Un referéndum necesario

por Luis Ignacio Martínez Franco, 22 de febrero de 2006

Han sido proféticas las palabras de Benigno Pendás en uno de sus brillantes artículos en ABC: «Ni el bienestar ni el egoísmo justifican el silencio ante un texto con alma de Constitución en cuerpo de Estatuto, aunque se envuelva en la falsa retórica de la nación de naciones o el desarrollo del pluralismo territorial. La única respuesta posible es no. Pero todo apunta hacia un maquillaje formal, que mantenga lo sustancial y, para colmo de males, alimente el victimismo. Nos dirigimos sin remedio hacia la peor de las opciones: habrá nueva rapiña de competencias estatales, pero Madrid será culpable, como siempre».

Lo que el brillante profesor de Historia de las Ideas Políticas ha venido pronosticando en sus valientes artículos, lo tenemos ya en pantalla. Tal vez los hechos les parezcan a algunos tan increíbles que se nieguen a reconocerlos. Y esto, en definitiva, no deja de ser una cobardía que pagarán muy caro, lo pagaremos todos.

Por eso, cuantos defendemos la Constitución del 78, como norma fundamental en la que cristalizó el amplísimo consenso político y popular de la Transición, debemos denunciar con contundencia el fraude de ley que se está perpetrando por el Gobierno bajo la apariencia de una reforma estatutaria (negociada sólo con una comunidad autónoma y de espaldas al único sujeto soberano, el pueblo español) que liquida de facto el marco constitucional y quiebra la unidad de la Nación española.

Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso y político paradigma de la falacia y la manipulación políticas (especialmente en jornadas de reflexión electoral), acusa el daño que le ha hecho al Gobierno la iniciativa de referéndum promovida por el Partido Popular y lanza a la opinión pública la siguiente admonición tratando de sembrar la discordia: «La consulta que pide el Partido Popular es inconstitucional».

Pero nada mejor, para salir de dudas, que consultar la Ley de leyes, que en su artículo 92 dice: «1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.»

Así, pues, la Constitución contempla la posibilidad de someter a referéndum consultivo las decisiones políticas «de especial trascendencia». Y, como ha dicho con sensatez el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, «los mecanismos constitucionales están para que se ejerciten». Por otro lado, si refrescamos la memoria recordaremos que, con la misma base constitucional, ya se promovió un referéndum por los mismos protagonistas que ahora tratan de envenenar a la población afirmando la inconstitucionalidad de la iniciativa del Partido Popular. En concreto, Felipe González convocó un referéndum consultivo para la permanencia de España en la Alianza Atlántica, desdiciéndose así de su demagógica posición inicial: «OTAN, de entrada no».

Además, es políticamente muy saludable la práctica de esta modalidad de democracia directa cuando la ocasión lo requiera, pues en una democracia representativa los políticos, una vez elegidos, tienden a olvidarse de que no son más que meros mandatarios temporales del soberano y a gobernar de espaldas al pueblo que los eligió. Porque, no lo olvidemos, «La soberanía nacional reside en el pueblo español» (art. 1.2 de la Constitución), por mucho que se intente obviar este precepto. De él procede todo el poder, incluso el que perversamente ejercen el presidente Zapatero y sus aliados separatistas con el objetivo de dinamitar la Constitución y a España misma.

Así que ¡bienvenida sea la propuesta de referéndum!, pues el demos, el pueblo español, tiene derecho a pronunciarse sobre una cuestión que le afecta de una manera vital y en la que se juega su futuro y el de sus descendientes.

Intentar excluir al soberano de una decisión de tan crucial trascendencia sería una felonía, una puñalada por la espalda al pueblo español y al Estado de Derecho que nos hemos dado, más propia de unos traidores que de unos gobernantes que juraron o prometieron un día defender la Constitución.

Como ha dicho el profesor Benigno Pendás, según la fórmula del mejor constitucionalismo histórico: «Lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado».