Sobre las actas de ETA

por Luis de la Corte Ibáñez, 7 de abril de 2011

 

(Publicado en El Imparcial, 5 de abril de 2011)
 
Un periódico nacional publica las actas de las reuniones mantenidas por ETA con representantes del primer gobierno de Rodríguez Zapatero durante el último proceso de negociación del que se tiene constancia. Los rescoldos dejados por una primera legislatura erizada de tensiones y perplejidades se reavivan al final de la segunda. Actores políticos y mediáticos se aplican a redefinir los sucesos aludidos en versiones dispares y opuestas, en algunos casos con teatralidad manifiesta; un conflicto de interpretaciones de evidente interés pero escasa novedad. Pero no todos los puntos de ese debate resultan igualmente discutibles ni polisémicos. Antes bien, si algunas de las discrepancias son legítimas y razonables otras parecen simple fruto de la manipulación, la confusión interesada o de un análisis parcial y poco riguroso.
 
Entre las materias que permiten cierto grado de especulación se encuentran algunos aspectos relativos a la relación entre la actual fase de debilidad extrema que padece ETA y el llamado “proceso de paz” (por cierto, una expresión completamente errónea cuando lo que se designa es la gestión negociada de un conflicto donde la violencia sólo la ejerce una de las partes involucradas y en el que no se aplican medidas militares). Algunos analistas políticos se han atrevido a afirmar que la actuación del gobierno durante la penúltima tregua supuso al mismo tiempo un “error táctico” y “un acierto estratégico”. Y para justificar semejante contradicción se ha intentado establecer una relación causal y directa entre la perseverancia institucional en la negociación y las crecientes tensiones surgidas entre el aparato militar de ETA y sus representantes políticos (Batasuna) y bases sociales. Que esas tensiones se han agrandado en los últimos años parece evidente (si bien tampoco cabe negar que la exageración de tales discrepancias resultaría una argucia útil para reintroducir a Batasuna en las instituciones vascas). Más específicamente, los mismos intérpretes han dicho que el gobierno agotó las posibilidades de diálogo con ETA con el deliberado propósito de demostrar a Batasuna la intransigencia de aquélla. Pero ¿cómo se puede saber esto? Por lo demás, teniendo en cuenta que Batasuna fue ilegalizada (durante el gobierno de Aznar) en agosto de 2002 parece bastante más apropiado remitir el origen de las tensiones con sus jefes terroristas a esa fecha, y no a junio de 2007, cuando ETA hace pública su renuncia a continuar negociando.
 
Otro aspecto en el que caben las discrepancias tiene que ver con el trabajo desempeñado por la policía durante la etapa de tregua oficial (de marzo a diciembre de 2006). En su defensa y la del gobierno el vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, enfatizaba hace pocos días que durante la tregua las fuerzas de seguridad hicieron “bien las cosas” y que ese buen hacer y una constante actitud vigilante estuvieron en la base de los sucesivos éxitos cosechados a partir de 2007 en materia de detenciones y represión de la actividad terrorista. Y, en efecto, nada incita a pensar que la labor de seguimiento a ETA habitualmente desempeñada por los servicios de información del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil fuera interrumpida en ningún momento. Asimismo, algunos medios se harían eco de los 92 arrestos realizados a personas vinculadas con ETA durante la etapa de la negociación, lo que termina de desmentir la acusación de una supuesta suspensión de la actividad antiterrorista como la que pedía la propia ETA, según revelan sus actas. Sin embargo, ninguna de estas razones puede eliminar la sospecha de que el gobierno, efectivamente, optara por relajar la presión policial durante la tregua. Por lo pronto, la constatación del chivatazo que alertó de una redada policial a un miembro de la red de extorsión de ETA (caso Faisán) demuestra que no todo se hizo como debiera, aunque este asunto daría para otro o varios artículos. De otra parte, y como ha advertido el profesor Mikel Buesa, una de las personas que mejor viene analizando en estos últimos años la actividad de ETA, la anterior presentación de los datos sobre detenciones practicadas en la etapa de la negociación no es inocente ni excesivamente precisa y, por ello mismo, induce a la confusión.
 
Siguiendo el análisis de Buesa, la cifra de 92 detenidos agrupa una buena cantidad de arrestos, muchos de ellos realizados después de diciembre de 2006 (una vez que el atentado de la T-4 llevara al gobierno a negar la continuidad de la negociación) o bien fueron llevados a cabo en Francia (por tanto, por policías franceses). Si se restan esos casos y nos quedamos con las detenciones practicadas en España durante el periodo de tregua oficialmente reconocido como tal por el gobierno (de marzo a diciembre de 2006) la cuenta se queda en 15 arrestos, la mayoría de los cuales fueron ordenados por el juez Grande Marlasca en relación con el caso Faisán (a los que habría que agregar otros 36 relacionados con la kale borroka). Que el número de detenciones realizadas en España entre enero y junio de 2007 (36) fuera tan superior al registrado entre marzo y diciembre del año anterior demuestra que el gobierno incrementó sustantivamente la represión policial a consecuencia del atentado de la T-4. Por último, cuando se comparan las cifras de 2006 con las de los arrestos ocurridos en 2005 (71) se comprueba que, en efecto, el año de la tregua implicó una reducción drástica de la presión ejercida sobre ETA por las fuerzas de seguridad españolas, lo que a su vez contrasta con la practica equivalencia del número de etarras detenidos en Francia en 2005 (26) y 2006 (25) (para mayores precisiones puede acudirse a los últimos informes sobre actividad terrorista y antiterrorista elaborados por el profesor Buesa en el marco de la Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid: http://www.ucm.es/in...).
 
Finalmente, las actas de ETA corroboran algunos hechos de suma gravedad que no admiten discusión ni refutación. Antes de mencionarlos es forzoso destacar lo inútil de tachar el contenido de esas actas como “bazofia” (Rubalcaba dixit) o meras soflamas ideológicas. Contra lo que en su día asegurara el propio ministro del Interior (“ETA no miente”), por supuesto que los terroristas no siempre dicen la verdad y que saben mentir cuando le resulta más conveniente. Pero ahora hablamos de documentación interna de la organización terrorista incautada por las fuerzas de seguridad, no de ningún comunicado ambiguo o engañoso diseñado con propósito de difusión pública. Se trata del mismo tipo de material que se ha empleado una y otra vez para guiar las investigaciones policiales y llevar a los terroristas a los tribunales. De manera que desacreditar su valor por mero interés es un claro ejercicio de irresponsabilidad. Y volviendo a su contenido, lo que las actas muestran es que la jugada por la que apostó Rodríguez Zapatero al impulsar la negociación con ETA se basaba en una estrategia de engaño múltiple. Por un lado, claro está, el engaño continuado a los españoles: engaño respecto al inicio del proceso (que empezó a gestarse mucho antes de que se reconociera públicamente) y respecto a su finalización (que se vinculó públicamente al atentado de la T-4 pero que sólo fue consumada por el abandono de ETA en junio de 2007); engaño respecto a la marcha del propio proceso (en el que desde el primer momento se incumplió la condición de ausencia de violencia acordada en la resolución adoptada por el Congreso en 2005) y engaño sobre el (nunca reconocido) carácter político de una negociación que se basaba en la oferta a ETA de las contrapartidas políticas que fueran pactadas entre el PSOE, el PNV y Batasuna en las conversaciones de Loyola de 2006. Algunos defensores del gobierno han defendido en estos días que las alusiones a medidas políticas incluidas en las actas de ETA y proferidas por los negociadores del gobierno fueron simples estratagemas únicamente destinadas a mantener a los etarras en la mesa de negociación. O sea, que además de engañar a los españoles se pretendía ir de farol con ETA. Es muy probable que haya buena parte de verdad en esto, pero lo que ello revelaría no es ninguna astucia digna de admiración y reconocimiento sino la ingenuidad y el sentido frívolo con los que el gobierno se involucró en una negociación que, además de los reparos morales que se le puedan plantear (no pocos ni insignificantes), estaba condenada al fracaso.