Menos brotes verdes y más propuestas: los inmigrantes también las necesitan

Hay que reconocer que Zapatero tiene buen olfato para rodearse de gente afín a su causa. El tándem vicepresidencial de la Vega-Salgado está dando sus frutos. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, se nos dice que las cosas van bien y que en todo caso, ya comienza a vislumbrarse lo que los europeos denominan- según la ministra de Economía- “brotes verdes”.

 

Tan verdes como la plantilla del Gobierno, que sigue sin dar pie con bola para tomar medidas ante una crisis que negó- como Judas- hasta la saciedad. Lástima que tal negación nos cueste el paro tanto a  los españoles y como a los que vienen de fuera, en un presente más bien tirando a oscuro, pese a los deseos de tan ilustres señoras.

 

Mientras averiguamos qué color de la paleta de colores nos corresponde según el mundo de nuestro presidente del Gobierno, Europa lo tiene claro: el negro. “España será el último país europeo en salir de la recesión, según Bruselas” (titular de El País del 5 de mayo de 2009). Dice, además, que la Comisión Europea prevé diez trimestres seguidos de contracción económica. ¡Diez trimestres! - que el lector eche cuentas, soy de letras.

 

¿Y qué pasa en España respecto a nuestros inmigrantes? Pues que tampoco pintan bien las cosas para ellos. Tanto, que muchos de ellos temen  incluso, acudir a los comedores sociales por miedo a ser detenidos por encontrarse en situación ilegal. Quien dice comedores, dice centros comerciales, hospitales o terminales de autobuses. Las declaraciones de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, tampoco tranquilizan. Asegura que “la situación de crisis no facilita la integración de los inmigrantes, puesto que crea riesgos de segmentación y tentaciones populistas en la sociedad”.

 

El análisis comparativo de los datos de la EPA del primer trimestre de 2008 y de 2009, refleja que unos 300.000 inmigrantes han regresado a su país a causa del desempleo. De estos, 20.000 estaban afiliados a la Seguridad Social. El resto trabajaba de forma ilegal- tres de cada cuatro-. La explicación más razonable es que la mayoría trabajaba en la construcción de forma no reglada. Recordemos que en España hay unos cinco millones de inmigrantes.

 

Otro dato curioso es que el paro está afectando más a los hombres inmigrantes que a las mujeres, precisamente porque éstas tienen más fácil trabajar en el servicio doméstico, así como en el cuidado de niños y mayores. 7.600 mujeres extranjeras se afiliaron a la Seguridad Social durante 2008, mientras que las pérdidas entre hombres llegó a 24.000 afiliaciones.

 

Los dos únicos sectores donde se podría aplicar la terminología de “brote verde” acuñada por la ministra de Economía son el de empleadas del hogar y el agrario. En el primero son mayoritariamente bolivianas. En el segundo, inmigrantes de origen marroquí.

 

Así las cosas, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anuncia desde Rumania, donde se encontraba en visita oficial, que el Gobierno socialista está dispuesto a conceder ayudas a los rumanos que quieran regresar a su país. En España viven 720.000 rumanos (es la comunidad extranjera mayoritaria), de los que 253.000 están afiliados a la Seguridad Social. En el paro ya hay 70.912, de los que 41.300 cobran alguna prestación por desempleo, cifra que va a ir a la baja, ya que cada mes hay personas que dejan de percibir el subsidio.

 

Con todo, se da una paradoja. El Gobierno afirma que mantendrá la  suspensión de la moratoria sobre los trabajadores rumanos para que puedan seguir trabajando en España sin ninguna traba, en las mismas condiciones que el resto de europeos. El ministro Corbacho asegura que esta medida no ha provocado ningún efecto llamada.  Esto es verdad: la crisis económica ha frenado en seco la llegada de inmigrantes irregulares, hasta en un 53 por ciento.

 

Lógico, nuestro país ya no resulta atractivo para venir, pero sí para quedarse. Se ve claramente en el ejemplo de los rumanos que venimos comentando. Solo tienen previsto marcharse aquellos que no tienen ningún tipo de subsidio, mientras que seguirán aquí los que sí lo perciben, puesto que los 850 euros que pueden llegar a cobrar son una fortuna en Rumania, donde el salario mínimo es de 137 euros, o donde un camarero cobra 80 euros, sin olvidar las prestaciones sociales de nuestro Estado del Bienestar (sanidad y educación, sobre todo).

¿Qué ocurre? Que estamos ante una situación compleja. Por un lado, es conveniente que el exceso de mano de obra tenga la posibilidad de retornar si así lo desea. En paralelo, es interesante retener a aquellos que están cualificados, o darles la oportunidad de que pongan en práctica su cualificación aquellos que la tienen y que se han visto abocados a desempeñar puestos de trabajo inferiores a su preparación. No solo aquí, sino también en sus países de origen.

 

En tiempos de crisis, prima más que nunca la preparación como una de las medidas que pueden contribuir a que los brotes verdes crezcan y luzcan en toda la extensión de su colorido. Mientras este país siga siendo el paraíso del subsidio y la subvención, mal lo tenemos.

 

Ello no quiere decir que quien tenga derecho a percibir su ayuda por desempleo no la reciba. Pero el Gobierno tiene la obligación de generar las condiciones necesarias para que  dichas personas se incorporen cuanto antes al mercado de trabajo y sobre todo, que no se deje marchar a los subsidiados alegremente cuando pueden aportar con su trabajo, y mucho, en vez de a esperar a que escampe en su país y regresen de nuevo en las condiciones anteriores, sin que ellos crezcan profesionalmente y sean los eternos menores de edad. El quid de la cuestión no está tanto en ofrecerles dinero, sino en que tengan ofertas de trabajo atractivas en sus países, de donde salieron precisamente por la falta de horizontes.

 

 

Tal ha sido el caso de los polacos en el Reino Unido. Su llegada a Gran Bretaña debido a la entrada de Polonia en la Unión Europea en 2004, tuvo mucha repercusión por cuanto que medio millón de polacos decidieron probar suerte en el país anglosajón. Sector servicios, construcción y sanidad fueron sus principales destinos. En cinco años, la comunidad polaca creció hasta un millón de personas, llegando a ser la tercera más grande del Reino Unido.

 

La crisis económica y el frenazo de la construcción, sin olvidar la depreciación de la libra esterlina en relación con la moneda polaca (un 40% en los últimos dos años) ha dificultado mucho las cosas. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el retorno de los trabajadores polacos, varios indicadores así parecen corroborarlo. Los trabajadores inscritos en la Embajada de Polonia disminuyen; la Federación de Polacos en Gran Bretaña dice que el volumen de la comunidad está menguando; el Ministerio del Interior confirma que está descendiendo la entrada de trabajadores de Europa Central y del Este.

 

Pero sin duda el factor clave de este retorno tiene que ver con el crecimiento que está experimentando la economía polaca: un ritmo de un 5% anual, cosa que facilita encontrar trabajo, sobre todo, empleo cualificado. Durante los últimos años, la escasez de trabajadores cualificados que habían emigrado fue un obstáculo para el desarrollo. Ahora el horizonte pinta bastante mejor.

En definitiva, para que el exceso de mano desocupada extranjera se alivie en los países receptores de inmigración, como España, sería más rentable facilitar ayudas económicas para el desarrollo de los países de origen, que incluso, vayan ligadas a las ayudas de retorno.

 

 

No basta con aportar un dinero y que se pueda cobrar el subsidio de desempleo hasta agotarlo sin más. Ni ayuda al desarrollo del país de origen, ni alivia el exceso de inmigración futura, ni resuelve la vida del inmigrante, que de nuevo, tendrá que retornar al círculo vicioso que se ha generado. “Pan para hoy y hambre para mañana”. Pero eso, con Zapatero, es algo a lo que ya estamos acostumbrados.

 

La principal política que proponemos es la adopción de una serie de medidas económicas encaminadas al desarrollo de los países de origen, pero protagonizadas por las personas que retornan. Por ejemplo, una bonificación en ese subsidio de desempleo- bien de tipo fiscal para creación de empresas o económica- para aquellos que emprendan o contribuyan al emprendimiento de su país, facilitándoles, además, mano de obra española, e incluso, formación en empresas ubicadas aquí, a modo de prácticas, en vez de hacer los cursos del INEM que mucho nos tememos que sirve de muy poco. 

 

Hay muchos profesionales nacionales que se acogerían a un programa de estas características, porque a la vez que aportan su conocimiento a otro país, puede aprender y crecer profesionalmente. La ayuda a la creación de empresas ya se está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid, bajo el programa de retorno voluntario, aunque no va ligado a bonificaciones al subsidio de desempleo, como se propone aquí.

 

Proponemos también un convenio a triple banda, en la que empresas españolas, o que estén en suelo español, paguen una parte de estas ayudas al retorno, bonificándolas mediante rebajas fiscales, por ejemplo, con el fin de que se impliquen en el desarrollo del proceso.

 

El quid de la cuestión es reconducir, en la medida de lo posible, los flujos migratorios para que se vayan ordenando en un futuro y que no estén expuestos a los caprichos económicos y políticos como es el caso actual.

 

 

Pero vamos más allá. Hay trabajadores que desearían marcharse a otro país- no el de origen necesariamente- y que no lo pueden hacer porque España no tiene los acuerdos pertinentes de homologación de papeles con sus propios socios europeos. Esa es la base del problema. El Gobierno español decidió no firmar en su día un convenio específico para tal fin- un hecho que le ha traído problemas con la justicia europea-.

 

Se trata de la confusión entre el permiso de residencia permanente que se expide en nuestro país y el permiso de residencia de larga duración, una tarjeta acuñada por la UE que sí permite que un extranjero con permiso permanente pueda mantener ese estatus en todo el espacio Schengen. Al no existir un convenio firmado, ni España reconoce dicha tarjeta, ni el resto de países reconocen la nuestra.

 

Esta medida se adoptó para que otros no pudieran llegar hasta aquí. Ahora surte el efecto contrario. Ya se sabe que estas medidas cortoplacista no conducen a nada. En todo caso, proponemos que el Gobierno socialista se ponga manos a la obra lo antes posible.

 

Otra propuesta que ponemos encima de la mesa es que las empresas lleguen también a este tipo de acuerdos internacionales, que faciliten la incorporación de trabajadores, una vez que tengan los permisos pertinentes.

 

 

Comenzábamos poniendo encima de la mesa la idea de tomar las medidas adecuadas para facilitar que se queden aquellos que realmente pueden aportar su trabajo y conocimiento. Las políticas de retorno, pese a que pueden ser parte de la solución, no son fáciles de ejecutar.

 

La cuestión es sencilla. Hay dos perfiles de trabajadores que son más proclives a retornar a su ligar de origen. Los menos cualificados, que agotarán el subsidio de desempleo y regresarán cuando las cosas estén mejor y los altamente cualificados, que desean retornar a su país si ven horizontes para poner en marcha a medio y largo plazo, al experiencia adquirida, como ha ocurrido en el caso de los polacos afincados en el Reino Unido.

 

Alemania está llevando a cabo una política común para combatir el paro, que se podría aplicar en España, no solo a los nacionales, sino también, a nuestros recién llegados vecinos. Se trata de la jornada reducida con ayudas subsidiarias. Así consiguen varios objetivos. El primero, reducir los costos de producción de las empresas. Pueden acogerse aquellas que hayan perdido más del 10% de sus ingresos mensuales como consecuencia de la crisis. La empresa pagará solo las horas trabajadas por el trabajador, pero el Estado aporta cierta cantidad, a modo de complemento, con ayudas a contribuciones e impuestos sociales. El sistema está limitado a 18 meses, pero el Ministro de trabajo Olaf Scholz va a ampliarlo a 24 meses.

 

Creemos que este sistema se podría aplicar también en España para aquellos que están cotizando. Es preferible que el Gobierno aporte parte del subsidio de desempleo futuro a esperar que la empresa quiebre o el trabajador tenga que ser despedido para que cobre la totalidad del subsidio, que será un dinero que servirá solo y exclusivamente para la supervivencia del parado y no generará ningún aporte a la economía en concepto de desarrollo de trabajo. Una vez más, la cuestión es ayudar a que no se destruya nuestro tejido empresarial, que es la clave de nuestra economía.

 

Este tipo de propuesta podría ayudar también a “enganchar” a aquellos inmigrantes cualificados que están pensando en marcharse. Su experiencia y cualificación es vital, como lo fue anteriormente para el crecimiento económico de nuestro país.

 

Una última aportación es la del retorno temporal, de tal manera, que los inmigrantes mantengan sus lazos en ambos países. De esta forma, los retornados contribuyen al desarrollo de su país, sin perder derechos en el país de acogida, facilitando la transferencia de conocimientos entre ambos países, algo que beneficia a ambos.

 

 

El deseo de salir de la crisis es unánime para todos por diferentes razones: económicas, sociales, políticas y humanas. En ese barco estamos todos y sería deseable, ahora más que nunca, que las políticas económicas vayan encaminadas a salir cuanto antes de esta situación con las herramientas y recursos que tenemos, pero que no sean cortoplacistas, sino que además, contribuyan a sentar unas bases para que el futuro no se convierta en una rueda de tiovivo en el que estamos siempre dando vueltas.

 

En los años recientes, la llegada masiva de inmigrantes a España contribuyó en buena medida a nuestro desarrollo económico, aunque esta entrada desordenada y sin responder a ningún tipo de política sensata, más allá de la foto, está trayendo consecuencias para todos.

 

Ahora se nos presenta una estupenda oportunidad de ir sentando las bases para orquestar unos flujos migratorios ordenados, de manera que la integración de nuestros nuevos vecinos sea lo menos traumática posible, además de plena.

 

Hemos dicho en estas páginas en más de una ocasión que el trabajo es la mejor manera de integración posible, pero no solo aquí, sino también, en los países de origen e incluso, en terceros países.

 

El Gobierno tiene la oportunidad de oro de hacer las cosas bien. Aquí va algunas modestas propuestas que pueden servir de base, aunque sea, para comenzar a razonar sensatamente, con el deseo de que esos “brotes verdes” vayan algo más allá que el estampado de la blusa de la ministra.