Quienes impulsan una legislación que penalizaría la inmigración ilegal no se oponen a la inmigración, sino a la violación sistemática de las leyes federales o lo que es aún peor, a la no aplicación, de manera selectiva, de las leyes correspondientes al caso.
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Las consecuencias sociopolíticas, económicas, culturales y hasta religiosas de esta alteración demográfica, tan profunda como repentina, son inmensas y nos afectarán, sin duda, durante el resto del siglo XXI. Una de ellas es el signo del voto de los inmigrantes en las elecciones locales y generales.
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Las mafias asentadas en España superan el medio millar, repartidas por Madrid, Levante y Costa del Sol principalmente, favorecidas por una ley permisiva, la seguridad bancaria, el clima y la cantidad considerable de flujos migratorios que circulan a lo largo y ancho de nuestro país.
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Marruecos ha incumplido el acuerdo sobre repatriación de emigrantes ilegales de terceros Estados que firmó en 1992. La monarquía alauita, al negarse a repatriar a esos emigrantes que salían de su suelo, ha provocado a España el problema de cómo devolverlos.
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El fin de semana ha sido intenso en las costas de la Comunidad Canaria. El drama humano es cada día más inquietante y el Gobierno canario ya no sabe qué más decir ni qué hacer. Solo tiene claro que el Gobierno de Zapatero no está a la altura de las circunstancias.
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