Zapatero, Chacón y las Fuerzas Armadas: acabar con su tradición y valores

La historia atestigua que las Fuerzas Armadas constituyen unos de los exponentes más relevantes del carácter de una nación. En la España actual, de entre las instituciones del Estado que cumplen su cometido de forma solvente, hay que destacar a las Fuerzas Armadas. Su valoración por la sociedad española es muy alta, en comparación con otras instituciones, como dejan constancia los resultados emitido por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este hecho, poco publicitado es los medios, parece chocante dado el crónico desinterés de la clase política española por los temas relacionados con la Defensa, lo que se traduce en falta de apoyo a la labor de aquellas.

 

Las Fuerzas Armadas de un estado democrático están subordinadas al poder político. Esta subordinación se materializa en que el poder político determina en qué debe ser empleado el potencial militar de la nación y las condiciones generales para ello. La contrapartida es que el poder político tiene que mantener un potencial militar adecuado y eficaz como uno de los instrumentos que garanticen la  supervivencia de la entidad política.

 

Las Fuerzas Armadas en activo y la capacidad de movilización de la nación constituyen el potencial militar. Pero sin institución militar, sin ese grupo humano basado en las denominadas “virtudes militares” -valores, que se mantienen desde Escipión a Petraeus-, sin ese factor esencial, el potencial militar nacional, no existe. Hay que tener presente que los valores que conforman el ethos militar están orientados a su razón de ser: el combate. El sentido del deber, la disciplina, la lealtad, el compañerismo -lo que ahora se diría descafeinadamente ser  solidario- y el espíritu de sacrificio son, entre otros, valores esenciales para las Fuerzas Armadas.  En buena medida, de ellos depende su supervivencia.

 

 

De la constante actividad de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero para implantar sus extravagancias ideológicas en la sociedad española -modelo de familia, en la educación, en la concepción de la vida o en la oportunidad de la muerte-  no podían escapar las Fuerzas Armadas. La Ley de la Defensa Nacional de 2005, llevada apresuradamente al Parlamento por el Ministro Bono, -que en su faceta chirigotera se dedicó a cambiar las letras de himnos y canciones militares-, a pesar del desconocimiento de lo que incluía la norma, posibilitó la adopción de una organización militar moderna, que ha significado un gran paso en la modernización de las Fuerzas Armadas y en su homologación con los aliados, aunque pugna por abrirse paso entre reticencias corporativistas y sin recibir el impulso político necesario.

 

Pero la Ley de la Defensa Nacional nace del lado oscuro: su intencionalidad ideológica es sólo comparable con su baja calidad técnica. Esta intencionalidad queda de manifiesto en la pintoresca disposición final tercera por la que se instaba al Gobierno a remitir al Congreso, en el plazo de tres meses, un proyecto de Ley Reguladora de los derechos fundamentales de los militares profesionales que incluirá la creación del Observatorio de la vida militar.

 

Por supuesto que este mandato no se cumplió ni a los tres meses, ni en los tres años y medio siguientes, pero se abría la puerta a algo muy delicado: la intromisión partidista en el ethos de la milicia: ¿Qué es eso del “Observatorio”? En cualquiera de las Fuerzas Armadas, de Francia a China, del Reino Unido a Rusia, no hay derechos fundamentales de los “militares profesionales”: todos los que se exponen a los mismos peligros, sean o no profesionales, tienen los mismos derechos y, sobre todo, las mismas obligaciones. Además, los derechos fundamentales de los militares son los del resto de los españoles, con la única limitación que imponga la Ley. Lo que tienen los militares son obligaciones fundamentales, que en parte no les diferencian del resto de los ciudadanos, pues la Constitución establece, en su artículo 30, el deber de todos a la prestación personal de contribuir a la defensa.

 

La tentación totalitaria para las Fuerzas Armadas, parafraseando a Revel, se concretó en la Ley de la Carrera Militar, un bodrio legislativo de proporciones monstruosas que incorpora todos los tópicos progresistas y burocráticos habidos y por haber, algunos difícilmente compatibles con la disciplina necesaria en la  institución militar. Sus 141 artículos, 11 disposiciones adicionales, 12 disposiciones transitorias y otras 11 disposiciones finales, están faltos de sistemática, su lectura es agotadora y enfarragosa, ya sea lo referido al empleo militar de Su Majestad o la asistencia sanitaria, algo que nada tiene que ver con la carrera militar. Y es que la primera característica es su falta de claridad y su nulo carácter práctico.

 

Otra de sus características es mezclar reglas de comportamiento con competencias del subsecretario. La confusa técnica legislativa, el horroroso título de “carrera militar”, la legalización de materias cuya naturaleza no requeriría para regularlas norma de más nivel que orden ministerial o simple instrucción, hacen de ella algo confuso y desordenado, que no pasará, precisamente, a los anales de la excelencia jurídica. Como era de esperar, los disparatados resultados de su aplicación se han visto contestados por centenares de recursos.

 

Para Zapatero y Chacón, las Ordenanzas eran pieza de caza mayor. Su valor y significado es fundamental. Las Reales Ordenanzas son el cuerpo donde desde hace siglos se han venido plasmando de manera concisa, clara e indubitada, las obligaciones comunes a todos los militares, y las particulares de los diferentes empleos, desde generales a soldados o marineros. Son consideradas en la milicia como un código ético y una referencia profesional. Las Ordenanzas son Reales porque no son de partido, ni de estamento, ni de gremio alguno, ni de una determinada legislatura: son del Estado, encarnado en este caso en el Rey, para regular una institución que tiene encomendada la “última ratio regis”, la última oportunidad de supervivencia de la entidad política. Su carácter valioso se muestra en el hecho de que las de Carlos III duraron más de dos siglos, y no porque hubiese un ambiente reaccionario que impidiera su reforma, sino porque cualquier cambio que afectase a los “valores corazón” de la milicia, tendrían que ser constatados suficientemente por la experiencia, antes de introducirse.

 

 

Ahora, las Reales Ordenanzas promulgadas por la Ley 85/1978, han sido modificadas por un Real Decreto. ¿Qué significa esto?. Las Reales Ordenanzas hasta ahora en vigor, fueron promulgadas el 28 de diciembre, un día después de la Constitución. Seguramente que si se hubiese retrasado su  entrada en vigor, se hubiera necesitado una ley orgánica al afectar a derechos fundamentales. Deslegalizar las Ordenanzas, reducirlas a un Real Decreto, que es el instrumento del Poder Ejecutivo para llevar a cabo su política, es dejarlas sin contenido. El código ético de las Fuerzas Armadas, que afecta a derechos fundamentales, no puede ser  dejado a que cualquier Gobierno pueda cambiarlas a su antojo. Zapatero lo ha hecho.

 

El Real Decreto de las actuales Ordenanzas, es además brutalmente ideológico. Introduce rasgos pacifistas y de ideología de género, -no compartidas por gran parte de la sociedad española, militar y no militar-, establece conductas diferentes dependiendo de la casuística, situaciones propias del código penal y un largo etcétera. Generaliza conductas que siempre han sido específicas de generales, oficiales o tropa, a todos los militares, con lo que ha perdido su carácter regulador de una institución jerarquizada -que aquí tiene todo su sentido- y lo que es más grave se hace eco de la teoría de “antes morir que matar”, un contrasentido y una irresponsabilidad en las Fuerzas Armadas. En nuestra opinión, quizá debieran haberlo experimentarlo los redactores antes de introducirla en la norma.

 

Todos estos acontecimientos de gran importancia, para el presente y futuro de la nación, han pasado desapercibidos, no ya para la sociedad, sino para la clase política y para parte de los militares. El desinterés ha permitido una manipulación ideológica y una burocratización inauditas, del que las Fuerzas Armadas salen muy tocadas, y de las que será difícil rescatarlas más adelante.