la seguridad, no sólo de Michoacán o Baja California, sino de toda región de México que esté amenazada por el crimen organizado. (...) Para contar con mejores instrumentos en esta batalla contra el crimen también le he pedido al Procurador General de la República, aquí presente, y al Gabinete de Seguridad, que me acompaña en esta reunión con ustedes, para que a finales del mes próximo presenten a la sociedad mexicana un programa integral para reformar los mecanismos de procuración de justicia y de seguridad. (...) Necesitamos leyes que nos ayuden a perseguir y encarcelar a los delincuentes, no que los salven del castigo que se merecen; que los encargados de hacer cumplir las leyes actúen con firmeza y con honradez sin permitir que ningún acto ilícito quede en la impunidad”^[6].

 

Calderón, por tanto, sabe que la seguridad no depende únicamente de las detenciones y confiscaciones de armas y alijos, sino, también, de una Administración honrada y unas leyes que castiguen a los delincuentes. De aplicar este programa, el nuevo presidente tendrá que limpiar los tribunales, las Fuerzas Armadas y la Policía de funcionarios corruptos o implicados en el narcotráfico. Una tarea difícil, pero no imposible.

 

La presidencia de Fox ha sido para los mexicanos una decepción, por su falta de energía y su fracaso en solucionar la mayoría de los problemas arraigados en el país. Con este ejemplo presente, Calderón ha preferido actuar desde los primeros días de su mandato y centrarse en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos: la delincuencia.

 

Este comportamiento, si se mantiene, lo que es previsible a juzgar por el carácter de Calderón, le ganará el apoyo de sus compatriotas y de los Estados Unidos. Mientras el presidente asistía a la toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua, el ministro de Justicia de México se entrevistaba con el de Estados Unidos. Washington, explicó el estadounidense Alberto Gonzales, quiere cooperar con México en la represión del narcotráfico, la delincuencia organizada y el tráfico de armas, asuntos que perjudican a ambos países^[7].

 

Desde luego, si se quiere extirpar de las sociedades la violencia y la delincuencia exacerbadas son imprescindibles, junto a las medidas policiales y judiciales, la promoción de principios morales que ensalcen la honradez y el respeto al prójimo^[8]. En México, después de años de desidia, se ha empezado por lo aparente. Sin duda, dentro de poco se continuará con lo inmaterial.