Relaciones hispano-marroquíes: de nuevo en el callejón sin salida

Las recientes desavenencias entre España y Marruecos surgidas como consecuencia de la actitud de la activista saharaui, Aminatu Haidar, en la defensa de lo que considera un derecho, es fruto no sólo de las pretensiones que esta persigue sino también de la posición del reino alauita hacia el problema de descolonización del Sahara Occidental y de la población saharaui en general, así como el enquistado conflicto hispano-marroquí, cuya gestión, lejos de aportar soluciones o permitir una adaptación de la diplomacia española a las circunstancias, ha acabado por larvar un enfrentamiento cuyos condicionantes no han desaparecido con el paso del tiempo sino más bien lo contrario, se han perpetuado por la voluntad de Marruecos al utilizarlos en sus relaciones con España. Las acciones que uno y otro gobierno, el español y el marroquí, han adoptado, responden a esta circunstancia. En el caso de España aún más grave, pues se sigue hipotecando la relación con Marruecos a la defensa de cuestiones inasumibles para un Estado de Derecho y es fruto de la acción exterior desplegada por el PSOE durante casi dos décadas de gobierno.

 

 

Ciertamente el problema planteado por Aminatu Haidar no es nuevo. Y no lo es en la medida en que es una activista que ya ha pasado por las cárceles marroquíes al defender una cuestión, la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental, que atenta directamente a la integridad territorial del reino de Marruecos, según la doctrina oficial plasmada desde el Majzén y consagrada en algunas disposiciones legales en este país. Desde hace algunos años, las autoridades marroquíes insisten en que la mejor vía para solucionar el problema del Sahara Occidental, que no lo olvidemos, es de descolonización, pasaría por la asunción de un proyecto de autonomía para la región, de modo que la soberanía de esta zona no quede nunca en cuestión y repose en el reino alauita. La imposibilidad de asentar esta doctrina en el ámbito exterior es lo que ha llevado al Majzén a endurecer su política en torno a esta cuestión, a sabiendas de que ninguno de los grandes socios del reino en el ámbito internacional, entre ellos España, va a hacer nada en su contra.

 

Esta circunstancia, el endurecimiento de los argumentos y la posición el Majzén en torno a esta cuestión, quedó de manifiesto en el último discurso del monarca alauita, Mohamed VI, con motivo de la celebración del 34 aniversario de la marcha verde, cuya fuerza simbólica, sigue siendo utilizada por Marruecos para legitimar la anexión del Sahara Occidental frente a la población marroquí e incluso en el ámbito internacional. Así, en el discurso, el monarca marroquí insistió en que hay que luchar con firmeza contra las que calificó de fuerzas conspiradoras en contra del proyecto de autonomía para el Sahara así como la sagrada idea de la integridad territorial del reino. Algunos de los pasajes del discurso no dejan lugar a dudas. Así, Mohamed VI afirmó que:

 

"Nuestra celebración de esta epopeya histórica, va acompañada de la profunda inspiración que sobre nosotros ejerce su espíritu creador, para hacer frente, con la prudencia, firmeza, decisión y valor que la situación requiere, a las conspiraciones urdidas contra nuestras constructivas iniciativas, por los enemigos de la marroquinidad de nuestro Sahara"  [1] 

 

No es ésta la única ocasión en la que se alude a las fuerzas conspiradoras ya que en otro momento del discurso, el monarca alude a que:

 

"Ha llegado el momento de hacer frente a esta escalada hostil, con toda la firmeza y el verdadero patriotismo que se requieren con entera claridad en nuestras posturas y asumiendo cada cual sus responsabilidades"

 

En cualquier caso, el párrafo más claro de cuantos aparecen en el discurso es el que hace referencia precisamente de forma indirecta a esos activistas que como Haidar, siguen luchando por la celebración de un referéndum de autodeterminación. Así, dice:

 

"Hemos de reafirmar que la confusión y el engaño ya no tienen más cabida entre nosotros. Así pues, el ciudadano debe decidir el ser o no ser marroquí. Atrás ha quedado la era de la ambigüedad de posiciones y de la elusión de obligaciones y ha sonado la hora de la transparencia y de la lealtad, en la que la persona ha de elegir abiertamente entre ser patriota o traidor...

 

 

Estos tres párrafos de la intervención de Mohamed VI son reveladores de la estrategia del Majzén de cara a un conflicto, el del Sahara Occidental, que se encuentra de nuevo estancado y del que no se avista una pronta solución. El discurso también incidía en algunos de sus párrafos en aspectos relativos a los derechos humanos, en particular al entender que en Marruecos no cabe esta lucha si proviene de especulaciones desde el exterior y pone en duda su integridad territorial. También se critica con dureza a Argelia y por último, establece la nueva visión estratégica del Majzén hacia el territorio sahariano, sin muchas novedades, pues se abunda en la necesidad de profundizar en la regionalización en aquella zona, reestructurar el Consejo Consultivo para los asuntos saharauis, nuevas inversiones en el territorio y por último, un canto al adoctrinamiento de la población marroquí en torno a esta cuestión a través del mundo político y asociativo. Al margen de la grandilocuencia clásica de estos discursos, finaliza con un lacónico mensaje al afirmar que la cuestión saharaui es "una cuestión de existencia y no de fronteras".

 

Sin duda este último punto es interesante en la medida en que el Majzén desvela de un plumazo la verdadera cuestión en este asunto y es la supervivencia de la monarquía marroquí, garante de la soberanía y la integridad territorial y generadora, no lo olvidemos, del conflicto del Sahara Occidental. Parece claro, a la vista del discurso, que el Majzén parece dispuesto a dar un portazo a aquellas asociaciones y particulares, defensores de los derechos humanos, que pongan en cuestión la integridad territorial del reino. Este aspecto será remarcado durante ésta última crisis hispano-marroquí por el ministro de asuntos exteriores marroquí, Taieb Fassi Fihri, en unas declaraciones en Bruselas en las que afirmó que la postura de Aminatu Haidar no era de defensa de los derechos humanos, al atentar contra esa postura del Majzén, a saber, la integridad territorial. La crisis hispano-marroquí generada como consecuencia de la postura de Aminatu Haidar ha puesto de manifiesto una vez más la coherencia de la acción exterior marroquí, no exenta de altibajos aunque firme en sus propósitos, en concreto lograr la legitimación de la ocupación del Sahara Occidental en la esfera internacional. Aquí radica una de las características del conflicto y es que con excepción de la opinión pública española, a nadie parece importarle mucho la situación de este territorio. Ello revela la importancia de los apoyos que ha recibido Marruecos en el ámbito internacional durante estos años, lo que le ha permitido asentar la ocupación del Sahara Occidental y demorar la aplicación del derecho internacional en la solución del conflicto, cuando no solaparlo a favor de una decisión política, como es la hipotética concesión de una autonomía regional al Sahara.

 

El problema de Haidar ha revelado igualmente que Marruecos no tiene por qué temer ningún tipo de represalia internacional por la persistente violación del derecho internacional en el Sahara Occidental. Pensemos que se le ha concedido estatuto de socio avanzado en la UE, que ésta se inhibió del problema, a través de sus órganos de Gobierno, no en el caso del Parlamento y que durante el conflicto, se finalizó la negociación agrícola estableciendo nuevos contingentes de exportación de diversos productos, situación que podría perjudicar al campo español. Ninguno de estos asuntos ha supuesto un medio de presión para las autoridades marroquíes, circunstancia que muestra una vez más el solapamiento de dos cuestiones, el interés de la UE y Estados Unidos para que Marruecos sea su socio estratégico, con la defensa de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional. Parece que vuelve a ganar la primera cuestión.

 

Afirmar que el problema del Sahara Occidental es un problema de integridad territorial nos lleva irremediablemente a un elemento conexo a este, como es el nacionalismo. Así como la reivindicación de Melilla y Ceuta es considerada como un problema colonial, en el caso del Sahara Occidental no es así y no lo es porque es un conflicto artificial generado por el Majzén tras la independencia del reino, en 1956, a través de una serie de fundamentos arraigados en la ideología nacionalista. Nacionalismo, integridad territorial, sacralidad de la monarquía y del concepto de soberanía así como anexión del Sahara Occidental, son elementos cohesionados desde el Majzén desde hace décadas y asumidos por la población marroquí a través de un farragoso proceso de socialización no exento de adoctrinamiento. La petición que hicieron las autoridades marroquíes de que Haidar pidiera perdón al monarca marroquí revela esta cuestión, pues la posición de la activista suponía una ataque al rey, Mohamed VI, garante de la soberanía nacional.

 

Aunque pudiera parecer que Marruecos ha tenido controlada la situación durante el mes que ha durado el conflicto, lo cierto es que no ha sido así. Si ha sido posible su insistencia en no dejar a Haidar entrar en Marruecos es por la debilidad de la posición del Gobierno español, circunstancia que muestra el desarme de la diplomacia española y la mala gestión de las relaciones hispano-marroquíes, proceso largo en el tiempo pero perceptible y cuyos máximos responsables han sido los sucesivos Gobiernos socialistas en España. De esta cuestión damos cuenta a continuación. Pero antes de ello es importante tener en cuenta que Marruecos perdió la batalla de la opinión pública una vez más, a pesar del comunicado emitido por las asociaciones de trabajadores marroquíes en España a favor de un Sahara marroquí.

 

Además, las decisiones tomadas por las autoridades marroquíes han sido contradictorias, en la medida en que en un principio se dejó desembarcar en el Aaiun a la activista saharaui, se pidió más tarde la colaboración española para deportarla a España, se le exigió que pidiera perdón al rey para plantearle más tarde la posibilidad de que se hiciera un nuevo pasaporte en el consulado de Marruecos para volver a entrar al Sahara. Por último se la acusó de no defender los derechos humanos sino de conspirar contra Marruecos y finalmente, tras un mes de huelga de hambre, volvió al Sahara tras la presión ejercida ?parece- por las autoridades francesas, norteamericanas y del Parlamento Europeo. Esta breve cronología muestra que el Majzén también comete errores e incoherencias. Pese a ello sigue firme en su postura, algo que es invariable. Lo que sí ha variado en estos años es la acción exterior española, sin la cual es incomprensible todo lo que ha pasado.

 

 

La política exterior española hacia Marruecos lleva varios años anclada en una serie de fundamentos, arraigados durante los primeros Gobiernos socialistas en España y solidificada por la fuerza de los acontecimientos y la inoperancia de Gobiernos posteriores, incapaces de generar cursos de acción diferentes y que son posibles. Pese a ello, el establecimiento de una doctrina oficial sólo ha sido posible gracias al desconocimiento del conflicto hispano-marroquí por parte de la clase política y en segundo lugar por los asesores que a lo largo de casi una década han solidificado una acción exterior que reposa sobre diversos presupuestos, cuando menos discutibles. Si el Gobierno español ha sido incapaz de reaccionar no es porque le falten recursos para ello sino porque le falta voluntad. Y ello es así porque cualquier acción que pretenda defender los intereses de España en la zona choca frontalmente con los principios que fundamentan la política exterior hacia Marruecos, inamovibles desde hace unos veinte años. De este modo, cualquier cambio en esa acción exterior generaría un conflicto mayor que el existente en estos momentos, porque es el conflicto, larvado a largo del tiempo, la nota característica en las relaciones hispano-marroquíes.

 

En efecto, siempre ha existido el conflicto porque igualmente lo han hecho sus condicionantes. Sin embargo ello no impidió al primer Gobierno socialista, en 1982, comenzar a derribar la estructura que se había mantenido hasta entonces, a pesar del giro promarroquí que estableció en la política exterior española el último presidente del Gobierno de UCD, Calvo Sotelo. A partir de entonces surge la urgencia en asentar la acción exterior sobre nuevos presupuestos, lo que suponía modificar el principio del equilibrio por el de la cooperación. Muchos consideraron entonces que esta segunda opción era más realista que la anterior. Pese a ello, el balance entre los cuatro últimos años de gobierno de UCD y los cuatro primeros del PSOE no deja lugar a dudas en torno a varia cuestiones. Y es que en el primer caso, el número de acuerdos firmados entre España y Marruecos fue muy superior que en el segundo período. Junto a ello, la firmeza en la defensa de algunas cuestiones, como la soberanía española sobre Melilla y Ceuta también fue más contundente. No hace falta recordar que Adolfo Suárez viajo en calidad de presidente del Gobierno a las dos ciudades, algo que no hizo Felipe González en 14 años de Presidencia. Finalmente, el Gobierno de UCD fue más beligerante en la defensa de la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sahara que el Gobierno socialista, al margen de los contactos que se tenían con el Frente Polisario, más intensos en la etapa de UCD que en la posterior. Pero aunque estas cuestiones podrían enmarcarse en los efectos de esa política de equilibrio, lo cierto es que esta reposaba sobre un dato esencial para comprender el cambio operado con posterioridad. Y es que nunca se consideró a Marruecos como el principal actor en el contexto magrebí, sino que se optó por mantener una cierta equidistancia, en la medida en que Argelia fue considerado igualmente en lo que parecía una política más equitativa, teniendo en cuenta la rivalidad que oponía a los dos Estados así como las reservas energéticas argelinas. Muchos entendían ese equilibrio como una simple explotación de las rivalidades entre Argelia y Marruecos en beneficio propio. Aunque esto fuera así, lo cierto es que la política de equilibrio permitió una mayor equidistancia del Gobierno español con relación a las veleidades de la monarquía marroquí, pues esta nunca vio con buenos ojos las relaciones hispano-argelinas.

 

La llegada del socialismo al poder en 1982 trastocará una política que apenas pudo dar sus frutos por no haber sido asentada en profundidad en la doctrina diplomática y estratégica española. Además, algunos analistas y políticos, acusarán a esta política de obviar un elemento que entonces se consideró esencial, y era el logro de una mayor estabilidad en el Magreb, pues era algo vital para España y sus intereses en la zona. Precisamente será quien fuera primer ministro de asuntos exteriores de Felipe González, Fernando Morán, uno de quienes defendieron con mayor ahínco esta nueva visión de la acción exterior española. A partir de ahora, la estabilidad irá unida a la cooperación como instrumento de atenuación de conflictos. Pero lo que escondía esta política era el segundo giro promarroquí de la acción exterior española en el Magreb. Y ello suponía igualmente supeditar algunos intereses de España en la zona al mantenimiento de unas buenas relaciones con Marruecos. También suponía dar un espaldarazo a la monarquía marroquí como principal actor político en el reino alauita en detrimento de un apoyo a un proceso de democratización del país, algo que sigue sin producirse en estos momentos. Automáticamente el respaldo a la monarquía generó un enfrentamiento directo con el Frente Polisario y su causa, por ser elementos incompatibles. Qué duda cabe que perdió la partida el Sahara Occidental. En un momento en que el enfrentamiento armado hacía estragos en el Ejército marroquí, el apoyo a la monarquía en un momento de debilidad fue entendido como necesario para mantener una cierta estabilidad en Marruecos. Curiosa concepción, teniendo en cuenta la política marroquí durante el tardofranquismo, cuando aprovechó la muerte del Jefe del Estado para apropiarse del Sahara Occidental.

 

Si la ruptura de la política de equilibrio y el mantenimiento de la estabilidad fueron el primer paso en la estructuración de las relaciones hispano-marroquíes bajo el Gobierno socialista, el asentamiento de la política de cooperación será el segundo paso. En este caso, esta política abarcará todos los ámbitos, incluido el militar y se plasmará en el maleable concepto del ?colchón de intereses?. Esta doctrina se basaba en un punto cuando menos discutible y era el hecho de que ambos países pudieran compartir los mismos intereses. Además, obviaba un dato esencial como era la existencia de un conflicto entre ambos países en base a una serie de condicionantes que no desaparecieron durante ese período de tiempo ni con posterioridad y que esa política de cooperación no podía solucionar. Simplemente eran elementos que se yuxtaponían.

 

La culminación de esta política de cooperación vendrá con la firma del acuerdo de Amistad, cooperación y buena vecindad del año 1991 y el espaldarazo del Gobierno socialista a las pretensiones de asociación de Marruecos a la UE en 1992. La cuestión más relevante que desvela estos casi 14 años de política de cooperación será la imposibilidad de atenuar el conflicto hispano-marroquí, que sufrirá altibajos. El Sahara Occidental siguió empañando las relaciones entre ambos Estados, como lo fue la reivindicación de la soberanía sobre Melilla y Ceuta u otras cuestiones como la pesca, las negociaciones agrícolas o la política migratoria. Esta situación provocó que la política de cooperación fuera siendo sustituida por otra que podríamos calificar de cesiones para atenuar conflictos. El resultado es claro y merece comentarlo. En 1996, cuando el PSOE pierde el poder, el Sahara Occidental seguía en poder de Marruecos en violación del derecho internacional. Melilla y Ceuta seguían siendo reivindicadas, apenas había barcos pesqueros españoles en aguas marroquíes, el reino alauita violaba los acuerdos de inmigración suscritos con España, la política de las pateras, y encima, el reino alauita seguía bajo un régimen político dictatorial pues no hubo democratización.

 

El paréntesis de los ocho años de Gobierno del PP apenas modificó las cosas, salvo un pequeño período de dos años, entre el 2000 y el 2002, coronado éste por la crisis del Perejil. Si hubo un tímido intento entonces por volver a una política más equilibrada en el Magreb, como muestra la firma de un acuerdo de Amistad con Argelia, similar al firmado años antes con Marruecos. Pero esta política parece más bien una reacción a la situación de tensión generada por Marruecos en aquellos años que una meditada acción de gobierno. En cualquier caso, el Gobierno popular declinó apoyar el plan de autonomía para el Sahara y lo más importante, logró el apoyo de Estados Unidos. La crisis del Perejil finalizó con una vuelta a la misma política de cooperación y cesiones, plasmada en la cumbre de Marrakech del 2003, con una lluvia de millones para Marruecos. Pese a ello, la llegada de Zapatero al poder supuso el tercer giro promarroquí de la acción exterior española en el Magreb.

 

La diferencia en este caso es que desde el Gobierno socialista sí se ha apoyado veladamente el plan de autonomía para el Sahara Occidental. La crisis de la inmigración del año 2005 volvió a poner sobre la mesa los problemas cíclicos en las relaciones entre ambos Estados. La negativa del Gobierno a abrir la reforma de los imperfectos estatutos de autonomía de Melilla y Ceuta es otro síntoma del conflicto hispano-marroquí. De nada sirvió la visita de los monarcas españoles a ambas ciudades en lo que quiso simbolizar por parte del Gobierno socialista como un signo de normalidad en las relaciones entre ambos países. Entonces nadie pensaba que una sola mujer pudiera poner en jaque a ambos Gobiernos, pero Aminatu Haidar lo ha hecho. Lo grave de esta crisis no es que el Gobierno socialista no haya tenido mecanismos para hacerle frente, es que ha colaborado con el Gobierno marroquí para la deportación de la activista a España, en lo que sin duda ha sido un mal paso y mostró que desde Marruecos hubo algún tipo de amenazas. La torpeza de quien en el futuro podría ser primer ministro de Marruecos, el presidente del PAM, Fuad Ali El Hima, amigo incontestable del rey, llevó más adelante a confirmar que Marruecos podría suspender la política de cooperación en inmigración y terrorismo, dos asuntos conflictivos para España. Y esto ya no es una cesión, es sencillamente una claudicación. España está en un callejón sin salida a causa de la política exterior desplegada desde hace dos décadas, en lo que parece una obsesión y que no es otra que evitar una manifestación del conflicto hispano-marroquí. Así, cualquier reivindicación del Gobierno español es visto desde Rabat como un acto hostil, un contencioso que sólo puede tener una respuesta y es la fractura del sistema de cooperación existente en estos momentos. El caso Haidar ha mostrado igualmente que el Gobierno español no es visto desde Rabat como un interlocutor válido en el ámbito internacional. España sigue ocupando un rol secundario en la política exterior marroquí y eso sólo es posible tras años de cesión y de ocultación de intereses. A la vista de esta situación, la pregunta evidente es saber si las cosas pueden cambiar, si puede estructurarse una acción exterior diferente bajo otros presupuestos y si la política exterior española en la zona puede ser independiente de las veleidades del Majzén.

 

 

En el momento de finalizar estas líneas, la acción exterior española hacia Marruecos ha vuelto a saltar a las portadas de los medios de comunicación y como no, vuelve a ser motivo de enfrentamiento entre las fuerzas políticas, PP y PSOE, esencialmente. Quizás radique aquí uno de los inconvenientes de la política exterior española. Y es que si esta quiere dar sus frutos, debe estar anclada en sólidos pilares, no servir de confrontación entre partidos y debe establecerse sobre bases consensuadas. Lo que construya un Gobierno no puede deshacerlo el siguiente. Lamentablemente en España no sucede así, circunstancia que motiva fuertes altibajos en el momento en que se produce algún cambio en el Ejecutivo. Pasó entre la UCD y el PSOE, éste y el PP y de nuevo al acceder el PSOE al poder. La acción exterior hacia Marruecos requiere de una nueva formulación, que debería pasar inexcusablemente por el establecimiento de nuevos principios rectores. En este sentido, la obsesión principal del PSOE en el poder ha sido siempre intentar evitar o atenuar el conflicto hispano-marroquí, cuando no ocultarlo o solaparlo, cuando lo más adecuado habría sido asumirlo como un elemento definidor de una realidad.

 

Si adoptamos esta segunda opción lo más práctico habría sido su consideración como un elemento insustituible, por el simple hecho de estar anclado en la retórica majzeniana en materia exterior. Pero ello no tiene por qué condicionar la acción exterior española como lo ha hecho. La trampa tendida desde Marruecos dio sus frutos al apoyarse en un Gobierno, el socialista, colaborador de la monarquía marroquí, una política esta que podía haber seguido otros cursos de acción. En este sentido, varias orientaciones podrían ponerse en marcha fácilmente, pues realmente no hace falta sustituir unos principios rectores por otros sino sencillamente darles una nueva orientación. Así, en primer lugar es imperativo desligar la acción exterior española de las veleidades del Majzén, y ello sólo es posible si comienzan a tenerse en cuenta a otros actores como partes integrantes del sistema político marroquí. La monarquía está en el centro del sistema político marroquí porque no es democrático. Esto no tiene por qué seguir siendo así en el futuro. El problema de la acción exterior hacia Marruecos es que se basó en un apoyo incondicional a la monarquía como garante de la estabilidad de Marruecos, uno de los objetivos del Gobierno socialista a la hora de estructurar su política exterior. Sin entrar aquí en lo discutible de este presupuesto, que el Majzén sea garante de la estabilidad del sistema político marroquí, lo cierto es que la sociedad civil marroquí ha alcanzado un grado de movilización importante. Junto a ella, el mundo asociativo tampoco es indiferente a los cambios que se están produciendo. Por último quedan los partidos políticos, con escaso grado de disensión con el Majzén, pero deseosos algunos de ellos de un cambio político en Marruecos.

 

Desligar el deseo de estabilidad del apoyo a la monarquía alauita permitirá automáticamente deslegitimar cualquier acción política de ésta que ponga en cuarentena el respeto a los derechos humanos y las normas elementales de relación entre Estados, sin desdeñar el proceso de democratización o incluso el respeto al derecho internacional. Que esto lo haga el Majzén es asunto suyo, que sea respaldado por un Estado democrático como España es otra cuestión, inasumible, como el caso Haidar ha manifestado una vez más. Este cambio de orientación es importante y podría permitir defender causas justas, legales y legítimas, como la aplicación del derecho internacional para solucionar el conflicto del Sahara Occidental ya que esto es incompatible con el apoyo político al Majzén. Es pues un callejón sin salida que puede evitarse.

 

Por otro lado, sería interesante reformular la política de cooperación y dentro de esta la conocida como política del ?colchón de intereses?. Cuantos más intereses se compartan entre los dos Estados, más difícil será que Marruecos plantee un conflicto a España. El buenismo que encierra este presupuesto no es muy alentador en la medida en que el conflicto depende de condicionantes que nada tienen que ver con ese "colchón de intereses", a saber, Sahara Occidental, Ceuta y Melilla, inmigración e intereses económicos. Desechar esta idea supone reformular la política de cooperación, en particular la financiera y la militar, pues debe estar condicionada desde un inicio al logro de ciertos objetivos de gobernanza y de respeto a los derechos y libertades más elementales. La cooperación al desarrollo debe hacerse sobre proyectos concretos, en los que estén implicadas las sociedades civiles española y la marroquí a través del mundo asociativo. Ellas deben marcar las prioridades, evitando el tamiz de la administración marroquí en la medida que sea posible. Finalmente, la política de cooperación no debe quedar al albur de las cuestiones políticas y reivindicaciones planteadas desde Marruecos. Es mejor desligarla de los conflictos que surjan, que seguirán apareciendo cíclicamente.

 

Pero el verdadero salto cualitativo podría depender de una cuestión esencial y es la reformulación de la política de equilibrio que se intentó poner en práctica hace más de veinte años. Las circunstancias en el Magreb han cambiado, en particular en lo que respecta a la apertura de sus economías, la argelina, la marroquí y la tunecina en concreto. La aparición del terrorismo es también una nota significativa de la evolución social y política en la zona. La apertura democrática es el elemento discordante de una situación que podría complicarse en el futuro. En este sentido, dos son las vías que debería adoptar la acción exterior: por un lado la diversificación, aspecto que se puso en marcha bajo los primeros mandatos socialistas en España, asumiendo la necesidad de anclar las relaciones con todos los Estados del Magreb. Este aspecto debería ser profundizado, en la medida en que se ha priorizado siempre a Marruecos por diversos motivos, entre ellos la proximidad geográfica, aunque este no ha sido el principal. En términos políticos, si bien no debe explotarse una rivalidad entre Marruecos y Argelia si podría llevarse a cabo un mayor acercamiento a éste segundo país. Y ello es así por diversos motivos, entre ellos ser un mercado potencial emergente, tener un sólida experiencia en la lucha antiterrorista, poseer grandes recursos energéticos y finalmente ser considerado como un actor relevante en el África saheliana por estos países, algo que está intentando hacer también Marruecos.

 

El simple hecho de considerar a Argelia como un actor relevante en escena conllevará automáticamente una reformulación de la estrategia marroquí, excesivamente obsesionada con este país, en particular en lo que respecta a la gestión del conflicto del Sahara Occidental. Un segundo efecto será su conversión en un contrapeso tanto de las aspiraciones marroquíes como francesas en la zona, en la medida en que las relaciones entre Argelia y Francia nunca han disfrutado de una estabilidad que sí existe con el reino alauita. No se trata pues de hacer una entente antimarroquí sino de considerar el peso específico que ambos Estados tienen en la zona. El objetivo es que el reino aluita se sienta presionado y acabe aceptando un equilibrio regional que siempre ha desechado, con el respaldo de la UE y Estados Unidos. Ninguna de estas medidas supone generar un enfrentamiento entre España y Marruecos, tan sólo una reformulación de la acción exterior, que podrá ser complementada con otras actuaciones en el marco de la UE.

 

El caso de Haidar ha mostrado las incoherencias de la acción exterior española, siempre a destiempo, colaboradora de un régimen dictatorial, como es la monarquía marroquí, y excesivamente débil ante las presiones de Marruecos, como demostró la decisión española de deportar a la activista saharaui, algo manifiestamente ilegal. El callejón sin salida en que se vio envuelta la diplomacia española no tendría por qué haber sucedido y ha mostrado que en determinados ámbitos los intereses marroquíes y españoles son diametralmente opuestos. Ante ello o se claudica, que es lo que hizo el Gobierno español o se reformula la acción exterior, algo que comienza a ser ya inexcusable.