Hay rasgos que ni la amnesia política ni las pasiones nacionalistas pueden borrar. Uno de ellos es el deseo reprimido de ser un guerrero del antifaz en lucha contra los facinerosos y los malos del mundo.

 

Si no me creen, no tienen más que fijarse en un par de noticias de esta semana: la primera, la querella de activistas españoles que iban en la flotilla turca sobre Gaza contra el primer ministro israelí y seis miembros de su Gobierno por un supuesto atentado de lesa humanidad.

 

La segunda, la reapertura de la causa por el supuesto asesinato a manos de soldados americanos del cámara español Couso en 2003 en Bagdad. Y antes, la llamada justicia universal, de la que nuestros jueces se creen dotados, había intentado sentar en el banquillo a militares israelíes, ministros chinos y, cómo olvidarlo, a Pinochet. Lo curioso de estos guerreros del antifaz post-modernos es que nunca persiguen a dictadores, torturadores o asesinos de izquierdas.

 

Ni musulmanes, por supuesto. ¿Estarán ya preparando miles de órdenes de busca y captura contra las tropas de la OTAN, incluidas las españolas, por los supuestos desmanes expuestos con la filtración de esas 90.000 páginas de documentos secretos sobre la guerra de Afganistán? ¿Se atreverán los garzones españoles a tramitar una querella contra la responsable política de lo que hubiera ocurrido en aquellas tierras, nuestra flamante ministra de Defensa, Carmen Chacón?

 

España y los jueces de la Audiencia Nacional deberían dejar de hacer el ridículo cuanto antes. Ni somos superhéroes ni nadie nos ha dado competencias para entrometernos en los asuntos que pueden ser perfectamente investigados y juzgados por las instituciones de naciones democráticas, vecinas y aliadas, llámense Israel o EEUU.

 

No sé qué pensarán sus señorías en la Audiencia Nacional acerca del bloqueo naval israelí sobre las costas de Gaza, pero cumple con los requisitos de una práctica común que no está codificada en ninguna convención internacional: está públicamente anunciado, claramente demarcado, y no es indiscriminado, puesto que se permite la ayuda humanitaria siempre que se descargue en un puerto designado y bajo el control de observadores de terceras partes. Por otro lado, sería ingenuo pensar que los demandantes recurren a acciones legales por un prurito de justicia. No, lo hacen siguiendo motivaciones políticas.

 

Lo mismo que buscaban cuando se embarcaron rumbo a los soldados de Israel, en busca de una confrontación innecesaria. Sólo hay que ver su currículum. De la venta de la Mecca Cola a cobrar subvenciones de ayuntamientos socialistas y de Moratinos con las que alimentar su odio antisemita. Si fuéramos serios, estaríamos implorando en estos momentos al ejército israelí que nos enseñe cómo actuar causando tan pocas bajas, a ver si así conseguimos enderezar nuestras actuaciones bélicas en suelo afgano, donde los civiles muertos superan con creces las bajas en Gaza.