La cuestión somalí irrumpió en las salas de estar españolas en abril de 2008 durante el secuestro del yate francés Le Ponant, inmediatamente seguido por el de otro atunero español, el Playa de Bakio.^[1] En ambos casos los secuestros apenas se prolongaron una semana, por lo que el debate público en España se concentró sobre la divergencia entre la respuesta española -pagar el rescate-, y la francesa -pagar el rescate y atacar después a los piratas-. En poco tiempo el asunto cayó de nuevo en el olvido, excepto por las breves noticias informándonos de nuevos secuestros a buques de otras naciones y ataques fallidos a buques de pabellón español.

 

Sin duda, vistos los antecedentes, el aspecto más llamativo del secuestro pasado del Alakrana es la poderosa sensación de improvisación que emanó de un gobierno español que a todas luces debería haber previsto que una situación similar era poco menos que inevitable. A juzgar por las declaraciones oficiales, a esa improvisación se debe a que los dos piratas apresados por la Armada fueran traídos a España a toda prisa y el subsecuente esperpento institucional. Mientras términos como "corsario", "bucanero" y "pirata" poblaban los titulares de prensa, la Vicepresidencia del gobierno, los ministros de Justicia y Defensa -por no mencionar la Audiencia Nacional- se enzarzan en un remake de Peter Pan protagonizado por un Capitán Hook post-adolescente, una Vicepresidenta del gobierno a la cabeza de los Niños Perdidos y una Carmen Chacón a quien pareció haberle tocado el infeliz papel de Campanilla enfurruñada. Más grave aún, entretanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de su titular Miguel Ángel Moratinos declaró en diversas ocasiones que el secuestro del Alakrana se intentaba resolver mediante "medios diplomáticos" nada menos que con "el gobierno" y el "primer ministro" somalíes.^[2] Incluso aún se habla de extraditar los piratas presos en España a Somalia. Para rematar el asunto las familias afectadas, claramente bajo coacción de los secuestradores, admitieron que los atacantes del Alakrana se limitaban a proteger sus caladeros de las depredaciones de la flota pesquera española.

 

Tomadas en conjunto, esta suma de declaraciones parecerían indicar que, en realidad, los ataques a nuestros buques son asimilables a un conflicto entre Estados soberanos al estilo de la "Guerra del Fletán" que nos enfrentó con Canadá en 1995 y terminó resolviéndose mediante los manidos "medios diplomáticos" y sendos recursos ante el Tribunal Internacional de Justicia y al sistema judicial federal del propio Canadá. Excepto que los debates de las últimas semanas son solo aptos para leguleyos. En realidad, dada la anarquía imperante en la zona, ni era ni es posible la "acción diplomática", ni el derecho internacional público era o es de utilidad alguna para resolver un conflicto entre España y una banda criminal fuera de de control. De ahí que ningún miembro de la comunidad internacional pestañeara cuando la Armada Nacionalfrancesa hizo saltar por los aires a los secuestradores del Le Ponant. Y es que el gobierno somalí al que aún alude nuestro ministro apenas puede ejercer su autoridad sobre algunos barrios de la capital Mogadiscio, Somalia no posee sistema judicial formalmente reconocido alguno y los asaltantes son lisa y llanamente delincuentes de la mar que no han dudado en asaltar mercantes de Naciones Unidas con carga alimentaria para la propia población somalí, tanto dentro como fuera de lo que serían aguas territoriales somalíes si Somalia tuviera un Estado.^[3]

 

En cualquier caso, dadas las circunstancias y en vista de la confusión reinante, merece la pena aproximarse a la situación actual de Somalia. La ministra de Defensa ha venido declarando que en realidad la solución al problema de la seguridad marítima en la zona se encuentra en tierra, en el fallido Estado somalí. Como lo que en otras circunstancias sería perogrullada se antoja ahora raro ejemplo de sentido común, debe uno coincidir con Carmen Chacón y explorar qué ocurre en Somalia y qué es plausible que ocurra en el futuro próximo.

 

 

Quizás el aspecto más llamativo de la sociedad somalí sea que, a diferencia de lo que ocurre en casi toda el África subsahariana, los somalíes constituyen una nación más o menos asimilable al ideal europeo decimonónico^[4]. A saber, el 90% de los somalíes ocupan históricamente un territorio fácilmente identificable, comparten el somalí como lengua común, el Islam sunní como religión, unas costumbres sociales compartidas y fuertemente enraizadas tanto en el nomadismo agropastoril como una larga tradición comercial trazable hasta época romana. Los somalíes incluso comparten ciertos instintos claramente xenófobos hacia lo extranjero y una animadversión histórica y casi universal contra sus vecinos y enemigos tradicionales: los etíopes cristianos. En ausencia de diferencias etnolingüísticas significativas la sociedad somalí se articula y se divide en clanes o, con más exactitud, familias de clanes patrilineales de origen mítico^[5]. No se trata sin embargo de agrupaciones sólidas si no de grupos humanos más o menos federados que aglutinan, de abajo a arriba, a la familia extensa, el sub-clan, el clan y la familia de clanes. Lógicamente, la lealtad del individuo es más intensa al nivel más próximo: las disputas intra-familiares son más infrecuentes y menos violentas que aquellas entre sub-clanes, mientras que las disputas y divisiones dentro de la misma familia de clanes no son ni mucho menos extrañas.

 

Así, existe una primera división bipartita entre las superfamilias de clanes Sab y Samaale. En un segundo nivel, los Sab se dividen entre los clanes Digil y Rahanwyn, en general están concentrados en el norte del país y comparten una fuerte tradición agrícola. Los Samaale, por su parte, se dividen entre los clanes Dir, Darod, Isaq y Hawiye, todos de tradición pastoril y repartidos en el centro y el sur de Somalia además de en la vecina Djibouti y el Ogadén etíope. (fig. 1 y fig. 2). Es en este contexto como deben entenderse las reuniones ?diplomáticas? entre representantes del MAE español y el Primer Ministro de Somalia. Según los analistas de los servicios de información españoles, éste último pertenece al mismo clan -desconocemos si por ?clan? se quiere decir familia extensa, sub-clan o gran familia de clanes- que los responsables del asalto al Alakrana y es en calidad de tal, y no de Primer Ministro en un evanescente gobierno, como ejerció de intermediario en las negociaciones. En otras palabras, el ?Primer Ministro? resultó ser un primo más o menos lejano que actuaba como correo, presumiblemente a cambio de un porcentaje del rescate, de criminales comunes. Insistir en denominar ?diplomacia? a algo que es más asimilable a las actividades de Elliot Ness que a las de Metternich equivale a ofuscar la situación y hurtar la realidad del asunto, cuando no lisa y llanamente mentir, al público.

 

En cualquier caso, no deja de ser llamativo que durante los años sesenta y setenta el principal problema presentado por Somalia fuera el irredentismo de los somalíes que, tras el reparto colonial y la independencia terminaron fuera de la Somalia creada a partir de la fusión de las antiguas colonias británica e italiana en 1960.  Y es que una porción significativa de la Somalia histórica terminó constituyendo Djibuti en 1977, un Estado de nuevo cuño creado desde la antigua colonia francesa por la metrópolis europea. Otra importante minoría de somalíes musulmanes, residentes en la región de Ogadén, terminó infelizmente integrada en la vecina Etiopía de mayoría cristiana. Tal y como se trasluce del confuso proceso hacia la independencia, la homogeneidad étnica viene a ser el único aspecto diferenciador entre la historia somalí y la del África negra en general. Al igual que en el resto del continente, la sociedad somalí no estaba preparada para asumir un sistema democrático avanzado ni fue capaz de generar y gestionar eficazmente un aparato de Estado complejo. Tal y como ocurrió en el resto de la región las ilusiones de la independencia pronto dieron lugar al fracaso de los modos democráticos y la aparición de lideres autoritarios, en este caso, encarnados en la figura de Mohamed Siad Barre, que de policía colonial promocionó a inspector y más tarde a general express y dictador entre 1969 y 1991.

 

La larga dictadura de Barre ha marcado el devenir de Somalia en al menos dos aspectos clave. En líneas generales, la creciente brutalidad de la dictadura y en última instancia su fracaso, provocaron el particular descenso a los infiernos del país: una vez expulsado el dictador, la situación política se fragmento entre diversos señores de la guerra vagamente vinculados al sistema de clanes que mantuvieron una larga guerra civil a múltiples bandas entre 1991 y 2006. En segundo lugar y más en concreto, la dictadura determinó el futuro del país gracias sus métodos de control interno y a una política exterior expansiva. Con anterioridad a los años sesenta no hay constancias de los enfrentamientos continuos entre clanes que caracterizaron la guerra civil. Hasta entonces los clanes funcionaron más como mecanismos de integración y protección social que como entidades politizadas. Barre se encargó de cambiar esta situación. ^[6]

 

A su llegada al poder, en plena Guerra Fría, el dictador alineó Somalia con el bloque soviético y adopto los principios del ?socialismo científico? para el desarrollo del país. En términos prácticos esto se tradujo en un masivo programa de ayuda militar soviética mientras el gobierno lanzaba una campaña oficial contra el sistema social tradicional -Barre llegó a prohibir que se hablara de la existencia de clanes-, la creación de un alfabeto escrito para la lengua somalí y el impulso de una revolución que incluía alarmantes reminiscencias chinas, como la disolución del sistema escolar y el envío de miles de jóvenes a sus casas para la ?reeducación? de sus familias. El experimento socialista terminó en 1977 cuando, agobiado por la creciente disidencia interna, Barre intenta una huida nacionalista hacia adelante y ordena la invasión de la provincia etíope de Ogadén, abandona su alianza con a la Unión Soviética -entonces aliada del gobierno revolucionario etíope- y busca el favor de los Estados Unidos. Perdida la guerra contra los etíopes Barre se ve obligado a aceptar la entrada de miles de refugiados somalíes previamente residentes en la zona atacada mientras su autoridad interna se deterioraba aún más. La entrada de refugiados alteró el equilibrio territorial entre los distintos clanes tradicionalmente asentados en Somalia y acelera una espiral de resentimiento que el propio régimen alimenta en un intento desesperado por sostenerse en el poder. Lejos de la retórica oficial, Siad Barre siempre utilizó su control sobre los mecanismos del Estado para favorecer a determinados clanes -incluido, lógicamente, el suyo- a expensas de los demás.

 

Fue la combinación entre la política de la dictadura, la entrada de refugiados y la creciente debilidad del régimen, lo que finalmente condujo a la inacabable guerra civil que se inició en 1991. Como hemos visto, Barre se encargó debilitar la identidad ?somalí? a favor de los vínculos entre los respectivos clanes, que ahora extendían sus funciones a la defensa de la integridad física de sus componentes frente a las depredaciones del propio Estado y de otros clanes. Aún peor, la desaparición de toda autoridad central generó una dinámica de ?suma cero? entre los distintos clanes y sub-clanes enzarzados en un lucha brutal por controlar los menguantes restos de autoridad estatal. De resultas, en la actualidad Somalia se encuentra divida entre dos pseudoestados al norte: Somaliland que ha logrado dotarse de los elementos básicos de un Estado, funciona como entidad autónoma y, escarmentada por las depredaciones de los clanes más al sur, aspira a la plena independencia aunque reconoce su lazos culturales con el resto de somalíes. Más al sur se encuentra Puntland, con un menor desarrollo administrativo y que aspira a transformarse en entidad autónoma dentro de la futura Somalia. El resto del país se reparte entre el Gobierno de Transición  y diversos grupúsculos islamistas que se disputan el control del sur y la zona nominalmente bajo la autoridad del gobierno oficial en el centro del país. ^[7] (fig. 3)

 

 

Es aquí donde emerge el último añadido al embrollo político Somalí: la expansión del radicalismo islámico. En realidad los primeros tribunales islámicos aparecen en 1991, al mismo tiempo que el poder político se fragmenta entre diversos señores de la guerra y respondiendo a la misma coyuntura: el vacío político exigió la aparición de fuentes de autoridad alternativas. Los señores de la guerra laicos ofrecieron cierta protección a sus secuaces y, más importante, una fuente de ingresos procedentes de la extorsión a la menguante clase de comerciantes urbanos y del saqueo sobre aquellos que reconocen la autoridad de otros señor de la guerra. Los tribunales islámicos ofrecen servicios similares con dos excepciones: la venalidad es menor y la justicia se ajusta más estrechamente a la sharia islámica que al código de justicio tradicional somalí o Xeer del que se derivan las Xeer Cise  o ?constituciones del clan? y que normalmente aplican consejos de ancianos.^[8]

 

Hacia mediados de los 90 apareció la Unión de Cortes Islámicas (UCI) como resultado de la unión entre un sector de la castigada clase intelectual y comercial urbana, las huestes del señor de la guerra Yusuf Mohamed Siad, que a la sazón controlaba parte de Mogadiscio y de la provincia al sur de la capital, y la organización islámica Al-Itihaad Al-Islamiya, liderada por Hassan Abdullah Hersi al-Turki. Lentamente, el agotamiento generado por una década de violencia continua, la creciente debilidad de los señores de la guerra, la resultante perdida de atractivo de la profesión de pistolero y la propia eficacia de la organización islámica favorecieron la expansión de la UCI en las zonas centro y sur del país hasta tomar Mogadiscio en 2006 y convertirse en un poder equiparable a los existentes en Somaliland y Puntland. Merece la pena detenerse sobre el comportamiento de la Unión y los motivos que justifican su evidente éxito político.

 

Como hemos indicado, un motivo externo que contribuye a explicar la expansión de los islamistas fue el simple agotamiento. Los menguantes recursos y el hastío de la población civil contribuyeron a que ésta recibiera con los brazos abiertos cualquier alternativa que ofreciera mínimos de estabilidad y orden público. La UCI no sólo logró satisfacer esos mínimos, además articuló un sistema de cooperación entre sus distintos integrantes que le permitió extender su área de influencia sobre un territorio relativamente extenso. En primer lugar, y aparte del componente islámico, logró hacerse con el apoyo de un importante sector del clan Hawiye, asentado en las zonas sobre las que se proyectaba el poder de la Unión. En segundo lugar, la UCI no funcionó como una unidad política centralizada, si no como una especie de ?federación? de tribunales que funcionan en plano de igualdad y operan de forma coordinada pero autónoma. Cada tribunal local estableció códigos de justicia en los que se mezclaban de forma variable las dos fuentes del ?derecho? somalí. Y es que en la práctica, la relación entre el Xeer y la Sharia siempre ha sido fluida. Por ejemplo, no es difícil transformar un consejo de ancianos en un tribunal de expertos coránicos y los principios entre la Sharia y el Xeer no tienen por qué ser mutuamente incompatibles.

 

La influencia relativa de ambos códigos tiende a fluctuar dentro de un cierto status quo en función de la coyuntura política y la costumbre local a la que tan bien se adaptan tribunales autónomos. De cualquier modo, en principio el Islam practicado tradicionalmente por los somalíes es relativamente laxo tolerando, por ejemplo, el consumo de la anfetamina local, llamada Khat y que se ha mantenido como deporte nacional con Islam o sin él, como demuestran las graves revueltas que estallaron en Kismayo, la principal ciudad controlado por la UCI, cuando islamistas excesivamente entusiastas para el gusto local trataron de prohibir su consumo durante el Ramadán. Dicho en otras palabras, los islamistas somalíes responden a tradiciones locales que, aunque brutales desde el punto de vista occidental, en principio poco tienen que ver con el Islam salafista que impulsa a otras organizaciones como Al-Qaeda y sus equivalentes en el Magreb. Lógicamente, esto no debe leerse como una diferenciación entre islamistas ?buenos? y ?malos?: el ejemplo de los talibanes afganos demuestra ampliamente que el islamismo ultramontano de origen local puede integrarse perfectamente con las variantes de extremismo moderno e internacional. Sin embargo, si cabe señalar que la amenaza representada por unas y otras puede, y a veces debe, tratarse de forma distinta y que la posición del Salafismo o incluso del Islam Wahabbi exportado desde madrazas Saudíes en el seno de la UCI no es ni mucho menos dominante.

 

Sea como fuere, el avance de la UCI generó una alianza de necesidad entre los señores de la guerra rivales a la UCI que se unieron bajo el hermoso eufemismo, a la vista del currículum de sus líderes, de Alianza para La Restauración de La Paz y Contra El Terrorismo (ARPCT). De dicha alianza surgiría en 2004 un ?gobierno de transición? liderado por el Presidente Abdullahi Yusuf Ahmed y el Primer Ministro Nur Hussein, ambos relativamente libres de participación en los peores excesos de la guerra civil. Predeciblemente, los señores de la guerra laicos procedieron a adaptarse a la situación internacional tratando de presentarse a sí mismos como bastiones pro-occidentales frente a la amenaza del terrorismo islamista internacional presuntamente representado en Somalia por la UCI. En 2006, la ARPCT logró hacerse con el apoyo de los vecinos Etíopes quienes, también alarmados ante el avance de la Unión de Tribunales Islámicos, optan por invadir el país y desalojar a los islamistas de Mogadiscio y Kismayo pocos meses después de que estos tomaran la capital. Bajo presiones internacionales y ante el riesgo de que la presencia de tropas etíopes uniera a los somalíes contra sus aliados, el gobierno de Addis Abeba y la diplomacia de los Estados Unidos  optaron por gestionar la última pirueta política Somalia y la  formación de un Gobierno Federal de Transición (GFT) en el que se han integrado elementos presuntamente moderados procedentes de la UCI. Dicho gobierno está en la actualidad liderado conjuntamente por el Shaif Sheik Ahmed ex-comandante en jefe de la Unión de Tribunales y Omar Abdirashid Ali Sharmarke un politólogo y diplomático educado en Estados Unidos y Canadá.

  

En la práctica, el gobierno federal mantiene un control meramente testimonial sobre las mismas zonas del centro del país que han venido estando controladas por señores de la guerra desde mediados de los años 90: el centro del país entre Mogadiscio y la provincia de Gundumug. Mientras, el sur se encuentra en manos de aquellas facciones más extremistas dentro de la UCI inicialmente agrupadas bajo la Alianza para la Liberación de Somalia y la zona norte continúa dividida en las regiones independientes de Puntland y Somaliland. En lo que respecta a la eficacia del control del gobierno sobre su zona de influencia ?oficial? baste recordar que Harardhere, el puerto desde el que se hacen a la mar los piratas que atacaron al atunero español, se encuentra unos cientos de kilómetros al norte de Mogadiscio, en plena provincia de Gundumug. Y en Harardhere el GFT ni está presente ni se le espera.  

 

Y sin embargo la comunidad internacional, encabezada por los norteamericanos, viene mostrando cierto optimismo hacia Somalia. En términos políticos, la formación del GFT puede alumbrar la aparición de un Estado embrionario asentado sobre las experiencias que ya han sido relativamente exitosas en Somalia. A saber, la constitución de un gobierno federal lo bastante sólido a largo plazo para imponer cierto orden pero adaptado a la psique de los somalíes, es decir, descentralizado y carente de la suficiente fuerza como para transformarse en un objeto de poder codiciado por la distintas facciones en las que se divide el país tal y como ocurrió con el modelo centralizado y autoritario creado por Siad Barre.^[9] En la misma línea, y aunque parezca sorprendente, la economía de Somalia, exceptuando los peores los peores años de la guerra civil, siempre ha mostrado una enorme resistencia al caos: aquellas zonas libres de violencia entre señores de la guerra (en particular Puntland y Somaliland) han venido disfrutando de niveles de seguridad superiores a los de la vecina Kenia y el PIB per capita de Somalia, o al menos aquel estimado por organismos internacionales, es considerablemente superior al de las vecinas Etiopía y Eritrea. Curiosamente, la resistencia de la economía somalí y le introducción de cierta estabilidad son, precisamente, los dos principales elementos de riesgo para la comunidad internacional.

 

Uno de los principales elementos que explican al resistencia de la economía somalí, además de la tradición comercial y la situación geográfica de la zona, es la presencia de una amplia diáspora, económicamente muy activa, presente tanto en los vecinos Djibouti y Yemen como en lugares más alejados como Dubai, Líbano, Reino Unido y Estados Unidos. Los expatriados somalíes se vinculan con sus familiares en el país a través de un sistema financiero paralelo basado en normas tradicionales de honor y palabra. Tradicionalmente, el sistema sirvió para articular los predecibles envíos de divisas en forma de asistencia a los familiares residentes en Somalia por parte de los emigrados e incluso para canalizar ciertas formas de inversión directa de capital (destaca el sector de la telefonía móvil). En tiempos más recientes esos mecanismos financieros también han servido para canalizar la inversión de capital y la salida de beneficios esenciales en el lucrativo negocio de la piratería.^[10]

 

Desde la perspectiva política se ha dado la paradoja de que durante los atroces años de la guerra civil los elevados niveles de anarquía y violencia, combinados con la xenofobia de los somalíes, impedían la penetración en Somalia de redes de criminalidad internacional organizada. En última instancia, los señores de la guerra somalíes eran aún más peligrosos para un traficante de estupefacientes, de armas, o de ideales salafistas, extranjero que para los propios somalíes. La situación comparativamente estable del país durante los últimos años ha cambiado significativamente esa situación. Somalia, o al menos un importante sector del país, y su estratégica situación geográfica en una de las rutas comerciales más importantes del mundo es hoy considerablemente más atractiva para delincuentes internacionales de todo pelaje que hace una década. Quizás eso contribuye a explicar la repentina buena voluntad de las mismas potencias extranjeras que no hace tanto contribuyeron a mantener al país sumido en el caos.

 

 

Desde época colonial Somalia se ha caracterizado por una curiosa dualidad: el país carece de valor intrínseco alguno pero se situación geográfica la coloca en un lugar estratégico de primer orden. Desde el punto de vista global la posición del país en el cuerno de África provocó cierto interés entre las potencias Europeas que llevaron al reparto de la zona entre Italia, Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, Somalia siempre permaneció demasiado pobre en recursos para generar grandes intereses entre británicos y franceses, mucho más interesados en el área, más al norte, entre Egipto, el medio oriente y el Canal de Suez. Los italianos por su parte jamás contaron con los recursos necesarios para generar una administración capaz de interferir significativamente en la vida somalí. En última instancia, más allá de una administración rudimentaria y de la presencia militar mínima necesaria para prevenir aventuras expansionistas de terceras potencias, los europeos adoptaron una política de dejadez benigna que culminó con la mencionada fragmentación de los somalíes entre Somalia, Djibouti, Etiopía y Kenia.  El cuerno de África recuperó cierta importancia entre las principales chancillerías internacionales durante la Guerra Fría, permitiendo que el régimen de Siad Barre maniobrara entre la Unión Soviética y los Estados Unidos hasta el punto de acumular el ejército más grande de África, que a su vez le permitió iniciar un peligroso, en última instancia fatal, juego de expansionismo nacionalista.

 

En realidad, la clave del drama somalí sólo se puede entender desde la perspectiva de las convulsas relaciones internacionales que conectan el Cuerno de África con el Magreb a través de Etiopía.^[11] Si la dejadez relativa de las grandes potencias y los delirios del dictador Siad Barre contribuyeron a la disolución del Estado en Somalia, los importantes intereses inmediatos de sus vecinos y las continuas ingerencias de estos en los asuntos internos de Somalia explican la larga duración de la guerra y de la anarquía. Por resumirlo en una frase, tanto los etíopes como los rivales tradicionales de éstos en Libia, Egipto y Sudán consideran preferible una Somalia anárquica, sumida en la guerra civil y más o menos molesta para Etiopia que una Somalia unida y potencialmente letal para la misma Etiopía. La tensión entre Somalia y sus vecinos occidentales arranca desde que los británicos ceden a Etiopía la provincia de Ogadén, de mayoría étnica somalí pero bajo el dominio del Negus desde el último cuarto del siglo XIX y cristalizan con la invasión fracasada de Barre en 1977-1978. Sin embargo, la relación entre Etiopía y Somalia se complica aún más a causa de la Guerra de Eritrea que enfrento a Addis Abeba con su provincia rebelde epónima entre 1961 y 1991.

 

De un lado, la guerra civil etiope generó interferencias de ambas partes en Somalia; de otro, la perdida de control sobre Eritrea, situada a orillas del Mar Rojo al norte de Djibouti, bloqueó la salida al mar de Etiopía y, por tanto, incrementó el interés de ésta en la costera Somalia. Añadido a los problemas fronterizos entre Etiopia y Somalia por un lado y a los conflictos internos etíopes (transformados en guerra estándar entre Etiopía y Eritrea entre 1998 y 2000) por otro, se suma la compleja relación entre Etiopía y su vecino al norte, Sudán que a su vez se vincula con la relación entre Sudán y el Magreb ? en especial Libia y Egipto ? y Arabia Saudí. En general, desde el punto de vista somalí la maraña de alianzas cambiantes y tensiones regionales se traduce en interferencias por parte de todos los implicados a fin de perjudicar, favorecer o influenciar a los etíopes, siempre bajo la cobertura de la hermandad entre musulmanes y las vagas apelaciones a la solidaridad en el seno de la Umma. Etiopía, por su parte hace lo posible por mantener el estatus quo dividido y anárquico en Somalia. Sólo desde este punto de vista puede entenderse el entusiasmo pro-occidental de los etíopes durante la invasión de 2006 contra los islamistas somalíes de la UCI. Etiopía argumentaba (plausiblemente) que la UCI estaba colaborando con grupos terroristas islamistas que operaban en Etiopía y denunciaron vínculos generalizados (e indemostrados) de la misma UCI con Al Qaeda. Entretanto, las sucesivas rondas de negociaciones entre las diferentes facciones somalíes esponsorizadas por la comunidad internacional (a saber, las potencias regionales implicadas) invariablemente concluyen con acuerdos impracticables sobre la base de modelos de Estado centralizado imposibles de implementar.  

 

Esta dinámica parece haberse interrumpido en la última ronda de negociaciones de 2008 y 2009, que ha llevado a un acuerdo entre sectores de distintos clanes y fuerzas políticas simbolizado en la cohabitación entre un presidente de origen islamista y un primer ministro educado en occidente y aparentemente alejado de los señores de la guerra. Indudablemente, el cambio en el escenario somalí se debe a dos fenómenos interrelacionados que han dotado al conflicto regional somalí de una clara dimensión global: el incremento de las actividades piráticas y su expansión a alta mar hasta distancias considerables de la costa somalí, y el turbio proceso de radicalización experimentado por algunos de las milicias islamistas que operan en Somalia. Como mínimo, cabe afirmar que tanto la severa interferencia con el comercio internacional que representan los piratas, como la amenaza potencial de los islamistas hacia la seguridad de todas las naciones avanzadas han obrado el milagro de concentrar a las chancillerías occidentales en los problemas somalíes y forzar al Departamento de Estado de Estados Unidos a tomar cartas más o menos decisivas en el asunto.

 

En lo que respecta a la piratería, su  práctica desde costas somalíes tiene la misma raíz que el resto de los problemas del país y viene ejerciéndose desde el colapso del régimen de Siad Barre. Sin embargo, a partir de 2006 se produce un punto de inflexión fundamental. Durante la Guerra Civil el asalto a buques extranjeros se concentraba, ante todo, sobre buques pesqueros faenando en zonas relativamente próximas a la costa y era protagonizado por pescadores locales pluriempleados en el negocio de la extorsión bajo la cobertura de la sobre-explotación de los caladeros y la pesca presuntamente ilegal. A lo largo de la década de los 90 y primeros años del siglo XXI la piratería somalí no pasaba de ser un desagradable pero poco importante efecto secundario de la inestabilidad en el país. A partir del último lustro, sin embargo, el agotamiento de las fuentes de saqueo dentro de Somalia y la imposición de ciertos niveles de orden público -en particular la erradicación de los puestos de extorsión en las carreteras montados por ex-milicianos emprendida por los islamistas-, han impulsado a que los antiguos señores de la guerra busquen nuevos nichos de mercado.

 

Estas mismas condiciones han favorecido la entrada en el país de nuevas tecnologías para la navegación naval -en particular el GPS- y la entrada de capital procedente de la diáspora -en particular de comerciantes somalíes afincados en Líbano, Dubai, Yemen y, al parecer, Londres- dispuestos a invertir en la piratería.  En la actualidad la piratería ha adquirido proporciones de auténtica industria e incluye al menos tres escalones diferenciados: hombres de mar procedentes de la costa, antiguos señores de la guerra residentes en Somalia que proporcionan protección, armas y posiblemente hombres y por último inversores residentes en el extranjero ? a estos tres grupos habría que añadir los despachos de abogados londinenses vinculados a las grandes compañías de seguros marítimos que han facilitado las labores de pago y negociación de los rescates. Como se deduce fácilmente de esta descripción la piratería ha demostrado ser un lucrativo negocio que se ha transformado en un complejo entramado con ramificaciones internacionales.

 

Muy a pesar de las declaraciones del ministro Moratinos, ni que decirse tiene que los distintos grupos piratas cuentan con mejor financiación y mejores medios que los centros de poder público. Ya sean las rudimentarias autoridades de Puntland, donde se encuentra el puerto de Eyl, uno de los principales focos piráticos; el casi inexistente gobierno de transición bajo cuya autoridad formal se encuentra el puerto de Harardere desde la que partieron los asaltantes del Alakrana; o incluso los islamistas radicales que toleran, de buen grado o no, las actividades de piratas desde el puerto de Kismayo. La respuesta de la comunidad internacional a esta situación sido el envío de buques militares de media docena de naciones vagamente coordinados en la Fuerza Internacional Combinada150, a los que se suman los buques europeos de la Operación Atalanta en los que se integra España. Cabe señalar dos aspectos importantes de estas operaciones internacionales. En primer lugar, dada la dispersión de las bases piratas a lo largo de la costa somalí -también se han documentado ataques desde Yemen- y la relativa falta de contundencia de las reglas de enfrentamiento por las que se rigen los militares, de momento el esfuerzo naval internacional está resultando en un sonoro fracaso: los ataques piratas continúan y van en ascenso. En segundo lugar toda esta actividad, incluida la operación Atalanta, no se centra en los caladeros del atún si no en la protección de la rutas comerciales empleada por de los grandes cargueros transoceánicos que conectan lejano Oriente (de ahí el interés y el envío de buques de la India y China) con Europa (ergo, Atalanta) y copa hasta un 10% del tráfico marítimo mundial.

 

Pero si el incremento de la piratería se ha convertido en una amenaza para el comercio internacional también se especula con la existencia de posibles conexiones entre esta actividad y el terrorismo islámico. Hasta fechas recientes nada parecía apuntar hacia una penetración real de las redes salafistas en el teatro somalí. Como hemos indicado, la propia anarquía reinante y los instintos xenófobos de los somalíes actuaban eficazmente para aislar al país. Incluso durante el avance inicial de la UCI el islamismo somalí parecía ofrecer un perfil estrictamente local y la presencia de uno de sus máximos líderes en el gobierno de transición con la bendición norteamericana viene a confirmar que al menos un sector importante de las Cortes Islámicas es ajeno al terrorismo islámico internacional. Sin embargo la derrota de la UCI frente al ejército etíope en 2006 y varios ataques selectivos norteamericanos han tenido el perverso efecto secundario de fragmentar el movimiento y radicalizar aún más a el sector más extremista de la UCI, la organización de juventudes Al Shaab. En la actualidad, la falta de fuentes de inteligencia humana locales y el caos reinante hacen que los servicios de inteligencia occidentales deban confiar en la información proporcionada por los etíopes (lógicamente sesgada) y en aquella proporcionada por medios electrónicos. A pesar de la confusión es evidente que la relativa mejora de la seguridad en el país, o al menos el descenso de la violencia sistemática, puede plantear nuevas oportunidades para la penetración de peligrosos grupos salafistas. La alarmante aparición durante los últimos años de ataques suicidas previamente desconocidos en el teatro somalí quizás señale a que dicha penetración ya se ha producido o se está produciendo.

 

Tal y como ha afirmado la Ministra de Defensa Carmen Chacón, la resolución del problema de la piratería somalí y la posible transformación de la zona en una base de operaciones islamista pasa por la estabilización del país y la imposición de un gobierno razonablemente alejado de los islamistas radicales con suficiente capacidad militar para imponer alguna forma de orden interno. Como hemos visto, la llave para esta solución, a su vez, pasa por un hasta ahora elusivo pacto regional entre Etiopía y los países de su entorno. A la vista del enquistamiento de la situación, tan sólo el compromiso firme de los norteamericanos y el resto de las grandes potencias puede forzar dicho acuerdo. La catastrófica intervención de la administración Clinton en 1993 demostró, cuanto menos, que las intervenciones a medio gas y sin convicción sólo conducen a deteriorar aún más la situación interna de Somalia. El contraste con la intervención británica en Sierra Leona en 2000  no podría ser más evidente ni las lecciones más clara: Somalia precisa de una intervención internacional con unos objetivos, a una escala y con una organización táctica adecuadas.^[12] También es evidente que las tímidas propuestas españolas encaminadas a fortalecer las fuerzas de seguridad somalíes, por sí misma, no solucionarán el problema. España carece de los recursos propios y del músculo diplomático en la zona necesario para imponer el orden necesario en el interior del país. Aún peor que las evidentes limitaciones materiales son las claras deficiencias morales de nuestra actual política en Somalia: es más que dudoso que el gobierno esté dispuesto a arriesgar el coste político de muertes en acción entre los militares españoles. A la vista de la celeridad con la que el gobierno ha abonado los exorbitantes rescates exigidos por los piratas y de la ausencia de intentos serios de recuperar dichos rescates o castigar a los asaltantes, los somalíes son además plenamente conscientes de la debilidad moral de España. Ante esta situación, los ataques continuarán y la incorporación de vigilantes de seguridad medianamente entrenados y armados tan sólo contribuirá a una escalada de la violencia entre los corsarios y, potencialmente, a un baño de sangre entre nuestros pescadores. Sin embargo, aunque España no puede solucionar el problema en tierra por sí sola, sí puede proteger eficazmente a la flota pesquera. Tan sólo es necesario encontrar la voluntad para desplegar más medios navales en el área y dotarlos de las reglas de enfrentamiento adecuadas. España, que cuenta con la tercera armada europea y un eficaz cuerpo de Infantería de Marina bregado en misiones internacionales, tiene medios materiales de sobra para garantizar unos niveles de seguridad razonables para sus pescadores. La voluntad de emplear estos medios es por tanto la cruz del asunto. Y es que estos medios sólo sirven si se les ordena localizar, perseguir y hundir todo buque corsario que navegue en las cercanías de navíos españoles.

 

Es posible que la comunidad internacional esté tomando las medidas adecuadas para resolver el problema somalí impulsada por la amenaza del terrorismo islámico y otras formas de delincuencia internacional. Pero esas soluciones tardarán en llegar y no resuelven el problema inmediato de los navíos españoles que operan en la zona. Sólo si la piratería se torna en una actividad demasiado peligrosa para los propios piratas podremos vislumbrar una disminución de sus actividades. España cuenta con los medios necesarios para, de forma unilateral e inmediata, contribuir al establecimiento de dicha situación en la mar. La cuestión es, por tanto, si además de medios el gobierno español también cuenta con la convicción y el sentido de la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos necesarios para emplearlos.

 

Fig. 2 Distribución geográfica de los clanes somalíes en Somalia, Djibouti, Etiopía y Kenia.