Autor: Ignacio Cosidó

Tendremos que soportar en los próximos meses muchas mentiras, infinidad de descalificaciones, juego sucio e incluso algún truco de este encantador de serpientes.

España no puede sobrevivir un año gobernado por un cadáver político. Zapatero se aferra a su cargo por el vértigo que le provoca la predecible hecatombe electoral.

A pesar de lo que esto significa, no pensamos rendirnos. Seguiremos utilizando todos los instrumentos que el Estado de Derecho nos concede para evitar que los cómplices de los terroristas estén presentes en las instituciones.

Chacón no quiere implicarse directamente en los ataques. No es que se lo impidan las volubles convicciones pacifistas de la ministra, sino la ambición de hacerse con el poder dentro del PSOE.

No ceder al chantaje terrorista no es solo una exigencia política y moral de toda democracia, sino el mejor desincentivo para cualquier terrorista presente o futuro.

Lo que Rubalcaba define como extrema derecha es una derecha democrática, europea y liberal-conservadora cuyo único atrevimiento es plantar cara a la dominación cultural que la izquierda ha venido ejerciendo en la sociedad española en las últimas décadas

No hace falta ninguna lupa para saber que ETA se encuentra destás del pacto entre Batasuna/Sortu y Eusko Alkartasuna. El objetivo de inmediato de esa coalición es dar a los terroristas una plataforma de desembarco en las próximas elecciones

El próximo sábado es fundamental que todos estemos en Madrid junto a las victimas para dar un mensaje firme de que solo la derrota de ETA nos sirve, que no estamos dispuestos a consentir que los asesinos vuelvan a utilizar las instituciones democráticas.

Creo que es un error poner un límite temporal a las operaciones militares, aunque sea prorrogable, como ha hecho España. Con ese tipo de constricciones damos un mensaje equivocado tanto al régimen de Gadafi, mostrando nuestra voluntad de desentendernos tan pronto como nos sea posible, como a nuestros aliados, poniendo en cuestión la firmeza de nuestro compromiso.

El principal responsable político del caso, por acción u omisión, es Alfredo Pérez Rubalcaba, quién era ministro del Interior en el momento en que se produjo el escándalo.