Limpiar los establos de Augias

por Eduardo Mackenzie, 17 de febrero de 2010

 

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia tiene nueva presidenta: María del Rosario González. El periódico El Espectador la entrevistó el pasado miércoles, pero la magistrada respondió de manera tan lacónica que no se pudo saber qué piensa ella como ciudadana ni que hará como jurista. A una pregunta sobre la propuesta que existe en la CSJ de patrocinar una “comisión histórica de la verdad” -pues ahora los altos magistrados quieren incursionar también en la historia, y decretar qué debemos pensar acerca de lo que pasó o no pasó en nuestro país en los años recientes-, ella contestó con tres palabras vacías: “Sigue en pie”.
 
El periodista preguntó sobre una serie de temas relacionados con el trabajo de la sala penal, pero ella no los pisó ni cedió un ápice en su política de esquivar las preguntas. En la lista de temas del periodista (quien olvidó firmar su entrevista) hubo una curiosa ausencia: la FARC-política. Nada hubo sobre ese punto: ni una sombra de pregunta, ni una sombra de respuesta. Ese tema, al parecer, no existe en la imaginación de ese matutino. No sabremos pues, por ahora, qué piensa al respecto, sobre esa cuestión tan importante para la paz y la prosperidad del país, la nueva presidenta de la sala penal. 
 
Lo que la magistrada sí quiso mostrar es su disciplina respecto de la visión que tiene Augusto Ibáñez, ex presidente de la CSJ, sobre la elección del nuevo Fiscal General. María del Rosario González es partidaria de la continuidad ideológica más estricta. Ella dijo: “Los conocimientos en derecho penal son necesarios, porque el sistema penal acusatorio requiere del protagonismo del Fiscal.” En otras palabras, la nueva presidenta de la sala penal continuará la batalla contra la Constitución colombiana que lideró con cierto éxito el doctor Ibáñez, para vergüenza del país.
 
Esa ofensiva comenzó como una mala querella contra el presidente Álvaro Uribe y terminó en algo mucho peor: en un desafío constante a la Constitución. Pues pedir especialidades particulares que la Constitución sabiamente no exige al Fiscal General es hacer de la Constitución un trapo. La Constitución es, por el contrario, norma de normas. Es el molde estricto, severo, que la sociedad se puso a sí misma, al Estado y al gobierno, es decir a todos los poderes, constituidos o informales, de la República, para que las libertades no sean menoscabadas por los funcionarios, ni por los particulares. Un magistrado no puede inventar exigencias que la Constitución no contempla.
 
La doctora González al decir que “los conocimientos en derecho penal son necesarios, porque el sistema penal acusatorio requiere del protagonismo del Fiscal” da a entender, por otra parte, que ella hace del sistema acusatorio un fetiche y que estima que los integrantes de la terna propuesta por el jefe del poder ejecutivo carecen de los conocimientos mínimos en derecho penal, lo que es un insulto para esos profesionales del Derecho.
 
Es una lástima que María del Rosario González se inscriba en una dinámica de conformismo y no se muestre dispuesta a romper con el pasado de la tan cuestionada sala penal y con sus lamentables enfoques tan matizados de política y de ideología. Pues lo que está detrás de las tesis defendidas públicamente por el magistrado Ibáñez y sus discípulos es el llamado “nuevo constitucionalismo” queestá haciendo estragos en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina.
 
Por más de que la magistrada no quiera reconocerlo, la CSJ y la sala penal han acogido esa tesis peligrosa, la cual busca minar los principios del Derecho forjados durante siglos por Occidente. El feo espectáculo protagonizado por la sala penal desde hace más de cinco años, su tolerancia ante las intrigas judiciales de grupos revanchistas, su venia ante llamamientos a juicio aberrantes, no respaldos por pruebas, aparecerá un día ante la ciudadanía como el momento más oscuro de la vida judicial colombiana.
 
La doctora María del Rosario González podría poner fin a ese estado de cosas. Lo primero que tendría que hacer es derribar esa caricatura de proceso que la Fiscalía adelanta contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Ese proceso es monstruoso, es un concentrado de anomalías y de temeridades, que la Procuraduría General se atrevió a criticar. Esa institución pidió por eso la absolución del acusado.
 
Contra ese ciudadano se vienen empleando las peores mañas y artimañas, falsamente jurídicas, que una democracia como la colombiana no puede jamás cohonestar ni respaldar. De hecho, lo que se está haciendo contra ese digno militar es simplemente aplicar el método del “esquema previo”, un invento monstruoso de la justicia stalinista, que consiste en hacer que los instructores consigan los “testimonios”, “confesiones” y “pruebas materiales” (todos falsos) que hundan al acusado, ignorando y ocultando todo lo que pueda inocentarlo, pues el acusado es un condenado de antemano.
 
¿Escogerá la magistrada María del Rosario González la vía virtuosa y abrirá por fin una compuerta para que el río Alphée limpie los establos de Augias?
 
 
Eduardo Mackenzie. Periodista, última obra publicada: Les FARC où l’échec d’un communisme de combat. Colombie 1925-2005