"Ley Sinde": Luddites Movement del siglo XXI

por Ana Ortiz, 7 de abril de 2010

 

El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprobado a finales de marzo de 2010 la Ley de Economía Sostenible (LES) (1), cuya lectura no tiene desperdicio, aunque nos centraremos en la Disposición Final Primera por incluir una serie de restricciones que la han hecho más famosa de la cuenta, hasta ser bautizada por el respetable como “Ley Sinde” en honor a la ministra de Cultura, Ángeles González- Sinde, que solo en Facebook, suma unos 200.000 detractores repartidos en diferentes grupos.
 
La razón es muy sencilla. La Disposición Final Primera no se adapta a unos tiempos en los que el sistema de retribución a los artistas, basado en los derechos de propiedad intelectual, no casa con las nuevas reglas del juego impuestas por Internet. Una Ley que habla de Economía Sostenible, pero mina uno de los pilares básicos de la economía mundial: la globalización de la información y del conocimiento, la segunda de las tres revoluciones que se están sucediendo en los últimos quince años (económica, informativa y humana).
 
La Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible defiende un tipo de relación económica en el campo intelectual a todas luces insostenible, valga la paradoja. El presidente Zapatero, a través de la ministra de Cultura, nos traslada a principios del siglo XIX y el Luddites movement: movimiento social nacido entre el proletariado textil británico que destruía las máquinas como símbolo de protesta ante el temor de los cambios propios de la Revolución Industrial. Como pasó a mediados del siglo XX con el nacimiento de los primeros ordenadores.
 
El presidente Zapatero ha desestimado las advertencias del Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. El Gobierno Socialista no ha introducido los cambios solicitados por diferentes movimientos sociales de derechas y de izquierdas: que el Ministerio de Cultura no tenga la potestad, sin previa orden judicial, de cerrar páginas webs que enlazan con contenidos protegidos por derechos de autor.
 
Algo que ha encantado a Hugo Chávez, hasta tal punto, que ha creado una ley parecida en Venezuela. Según el presidente venezolano “Internet no puede ser una cosa libre donde se haga y dice lo que quiera“... salvo si se habla de él: Hugo Chávez tiene unos 25.000 fans distribuidos en diferentes páginas donde loan su figura. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales de Venezuela especifica que un cuerpo de comisarios políticos decidirá qué webs tienen derecho a existir y cuáles no. Cerrarán aquellas que atenten “contra la paz social”. Lo mismo que ocurre en Irán, China o Cuba. Triste espejo en el que nos miramos.
 
El Gobierno español tiene en pie de guerra a los internautas y es criticado por economistas que no ven justificación alguna en este proceder. Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la LES debería flexibilizar la cesión de derechos de propiedad intelectual por entender que, lejos de favorecer el desarrollo de una herramienta clave como es Internet en el nuevo entorno global, pondrá dificultades, además de no facilitar la producción artística. [Informe, la Ley de Economía Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas (2)]
 
Antes de seguir adelante con este análisis, aclarar que se defiende plenamente los derechos de los autores, puesto que es perfectamente lícito que quieran vivir del rédito de sus creaciones. Lo que se expone a lo largo de estas líneas es la sinrazón de una Ley que no les favorece, ni a ellos, ni a la sociedad en general.
 
¿Estamos dispuestos a retroceder dos siglos y sumarnos al Luddites movement?
 
Sobre la Disposición Final
 
El Gobierno que se arroga para sí el término Progreso y presuntamente abanderado de la Libertad ha dado luz verde a una Ley que sitúa los derechos de autor por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la privacidad, la seguridad, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la libertad de expresión.
 
Lo que puede parecer una exageración se sustenta en un principio muy simple: el Gobierno del señor Zapatero otorga potestad al propio Ministerio de Cultura para arbitrar, mediar, salvaguardar y suspender si es preciso los derechos fundamentales de los internautas a través de la Comisión de Propiedad Intelectual formada por los propios creadores y consumidores (¡!).
 
Primer asalto: la supresión de los derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial previa sentencia. La denominada Comisión de Propiedad Intelectual podrá impedir que cualquier ciudadano acceda libremente a las webs que desee si así lo considera. En presunta defensa del Copyright, el Gobierno de turno podrá impedir que personas o empresas que hayan adquirido legalmente derecho de utilización de obras, y modificarlas según sus necesidades, previo acuerdo, no puedan hacerlo a través de Internet. Una web podrá ser clausurada solo con tener un anuncio de Google por considerarse que la página virtual tiene ánimo de lucro no declarado.
 
La inseguridad jurídica está servida. Los perjudicados: ciudadanos y creadores, unos por no poder acceder a la información y otros por tener cerradas las puertas del mundo global veinticuatro horas al día, siete días a la semana. El anunciado cambio económico basado en las nuevas tecnologías tendrá que esperar, perjudicando gravemente nuestra maltrecha economía. La presunta defensa de unos pocos entorpecerá la creación de nuevas empresas, trabará la libre competencia, el intercambio cultural y por ende, el conocimiento mundial de las mismas.
 
La “Ley Sinde” mina otro de los pilares fundamentales de nuestra convivencia: el acceso democrático y espontáneo de la información de la índole que sea. ¿Quién hubiera soñado hace tan solo quince años que cualquier creación, comentario, opinión, poema, canción, idea, invento podría compartirse inmediatamente con el mundo entero?
¿Qué artista no desea ser mundialmente conocido? ¿Existe mejor publicidad- y más barata- que colocar nuestra obra en Internet con solo un par de clics? ¿Realmente se preservan así derechos económicos de los autores, cuando se les cierra todo una potencialidad mundial?
 
Hablemos de números
 
Hasta aquí el Derecho. Ahora los datos. Segundo asalto. En la memoria económica de la Ley de Economía Sostenible se pasa por alto esta Disposición Final, algo que no contribuye precisamente a otorgar credibilidad a este proceso, además de demostrar que se desconoce por completo el uso que los españoles hacemos de Internet.
 
Según datos de la consultora AIMC, en España hay once millones de internautas, entre los veinticinco y los treinta y cuatro años. Ocupamos el décimo quinto lugar en el ranking mundial. El 81 por ciento de los usuarios nos conectamos desde casa. El 94 por ciento accedemos fundamentalmente para navegar por Internet. El 89 por ciento intercambiamos información, de la naturaleza que sea. Según un Informe de la Fundación BBVA, el 65 por ciento busca ocio fundamentalmente.
 
Los mayores índices de penetración (superiores al 50 por ciento) están en los lugares de España mejor situados económicamente: Madrid, Baleares, Cataluña y País Vasco. Los menores (inferiores al 40 Por ciento) en Andalucía, Extremadura (aunque ha dado un salto espectacular), Castilla La Mancha, Castilla León, Murcia y Galicia.
 
Esto datos confirman que el uso de Internet es una práctica en alza en España aunque hay que seguir promocionándola, sobre todo, en etapas infantiles y adolescentes, puestos que la red de redes es y será cada vez más, uno de los instrumentos principales para movernos en el mundo global.
 
Descargas ilegales. Según el último informe del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) (3) los españoles no actuamos tan “ilícitamente” como se nos presume con leyes como la recién aprobada o el cannon digital. El 70 por ciento de los adultos navega de acuerdo a lo considerado legal, siendo un 60 por ciento el porcentaje de los jóvenes. La mayoría de las descargas consideradas ilegales que se realizan son de películas y música. A partir de ahora, la red se perderá entre un 30 y un 40 por ciento de visitas, en un país donde el 65 por ciento accede a Internet buscando entretenimiento.


 

Fuente: Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres (3).
 
 
Veamos algunos datos económicos. Según el último Informe sobre volumen de negocio anual comercio electrónico en España (último trimestre de 2009) elaborado por la CMT (4), este tipo de transacción económica ha pasado de los algo más de 127.000.000 euros en 2001, a más de 5.000.000.000 euros en 2008.


Fuente: CMT

 
Siempre según la CMT, las diez ramas de actividad con mayor porcentaje de volumen de negocio del comercio electrónico a finales de 2009 eran estás:
Las agencias de viajes a la cabeza (15’8 por ciento), transporte aéreo (14,8 por ciento), marketing directo (7’5 por ciento), transporte terrestre de viajero (7’3 por ciento), juegos de azar y apuestas (5’7 por ciento), espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3’8 por ciento), servicios legales, contabilidad y gestión (3’6 por ciento), educación (2’7 por ciento), hoteles, apartamentos y camping (2’4 por ciento), ordenadores y programas informáticos (2’3 por ciento), electrodomésticos, radio, televisión y sonido (2 por ciento).
 
 


 

Fuente: CMT


 

¿Cuántas agencias de viajes, empresas de comunicación o salas de juego habrán tenido que reconvertirse en los últimos años para adaptarse al nuevo entorno comercial globalizado? ¿Cuántas leyes se han sancionado para proteger los presuntos derechos de estos profesionales? Si el 70 por ciento de los españoles no “piratea”, según los datos analizados anteriormente. ¿Por qué no está la industria cinematográfica y discográfica entre los diez primeros segmentos de comercio electrónico?
 
Algo tendrá que ver la falta de interés de los españoles en nuestra taquilla ampliamente subvencionada, o las cantidades ingentes de recopilaciones de canciones de todos los tiempos y la escasez de nuevos compositores.
 
Fedea, en un artículo titulado “Derechos de propiedad: derechos de autor” (5), expone claramente la “Ley Sinde”, lejos de favorecer a la industria cultural española, actuará en detrimento de la misma: los jóvenes navegarán menos, utilizarán menos la red, reducirá las posibilidades de compra y de compartir. Lo que es lo mismo: minimizará las posibilidades de que los adolescentes aprendan a manejar una herramienta que es ya el presente de nuestro mundo global.
 
No se entiende el afán de algunas Administraciones Públicas por regalar ordenadores a los niños si se limita el uso de lo que más les gusta.
 
En paralelo, en el cuadro adjunto queda reflejado que los más perderán son aquellos artistas que necesitan más promoción y menos exclusividad, mientras que los artistas que más dinero y fama tienen, se verán más afectados, pero incidirá muy poco en sus ya abultados ingresos. Se observa que los artistas tendrán más posibilidades de hacer lo que más desean, actuar en público, que es donde ganan dinero realmente, salvo que sean ellos mismos los productores de su obra. Tercer asalto.

 


  
Fuente: Fedea
 


 

El cambio tecnológico lleva consigo el cambio en la producción de bienes y servicios... como en tiempos del Luddites Movement.
 
Puertas al campo
 
El Gobierno de Zapatero acaba de dar un nuevo paso en la dirección contraria, esta vez, en el campo de las libertades y el progreso por un mal entendido progresismo, que consiste, al parecer, en volver a los tiempos en que trabajadores del mundo pensaban que las máquinas supondrían el fin de sus días, hasta que la realidad les demostró que la tecnología ha sido, es y será, una magnífica aliada del ser humano, puesto que es, entre otras cosas, producto de su creatividad, condición número uno de nuestra especie.
 
La tristemente denominada “Ley Sinde” pasará a la historia del derecho como paradigma de la coacción, la merma de derechos democráticos, sin olvidar el cierto aire a componenda para apoyar a los que han cumplido su parte en el engranaje de la propaganda en tiempos electorales.
 
Los artistas, al igual que cualquiera de nosotros, tienen derecho a vivir de su trabajo, pero deben adaptarse a los nuevos modelos de negocio que la sociedad globalizada ha impuesto. Es un buen momento para hacer acopio de toda su genial creatividad para adaptarse a las nuevas circunstancias que seguirán su curso, nos guste más o menos. 
 
Todo lo demás es dar oxígeno a un cuerpo sin vida. Todos estamos montados en la máquina del tiempo rumbo al futuro. Ni el más férreo control, ni la merma de los derechos fundamentales, tantas veces sacados a colación en vano, podrán para el tren de alta tecnología en que estamos viajando, porque ello sería tanto como pedir al hombre (miembros y miembras) que deje que crear, de pensar, de imaginar de inventar.
 
Los Gobiernos- y más los que se auto califican progresistas- deben facilitar las herramientas legales para que todas las profesiones se adapten al mundo que les ha tocado vivir. Alternativas eficaces y creíbles en vez de interferir en la libertad de los ciudadanos, y en su bien último, que es la privacidad y el derecho a un juicio con un juez al frente.
 
Internet ha dado alas al anónimo, que se ha hecho protagonista en cualquier parte del mundo, a cualquier hora y en cualquier temperatura.
 
... y por favor, si le ha gustado este análisis... ¡Reprodúzcalo, difúndalo, compártalo! Nada me llenaría más de satisfacción.

 


 

Ana Ortiz es Licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo, Universidad Complutense de Madrid. Master en Radiodifusión por RNE y períto grafólogo por la Facultad de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Asesora política, experta en relaciones institucionales para Iberoamérica, en protocolo empresarial y liderazgo. Asesora en campañas electorales sobre comunicación en Internet y redes sociales. En el Grupo, es Analista en Inmigración y Seguridad interior y Analista de Medios de Comunicación. Ha participado en debates y entrevistas en Libertad Digital TV, Telemadrid y Radio Intereconomía en temas y cuestiones de inmigración.
 
 
Notas
(1) Ley de Economía Sostenible
(2) Informe La Ley de Economía Sostenible y las reformas estructurales: 25 propuestas
Artículo 20 de la Constitución Española
(3) Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y e-confianza de sus padres http://aui.es/IMG/pdf_estudio_habitos_seguros_menores_y_econfianza_padres_versionfinal_accesible_inteco.pdf
(4) Volumen de negocio acumulado anual de comercio electrónico en España
(5) Derechos de la propiedad intelectual: derechos de autor (Fedea)