Un plan económico para Cuba

En los estertores de la dictadura comunista imperante en Cuba, y por razones morales e históricas, España tiene la obligación de jugar un papel protagonista en el apoyo internacional a la transición pacífica a una democracia plena que, de un modo u otro, ya ha comenzado. El silencio cómplice del gobierno socialista español y el de los autodenominados “intelectuales”, tan comprensivos como siempre con las dictaduras de izquierdas, obliga a la sociedad civil española que sí cree en la libertad a suplir el autismo del “club de amigos del tirano” y a apoyar las iniciativas a la transición democrática brotadas del pueblo cubano. 

 

Existe incertidumbre sobre el modelo de transición que finalmente se impondrá, pero en todos los escenarios, excepto en el del “fidelismo sin Fidel”, ocupa un lugar central un nuevo modelo económico basado en la libertad, que implicará sustituir la propiedad pública de los medios de producción y la planificación económica por la propiedad privada y la economía de libre mercado. Cuba necesita erradicar cuanto antes un sistema económico fracasado que sólo ha reportado a los cubanos escasez y miseria. A ellos les conviene restaurar cuanto antes el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre empresa, la libertad de contratación y la libertad de comercio con el exterior.

 

Esos cuatro pilares fundamentales del nuevo modelo deben complementarse con un conjunto de decisiones económicas de gran alcance: la política de compensación o devolución de las propiedades expropiadas en 1959, el modelo de privatizaciones, la política de liberalización del sector exterior, el régimen monetario y cambiario, la estructura tributaria, el modelo de relaciones laborales y el papel de los sindicatos, el modelo de seguridad social y el modelo sanitario,

 

Cuba parte con la ventaja que otorga la experiencia de la transición de la economía planificada a la economía de mercado en los países de la antigua órbita soviética, la mayoría de ellos con un balance general de la transición económica muy positivo. Estonia, por ejemplo, heredó del comunismo una renta per cápita del 7 por cien de la media de la UE, y hoy está ya en el 60 por cien, con tasas de crecimiento del PIB del 12 por cien anual.

 

Lo anterior no significa que Cuba deba aplicar de forma mimética otros modelos de transición económica. Debe diseñar el suyo propio.

 

El nuevo modelo económico daría un paso de gigante si anclara en su futura Constitución democrática las piezas capaces de dar la mayor seguridad jurídica posible a los agentes económicos. Sería muy recomendable dar pleno anclaje constitucional a principios tales como la plena independencia de los tribunales de justicia, la limitación de los impuestos, el equilibrio presupuestario, la prohibición del repudio de la deuda pública, la limitación de la presencia del Estado en la actividad económica o la plena libertad de elección ciudadana en el ámbito de los servicios provistos por el Estado.

 

Las privatizaciones deben ser efectuadas con la mayor transparencia, recurriendo a sistemas de subasta siempre que sea posible. Es fundamental evitar procesos oscuros, contrarios al mercado e inevitablemente ligados con la corrupción, como ocurrió con las denominadas “piñatas” de Rusia o Nicaragua.

 

La decisión sobre los derechos de propiedad confiscados en 1959 es compleja, pero parece claro que las expropiaciones deben ser compensadas de alguna forma. La compensación puede financiarse con parte de los fondos procedentes de las privatizaciones.

 

La liberalización del sector exterior admite dos opciones: comenzar por la liberalización de la cuenta corriente y seguir con la de capital, o liberalizar las dos cuentas simultáneamente.

 

El régimen cambiario aconsejable puede comenzar con un “currency board” en la primera fase de la transición, pero puede ser preferible la implantación de un tipo de cambio completamente flexible junto con un banco central independiente al que se encomiende como misión principal la estabilidad de precios. 

 

La estructura tributaria a implantar debe incentivar el esfuerzo, la asunción de riesgos y el ahorro. Sería muy recomendable implantar un impuesto sobre la renta de tipo único (“flat tax”) limitadamente progresivo y un impuesto sobre sociedades de bajo tipo efectivo que incentive la atracción de inversión extranjera directa. 

 

El modelo de relaciones laborales debe ser lo más liberal posible, evitando rigideces derivadas de una mal entendida política de protección al trabajador.

 

El modelo de seguridad social debe evitar los riesgos de sostenibilidad financiera a largo plazo de un modelo de reparto. De ahí que sea recomendable implantar desde el principio un modelo de capitalización.

 

El modelo sanitario puede basarse en un servicio de salud puramente privado o en un servicio universal de provisión pública. En este último caso, no conviene que el servicio sea completamente gratuito, siendo preferible implantar desde el principio mecanismos de copago. Sería además muy aconsejable establecer la producción privada de todos los servicios de salud.

 

La ayuda económica exterior a Cuba para hacer frente a la transición es deseable, pero se exagera su importancia y su necesidad. Sería útil si fuera limitada en el tiempo y se destinara a paliar la escasez de bienes de primera necesidad y a hacer frente a los inevitables costes de la transición. Pero no es imprescindible, y además es indeseable si se convierte en un desincentivo estructural a la actividad económica. Nadie sensato puede dudar de que el pueblo cubano será capaz de generar prosperidad por sí solo en cuanto se restablezca la libertad económica.