La consolidación de Somalia como un auténtico Estado fallido ubicado en una zona estratégica del mundo está contribuyendo a agravar toda una serie de riesgos y amenazas que se localizan tanto en el mar como en tierra. El caos existente en el país se proyecta a través de sus 2.896 kilómetros de costa hacia el mar, alimentando una piratería que pone en jaque a todo tipo de barcos y que está obligando a un esfuerzo naval internacional de enorme envergadura que sólo es capaz, hoy por hoy, de lograr resultados limitados. El derrocamiento de Siad Barre en 1991 abrió un proceso acelerado de deterioro de la situación interna de un país donde hoy se superponen enfrentamientos clásicos, terrorismo yihadista salafista, bandidismo, piratería y refugiados.

 

 

Desde que a fines de 2006 la Unión de Tribunales Islámicos (UTI), que había logrado hacerse en junio de aquel año con el control del país exceptuando los territorios cuasi-independientes de Puntland y de Somalilandia, fue derrocada por la intervención del Ejército etíope con el apoyo diplomático de la Unión Africana (UA) y de los ataques aéreos de los EEUU, los islamistas radicales no han cejado en su empeño de recuperar el control y derrocar al Gobierno Federal de Transición (GFT) que, apoyado por la ONU, fue establecido en Baidoa ante la imposibilidad de hacerlo en la caótica Mogadiscio. El caos interno en el país provocaba tan sólo en 2007 más de 6.000 muertos y cientos de miles de desplazados en un escenario en el que los yihadistas salafistas, encuadrados en la filial somalí de Al Qaida, Al Shabab, han venido logrando recuperar buena parte del terreno perdido ante la apatía africana y del resto del mundo: dejando prácticamente solos a los etíopes sobre el terreno poco les costó a los yihadistas engrosar sus huestes para “luchar contra el intervencionismo cristiano” en un esfuerzo que se ha dinamizado en el último año.

 

El 29 de octubre de 2008 eran asesinadas más de 20 personas y un centenar heridas en cinco atentados sincronizados con explosivos ocurridos en Hargeisa, en Somalilandia, y dirigidos contra las representaciones de Etiopía y de la ONU en la localidad. El 16 de noviembre, al día siguiente de que Al Shabab tomara sin resistencia la ciudad portuaria de Barawe, al suroeste de Mogadiscio, el entonces Presidente del GFT, Abdullahi Yusuf Ahmed, un señor de la guerra más pero legitimado tras surgir como líder de las negociaciones de paz auspiciadas por la UA y la ONU en Kenia, reconocía en Nairobi que ya sólo ejercía algún poder en la capital y en Baidoa. El 21 de noviembre, los yihadistas tomaban el puerto de Haradeere, 400 kilómetros al norte de Mogadiscio e importante base de los activos piratas junto a Hobyo y Eyl en Puntland, argumentando que lo hacían como respuesta a la captura del superpetrolero saudí ‘Sirius Star’, inaceptable por tratarse de un buque de un país musulmán. El 22 de noviembre un ataque de Al Shabab provocaba en Mogadiscio la muerte de 17 civiles, seis de ellos niños. En este contexto se producía uno de los últimos intentos del GFT liderado por Abdullahi Yusuf Ahmed por retomar el control de la situación: el 26 de noviembre se firmaba en Yibuti un acuerdo de reparto del poder con una facción islamista, la Alianza para la Nueva Liberación de Somalia, bajo la mediación del Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Somalia y el Cuerno de África, Ahmedou Ould Abdalla, pero no logró resultado alguno sobre el terreno y el 28 de noviembre una exhausta Etiopía anunciaba que retiraría sus fuerzas a partir de fines de año ante las disensiones en el GFT y la falta de compromiso militar y político de otros países africanos. El 29 de diciembre el Presidente anunciaba su dimisión ante el Parlamento criticando al GFT - el 14 de diciembre había destituido al Primer Ministro Hasan Husein Nur Adde - porque las desavenencias en su seno no permitían avanzar en el proceso de paz. Mientras, los yihadistas salafistas se habían hecho con el control del sur del país, y su avance sólo se veía momentáneamente detenido entre diciembre y enero por enfrentamientos surgidos en su seno, aparentemente entre moderados y radicales, que obligaban a más de 60.000 personas a huir de las poblaciones de Guriel y de Dhusamareb, en el centro del país, a causa de esos combates intraislamistas. La retirada etíope se culminaba el 15 de enero mientras que el GFT pasaba a ser presidido por Sheykh Sharif Sheykh Ahmed, quien a fines de 2006 era uno de los líderes de la UTI.

 

Considerado un traidor por sus antiguos aliados de Al Qaida y por Al Shabab el nuevo Presidente no deja de ser un islamista y dicha corriente está por ello ocupando el espacio público a gran velocidad tal y como lo demuestra la decisión de su Parlamento, aprobada por unanimidad el pasado 18 de abril, de institucionalizar la Sharía. Mientras tanto los yihadistas salafistas avanzan en su ofensiva contra el GFT que pacta con los extranjeros infieles de la ONU, la UA o la Unión Europea (UE) incluyendo la presencia cada vez más evidente de ‘muyahidin’ extranjeros que acuden a Somalia invitados por incendiarios mensajes de los líderes de Al Qaida. Ahmedou Ould Abdallah, Enviado Especial de la ONU, confirmaba a mediados de mayo este carácter transnacional de los combatientes yihadistas cifrando el número de no somalíes presentes en Somalia en entre los 280 y los 300.  Un ataque con morteros producido el 13 de abril contra el Aeropuerto de Mogadiscio provocaba cinco muertos y tenía gran eco dado que coincidía con el regreso hacia los EEUU de Donald M. Payne, Presidente del Subcomité sobre África de la Cámara de Representantes, quien acababa de reunirse con el Presidente somalí. Por otro lado, el 23 de abril regresaba a Mogadiscio desde Eritrea Sheykh Hassan Dahir Aweys, otrora líder de la UTI con Sheykh Sharif Sheykh Ahmed y hoy líder del Hezb al-Islam, y al día siguiente exigía la evacuación de los 3.500 efectivos de la Misión Africana en Somalia (AMISOM) y de toda presencia extranjera no deseada en suelo somalí. Dos días después eran atacadas instalaciones en Mogadiscio de fuerzas africanas de pacificación muriendo tres personas a la vez que otras ocho perecían en el ataque a un edificio gubernamental. El 13 de mayo Al Shabab había penetrado ya hasta el centro de Mogadiscio, tras seis días de combates en las afueras de la capital que habían provocado 120 muertos, y el 17 capturaban la estratégica ciudad de Jahwar, situada 90 kilómetros al norte. Ataques suicidas - el último de envergadura costaba la vida al Ministro somalí de Seguridad Interior, Omar Hashi Aden, y a otras treinta personas el pasado 18 de junio -, emboscadas, secuestros y ejecuciones son ya habituales en suelo somalí y nadie plantea soluciones creíbles para frenar esta espiral. El creciente caos ha obligado de nuevo a Etiopía a intervenir, obligada por las circunstancias y ante la falta de compromiso de otros actores, africanos o no africanos. El 19 de mayo fuerzas etíopes ocupaban el cruce de carreteras de Kalabeyr, una zona estratégica desde la perspectiva somalí pero también para Etiopía por su cercanía a la sensible región del Ogadén, y fuentes no confirmadas aludían a la presencia etíope en otras zonas fronterizas como Jawiil, Dheeman y Qurac Raamoole. Ello provocó la ira de líderes yihadistas como Dahir Aweys quien criticando los intentos etíopes de apuntalar al Gobierno de Sharif Sheykh Ahmed evocaba el baño de sangre en que se había convertido su anterior invasión de Somalia en diciembre de 2006.

 

Aparte de la siempre limitada presencia militar etíope en suelo somalí nadie, ni africano ni no africano, parece decidido a afrontar los desafíos planteados en tierra mientras que como veremos en el siguiente epígrafe sí se es más diligente a la hora de dar respuestas en el mar, aún cuando estas puedan tener también una eficacia limitada. La aproximación diplomática multinacional a Somalia reflejada en la Conferencia Internacional de Donantes que el pasado 23 de abril reunía en Bruselas a instancias de la ONU y de la UE a representantes de 60 Estados y organizaciones internacionales, sólo lograba definir un modesto compromiso que ronda los 165 millones de euros, a repartir entre la AMISOM y el GFT para, se dice, reforzar la seguridad del país.

 

 

El Golfo de Adén, por donde navegaban anualmente entre 20.000 y 30.000 buques, y las aguas adyacentes a la costa somalí a una distancia cada vez mayor superando incluso la Zona Ecónomica Exclusiva (ZEE), son escenario de actos de piratería desde hace años, aunque dicha actividad se ha incrementado desde 2007 y en paralelo al deterioro de la situación en tierra - a fines de ese año eran secuestrados tres buques fletados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) - agravándose exponencialmente en 2008. La resolución a lo largo de abril de 2008 de dos secuestros de barcos europeos por piratas, el yate francés de lujo ‘Le Ponant’, secuestrado el día 4, y el atunero español ‘Playa de Bakio’, secuestrado el día 20, sirvió para dinamizar en el seno del Consejo de Seguridad el debate sobre posibles respuestas a la creciente osadía de los piratas. En el caso del ‘Le Ponant’ y tras el pago de un rescate fuerzas especiales francesas intervinieron contra los secuestradores, animadas por el GFT de entonces y por los dirigentes de Puntland, matando a algunos, deteniendo al resto y recuperando el dinero. El Gobierno español optó por no utilizar la fuerza en el caso del ‘Playa de Bakio’ y por internacionalizar lo más posible las respuestas. Con ambos episodios Francia y España dieron inicio a un esfuerzo internacional que ha involucrado a la OTAN y después, y con mucha visibilidad, a la UE.

 

En el segundo semestre de 2008 la lista de ataques contra barcos de todo tipo es interminable siendo ilustrativo el siguiente botón de muestra: el 21 de agosto era atacado un carguero químico japonés siendo liberado el 9 de octubre; el 18 de septiembre los objetivos eran un carguero griego y un portacontenedores indio; el 9 de octubre un buque del PMA; el 10 de octubre un carguero griego; el 15 de octubre un carguero panameño; el 28 de octubre el petrolero panameño ‘MV Leander’ evitaba su captura gracias a la intervención del P-3 Orion español enviado a la zona tras el secuestro del ‘Playa de Bakio’; el 6 de noviembre era atacado un carguero danés; el 18 de noviembre un carguero de Hong Kong; el 19 de noviembre un petrolero griego y un pesquero tailandés; el 6 de diciembre un buque holandés en una zona ya muy alejada, al este de la capital tanzana, Dar Es-Salaam; el 16 de diciembre un carguero turco y un remolcador indonesio; el 17 de diciembre el pesquero chino ‘Zhehua’, liberado horas después por fuerzas internacionales; el 25 de diciembre un carguero egipcio que en esta ocasión era salvado por los disparos efectuados desde el helicóptero de un buque de guerra alemán; el 1 de enero de 2009 un buque malaisio impedía la captura de un carguero indio; y el 2 de enero un carguero egipcio era capturado mientras que buques de la flotilla de la UE impedían que un barco griego y otro panameño fueran asaltados. Al igual que los secuestros del ‘Le Ponant’ y del ‘Playa de Bakio’ fueron emblemáticos para despertar la reacción europea y lograr una mayor atención internacional otros dos secuestros producidos en ese convulso segundo semestre de 2008 sirvieron también para mostrar la osadía de los piratas: por un lado, el 25 de septiembre era capturado el barco ucraniano ‘M.V. Faina’ con su cargamento de 33 carros de combate T-72, 150 lanzagranadas, 6 armas antiaéreas y abundante munición; y, por otro lado, el 17 de noviembre era asaltado a 450 millas al sureste de Kenia uno de los mayores petroleros del mundo, el ‘Sirius Star’, cargado con dos millones de barriles de crudo de la compañía saudí ‘Aramco’. El primero era liberado el 5 de febrero de este año tras el pago de un rescate estimado en 3,2 millones de dólares, mientras que por el ‘Sirius Star’ se habrían pagado 3 millones de dólares siendo liberado el 9 de enero.

 

En términos más globales la Oficina Marítima Internacional, con sede en Kuala Lumpur, informa de que en la zona aquí tratada se produjeron 111 ataques en total en 2008 y 42 buques fueron retenidos, permaneciendo aún en manos de piratas al terminar el año 14 de ellos con 240 tripulantes. A lo largo de 2009, y a pesar de las flotillas multinacionales (de la OTAN y de la UE) y de esfuerzos unilaterales de marinas como la estadounidense, la rusa, la china o la india, los ataques han continuado, ampliándose la zona de actividad de los piratas hasta el lejano archipiélago de las Seychelles.

 

La respuesta internacional ha sido cuidadosamente diseñada tanto en términos jurídicos como operativos. Así, la OTAN y la UE, avaladas por la ONU con las resoluciones del Consejo de Seguridad 1816 (2008), de junio, y 1838 (2008), de octubre, centradas en el apoyo a los buques del PMA de ayuda para Somalia, y con el visto bueno del GFT, emprendieron - unidos a iniciativas propiamente nacionales - una campaña cada vez más visible contra la piratería a partir de la segunda mitad de 2008. Además, el hecho de que 111 barcos fueran asaltados en la zona a lo largo de 2008 llevó al Consejo de Seguridad a aprobar el 16 de diciembre la resolución 1851 (2008), aún más dura pues autorizaba la persecución en caliente (‘hot pursuit’) en territorio somalí - superando a la 1816 que autorizaba la persecución en aguas somalíes previa autorización del GFT - y el ataque a objetivos relacionados con las actividades de piratas. Cabe destacarse que todas las medidas incluidas en dichos textos tienen carácter excepcional, sin capacidad para crear precedente, y deben contar con la autorización de las autoridades somalíes. En cuanto al reflejo operativo en las aguas afectadas de dicho esfuerzo internacional progresivamente puesto en marcha destacaremos que, en junio de 2008, el Consejo de Seguridad autorizó un primer despliegue militar en la zona que, con base en Yibuti, fue claramente insuficiente para afrontar la amenaza: la Fuerza de Tarea Conjunta 150 de la OTAN, mandada  por el Almirante estadounidense Mark Fitzgerald, disponía de cuatro fragatas y destructores desviados de su misión original antiterrorista en ‘Libertad Duradera’ desde el 22 de agosto de 2008, pasando a tres buques a partir del otoño. En su reunión de Ministros de Defensa de Budapest, en los días 8 y 9 de octubre, la OTAN decidía asignar, a solicitud del PMA, una flotilla dirigida por Francia para proteger a los barcos de los que depende la supervivencia del 40% de los más de 8 millones de somalíes. Comenzaron a proteger a buques del PMA y a pesqueros, y ello a la espera de ser, en un primer momento complementadas, y luego sustituidas, por los efectivos aprobados por la UE el 10 de noviembre. La flotilla europea, la EUNAVFOR, recibió autorización para ser desplegada el 8 de diciembre como ‘Operación Atalanta’, para patrullar durante un año con los medios asignados en la Conferencia de Generación de Fuerzas celebrada entre noviembre y diciembre y que inventarió 1.000 efectivos humanos, seis barcos y tres aviones de vigilancia marítima. Es la primera operación aeronaval de la UE y rota sus efectivos cada cuatro meses durante el año de despliegue. El operativo está comandado por el Vicealmirante británico Philip Jones desde su Cuartel General ubicado en la Base de Northwood, cerca de Londres, y cuenta con un Mando Embarcado liderado rotatoriamente por Grecia, España y Holanda. Los buques europeos desplegados han coincidido en todo este tiempo con otros de la OTAN y con los de Marinas presentes a título nacional (V Flota estadounidense, Rusia, India, Malaisia y China, esta última en su primera misión internacional marítima en siglos). Los medios europeos desplegados inicialmente habían sido efectivos aéreos, un P-3 Orion español del Ala 22 y otro avión francés, y navales, dos buques franceses, la respuesta recuérdese como ‘Operación Centinela’ a los secuestros del ‘Le Ponant’ y del ‘Playa de Bakio’, y luego se integrarían en la ‘Operación Atalanta’. Precisamente entre abril y julio España está dirigiendo la Operación siendo su Comandante el Capitán de Navío español Juan Garat Caramé.

 

Cabe destacarse que a este visible compromiso europeo se ha llegado siguiendo varios pasos siendo su embrión el compromiso hispano-francés de agosto de 2008 y al que luego se unirían otros siete miembros de la UE: Alemania, Bélgica, Chipre, Holanda, Lituania, Reino Unido y Suecia. En la reunión informal de Ministros de Defensa de la Unión, celebrada bajo presidencia francesa en Deauville y en la que una decena de países se comprometieron a contribuir, se decidía ordenar al General Henri Bentégeat, Presidente del Comité Militar de la UE, planificar la operación y coordinarla con la OTAN. En la reunión ya formal del Consejo en Bruselas, en los días 10 y 11 de noviembre, los Ministros oficializaron la propuesta contándose para ello tanto con la Acción Común aprobada en el marco de la PESC el 19 de septiembre, en apoyo a la Resolución 1816 del Consejo de Seguridad, como con la aprobada el 10 de noviembre en apoyo a la Resolución 1838, adoptadas ambas Acciones Comunes en aplicación del Título V del Tratado de la Unión. El l5 de septiembre se había creado en Bruselas la Célula de Coordinación Naval de la UE, dirigida por el Capitán de Navío español Andrés Breijo Claús, que se disolvió en cuanto se puso en marcha la ‘Operación Atalanta’. Aunque la progresiva incorporación europea ha permitido el repliegue de cuatro buques de la OTAN el contacto entre el Cuartel General de Northwood y el Centro de Mando Aliado de Bahrein perdura para canalizar toda colaboración.

 

Conforme el despliegue internacional se producía los piratas han comenzado a sufrir reveses pero ello no les disuade y han ampliado incluso su radio de acción gracias a la utilización de buques nodriza que proyectan sus pequeñas lanchas cada vez más mar adentro hablándose de la necesidad de cubrir con medios de vigilancia y de lucha anti-piratería una inabarcable zona de unos 3 millones de kilómetros cuadrados. En 2009 cada vez son detenidos más piratas poniéndose en evidencia las lagunas jurídicas que para muchos países presentes en la zona plantea este combate - España, por ejemplo, no tiene tipificado en su Código Penal el delito de piratería -, y con frecuencia son entregados a Kenia o bien desarmados y liberados de inmediato, y también se producen cada vez más escaramuzas y enfrentamientos. Destacaremos como botones de muestra la liberación por comandos SEAL estadounidenses del capitán del portacontenedores de bandera de los EEUU ‘Maersk Alabama’, producida el 12 de abril, o la detención el 3 de mayo de once piratas a 300 millas de la costa somalí facilitada por el mismo P-3 Orion español que había evitado con su intervención el pasado 28 de octubre el secuestro de un petrolero panameño.

 

El problema es que, más allá de pequeños éxitos que podemos inventariar o del positivo hecho de contar con un esfuerzo multinacional destacable, las lagunas jurídicas y la falta de compromiso de otros actores impedirán obtener resultados de carácter estructural. Si los yihadistas salafistas que avanzan en tierra cuentan con apoyos en Eritrea, Arabia Saudí y otros países árabo-musulmanes, estos mismos países no cooperan con firmeza con un esfuerzo naval internacional que ven en términos de ingerencia y de “militarización” de la región, aún cuando entre ellos algunos sufren con especial crudeza los nefastos efectos de la piratería. Así, una reunión “ad hoc” de los siete países árabes ribereños del Mar Rojo, celebrada en El Cairo el pasado 19 de noviembre, concluía rechazando cualquier posibilidad de contribuir a flotas multinacionales, y ello siendo Egipto uno de los países más afectados por una disminución del tráfico marítimo por el Canal de Suez que agudiza, además, la ya producida por la recesión mundial y la consiguiente disminución del comercio.