Hace algo más de un año, en febrero de 2009 exactamente, el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero presentaba ante la Asociación de Periodistas Europeos las prioridades del gobierno para la Presidencia Española de la Unión Europea.[1] Estas prioridades se concentraban en tres grandes ideas:

 

·                      En el impulso de un nuevo modelo económico.

·                      En la reafirmación y profundización en la Europa social y solidaria.

·                      En la adaptación de Europa a un mundo multipolar en el que ésta pueda hablar “con una sola voz”.

 

El presidente señalaba que la Presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 iba a transcurrir en un tiempo “complejo e incierto” para la comunidad internacional y para la Unión Europea. Por este motivo la Presidencia tenía que ser “exigente y comprometida”. 

A su vez Rodríguez Zapatero afirmaba la necesidad de una Europa fuerte que supiera ejercer su liderazgo. De este liderazgo –decía- dependerá, en buena medida, cómo y cuándo se supere la crisis. Subrayaba la necesidad de seguir construyendo la Europa de la “integración, de la solidaridad, de la innovación, de la competitividad, de la educación y de la ciudadanía”. Finalmente apelaba a la Europa que hablase con una sola voz en el mundo de una manera definitiva.

 

Desde el análisis a estas alturas sólo se puede decir que este discurso para titulares dista mucho de la realidad. Si nos detenemos a profundizar en cada uno de los objetivos planteados veremos que no sólo no se han cumplido sino que además la Presidencia Española ha eludido su responsabilidad en este compromiso, muy a nuestro pesar. Precisamente en el acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios PSOE, PP, CIU y PNV para la Presidencia española de la UE se firmaba conjuntamente una proposición no de ley sobre los objetivos del semestre español necesidad de que el país protagonizara el “impulso político” para que la UE recuperase “la estabilidad financiera, el crecimiento económico y la creación de empleo”. . En el contenido de esta proposición la recuperación económica y la creación de empleo ocupaban un lugar prioritario, asumiendo que España asumía la Presidencia española de la UE en un contexto de grave desempleo. Por este motivo se hacía patente la

 

En esta línea la primera petición que los cuatro grupos parlamentarios hacían al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero era luchar por la recuperación económica y el impulso de un modelo de crecimiento sostenible para la creación de empleo de calidad. Con este objetivo, recomendaban al Ejecutivo el seguimiento de la situación del empleo y su evolución en Europa en los debates ordinarios de los Consejos Europeos del semestre de la Presidencia.

 

Otros ejes paralelos de trabajo debían ser el reforzamiento de la competitividad de los sectores económicos europeos mediante políticas de reforma dirigidas a mejorar la productividad y a reducir los costes estructurales de la actividad económica, así como el impulso de medidas destinadas a promover el desarrollo sostenible y la innovación en el turismo.

 

 

En ninguno de estos puntos hemos visto que se haya trabajado suficientemente para dar el impulso necesario. Partiendo de la necesidad obvia -también recogida en la proposición no de ley- de reforzar el liderazgo europeo, a lo más que se ha podido llegar ha sido a dar declaraciones de bandazo en los momentos importantes.

 

Precisamente en la jornada de inauguración de la presidencia española de la UE los tres nuevos líderes (el presidente permanente de la UE, Herman van Rompuy; el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso y el presidente de turno del Consejo Europeo, José Luis Rodríguez Zapatero) pretendían dar una imagen de unidad con el cometido de desarrollar un plan que convirtiera a Europa en la economía del conocimiento más competitiva del mundo en los próximos diez años. Comparecían juntos por primera vez para presentar los principales objetivos del nuevo periodo: la lucha contra la crisis económica y contra el cambio climático.[2] Sin embargo la confusión que en algunos niveles de la diplomacia ha generado la activación de una Europa “tricéfala” permitía al presidente Zapatero desdecirse de su responsabilidad real en la gestión de las situaciones de crisis. Así alertaba en previsión de esta circunstancia que “si alguien llama a Europa, el teléfono es el de Van Rompuy”. Con esta declaración mostraba la falta de deseo de ejercer la capacidad ejecutiva que le otorga la Presidencia rotatoria de la Unión. La justificación de Zapatero para esta omisión de responsabilidad política era la referencia a la puesta en marcha del Tratado de Lisboa y el establecimiento de competencias que en él se recogen.

 

Pero pese a esta explicación el liderazgo europeo era puesto en duda inmediatamente; incluso la autoridad de Zapatero era cuestionada a razón del impacto de la crisis en España y de su elevada tasa de paro que duplica la media europea. La única receta que se le ocurría al presidente español era la alusión al proceso de unidad europeo y a la petición de un compromiso conjunto de los países de la Unión con los objetivos de la Estrategia 2020.

 

Escépticos se mostraban los medios europeos tras las propuestas de Zapatero. El editorial del día siguiente del Finantial Times calificaba de “extraordinariamente anodino” el programa de trabajo de la Presidencia española.[3]Felipe González y José María Aznar. El principal equívoco de Zapatero había sido, según la publicación británica, centrar la presidencia de la UE en la aplicación del Tratado de Lisboa puesto que éste ya había entrado en vigor. En lugar de esto la Presidencia española tenía que haberse centrado en resolver la crisis económica. La publicación expresaba que el programa que Zapatero había propuesto era extremadamente anodino, incluso para los pocos exigentes estándares de la mayoría de las presidencias europeas. Alertaba además del error típico que España cometería al centrar los esfuerzos en el funcionamiento de las instituciones en lugar de en los problemas reales de los ciudadanos. Dicho editorial mostraba gran incertidumbre sobre la capacidad de Zapatero para enderezar la senda europea, más aún teniendo en cuenta el “desafortunado comienzo” de la presidencia. La crítica del editorial no se centraba tanto en España, a pesar de valorar negativamente su porcentaje de casi 20% de desempleo, sino en las dudas acerca de la capacidad de gobierno del presidente al que consideraba distraído de los asuntos domésticos. Por el contrario destacaba el buen papel que había desempeñado España en las presidencias rotatorias encabezadas por

 

En una línea similar se mostraba el diario The Economist, que ponía el acento en la falta de credibilidad de Zapatero. Además la publicación se mostraba reacia al planteamiento de grandes estrategias a largo plazo, en las que nada se ata en concreto para actuar en lo inmediato. Por esta razón predecía el fracaso de la Estrategia 2020, poniendo de relieve los resultados de la Estrategia de Lisboa, que había fracasado en su objetivo de hacer a la UE “la economía más competitiva y dinámica del mundo basada en el conocimiento para 2010”.[4]

 

Concretamente los objetivos planteados por España dentro de esta Estrategia 2020 eran aumentar el índice de empleo de la población con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años hasta al menos el 75%, desde el 69% actual, e incrementar los niveles de inversión en Investigación y Desarrollo tecnológico desde el 1,9% del PIB comunitario hasta el 3%.Otra finalidad era recortar un 20% las emisiones de CO2 respecto a los niveles de 1990, aunque la CE recuerda que sigue vigente la oferta europea de incrementar al 30% la reducción de emisiones “si se dan las condiciones (internacionales) para ello”.[5] Pero estos objetivos son discutibles, mientras no exista un plan de viabilidad para su consecución.

 

Efectivamente esta orientación de los esfuerzos de la Presidencia española es equívoca, en tanto que es difícil profundizar y rentabilizar el trabajo de las instituciones si no se dedican las energías suficientes a resolver el problema principal de la crisis económica y su impacto en las economías de las clases medias europeas. Del mismo modo el objetivo general de la lucha contra el cambio climático será papel mojado por la razón que no existe un compromiso explícito de los Estados al nivel de los requisitos exigidos por la Unión. Van Rompuy había afirmado que la UE debía seguir siendo el motor en la materia, pero ¿cómo puede ser esto posible si él mismo reconoce el fracaso de Europa en la Cumbre de Copenhague? Sus propias declaraciones nos muestran de hecho esta ineficacia europea, motivada en el recurso de sus líderes a discursos institucionales de muy buenas intenciones pero de escaso contenido y alcance práctico-político.

 

El discurso de presentación de objetivos para la Presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero es un ejemplo perfecto de esto que acabamos de afirmar. Zapatero hablaba hace un año de una Presidencia “muy ambiciosa” más transformadora que gestora, y anclaba  la labor de España durante el primer semestre de 2010 en un desafío que iba más allá de lo meramente gubernamental para “instalarse en el plano del Estado”. Para ello se propuso hacer un esfuerzo  en alcanzar un consenso con los partidos políticos con representación parlamentaria y con las Comunidades Autónomas. De esto, una vez más, sólo han quedado los buenos deseos porque ni en lo económico el Gobierno ha conseguido alcanzar un acuerdo básico con la oposición, ni en materia territorial ha habido ningún avance sustancial. En cuanto al esfuerzo en creación de empleo España se encuentra a día de hoy en su récord de número de parados y a pesar de ello el Gobierno afirma que dentro de poco veremos el final de la crisis. Un conjunto de vaguedades que diluyen las buenas intenciones y que merman la consistencia del Gobierno y de su imagen europea. Únicamente las políticas llamadas de “igualdad”, insertas en el programa de la ideología de género prioritaria para el Gobierno, se han visto respaldadas por un despliegue activo en Europa.

 

Pero merece también la pena detenerse en los objetivos planteados por el Presidente en materia de política exterior europea. Respecto a futuros procesos de adhesión Zapatero se mostraba proclive a prestar apoyos a la candidatura de Croacia para entrar en la UE y a dar esperanza a los “anhelos” de Turquía para un supuesto ingreso. Dado el apoyo explícito que Zapatero siempre ha mostrado a la incorporación de Turquía, sus representantes han ha depositado grandes dosis de esperanza en esta Presidencia. Prueba de ello son las visitas recientes a nuestro país tanto de su Ministro de Asuntos exteriores, Ahmet Davutoğlu como el Primer Ministro, Recep Tayyip Erdogan. Ambos aprovechaban la estancia española para recordar su confianza en este gobierno para renovar el vigor en el viaje hacia la UE. Sin embargo, a pesar de este deseo y del esfuerzo que la Presidencia española quiera o pueda hacer al respecto, la candidatura turca no pasa por sus mejores momentos.[6] Aparte de la congelación de la mayoría de los capítulos de negociación, la coyuntura política de los últimos años no ha ayudado mucho debido a que los países europeos con más peso en las negociaciones con Nicolás Sarkozy y Ángela Merkel a la cabeza se han manifestado explícitamente en contra de esta adhesión, proponiendo en su lugar un partenariado privilegiado, algo que Turquía ha calificado de inaceptable.[7]

 

Este refuerzo de la Presidencia española a los deseos de Turquía no deja buen lugar al presidente español, a sabiendas de las prioridades reales de los países miembros de la Unión en este momento. Enfrentándose a las intenciones reales de Europa en este sentido Zapatero no consigue salir de su postura de marginalidad en política exterior. Este hecho ha sido manifiesto en la plasmación concreta del resto de objetivos internacionales del Presidente.

 

Respecto al carácter euroamericano que quería imprimir durante la Presidencia, nada más lejos de la realidad. Si por algo se han caracterizado estos meses las relaciones con Iberoamérica ha sido por las avenencias y desavenencias con los gobiernos de Cuba y Venezuela y la “tutela” indirecta del Gobierno español al Gobierno castrista. Debemos tener en cuenta lo delicado del caso si atendemos a las vulneraciones de derechos humanos en Cuba, la muerte del preso Zapata y las huelgas de hambre en curso en denuncia de esta situación. Precisamente también en este tema la Presidencia española se ha enfrentado a la posición mayoritaria europea, veamos por qué. El 11 de marzo en una resolución adoptada por abrumadora mayoría, con 509 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones, el Parlamento Europeo condenaba duramente la muerte “evitable y cruel” de Zapata ocurrida el 23 de febrero tras 85 días de huelga de hambre. La resolución de la eurocámara alertaba contra el “fatal desenlace” al que se expone el disidente Guillermo Fariñas, que inició el mismo tipo de protesta el día 24. Los eurodiputados reiteraban además en el documento -consensuado previamente por los principales grupos políticos incluidos conservadores y socialistas- su exigencia de liberar a todos los presos políticos, rechazando “la ausencia de todo gesto significativo” de La Habana en ese sentido.

 

En el seno de la Unión Europea el documento ha supuesto una dura condena al gobierno cubano y ha levantado un nuevo obstáculo a los esfuerzos de la presidencia española para dar un paso más hacia la normalización de las relaciones con la isla. En concreto la muerte de Zapata y la consiguiente condena de la Eurocámara puede complicar la voluntad de España de derogar la Posición Común, un documento que la UE elaboró en 1996 de forma unilateral y en el que se exige a La Habana avances en materia de derechos humanos y democracia.[8]Zapatero al Gobierno. Sobre este documento el gobierno español y especialmente su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se habían mostrado partidarios de sustituirlo por un acuerdo de cooperación consensuado previamente con Cuba. Contrariamente a esta intención el Parlamento Europeo ha pedido a los máximos representantes de la UE que “intensifiquen las medidas” para exigir la libertad de los presos políticos y solicita “de inmediato” la apertura de un “diálogo estructurado” con la sociedad civil cubana. Esta petición supone un anclaje de la postura europea en un sentido totalmente opuesto a la posición del gobierno español, que ha venido ignorando a la disidencia cubana y a la sociedad civil desde la llegada de Rodríguez

 

Y si nos referimos a Venezuela la polémica sigue servida sobre la supuesta cobertura que ésta ofrece a miembros de la banda terrorista ETA y el cruce de acusaciones a la justicia española. La polémica surgió después de que el juez español Eloy Velasco dictase un auto de procesamiento en el que mencionaba indicios de “cooperación” del Gobierno de Chávez con una supuesta alianza de la organización terrorista ETA y la guerrilla colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La diplomacia española se ha visto empañada por este asunto, con la intervención del ministro de asuntos exteriores Miguel Ángel Moratinos y su tono “suave” en la petición de información más que de explicaciones al presidente venezolano. La interferencia política que invade una vez más el ámbito de la justicia salpica negativamente la imagen de la Presidencia española, más aún cuando el Gobierno se muestra débil ante un discurso de amenaza y revancha por parte de Venezuela hacia los intereses económicos españoles y europeos.

 

En cuanto a los objetivos con África, Rodríguez Zapatero ha preferido centrarse en la relación y promoción europea de las relaciones de vecindad con Marruecos, país con el que mantuvo un encuentro bilateral el pasado 8 de marzo. Esta promoción se ha solapado con el objetivo del trabajo en profundidad en los hitos principales que tiene planteados en el marco del Proceso euromediterráneo: la puesta en marcha de la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo, la II Cumbre de la Unión para el Mediterráneo y las Conferencias ministeriales sectoriales. Sobre la relación con Marruecos y el desarrollo de la primera Cumbre UE con este país desarrollada en Granada, muchas han sido las presiones que ha recibido el Gobierno español para el trabajo por el reconocimiento de los derechos humanos en el Sahara (teniendo en cuenta el compromiso explícito que sobre este tema hizo el Presidente español). Zapatero ha respondido eludiendo el tema y afirmando que ésta es una cuestión que incumbe a las Naciones Unidas. Zapatero ha olvidado una vez más la petición de UE a Marruecos, por boca del presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, de mejoras en la situación de los derechos humanos en el Sáhara y particularmente en la situación de sus defensores (alusión velada a Aminetu Haidar y otros activistas saharauis perseguidos por Rabat). Rompuy expresó también el “muy fuerte interés” de la UE por “ver avances en el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos” en Marruecos, convertido en socio privilegiado de la Unión Europea a través de un Estatuto Avanzado que aún debe llenarse de contenido. Frente a este criterio europeo Zapatero se mostró más partidario de trabajar por la “modernización” de Marruecos, en una línea diferente del énfasis del respeto a los derechos humanos.

 

Finalmente Zapatero planteaba al comienzo del semestre la relación entre Europa y EE.UU. como de “aliados y socios” para lo cual Europa debía estar a la “altura de las circunstancias” y asumir más responsabilidad en materia de paz y seguridad internacional. Sobre este tema sólo nos cabe recordar la manifestación del presidente Obama de no acudir a la cumbre bilateral UE-EEUU por cuestiones de Estado. En su lugar el presidente norteamericano realizó una gira Asiática más centrada en los nuevos objetivos estratégicos de la casa blanca, alejados de la política pro-europea. En Brusela no se ha acabado de entender los errores de comunicación entre la Presidencia española y la diplomacia americana.

 

Una de las notas más destacables de la actual Presidencia española no la encontramos en el alcance de los hitos políticos planteados ni en el impacto internacional de la acción del Gobierno español; el dato que llama la atención es el gasto estimado de esta Presidencia. Desde un primer momento Rodríguez Zapatero tuvo la intención de aprovechar al máximo el semestre de presidencia española en la Unión Europea, pretendiendo presentarla a la opinión pública como un triunfo de su política exterior. El jefe del Ejecutivo ha visto en este acontecimiento una ocasión excelente de recuperar parte de su deteriorada credibilidad, gracias a la proyección exterior que permite la Presidencia. Por este motivo la previsión inicial del Gobierno era dedicar a la organización del semestre comunitario en torno a 97 millones de euros, según la propuesta hecha por el Alto Representante para la Presidencia española de la UE, el diplomático Nicolás Martínez-Fresno, hombre de confianza de Zapatero. Este diplomático encabeza un Comité organizador que ha mantenido numerosas reuniones y del que forman parte representantes de distintos ministerios. Adicionalmente Asuntos Exteriores ha reforzado con una quincena de funcionarios la representación permanente de España en Bruselas y dejó de cubrir algunos puestos, incluidos varios consulados, para poder disponer de más personal en los trabajos preparatorios de la presidencia.[9]

 

La organización de esta Presidencia no ha escatimado en despliegue de medios humanos y económicos. Conociendo los datos de la deuda pública y la capacidad real española de asumir nuevos incrementos del gasto en los presupuestos generales no se comprende este derroche de inversión si no es con un fin de rentabilidad pública. La cifra final del coste del evento puede llegar a duplicar la gastada en el último de los semestres comunitarios que encabezó España, en 2002. En esa ocasión, el Gobierno se gastó 48 millones de euros.

 

En aquel momento la Unión Europea estaba formada por 15 países, habiendo otros 10 candidatos que entraron poco después y que ya participaban como invitados en muchas de las reuniones comunitarias. En aquella presidencia, en nuestro país se organizaron dos Consejos Europeos en Barcelona y Sevilla respectivamente, y una cumbre UE-América Latina y Caribe en Madrid, además de numerosas reuniones ministeriales y de nivel técnico en distintos puntos de España.

 

En comparación a la selección de objetivos y la concentración de los medios en la última Presidencia, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha planteado la posibilidad de realizar el mayor número de reuniones posibles de carácter internacional. El Presidente español va a intentar aprovechar al máximo la publicidad internacional vinculada a la realización de un gran número de cumbres que no surgen por su iniciativa sino porque tocan en el calendario de la Unión.

 

Así, entre los actos programados cabe destacar una cumbre UE-América Latina planteada para el 18 de mayo, y otra de la Unión por el Mediterráneo a las que asistirían todos los mandatarios europeos, junto a los latinoamericanos. La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 43 países de la Unión por el Mediterráneo (UpM) se celebrará en Barcelona el 7 de junio de 2010, dentro del último tramo de la presidencia española de la Unión Europea. Se supone que para entonces, la capital catalana habrá podido rodar su condición de sede de la secretaría de esta organización internacional creada a instancias del presidente francés, Nicolas Sarkozy, hace algo más de un año.

 

Del mismo modo, en el semestre está previsto que haya reunión de la UE con Pakistán el 21 de abril en Bruselas, otra bilateral con México el 16 de mayo en Santander, la más esperada por Zapatero la reunión UE-EEUU que tendrá lugar en Madrid el 24 de mayo y la reunión UE-Egipto el 6 de junio en Barcelona.[10]

 

El coste de esta Presidencia para la Administración española será de al menos 90 millones de euros, según prevé el proyecto de Presupuestos Generales del Estado tramitado en el Congreso. El grueso de las aportaciones vendrá del Ministerio de la Presidencia, con un importe de 52,7 millones de euros, seguido del Ministerio del Interior, que reserva 19,3 millones para garantizar fundamentalmente la seguridad ciudadana en ese periodo. El departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos dispondrá de 13,9 millones de euros para 'gastos de la presidencia española de la UE', mientras que las cuentas de otros Ministerios reservan también partidas dedicadas exclusivamente a este fin, según detalla el proyecto de Presupuestos. Así, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aportará 2,1 millones de euros o el de Medio Ambiente 1,44 millones.[11]

 

Pero aparte de la desproporción del gasto entre la última Presidencia española y la actual, existen otras diferencias notables. Éstas se pueden catalogar en base a liderazgo por una parte y a resultados políticos por otra. En cuanto a lo primero ya hemos hablado de ello, y sobre lo segundo vamos a ver algunos datos.

 

La Presidencia española de 2002 se caracterizó por su labor preparadora del proceso de ampliación de la Europa de los 15 a la de los 25, que se realizó exitosamente poco después de aquel semestre. La ampliación como base de reunificación europea fue un objetivo de gran alcance muy trabajado. Durante este semestre se negociaron concretamente 96 capítulos de negociación: 52 de ellos se cerraron de manera provisional y otros 22 se abrieron por primera vez. Las negociaciones en la senda del proceso de adhesión entraron en su recta final pudiendo designar el Consejo Europeo de Bruselas los países que concluirían las negociaciones a final del 2002.[12]

 

Como otro de los grandes polos de acción de la Presidencia encontramos el trabajo en torno a la Conferencia Intergubernamental que definiría el sistema institucional europeo. El Consejo Europeo de Sevilla respaldó el planteamiento general realizado por la Convención y adoptó una importante declaración sobre la política de neutralidad de Irlanda, cuya ratificación del Tratado de Niza era necesaria para seguir hacia adelante.

Sobre la reforma institucional, la Presidencia Española de José María Aznar dirigió sus acciones en tres sentidos:

 

 

Con independencia de estos objetivos otros avances logrados en este semestre español son destacables:

 

·                    Los pasos dados en la lucha contra el terrorismo, en concreto las medidas adoptadas por los Quince entre las que se encuentran la constitución formal de Eurojust o la decisión marco sobre Orden Europea de Detención y Entrega (euroorden), con repercusión directa en la lucha contra ETA.

·                    El trabajo en la política de inmigración y asilo, con la conclusión de los Quince en torno a la idea que la UE necesita la inmigración pero evitando que existan mafias que se dediquen a la trata de seres humanos.

·                   
Por ello, se acordó un “paquete global y equilibrado” para luchar contra esta inmigración ilegal con cuatro pilares concretos:

 

 

·                    La labor a favor de la economía y el desarrollo sostenible: además de lo conseguido en el Consejo Europeo de Barcelona, en Sevilla se aprobaron las grandes orientaciones de política económica, centradas en la necesidad del equilibrio presupuestario para 2004. También se calificaron las reformas económicas como la única vía para que la UE alcanzara sus objetivos de crecimiento económico. Este aspecto nos muestra la enorme distancia entre la Presidencia española de Aznar, centrada en las decisiones y los ajustes y la Presidencia de Zapatero, proyectada en objetivos a largo plazo sin un esquema de trabajo coherente y de evaluación para las siguientes presidencias rotatorias.

 

 

 

 

 

En la actualidad los grandes retos abiertos y ejes fundamentales de la Presidencia de 2010 son el fortalecimiento de Europa para que tenga voz propia en el escenario geopolítico global, el afianzamiento del liderazgo europeo en la respuesta global al cambio climático y al desafío energético, y la consolidación de una UE más segura para todos sus ciudadanos, afrontando la construcción de un espacio compartido de cooperación judicial y policial. Tendremos que esperar al mes de junio para valorar en su conjunto si la aportación de esta Presidencia ha estado a la altura de las exigencias de estos objetivos y de su reto de trabajo en el orden interno para impulsar el final de la crisis en Europa.