Los daños colaterales de la opa

(Publicado en La Razón, 7 de mayo de 2007)

 

Ahora que parece que la opa sobre Endesa llega a su capítulo final, con la principal eléctrica española en vísperas de ser troceada, renacionalizada y controlada por el Estado italiano, puede resultar útil analizar los «daños colaterales» de esta operación.

 

Comencemos por su génesis. El Pacto del Tinell (suscrito por separatistas catalanes, comunistas y socialistas) explicita en su punto octavo la voluntad de «actuar desde la Generalidad de Cataluña, en concertación con el sector privado, para crear operadores catalanes en el sector de la energía». La opa sobre Endesa la lanza Gas Natural, controlada por La Caixa, que a su vez condona 6,5 millones de euros al PSC, de cuya ejecutiva forman parte el ministro de Industria, José Montilla, y la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, Maite Costa. Ambos protagonizan la redacción del Pacto del Tinell. Más adelante, con la opa mejorada de E.On ya sobre la mesa, el secretario general de la Energía, Ignacio Nieto, también del PSC, ofrece a Acciona apoyo en el control de Endesa mediante el paquete accionarial de la SEPI (2,95% del capital) y de La Caixa (2 por ciento). Mientras Zapatero, Fernández de la Vega, Solbes y los palmeros mediáticos habituales afi rmaban que la opa de Gas Natural era una «operación exclusivamente empresarial», el ministro Rubalcaba aclaró que «la opa de Gas Natural es medio Estatuto de Cataluña».

 

Pasemos ahora a los daños colaterales en forma de descrédito institucional, que afectan a la Comisión Nacional de la Energía, el Tribunal de Defensa de la Competencia, la CNMV y el Banco de España.

 

El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía manipuló el informe negativo de los técnicos sobre la adquisición de Endesa por Gas Natural, cambió radicalmente sus conclusiones y recomendaciones y aprobó dicha operación. Por si fuera poco, el Gobierno de Zapatero aprobó la fusión Gas Natural- Endesa a pesar del dictamen desfavorable del Tribunal de Defensa de la Competencia. Tan grave fue la violación de la ley que la Justicia española se vio obligada a suspender cautelarmente la decisión del gobierno. Las tropelías de la CNE continuaron con la aplicación ilegal del «Decreto Anti E.On» contra la eléctrica alemana, que obligaron a la Comisión Europea a denunciar al Estado español ante los Tribunales europeos por violación del derecho comunitario. Los oscuros intereses de La Moncloa en la opa, a favor de Enel y en contra de EOn, que se tradujeron en intensas presiones de los asesores económicos de Zapatero y del vicepresidente de la CNMV sobre el resto de consejeros supuestamente independientes del regulador, incluido el subgobernador del Banco de España, fueron posteriormente revelados por Manuel Conthe, el ya ex presidente de la CNMV. Esas presiones evitaron las sanciones sobre Acciona y Enel que propugnaban los informes jurídicos de los técnicos de la CNMV. El descrédito institucional es brutal y afecta a las principales instituciones económicas españolas. El Tribunal de Defensa de la Competencia resulta desacreditado por el desprecio que el Gobierno ha manifestado respecto de sus informes y por la patética sumisión de su presidente, Luis Berenguer, al Gobierno de Zapatero, al que aconsejó ignorar el informe del propio Tribunal que preside. La Comisión Nacional de la Energía ha perdido toda su respetabilidad tras la manipulación y adulteración efectuada por los consejeros de los informes de los técnicos de la CNE, pero también como consecuencia de la aplicación ilegal por la CNE del Decreto Anti E.On. Ambos son hechos gravísimos.

 

La CNMV sufre también daños irreversibles. La dimisión de su presidente ha servido para revelar la sumisión de la mayoría de los consejeros supuestamente independientes a los intereses y presiones del Gobierno socialista, a la vez que ha desvelado sospechosos intereses personales del vicepresidente de la CNMV, Manuel Arenillas, y de los dos asesores económicos de Zapatero, Miguel Sebastián y David Taguas, que han sido acusados ante la Fiscalía Anticorrupción de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

 

El Banco de España tampoco escapa a los daños colaterales. Su subgobernador, José Viñals, demostró ser un auténtico comisario político del gobierno socialista en el consejo de la CNMV. Su voto fue decisivo para evitar las sanciones sobre Acciona y Enel que aconsejaban los informes jurídicos de la CNMV. A la vista de los hechos, ninguna duda cabe de que desde el primer momento la opa sobre Endesa ha sido una operación política liderada por Zapatero. Intervencionismo público en estado puro, que puede haber traspasado los límites de la ley para entrar en el terreno del Código Penal y que ha provocado daños gravísimos e irreversibles en las instituciones económicas españolas, hasta entonces respetadas internacionalmente.

 

Prestigiosos diarios como el «Financial Times» o «The Wall Street Journal» han afi rmado que «el gobierno español se está cubriendo de gloria» y han acusado al gobierno de «intervencionista», denunciando la escasa seguridad jurídica que proporcionan ahora las instituciones económicas españolas supuestamente neutrales. El prestigio y la respetabilidad de las instituciones cuesta mucho trabajo ganarlo, pero muy poco perderlo. La calidad de las instituciones públicas es un factor esencial para atraer nuevas inversiones y conservar las existentes. El daño causado por el gobierno de Zapatero a las instituciones mencionadas es en buena parte irreversible y sus efectos negativos se irán percibiendo de forma progresiva.