Sin licencia para escuchar
(Publicado en La Gaceta, 4 de noviembre de 2013)
1.- Mientras no se modifique el marco legal español, las comunicaciones siguen siendo inviolables y sólo se pueden interceptar por los servicios de inteligencia mediante previa autorización judicial. Cierto, de un juez especialmente designado para lidiar con el CNI y también cierto que dicha autorización puede producirse a posteriori cuando la urgencia de las circunstancias lo requiera. Pero como carácter general es imperativa la autorización judicial previa. Es más, resulta dudoso que un juez admita la acumulación de datos sobre millones de llamadas e emails, de manera discriminada, puesto que la autorización a las actividades de interceptación por parte de los servicios secretos tiene que ser motivada por la presunta implicación delictiva de quien se quiere espiar. Decenas o centenas de miles de ciudadanos, si no millones, no pueden caer en la categoría de sospechosos habituales. Y es poco creíble que tal cantidad de teléfonos rastreados estén en Afganistán.
2.- La supuesta legitimidad de la captación masiva de datos sobre la base de requerimientos de la seguridad nacional es más que dudosa. Con el auge de la diplomacia económica y comercial el apoyo a las empresas y a las políticas de comercio exterior es un hecho que todos los instrumentos del Estado se emplean para lograr una ventaja competitiva. Las filtraciones de Snowden reflejan que los espías americanos jugaban a favor de las empresas yanquis, como es de suponer que los galos hacen con sus empresas nacionales. Pero el espionaje industrial, habitual y castigado en el terreno privado, carece de un marco regulador que garantice la impunidad para las agencias estatales. Por bien intencionado que esté, jugar a favor de un empresa contra otra mediante espionaje, sigue siendo ilegal.
3.- Todos los servicios de inteligencia cuentan con la mentira como parte consustancial de su forma de operar. Y también mienten, por obra u omisión, para asegurarse su modus operandi. El problema es cuando no hay o no se ejerce control político sobre sus actuaciones. La llamada Comisión de secretos oficiales es una mala broma como garante de ese control democrático. La inteligencia es un asunto tan serio como complejo y sin un seguimiento extenso e intenso del tema, los portavoces no puede más que asentir a lo que se les cuente. En lugar de control, es un mecanismo de complicidades con el espionaje. España necesita un sistema distinto.