Señales de humo

por Ángel Pérez, 17 de junio de 2005

Entre un número elevado de analistas y medios de comunicación de masas se ha aceptado bien la idea de que las relaciones hispano-marroquíes han tomado un nuevo rumbo. Sin duda la modificación de los elementos vertebrales de la política anterior son evidentes, pero las constantes, lejos de ser tranquilizadoras, son sobre el terreno preocupantes. Una sucesión de acontecimientos menores o de poca trascendencia mediática ponen de relieve que existe una continuidad en la política marroquí antes y después de la victoria socialista en España. Una continuidad marcada por un objetivo nítido: incorporar definitivamente el Sahara, anexionar Ceuta y Melilla y reducir en lo posible el espacio marino bajo soberanía o jurisdicción de las autoridades españolas.
 
La nitidez de esta política contrasta con la tendencia a hiperbolizar conceptos abstractos entre la opinión española, desde la paz a la búsqueda de la democracia, como si fuera posible abstraerse de un realidad sencilla y poco edificante: Marruecos es un estado autoritario cuyo funcionamiento interno asemeja más el de una finca decimonónica que el de una nación moderna, por poco desarrollada que aquella esté. Es elocuente, a esos efectos, la ausencia casi absoluta, en el entorno del gobierno, de referencias a los problemas graves que afectan a las relaciones bilaterales o la consideración de que estos deben tratarse asumiendo costes inaceptables. La retórica acusadora, que criminaliza la política española precedente como afectada de superioridad neocolonial, confirma el temor que debiera suscitar en cualquier espectador avezado la idea de un gobierno incapaz de entender la realidad.
 
El Estrecho y los territorios españoles en su orilla meridional viven desde hace algún tiempo una situación de creciente incomodidad, paso previo a la aplicación de presiones efectivas que hasta ahora han contado con la consideración, tolerancia o aceptación de las autoridades españolas. El cierre de puestos fronterizos de forma unilateral (Mariguari, en Melilla); la concesión de derechos de prospección en aguas españolas (en Melilla y Alborán), la pretensión de exigir un permiso de importación temporal a los vehículos procedentes de Ceuta y Melilla, o la entrada de pateras por mar en ambas ciudades desde zonas limítrofes demuestran la escasa voluntad marroquí de suavizar sus reclamaciones y las presiones que las acompañan. Estos son hechos cotidianos que, sin embargo, han carecido de limitada, escasa o nula trascendencia pública. Y sin embargo describen mejor la situación real de las relaciones hispanomarroquíes que cualquier visita y declaración de estado, por altisonante que sea. La actitud de las autoridades españolas, lejos de suponer un obstáculo a esa política, refuerza sus consecuencias menos favorables. España se ha negado hasta el momento a fijar sus aguas interiores, no digamos el mar territorial o la zona económica exclusiva en las zonas en litigio. Frente al puerto de Melilla, cuya bocana comparte con el puerto marroquí de Beni Enzar, construido en violación flagrante de las aguas jurisdiccionales españolas, los buques anclan sin que las autoridades portuarias tomen medida jurisdiccional alguna, más allá de una comunicación a las autoridades ministeriales que suele tener una respuesta lacónica, cuando la tienen: dejarlo pasar. La acumulación a todas luces exagerada de inmigrantes en torno a los perímetros fronterizos constituye un fenómeno frecuente, nunca protestado formalmente. Tampoco se han hecho esfuerzos por incorporar Ceuta y Melilla a las categorías jurídicas comunitarias que pudieran beneficiarlas, ni su carácter periférico, ni aislado ni afectado por el contacto directo con una nación en desarrollo han merecido trato especial alguno. Ni siquiera se tuvo la precaución de hacer una referencia formal a la aplicación del nuevo tratado de la Unión sobre esos territorios, a pesar de que otros estados europeos lo hicieron sin menoscabo alguno. El tratado en cuestión especifica y limita su aplicación incluso en las bases de soberanía británica en Chipre.
 
El escenario
 
Mohamed VI desarrolla lenta, pero de forma continua una política con objetivos claros y estrategias definidas. Hasta el punto de que se puede considerar que la mayor diferencia entre España y Marruecos en la cuestión territorial que los enfrenta es la ausencia, en España, de política alguna. No hay vectores vertebrales, ni aspiraciones mediatas; ni siquiera ideales, porque la democratización pretendida de Marruecos es preterida una y otra vez por la acción diplomática española. El único elemento que unifica la acción española respecto de Marruecos es la actitud defensiva, desordenada y poco práctica ante los estímulos periódicos de la monarquía alauita. El expresidente Aznar tuvo la virtud, ante el incidente Perejil, de reaccionar enérgicamente y parar en seco la política de Mohamed VI, más por asombro que miedo. La nueva política española ni siquiera aspira a ello, planteándose contemporizar, aceptar o apaciguar la acción marroquí. Semejante situación, ya experimentada en etapas anteriores, constituye un problema serio si se consolida el escenario que parece perseguir Mohamed VI. La presión sobre las ciudades se realiza manipulando con discreción la política migratoria, el flujo transfronterizo; intensificando la actividad de los servicios secretos marroquíes dentro de Ceuta y Melilla, presionando a las autoridades religiosas musulmanas locales y dificultando su actividad económica, es decir, limitando los contactos con autoridades o empresas de las provincias vecinas, o imposibilitando, producidos los contactos, traducción práctica alguna de ellos. Aunque la presión no es asfixiante, es molesta, genera continuos incidentes, a veces violentos en torno al perímetro fronterizo, y alimenta la idea más extendida en la izquierda española, la inviabilidad y carestía de ambas ciudades autónomas. La limitación futura e inevitable de la llegada de fondos europeos, las decisiones del gobierno Zapatero, que por ahora han puesto en tela de juicio la permanencia de la línea marítima que une Melilla y Almería, y que en todo caso protagoniza un enfrentamiento constante con los gobiernos locales, del PP, contribuyen al enrarecimiento de un ambiente que gozó durante ocho años de elevada estabilidad. La debilidad política e intelectual del gobierno español completan un escenario ideal para forzar una negociación. Abrirla sería en si mismo un triunfo extraordinario para el monarca marroquí. La actitud ante la cuestión gibraltareña y su postura en Cataluña y el País Vasco, justo es decirlo, alimenta la idea de un gobierno de España débil y escasamente creíble. Se trata por tanto de un excelente momento para Mohamed VI.
 
A estas circunstancias, de por sí preocupantes, ha de añadirse otra que contribuye a dar forma al escenario que se avecina. Se trata de la impaciencia, espoleada por el descontento social creciente en el Rif, su interconexión con reclamaciones de índole cultural y el papel distorsionador que las ciudades españolas generan en el paisaje autoritario y represivo del norte de Marruecos. Mohamed VI ha heredado de su antecesor, Hassan II, tanto sus éxitos como sus debilidades. Entre estas destaca por su trascendencia el vínculo entre la monarquía y el nacionalismo, este último ligado a la expansión territorial, como base legitimadora de la monarquía y su régimen. Y desde este punto de vista el reinado de Mohamed VI aun debe legitimarse, algo que solo puede hacer de tres formas: integrando definitivamente el Sahara, redefiniendo la frontera con Argelia o anexionando Ceuta y Melilla. El tiempo empieza a apremiar, y en esas circunstancias el monarca centrará sus esfuerzos allí donde parezcan ser más fructíferos. A saber, en los territorios españoles. El nacionalismo antiárabe de las organizaciones bereberes, uno de cuyos congresos se celebrará el próximo agosto en Nador (su celebración inicial estaba prevista en Almería); el descontento en la región de Alhucemas y la actividad islamista espolean una política ya de por si agresiva. La región central del Rif arrastra un descontento secular reforzado por las consecuencias de los terremotos de febrero de 2004. Afectados por aquel desastre han convertido la localidad de Tamassint en el centro de una protesta cuyo primer acto público organizado, una manifestación, ya tiene nombre para la posteridad, “la marcha de la rabia”. La represión policial hace y hará el resto. Una situación que ha coincido en el tiempo con los incidentes en las ciudades saharauis cuya repercusión internacional ha puesto en evidencia la débil posición de Marruecos en el conflicto, a pesar de controlar el ochenta por ciento del territorio y someterlo a un bloqueo de seguridad sistemático.
 
Una política para el Estrecho
 
Aunque se hayan elaborado todo tipo de teorías estratégicas sobre el Estrecho y la proyección de fuerza en sus espacios colindantes, lo cierto es que para España la definición de una política eficaz en el estrecho y en el mar de Alborán exige simplicidad y atención a sus intereses inmediatos. Esa política debe tener pocos objetivos, pero precisos. Esos objetivos son a grosos modo dos:
 
-         Establecimiento de los limites jurisdiccionales marítimos en el Estrecho y Alborán.
-         Reafirmación de su soberanía en los territorios españoles situados en el Norte de África.
 
 
Ambos objetivos están interrelacionados, porque las fijación del mar territorial en ese espacio geográfico está condicionada por el hecho de que la soberanía española se extienda a determinados puntos de las costa norteafricana así como la isla de Alborán. Para Marruecos tiene vital importancia desconocer o negar esa soberanía, porque de esa manera multiplica el espacio sobre el que proyectar sus intereses, políticos o económicos. Establecidos y aceptados los dos puntos anteriores, España debe  poner en marcha políticas concretas que mejoren las posibilidades de desarrollo de sus territorios norteafricanos. Pero de nuevo se trata de políticas sencillas: un adecuado marco administrativo; una adecuada vinculación con las organizaciones internacionales a las que pertenece España; y una política económica adaptada a sus dimensiones, pero no basada en subsidios innecesarios. Fijar el mar territorial, reforzar la soberanía, mejorar las comunicaciones y engarzar adecuadamente las ciudades españolas en la Unión Europea suponen automáticamente beneficios económicos, sin necesidad de establecer medidas excepcionales más allá de las ya existentes. Las líneas básicas de acción debieran ser las siguientes:
 
  1. Reforma estatutaria. Este asunto preocupa y mucho a las autoridades locales, convencidas de que se inicia otro largo proceso de tensión con la administración central en el que será inevitable la intervención de Marruecos como variable externa. El proceso que desembocó en el estatuto de 1995 sufrió todo tipo de presiones, y a lo largo de aquel distintos miembros del los gobiernos socialistas manifestaron repetidamente su notable debilidad intelectual a la hora de rebatir o rechazar las presiones que ejerciera el fallecido Hassan II. La reforma estatutaria debiera convertir a ambas ciudades en comunidades autónomas, a lo largo del proceso habrá que plantearse que hacer administrativamente con los territorios menores y desde un punto competencial es necesario dotar a las ciudades de cierta capacidad legislativa, cuya extensión y profundidad ha sido hasta ahora poco matizada. Los gobiernos locales no aspiran ni mucho menos a la asunción de competencias extraordinarias, pero si a la igualdad jurídica con otras regiones y a un acceso sencillo al Tribunal Constitucional. Los resultados del marco actual, a pesar de sus limitaciones, han sido buenos y ambas ciudades han experimentado un desarrollo considerable, en el que han intervenido otros factores, pero siempre condicionados por el aumento de la capacidad de autogestión.
  2. Política económica adaptada a la naturaleza de la ciudad. Sobre este particular se realizan periódicas declaraciones grandilocuentes sobre las posibilidades de convertir Melilla y Ceuta en plataformas de proyección económica. Conviene no llevarse a engaño, mientras la actitud de Marruecos sea tan poco considerada con ambos territorios, difícilmente se pueden plantear grandes proyectos con base en las ciudades españolas. Durante años, sin embargo, las infraestructuras esenciales fueron descuidadas, algo evidente y sólo remediado en parte en lo concerniente al puerto de Ceuta. Los proyectos de desarrollo económico elaborados por Marruecos, como el puerto oceánico de Tánger, o el ya en funcionamiento desde hace años de Beni Enzar han sido ideados en parte para ahogar la economía de ambas ciudades. Y las posibilidades de utilizar las ciudades como centros financieros o escalas de exportación han sido hasta ahora sistemáticamente desaprovechadas. La excelente labor de algunas instituciones locales, como es el caso de PROMESA, en Melilla, intentan paliar estas deficiencias, haciendo hincapié en las posibilidades de Ceuta y Melilla como base de empresas de servicios o de producción a pequeña escala e intentando reforzar la cooperación transfronteriza. La recientemente creada Fundación para el Desarrollo Socioeconómico Hispanomarroquí (FHIMADES), también en Melilla constituye un ejemplo ajustado de por donde debiera ir, si Marruecos lo permite, las interacción entre ambos lados de la frontera.
  3. Incorporación sistemática de Ceuta y Melilla a todos lo ámbitos de la política exterior de España. Este es y ha sido un problema recurrente en la política española hacia sus territorios norteafricanos. El secretismo, que gozaba de cierta tradición en el régimen anterior, ha continuado malogrando esfuerzos diplomáticos por normalizar las relaciones hispano-marroquíes y las reacciones de nuestros aliados cuando estalla algún conflicto de trascendencia, como sucedió en el caso Perejil. Ceuta y Melilla quedaron fuera del marco OTAN,  error no corregido, y aunque forman parte de la Unión Europea por defecto, es decir, como parte del Reino de España, lo cierto es que la aplicación de la legislación europea y la recepción de fondos de desarrollo ha estado envuelta siempre en un halo de misterio. Para evitar equívocos no hay más opción que plantear las cosas con claridad. España no puede ni debe renunciar a sus pequeños territorios norteafricanos. Todos nuestros aliados y, de forma general, la Comunidad Internacional deben conocer y  entender este extremo.
  4. Reconocimiento del estatus actual por EEUU y RU. Dentro de la Comunidad Internacional adquieren particular importancia los EEUU y el RU, no solo por su peso específico, sino, sobre todo, por su presencia en el Estrecho, en Gibraltar y en Rota. El control estratégico y militar de ese paso marítimo está de hecho en sus manos, y no en España. La afirmación recurrente, todavía frecuente, de que España no debe controlar ambas orillas es sencillamente un despropósito, entre otras razones porque no las controla. Ambas potencias deben integrar esos territorios en sus respectivas estrategias para el estrecho, y el hecho de que España no hiciera el menor esfuerzo por incorporar sus ciudades norteafricanas a la OTAN supuso, precisamente por eso, un lamentable error. En las presentes circunstancia para ninguna de las dos potencias representan ambas ciudades ni una ventaja ni un problema de seguridad, mientras España, sin embargo, encuentra en Gibraltar y su carácter de base militar británica y de la OTAN uno de sus fundamentales obstáculos al  intentar negociar el estatus de la colonia. Lamentablemente los esfuerzos por recuperare Gibraltar no se corresponden con los esfuerzos que se realizan por garantizar el futuro de Ceuta y Melilla, algo evidente desde que el PSOE ganó las últimas elecciones generales.
Conclusión
 
Las ciudades españolas en el Norte de África están siendo escenario de presiones de baja intensidad que auguran problemas más serios en el futuro. La llegada de pateras por mar a ambas localidades, cuyo perímetro fronterizo terrestre está vallado y es por tanto de difícil acceso, solo puede entenderse si se acepta como hecho probado la connivencia o pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Estos hechos, lejos de ser extraños en la historia contemporánea de ambas ciudades autónomas, constituyen una prueba de que la política marroquí respecto de los territorios españoles en el Norte de África no ha variado, al tiempo que las relaciones bilaterales entre ambos países redescubren las constantes que las condicionaron hasta 1996. Y esto sucede al tiempo que las turbulencias internas en Marruecos pudieran forzar a Mohamed VI a presionar más a España, buscando los réditos políticos de carácter nacionalista que semejante actitud podría reportar.
 
La particular debilidad  del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero, hecho al que hay que añadir la escasa consistencia de sus convicciones en materia de política exterior, sitúan a Mohamed VI en un escenario interesante, en el que tiene sentido para el monarca alauita intentar forzar una negociación encubierta sobre la soberanía o, al menos, cesiones de facto, por ejemplo en materia de aguas territoriales. Sea como fuere, es constatable que lejos de mejorar, las relaciones hispano-marroquíes siguen sometidas a fuertes presiones de carácter estructural que difícilmente podrán ser evitadas por la actual Administración española.