Nueva Ley Audiovisual: polémica y todavía no ha visto la luz

por Ana Ortiz, 3 de abril de 2009

Televisión y comunicaciones, divino tesoro para un político. La eterna patata caliente que todos quieren mejorar hasta que llegan al poder y se lo piensan mejor.
 
El Gobierno de Zapatero no ha sido una excepción. Ya lo llevaba en  su agenda la pasada legislatura, pero fue pasando el tiempo y todo ha quedado en adjudicaciones de dudosa objetividad (Cuatro y La Sexta), una reforma de RTVE que se ha quedado poco más que en un cambio de logo, de director general y poco más.
 
El Gobierno no tiene más remedio que alumbrar la tan prometida ley, que se suponía prevista para marzo de 2009, pero no parece que a estas alturas la cosa vaya a ser así.
 
Todo lo más que se ha hecho, ha sido aprobar, con carácter de urgencia, un Real Decreto de medidas para el sector de las telecomunicaciones que pone de rebumba el mercado televisivo español. Tomando la crisis como rehén, el Gobierno de Zapatero permitirá la fusión de cadenas privadas nacionales, siempre y cuando la suma de sus audiencias no supere el 27%. ¿Y por qué el 27% y no el 25%, por ejemplo? Cualquiera sabe. Así, queda pulverizada la prohibición de que una misma empresa tenga participación significativa en más de un canal.
 
En estas líneas sostenemos que, al igual que la televisión pública no tiene sentido como tal, ni tan siquiera por su falta de viabilidad económica, es lógico que los medios de comunicación se rijan por las leyes del mercado y por las leyes de la audiencia. Nada que objetar a que las empresas crezcan si pueden hacerlo, o se fusionen unas con otras si así lo estiman oportuno.
 
Los Gobiernos deben proporcionar una serie de condiciones para que todo aquél que lo desee, pueda situarse en el punto de salida. A partir de ahí, la llegada a la meta forma parte de la inteligencia para ofrecer contenidos interesantes que generen audiencia, publicidad y dinero. Como en cualquier otro sector.
 
Lo que no tiene mucho sentido es que el Gobierno Socialista genere los mecanismos para permitir esta fusión ahora, porque algunos medios se lo han pedido para hacer frente a la crisis, cuando hace solo tres años y medio, el PSOE se basó en que tres cadenas privadas no eran suficientes. En nombre de la libertad, la pluralidad y la generación de oportunidades para todos, se concedió un cuarto canal de televisión, La Sexta (Mediapro) un canal analógico a un paso del apagón que dará paso a la TDT en toda España. Sin olvidar Cuatro, del Grupo Prisa.
 
Una vez más, se ha demostrado que el Gobierno actúa siempre en clave oportunista y sin tener una visión clara de la política del sector de los medios que quiere llevar. Todavía resuenan en nuestros oídos las palabras del entonces ministro de Industria, José Montilla: “El Gobierno de España se fijó como uno de sus objetivos aumentar el pluralismo audiovisual: a más oferta, más y mejor televisión”.
 
La cuestión tampoco ha caído bien entre los anunciantes, puesto que piensan que el Real Decreto no favorece la libre competencia, planteando problemas a la hora de optimizar la inversión publicitaria, según afirma el director general de la Asociación Española de Anunciantes (AEA).
 
La cuestión, para quien esto escribe, está en la calidad de los programas y el interés de los mismos. Esta ecuación es la clave para atraer el interés y por ende, la publicidad.
 
Lo que no se puede es cambiar los criterios en función del interés del momento y no en base a una política de medios.
 
Pero a esto, como a tantas otras cosas en las que la improvisación campa a sus anchas, ya estamos acostumbrados desde hace cinco años.
 
Claves de la ley que viene
 
Entre los aspectos que promueve la ley en la que trabaja el Gobierno, hay algunos que no dejan de ser llamativos.
 
Por ejemplo, la fijación que tiene el Gobierno Socialista con el tema de la inversión en el cine. En la nueva ley, se mantendrá la obligación de las cadenas nacionales y autonómicas de invertir en cine europeo el 5% de sus ingresos anuales. El 60% de la cuota, como mínimo, se tiene que dedicar a largometrajes, cortometrajes y telefilmes. El resto, se podrá destinar a series, documentales y dibujos animados.
 
Con estos mimbres, no parece muy probable que los ingresos por publicidad aumenten y se consoliden. Si tenemos en cuenta que el cine español cae en picado, y el interés por el cine europeo en España es menor, es claro que los espectadores buscarán otras opciones que les interese más.
 
Según publicó La Razón a mediados de marzo de 2009, “el cine español perdió en 2008, respecto al año anterior, 1.436.204 espectadores según cifras del Ministerio de Cultura. No llegó a los 15 millones de espectadores (fueron 14.359.230). Sin embargo, la cuota de mercado no ha variado mucho: del 13,47% de 2007 al 13,18% del pasado año. En cuanto a la recaudación, las películas españolas ganaron 81,6 millones de euros, cinco menos que 2007 y una cifra ligeramente inferior a la cantidad invertida por el Estado en subvenciones (85 millones de euros).
 
Entonces, ¿Por qué el interés desmesurado por el cine español? ¿Por qué no se exige una determinada cuota de pantalla para músicos y escritores, por ejemplo? La respuesta es la que usted, lector, tiene en la cabeza. El caso es que quién no cumpla estos requisitos podrá ser sancionado hasta con un millón de euros, so pena de perder hasta la licencia.
 
Otra de las peculiaridades de la ley es el tema de la llamada “diversidad cultural”. Esto es: reserva del 51% de la cuota de emisión anual a obras europeas. El 50% de ese porcentaje marcado tendrá que destinarse a obras que se hayan realizado en cualquiera de las lenguas oficiales de España. El 10% tendrá que dedicarse a productoras independientes y dentro de estas “independientes” tendrán que ser obras realizadas… en los últimos cinco años, (cinco años lleva Zapatero en Moncloa, qué casualidad).
 
¿Quiénes son estas productoras independientes? Mediapro (dueña de La Sexta, el diario Público, productora del películas como Camino y Vicky, Cristina, Barcelona, con ayudas del Estado) que lidera el ranking de producción, Grupo Endemol (Toni Cruz y Josep Mainat, productora de Gran Hermano) y la vasca Pausoka, (que habla de su mercado como Euskalerría).
 
El capítulo dedicado a las obligaciones de las televisiones comunitarias también merece especial atención. Como son canales sin ánimo de lucro, necesitarán una licencia para emitir, pero no para emitir cualquier cosa, sino contenidos sociales y culturales, pero que tienen prohibido emitir publicidad en ellos. Deberán fomentar la participación ciudadana y la “vertebración de tejido asociativo”.
 
Que sepamos, todas las televisiones deben disponer de una licencia para emitir. Si no la tienen y se les ha permitido emitir hasta ahora, es algo que habrá que preguntar a los políticos de turno.
 
Sería deseable que se especificara qué se entiende por “contenidos sociales y culturales”, así como especificar, ya que se está especificando tanto, las cuotas de pantalla que podrán disponer todos los movimientos sociales y culturales, so pena de que al final, como pasa en la realidad, solo se emitan los que interesen al poder municipal de turno.
 
En cuanto a la “vertebración del tejido asociativo” también es deseable que se explique qué tipo de asociaciones son las correctas y las que no lo son.
 
Pero sin duda, lo más importante es comprobar que una vez más, como pasa en tantos otros ámbitos, mediante la ley se decreta lo que podemos ver y producir, el tipo de contenidos que son correctos y los que no.
 
¿No será mejor que sean los mismos espectadores los que decidan qué tipo de programación quieren en sus municipios? ¡Por qué hay que fomentar específicamente el tejido asociativo y no las fiestas patronales del pueblo, por ejemplo?
 
Otro de los aspectos llamativos que se están gestando tiene que ver con la intención de crear un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Se trataría de una “autoridad independiente- ¿de quién?- encargada de velar por la transparencia y el pluralismo de los medios de comunicación, así como de garantizar la independencia e imparcialidad de RTVE. Este organismo, elegido por el Parlamento con mayoría de tres quintos, estará compuesto por un presidente, un vicepresidente, y siete consejeros. Su mandato será de seis años para que no coincida con la legislatura”.
 
En lenguaje cristiano, para que todos lo entendamos: un órgano que dependerá del gobierno de turno y que en el mejor de los casos en el que no tenga mayoría absoluta, será un intercambio de cromos- yo te cedo aquí si ponemos a este señor allá- que decidirá lo que es correcto y lo que no. Cuando un Gobierno se afana tanto en hablar de independencia, pluralismo e imparcialidad, hay que temerse lo peor.
 
¿Y no será más plural y más libre que no haya televisiones públicas y que las que existan se rijan por las leyes del mercado, de oferta y demanda?
 
La falta de libertad, o mejor dicho, el miedo a que las televisiones emitan de acuerdo a su criterio que viene establecido por la demanda del mercado, es pública y manifiesta.
 
La realidad se impone
 
Lo poco que se sabe de la ley no ha dejado indiferente a casi nadie de los que están interesados en que salga adelante: empresas de comunicación y publicistas.
 
En el sector se sospecha que la ley atiende más a parámetros interesados, que al interés supuestamente general. Las televisiones denuncian que el Real Decreto que precede a esta polémica ley, obedece a la necesidad perentoria producto de la crisis y no a la tan proclamada y manida pluralidad. Sin ir más lejos, Mediapro es el único holding que no solo no se está viendo afectado por la crisis, sino que se ha beneficiado de todas las decisiones que ha ido tomando el Gobierno de Zapatero a lo largo de los años.
Primero se crearon las condiciones óptimas para el nacimiento de La Sexta- también de Cuatro (Prisa), que ha duplicado sus ingresos publicitarios con respecto a 2006, aunque arrastra pérdidas de su lanzamiento.
 
Después, la Ley General Audiovisual que se está gestando permitirá a Mediapro ofrecer los partidos a un euro gracias a la TDT de pago que se está estudiando. Por lo pronto, mediante el  Real Decreto aprobado de urgencia, se abre la posibilidad de participaciones cruzadas.- En fin, estamos ante el gigante número uno de los medios de comunicación españoles.
 
Así las cosas, las Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ya ha señalado la necesidad de que exista un debate público y no ir aprobando cosas mediante decretos urgentes, cuando se está trabajando en una nueva ley.
 
La cuestión no reside en que en momentos de crisis se faciliten las condiciones para garantizar la viabilidad empresarial de las televisiones, atomización de las audiencias y cambio de modelo de negocio en el nuevo entorno digital.
 
La cuestión está en que si hay una mayor concentración de la oferta televisiva en menos manos y si se dota, o no, un mayor control del mercado a los operadores. Pero no de un mercado libre, sino de un mercado encorsetado al que se puede acceder si se cumplen porcentajes que atienden a intereses tan peregrinos como inversión en determinados sectores, como es el cine, o a la producción, mediante productoras independientes de programas culturales y sociales (¿?), dentro de una determinada diversidad cultural políticamente establecida de antemano, que fomente el tejido asociacionista.
 
¿Y no será mejor que se produzcan programas de acuerdo a la demanda social real, que se ayude a todos los sectores culturales y que los anunciantes decidan dónde quieren invertir y en qué programas, y los espectadores, lo que queremos ver y lo que no cambiando de cadena?
 
Eso comporta la tan temida libertad.

 
 
Ana Ortiz es Analista Adjunta en el área de Medios de Comunicación.