Presupuestos 2007

por Jaime García Legaz, 1 de diciembre de 2006

(Publicado en El Economista, diciembre de 2006)
 
 
La valoración de los presupuestos generales del Estado para 2007 se puede efectuar planteando las siguientes cinco cuestiones. Primera, ¿son macroeconómicamente sensatos, es decir, contribuyen a equilibrar la economía  o a desequilibrarla? Segunda, ¿se emplean los impuestos eficaz y eficientemente? Tercera, ¿incrementan la libertad de elección de los ciudadanos o la reducen? Cuarta, ¿en qué medida responden al principio de equidad? Quinta, ¿cumple el partido del gobierno los compromisos con los que concurrió a las elecciones generales?
 
En primer lugar, los presupuestos socialistas para 2007 no son macroecónomicamente sensatos, porque no ayudan a corregir los principales desequilibrios de la economía española, inflación y déficit exterior, sino a agudizarlos.
 
Lo primero que conviene aclarar es que los presupuestos son incuestionablemente expansivos. El gasto público no crece a la par que el PIB nominal (un 6,7%), como afirma el gobierno, sino un 8%. Y es que, por mucho empeño que el gobierno socialista ponga en ocultarlo, el dato relevante de crecimiento del gasto público es el expresado en términos de contabilidad nacional; el dato en términos de contabilidad presupuestaria (perdonen estos tecnicismos) es secundario.
 
El carácter expansivo de los presupuestos se visualiza también en el crecimiento del consumo público, que se elevará un 3,9%, siete décimas más que el PIB, con el objetivo evidente de intentar sostener la ya palpable desaceleración de la demanda agregada y del conjunto de la economía española, que contrasta con la aceleración económica europea.
 
Al crecer el gasto público claramente por encima de la producción, el impuesto inflacionista seguirá  devorando los salarios reales y erosionará aún más nuestra maltrecha competitividad. No cabe prever, por tanto, reducciones suficientes en el cancerígeno diferencial de inflación de la economía española con la eurozona, que oscila entre 1,2 y 1,5 puntos anuales. Al mismo tiempo, la excesiva inflación española contribuirá a reforzar las expectativas alcistas de los mercados monetarios en relación con el Euribor, que se está traduciendo en un crecimiento muy sustancial del coste efectivo de las hipotecas para las familias españolas.
 
El déficit exterior también se mantendrá en niveles fuera de control. La necesidad de financiación de la economía española es ya del 8,9% del PIB, lo que exigiría un consumo público mucho menor y un ahorro público mucho mayor que los presupuestados. El gobierno reconoce que las exportaciones de bienes y servicios seguirán creciendo por debajo de las importaciones de bienes y servicios. Teniendo en cuenta la enorme brecha negativa existente entre ambas magnitudes, esto significa que el déficit exterior seguirá agrandándose.
 
En relación con la segunda cuestión planteada, sabemos que el Estado gastará la friolera de 142.925 millones de euros en 2007, pero no sabemos si los recursos se emplearán eficaz y eficientemente. Y no lo sabremos porque el gobierno ha incumplido su promesa de poner en marcha la agencia de evaluación de las políticas públicas. Gastar mucho más en una partida no implica hacerlo eficazmente. Partidas como el creciente gasto en prestaciones por desempleo crecen mucho. ¿Es eso eficaz? Se incrementa de nuevo el gasto en educación. ¿Se traducirá ese mayor gasto en mejoras de la calidad educativa? Se incrementa la partida de inversión en carreteras. ¿Son esos Km. de carretera los que mayor reducción de la congestión producirán? Se incrementa notablemente el gasto público en investigación, desarrollo e innovación en centros públicos de investigación y universidades públicas. ¿Será ese gasto público más eficaz y eficiente que el gasto adicional en I+D+i que realizarían las empresas privadas reduciendo, por ejemplo, el tipo general del Impuesto sobre sociedades al 25%? Nos tememos que las respuestas  a las preguntas anteriores son negativas.
 
En tercer lugar, con los presupuestos de 2007 los socialistas acumulan un crecimiento del gasto público cercano al 30 por ciento en los tres presupuestos aprobados en esta legislatura. Esto significa que el gasto público sigue incrementando su participación en el gasto total a costa del gasto privado. En otras palabras, el gobierno socialista decide crecientemente qué bienes y servicios consumen los ciudadanos, reduciendo así su libertad de elección. Se trata de otro indicador del creciente intervencionismo público. Por eso tiene razón el ministro Solbes cuando califica estos presupuestos como “muy de izquierdas”.
 
En cuarto lugar, el principio de equidad brilla por su ausencia en varios planos. Desde el punto de vista territorial, la inversión en infraestructuras se efectúa en proporción al PIB en Cataluña, pero no en otras Comunidades autónomas, atentando contra el principio de equidad. Desde el punto de vista intergeneracional, el incremento del 20% de las pensiones mínimas puede ser electoralmente rentable, pero no debe olvidarse que esas pensiones no las paga el gobierno, sino contribuyentes nacidos en los sesenta y setenta que, de acuerdo con informes del propio Ministerio de Economía y Hacienda, tienen amenazadas sus futuras pensiones.
 
En quinto y último lugar, Zapatero prometió en su programa electoral no incrementar la presión fiscal. Ésta no ha dejado de incrementarse durante 2005 y 2006 y lo seguirá haciendo el próximo. El PSOE viola, por tanto, una importante promesa electoral.
 
Hay quienes dicen que estos presupuestos podían haber sido mucho peores. Por supuesto que sí. A otros nos parece más razonable preguntarnos si podían haber sido mucho mejores.  Y nos parece que la respuesta es, sin duda, afirmativa.