Televisiones autonómicas: un juguete en manos políticas pagadas por los ciudadanos

por Ana Ortiz, 24 de junio de 2009

1. Un modelo de televisión inviable
 
Desde estas páginas hemos cuestionado la viabilidad, la idoneidad y la oportunidad de la existencia de una televisión pública- el GEES ha sido pionero en abrir este debate- concluyendo que el modelo de televisión pública del que disponemos hoy ya no es representativo de la sociedad, de las necesidades y de la tecnología actual. Pero, ¿alguien se ha preguntado qué pasa con las televisiones autonómicas?
 
Hasta ahora, han estado muy silenciosas a pesar de ser público y notorio que en la práctica, son un instrumento más cercano al poder de turno, que a los intereses de los ciudadanos que las sostienen. Algunas, como es el caso de Telemadrid, están siendo pasto de la guerra sindical y política más encarnizada e interesada que imaginarse pueda, donde los sindicatos están demostrando para quién trabajan: para ellos mismos y para la oposición madrileña.
 
Decimos hasta ahora porque, una vez conocida la intención del Gobierno de Zapatero de suprimir la publicidad y financiar el Ente Público mediante otros impuestos, la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) ya ha advertido que sus representados no se plantean un modelo de televisión sin publicidad. Entre otras cosas, porque sería del todo punto inviable, si tenemos en cuenta que la suma de las pérdidas de estas televisiones asciende a unos 1.000 millones de euros, según un informe elaborado por Deloitte para UTECA[1].
 
Hasta ahora, la única en asumir que el modelo de televisión autonómico es inviable, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha abierto el debate de la privatización del Ente público madrileño en más de una ocasión. 
Precisamente, la única televisión pública que está siendo cuestionada día sí y día también por la izquierda, cuya vara de medir completamente distinta  a la hora de juzgar el desarrollo político allí donde gobierna. Los datos que se ofrecen más delante de Canal Sur avalan esta premisa.
 
No obstante, hay quienes trataron de buscar fórmulas económicas que facilitaran la existencia de las televisiones autonómicas. En 2003, el consejo de administración de la Radio Televisión Valenciana (TTVV) trató de iniciar un proceso de licitación del suministro de contenidos audiovisuales, informativos y la intermediación publicitaria, con la finalidad de aliviar la deuda contraída. Se trató de externalizar determinados servicios que eran especialmente gravosos para el ente. Pero una vez más, los sindicatos impugnaron los concursos por entender que se trataba de la demonizada “privatización” a la que temen tanto (entre otras cosas, porque tendrían que incorporarse a su puesto de trabajo y trabajar).
 
Hoy,  nadie se opone a que TVE haya externalizado la producción de noticias de los informativos más vistos del país. ¿Quiénes son las productoras que han obtenido dichas licitaciones? Mediapro (Jaume Roures, dueño de La Sexta, Público)  a través de su filial Medianews, que se ha llevado 463.000 euros, y la productora andaluza Uveauve, por la nada despreciable cantidad de 853.888 euros de todos los españoles[2], que van a parar a manos privadas. ¿Dónde están los sindicatos de TVE?
 
Según el presidente de RTVE, Luis Fernández, la explicación de esta operación tiene que ver con un intento de ordenar y regular de la mejor manera posible, algo que se lleva tratando de hacer tras “decenas de sentencias en las que se condenaba la medida por improcedente”.
 
En la era del teléfono móvil e Internet, es preciso plantear el debate sobre el papel, el gasto y la finalidad verdadera de televisiones más proclives al poder fáctico político que a los intereses de los sufridos bolsillos de los ciudadanos.
 
2. La clave del sistema
 
Cuando en 1983 aparecieron las primeras televisiones autonómicas, probablemente nadie se ocupó de diseñar su estructura de acuerdo a parámetros comerciales, sino que se basó en un concepto de interés eminentemente político. En algunos casos, de nacionalismo identitario.
 
Las televisiones autonómicas no se han construido en función del mercado publicitario, que hubiera basado sus estructuras de acuerdo a los ingresos publicitarios obtenidos como medio para su financiación. Aunque este concepto se integró años después, nacieron de acuerdo a una financiación pública, de tal manera que buena parte de sus sostenibilidad actual sigue siendo posible gracias a la subvenciones de los gobiernos autonómicos.
 
Se constituyeron, pues, como sociedades anónimas con capital exclusivamente público, gestionadas a través del ente público correspondiente, que goza de una personalidad jurídica propia, reguladas por su ley concreta de creación. Los órganos de estos entes públicos autonómicos están formados por un consejo de administración, cuyos miembros son elegidos por el parlamento autonómico, de acuerdo a la representación de cada partido en las cámaras autonómicas. Disponen de un director general, órgano ejecutivo del ente, nombrado por el gobierno autonómico. Este particular es diferente en el País Vasco, puesto que el director general lo nombra el Parlamento. Existen unas sociedades gestoras que se ocupan de la gestión de la televisión y la radio autonómica. Por último, disponen de un consejo asesor.
 
Hasta ahora, el régimen de financiación de las televisiones autonómicas es el mismo que el de RTVE. La Ley Reguladora del Tercer Canal de Televisión (46/1983, de 26 de diciembre) prevé, además de la sumisión de los presupuestos a la normativa general presupuestaria, que “la financiación del funcionamiento efectivo del tercer canal de televisión se hará mediante subvenciones consignadas en los presupuestos de las comunidades autónomas, la comercialización y venta de sus productos,  y la participación en el mercado de la publicidad”[3].
 
Este modelo de financiación no ofrecía problemas mientras la televisión fue pública en régimen de monopolio. Pero la aparición de las TV privadas en 1990 (Antena 3, Tele5 y Canal+) plantea un serio problema al modelo de financiación mixta que ha llegado hasta hoy y que, según ya ha anunciado el Gobierno de Zapatero, tiene visos de terminar en septiembre, en lo que a TVE se refiere.
 
3. Las cuentas no salen
 
Las televisiones autonómicas cuestan a cada contribuyente  tres veces más de lo que supone la televisión pública estatal. Un coste que incrementa considerablemente si no se tiene en cuenta los ingresos publicitarios. El problema no es fácil de resolver porque es muy difícil que haya consenso entre los partidos políticos para su eliminación, ni mucho menos, que haya empresas dispuestas a cargar con sus deudas.
 
Las televisiones autonómicas tampoco están dispuestas a reducir gastos. Es más, se frotan las manos al pensar que después del apagón analógico, dispondrán de más canales.
 
Las televisiones autonómicas con más de un idioma son más caras de sostener, siendo la más cara, ETB (País Vasco).
 
El ranking es éste, según una información publicada en el diario Expansión[4] (no ofrece datos de las Islas Baleares):
 
 
Ranking: - Coste anual bruto por hogar (en euros):
 
País Vasco
234

Cataluña
220

Galicia
213

C. Valenciana 
209

Aragón 
180

Andalucía 
173

Castilla
La Mancha
172

Murcia 
152

Canarias 
146

Madrid 
145

Asturias 
142

Extremadura
13

*Cantabria, *Castilla y León, *La Rioja y *Navarra
(no disponen de TV autonómica)
 
 
4. Situación económica de las televisiones autonómicas
 
El análisis de todas ellas permite asegurar que el presupuesto es mayor que la subvención que reciben y que hoy, no tienen más remedio que cubrirlo con publicidad, algo que no sabremos si continuará en el tiempo, puesto que, como sabemos, su naturaleza es similar a las de RTVE, cuya situación cambiará en pocos meses.
 
 
Comparativa entre presupuesto y subvención recibida (cuadro elaborado a partir de datos oficiales)
 
Televisión autonómica
Presupuesto
Subvención (mil. de
euros)
TV Cataluña
485
279
Canal Sur
247
189
TV Valenciana
241
149
ETB (País Vasco)
203
154
TVG (Galicia)
142
123
Telemadrid
106
81
IB3 televisión Islas Baleares
75
71
TV Aragón
61
53
TV Canarias
61
59
TV Asturias
28
24
Televisión de Murcia
28
24
Televisión de Extremadura
14
10
 
Lejos de contenerse, casi todas disponen de más de un canal, como la televisión catalana (que tiene tres), Canal Sur y ETB (que ya tiene cuatro) y Telemadrid. Las últimas en subirse al carro de ampliación de canales son Galicia, Castilla La - Mancha y Televisión Valenciana.
 
5. Modelos de financiación. Razones para privatizar
 
El Gobierno valenciano y Radiotelevisió Valenciana (RTVV) negocian un contrato-programa que reconocerá una doble vía de financiación: los ingresos propios que se generan con su actividad (publicidad, venta de derechos y programas e ingresos accesorios) y las aportaciones públicas de la Generalitat. El objetivo es dotar de un marco estable de financiación y evitar que su deuda de 1.100 millones de euros que ya acumula, siga creciendo. Demasiado por una audiencia que roza el 14%.
 
La televisión catalana solo es posible si se sigue manteniendo el modelo de financiación mixta con publicidad. El 52% del capital proviene de la Generalitat, mientras que el 48% restante hace referencia a los beneficios publicitarios.
 
TV3 recibe más del  80% del capital económico de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (organismo dependiente de la Generalitat que gestiona, además de la televisión, la radio pública y otras empresas multimedia). Con todo, su audiencia es del 17%, mientras que su deuda es de 1.046 millones (en 2006).
 
Telemadrid tiene su caballo de batalla en el plano político - sindical con la izquierda, que ha fundido en negro en varias ocasiones la televisión e todos los madrileños y tiene visos de seguir por ese camino[5]. El mismo boicot que sufre Ondamadrid.
 
Según datos de la cadena, los gastos de personal en Telemadrid suponen 62,4 millones de euros y representan el 54,6% del total de gastos de explotación, en un momento en el que la cadena está aplicando un plan de contención y ha recortado un 6% sus gastos. Según datos de la oposición socialista en la Asamblea de Madrid, los ingresos por publicidad de la cadena pública fueron menores este año respecto del año anterior- debido al factor crisis- Telemadrid ingresó 9 millones de euros en el primer trimestre de 2009, un 29,4% menores a lo previsto según la oposición.
 
Este es uno de los argumentos que se esgrime para proponer su privatización, algo a lo que los sindicatos no están dispuestos ni siquiera a tener en cuenta. Tiene una audiencia del 10%.
 
Que la televisión andaluza está en manos del Gobierno socialista cien por cien no es noticia. Entre los hechos que lo corroboran está su enorme dependencia pública. Los responsables de confeccionar el presupuesto para 2009 especificado en el cuadro anterior no han tenido en cuenta ni los casi 6 millones de déficit en el primer trimestre de 2009, ni la crisis económica. De modo es que su presupuesto desborda todas las reglas de la sensatez: 247 millones de los que, como se ha visto en el cuadro anterior, 189 provienen de las autonómicas. Increíble, cuando su deuda suma más de 25 millones de euros. Tiene una audiencia del 20%.
 
La televisión manchega es de las más jóvenes, apenas tiene nueve años de existencia, aunque muy fecundos en guerras políticas que han llegado a dos procesos judiciales a demanda del Partido Popular por considerarse discriminados y porque dicen no saber cuánto gana cada directivo, afín al PSOE, claro está.
 
El aspecto más sorprendente de esta cadena pública es que no refleja deuda alguna. Según el PSOE, se debe a su magnífica gestión, mientras que para el PP la cuestión tiene que ver con la dadivosidad del presidente manchego al que se le presume que no le duelen prendas en financiar esta televisión. Su audiencia es del 10%.
 
El País Vasco ha puesto rumbo a los cuatro canales autonómicos, a pesar de la precaria situación económica por la que atraviesa y con una línea editorial que genera, cuanto menos, polémica. Su partida presupuestaria (antes especificada) ha aumentado en doce millones de euros. Sin embargo, no tiene deuda, a lo que la entonces oposición- ahora en el Gobierno- señalaba como proceso similar al de Castilla La Macha. Tiene una audiencia que roza el 18%.
 
La televisión más cara por habitante es la de las Islas Baleares y eso que su futuro es más que dudoso por falta de audiencia (un 5%). Nada que ver con su deuda acumulada, 169 millones de euros en cuestión de bancos y 50 millones a sus proveedores. Si situación económica y la crisis no parece que haya hecho reflexionar a sus dirigentes que han plena crisis económica no ha reparado en gastos para renovar su logotipo y su imagen (600.000 euros). Además, ha invertido, doce  millones de euros para ofrecer la Fórmula 1.
 
La situación del ente balear es insostenible, tanto a nivel financiero como político, puesto que la misma composición del gobierno hecha contra el mandato de las urnas hace inviable casi cualquier decisión.
 
6. Así las cosas, paga el contribuyente
 
Que el sufrido contribuyente es la coartada  principal para que pague los platos rotos de la crisis es una evidencia allí donde uno pone los ojos. El Gobierno sueña con ser parte del G-8, con ser la octava economía del mundo, mientras que la realidad es que este país tiene difícil resolver una serie de situaciones mientras no ponga coto a la cultura de la subvención sin ton ni son.
 
El caso que nos ocupa es flagrante. La sostenibilidad de doce modelos de televisión pública, sin contar con la televisión pública estatal tiene difícil argumentación a todos los niveles. Político, económico, cultural, sociológico y tecnológico.
 
Si bien en su día pudieron responder a un buen grado de aperturismo y pluralidad, hoy no son más que altavoces de intereses bastante ajenos a los contribuyentes, que sin ser preguntados, nos vemos en la tesitura de sostener guerras encarnizadas de poder por la “caja tonta”.
 
Es cierto que se han creado muchos puestos de trabajo, directos y externos, pero ello debe responder a un nivel de calidad y objetividad que hoy, brillan por su ausencia.
 
Es preciso que se estudien nuevas vías de financiación cercanas al modelo propuesto por la televisión valenciana hace años, que los sindicatos reduzcan sus pretensiones de liberación de toda tarea laboral y que el debate de la posible privatización o por lo menos, de parte de los servicios, se ponga encima de la mesa.
 
De lo contrario, siga haciendo hueco en su monedero para la factura de la tele.

 
 
Ana Ortiz es Licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo, Universidad Complutense de Madrid. Master en Radiodifusión por RNE y perito grafólogo por la Facultad de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Asesora política, experta en relaciones institucionales para Iberoamérica, en protocolo empresarial y liderazgo. Asesora en campañas electorales sobre comunicación en Internet y redes sociales. En el Grupo, es Analista en Inmigración y Seguridad interior y Analista de Medios de Comunicación. Ha participado en debates y entrevistas en Libertad Digital TV, Telemadrid y Radio Intereconomía en temas y cuestiones de inmigración.