TDT de pago: premeditación y "agostidad"

por Ana Ortiz, 16 de septiembre de 2009

La capacidad del presidente Zapatero para salirse con la suya sin apenas despeinarse debería ser objeto de estudio de los más rigurosos y sesudos expertos de comunicación política.
 
Si nada más comenzar la primera legislatura nos hizo comulgar con ruedas de molino ante las maravillas de la apertura de nuevos canales analógicos, retrasando incluso, la puesta en marcha de la TDT en España, hoy, o mejor dicho, hace un mes escaso, es imprescindible dar luz verde a la TDT de pago, después de que veinte millones de ciudadanos nos hayamos desprendido del viejo televisor, a favor de las nuevas televisiones que disponen de TDT.
 
Seguramente la mayoría no sirven. Probablemente, muchos millones de personas volverán a hacer el esfuerzo para tener la tecnología que requiere la TDT de pago, aquí y ahora, que es cuando le hace falta al Gobierno de Zapatero.
 
En un momento en el que la crisis galopa a buen trote devastando a su paso millones de hogares españoles; cuando se vislumbra un otoño caliente, subida de impuestos, paro crecido y aumentado. Ahora es el momento de afianzar voluntades, de saber quiénes son tus amigos y quienes no, en el campo de la Propaganda.
 
Zapatero lo sabe perfectamente. Es un buen anfitrión y sabe recibir bien a quien le ayuda. Acaba de decir a los sindicatos que olvidaron su verdadera función social que ¡ánimo!, que lo están haciendo muy bien, lo que estén haciendo, que no se sabe qué, pero lo hacen bien.
 
Quedan los medios afines y el sindicato de la ceja. Seguramente, de éste último sabremos algo durante este invierno traducido en Presupuestos Generales del Estado. Por lo pronto, las ayudas al cine han aumentado un 198% desde que gobierna Zapatero. Ayudas que tienen designadas por ley, cosa que no tienen otros artistas. Las ayudas al cine suman más que las subvenciones al Teatro Real, el Museo del Prado y el Reina Sofía. De los medios amigos, ya sabemos: TDT de pago en tiempo y hora.
 
Pagar por ver televisión terrestre no tiene por qué se malo, ni estar sustentado en una mala filosofía. En otros países ha sido un éxito.
 
Suecia dispone de TDT desde 2001, a través de la plataforma Boxer. La media de suscriptores es de unos 800.000. No está nada mal si sabemos que Suecia tiene nueve millones de habitantes. Cada suscriptor paga veinte euros por cuyo importe puede ver cuarenta y dos canales, la mitad, de pago. Viendo este ejemplo, no se explica por qué en 2006, el Gobierno de Zapatero se empeñó en seguir otorgando licencias en abierto (Cuatro y Las Sexta) alegando pluralidad, diversidad, pluralismo…bla, bla, bla.
 
En Finlandia, la TDT de pago se llama Plus TV y funciona desde 2007: plataforma de catorce canales que ya contaba con 175.000 abonados a los seis meses de su lanzamiento. Todo un éxito en un país con 2.500.000 de hogares. Cada abonado paga unos quince euros para acceder a doce canales. Al igual que en España, el cebo ha sido el deporte, aunque los finlandeses se decantan por el hockey y la Fórmula 1.
 
Holanda. Su plataforma es DigiTenne y tiene medio millón de suscriptores, que accede a veinticuatro canales. Aunque el precio varía, el tope está en doce euros más o menos. También el deporte ha sido la clave, tanto, que los clubes de primera división han creado un único canal para ofrecer los partidos de la Liga holandesa. Aquí hay negocio para todos: la plataforma DigiTenne les ha ofrecido la posibilidad de integrar este canal entre los suyos por seis euros más al mes, con lo cual, los usuarios tendrán toda la oferta completa en el mismo sitio sin pasar de dieciocho euros.
 
Italia dispone de dos plataformas de TDT de pago: la 7 y Mediaset Premium. La primera hizo su agosto nada más ponerse en marcha en 2006, cuando vendieron en tiempo récord más de un millón de tarjetas inteligentes (para poder acceder a la TDT) con 602.000 recargas. En cuanto Mediaset (Silvio Berlusconi)  no se pude decir que le haya ido mal, sino todo lo contrario. También comenzó en 2006 y vendió más de dos millones y medio de tarjetas inteligentes que le reportaron 108 millones de euros. 
 
Visto lo visto, es muy lógico que las empresas audiovisuales españolas quieran hacer negocio. La cuestión está en el momento en el que se ha aprobado la puesta en marcha de la TDT de pago y observar a quién beneficia esta premura. ¿Por qué el Grupo PRISA  está dando la batalla, mientras que Mediapro lo celebra?, ¿por qué aprobarla vía Decreto Ley en agosto? Bien es sabido que lo que se aprueba en agosto suele ser por cuestiones de aplacar la posible polémica que suscite el tema.
 
También sabemos que Zapatero ha sacado más temas por este procedimiento que por leyes, porque esto último, implica debate en el Parlamento. Un escenario que iba a ser el centro de sus Gobiernos. Ahora, cuanto menos se discuta, mejor.
 
Por último, ¿Qué papel juega Miguel Barroso, marido de la ministra de Defensa, Carmen Chacón, en todo este proceso?
 
El “Gol TV” de Roures
 
Durante la conferencia de prensa inmediata al Consejo de Ministros celebrado a primeros de agosto, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, anuncia que el Gobierno da vía libre a la TDT de pago mediante un Decreto Ley, por ser “necesario y urgente” regular esta nueva modalidad de televisión, que, según afirma, impulsará la TDT en sí y abrirá nuevas posibilidades de negocio a las empresas audiovisuales (1). Entre las premisas que avalan este Decreto, es la necesidad de animar el consumo de los ciudadanos. Que le digan esto a los cuatro millones de parados que tenemos ya en España.
 
Exactamente ocho horas después de esta rueda de prensa, Mediapro comienza la emisión del canal Gol TV en sustitución de Hogar 10, tal y como tenía previsto. Jaume Roures ha sido uno de los más ardientes defensores de esta modalidad. La clave del negocio, muy sencilla: la propia estructura de la TDT propicia que haya en el mercado multitud de canales, lo que supone un reparto de la tarta publicitaria en demasiados trozos para tantas bocas que alimentar.
 
Por tanto, el paso siguiente es cobrar por contenidos específicos. Si como se barajaba antes del verano, por cada partido de fútbol se puede cobrar una media de seis euros, solo hay que multiplicar el número de partidos por el número de televisiones. Tomando como ejemplo el número de abonados a Canal +- unos dos millones - y la media de partidos que se emiten- unos 15-  nos da como resultado 180.000.000 millones de euros. No está nada mal.
 
Hoy, lo que sabemos, es que la emisión ha sido  en abierto hasta el 31 de agosto, fecha que dio paso a una emisión de pago al que acceden aquellos que se hayan abonado (14’90 euros al mes). De momento, no se habla de pagar por partidos, pero... ¿quién sabe?
 
La jugada es redonda. Gol TV ofrece partidos de la Primera y Segunda División,  de la Copa del Rey y de la Champions League. También, competiciones internacionales.
Incluso tiene una modalidad para los bares, a sabiendas que muchos establecimientos tenían Canal+ como valor añadido en su negocio. Se trata del canal Gol Bar, cuyos suscriptores obtendrán descuentos de hasta un veinte por ciento.
 
Es decir, primero se engancha a los amantes del fútbol  para que luego pasen por caja. Resucita la conocida “guerra del fútbol”, que trae  en jaque a PRISA y a Mediapro. Ambas empresas saben que el fútbol y en segunda posición, la Fórmula 1, son la clave para que los ciudadanos estén dispuestos a pagar para ver televisión. 
 
PRISA no está dispuesta a tirar la toalla y se acaba de marcar un tanto: la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador contra Mediapro y su filial Gol TV por posibles prácticas anticompetitivas en la reventa de los derechos de retransmisión del fútbol. 
 
Mediapro se niega a suministrar a Sogecable  la señal de partidos de Liga y Copa del Rey de fútbol emitidos en pago por visión (PPV) en España, al vincular este suministro a la contratación y comercialización del servicio Gol Bar. Sogecable ha solicitado a la CNC la adopción de medidas cautelares que obliguen a Mediapro a cederle la señal de los partidos en PPV, sin vincular esta cesión al servicio Gol Bar.
 
Recapitulando: el Gobierno, aún a sabiendas de que la polémica estaba servida, ha pasado por encima del Consejo de Estado, cuyo dictamen- no vinculante- asegura que este tipo de emisión no tiene fundamento legal suficiente, ni responde al interés general. Vulnera la Ley de Contratos de la Administración: algunas empresas que solicitaron TDT de pago obtuvieron una concesión para emitir en abierto (La Sexta, Veo TV y Net TV). PRISA apoya al cien por cien esto, puesto que todavía tiene una patata caliente de la que se tiene que deshacer: Sogecable, operación  de venta que no termina de cerrarse, pero que está  llevando a la ruina al todo poderoso Grupo, que ve su estrella declinar ante el sol creciente de Mediapro, el Grupo amigo del  Gobierno.
 
En Moncloa dicen que PRISA debería recordar los tiempos en los que se libró la batalla contra Vía Digital (que era de Telefónica y que tuvo que pasar por el aro) o la reducción del IVA de la televisión digital que se introdujo en los Presupuestos Generales del Estado en 2006.Así están las cosas.
 
De nada ha servido que el Grupo PRISA no publicara un reportaje algo comprometido sobre la vicepresidenta del Gobierno. Tampoco la supuesta connivencia entre amigos, cuando Juan Luis Cebrián se despoja de su corbata al ver aparecer al ministro Sebastián sin ella, como ejemplo de lo que hay que hacer en verano para no poner el aire acondicionado muy alto. El video no tiene desperdicio. (2)
 
Más allá de la anécdota, es claro que Zapatero está decidido a seguir reforzando al Grupo amigo que ha crecido exponencialmente en los últimos años, situándose en las primeras filas del panorama mediático- e influyente- español.
 
PRISA ya ha pasado a la artillería pesada. No hay más que seguir las páginas sepia de El País,  algunos boletines de la Cadena SER o los de Cuatro, para observar la guerra encarnizada en la que se han enzarzado presidente y el imperio de Polanco. La defensa  de su política económica Rodiezmo no deja lugar a dudas: Zapatero hablaba para Cebrián.
 
El “maridísimo”
 
Miguel Barroso, esposo de la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Hasta hace poco,  director de la Casa de América, donde llegó después de ser secretario de Estado de Comunicación, cargo que ejerció durante la primera legislatura de Zapatero y puesto desde el que facilitó la puesta en marcha de la Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo (3). Mediante esta ley, se facilitó el nacimiento de Cuatro y La Sexta. Barroso abandonó su puesto en Moncloa dos meses antes de que la Ley viera la luz. Las formas, son las formas. Y la urgencia, urgente.
 
A primeros de 2009, el nombre de Barroso saltaba de nuevo a los periódicos al conocerse que estaba en negociaciones para incorporarse a la firma de publicidad Young & Rubicam (Madrid), como consejero delegado para España. Young & Rubicam pertenece al emporio multinacional WPP, propietario de compañías como Sofres, Ogilvy o Burson Masteller.
 
En 2006, WPP se incorporaba al holding audiovisual Imagina. Recordemos que Imagina es fruto de la fusión entre Mediapro -Roures -y Grupo Árbol -Emilio Aragón-. A este grupo se sumó un año después Juan Abelló comprando el 20% de Imagina. Por tanto, el accionariado de Imagina queda como sigue: Mediapro tiene el 60%, Juan Abelló otro 20% y WPP el 20% restante.
 
Llama la atención que siempre que hay un cambio en este campo, el nombre de Barroso sale a relucir unos meses antes o después del “alumbramiento” de la Ley o Decreto, como es este caso.
 
Existe otro asunto espinoso en todo este asunto: el presunto conflicto de intereses de la ministra Chacón, que no se ausentó de la votación del Decreto Ley que ha dado luz verde a la TDT de pago, sino que lo apoyó manifiestamente. Algo que el presidente Zapatero no ve como relevante, aunque sí lo es.
 
Según la las modificaciones realizadas por el propio Gobierno a una norma  de 1995, la nueva Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los altos cargos (5/2006 de 10 de abril) (4) condena la actuación de Chacón. La citada normativa entiende que puede existir conflicto de intereses cuando “los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o intereses compartidos con terceras personas”.
 
Además, está el Código de Buen Gobierno aprobado durante la primera legislatura de Zapatero. Publicado el 7 de marzo de 2005 (5), debe ser seguido por todos los miembros del Ejecutivo y altos cargos de la Administración del Estado. El Código, sirvió de base para la aprobación de la ley 5/2006 de 10 de abril que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y miembros del Gobierno.
 
Atando cabos
 
No por estar acostumbrados dejamos de sorprendernos. Una vez más, el presidente Zapatero ha actuado bajo la particular visión que tiene de las cosas y manejando tiempos como sabe hacerlo. Si hace tres años la prisa era abrir nuevos canales analógicos, cuando el mercado reclamaba la puesta en marcha de la TDT, hoy, en plena crisis, se dice a los ciudadanos que lo mejor es disponer de una TDT de pago, que por módico precio, ofrecerá un enorme abanico de posibilidades.
 
La cuestión de fondo es que antes, como ahora, los beneficiados de ambas operaciones tienen nombres, apellidos y negocios, que sin las facilidades del Gobierno no estarían tan boyantes.

 
 
Ana Ortiz es Analista Adjunta en el área de Medios de Comunicación.
 
 
Notas
(1)               BOE. Real decreto Ley TDT de Pago
(2)               Juan Luis Cebrián se quita la corbata para imitar a Miguel Sebastián. http://www.elconfidencialdigital.com/images/HTMLText/Cebrian.wmv
(3)               Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo.
(4)               Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.
(5)               Código de Buen Gobierno