Las reformas en la política de defensa francesa. Un primer balance

por Félix Arteaga, 1 de febrero de 1999

La reestructuración de la defensa nacional francesa no es una más entre las innumerables reformas que afectan a las fuerzas armadas de toda Europa. Francia es una gran potencia militar con compromisos globales de seguridad, cuenta con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de NNUU, dispone de capacidad nuclear autónoma y posee una potente industria militar, aunque quizás su mayor peculiaridad sea el alto grado de identificación de la sociedad francesa con su defensa. Según datos estadounidenses de 1997, la contribución militar de Francia a la OTAN es fundamental: la segunda fuerza aérea de combate (11%), la tercera naval (6,5%) y la cuarta terrestre (6,2%); así como lo es su contribución a las operaciones internacionales de apoyo a la paz: la tercera en la financiación (10,1%) y la cuarta en personal (10,8%).

Los manidos cambios estratégicos de la guerra fría pusieron en marcha un proceso de reflexión que condujo al Libro Blanco de 1994 y a la Ley 96/589 de 2 de julio de1996, de programación para 1997 a 2002. Según la presentación del Presidente francés en la Ecole Militaire, en febrero de 1996, las reformas eran esenciales por los cambios estratégicos de posguerra, pero la valoración de las reformas no debe efectuarse en función de las circunstancias de partida sino en función de los objetivos que se fijan y su adecuación al contexto internacional. De esta manera, la reforma se justifica como un proceso de adaptación de la capacidad militar a las necesidades de la política global francesa y de la seguridad internacional entre 1997 y 2015. Francia confía a sus Fuerzas Armadas la defensa de la integridad de la nación y de sus ciudadanos (intereses vitales), pero ahora reconoce que sin amenaza en sus fronteras ni perspectiva de conflicto interestatal, su empleo es más previsible en apoyo de la estabilidad de los espacios europeo y mediterráneo y los vinculados a los intereses económicos (intereses estratégicos), los compromisos derivados de sus territorios de ultramar y la responsabilidad del Consejo de seguridad (intereses de potencia), así como los derivados de la globalización de la defensa, comprendiendo también los aspectos no militares para hacer frente a los riesgos económicos, sociales y culturales que pueden poner en peligro la cohesión nacional (seguridad en sentido amplio). Para garantizar esos intereses, Francia puede utilizar una vía unilateral o multilateral. Su condición de gran potencia le permite -y le obliga- a disponer de presencia y poder militar para actuar de forma directa, asumiendo unilateralmente la defensa de sus responsabilidades no compartidas, como sus territorios de ultramar y sus compromisos con la francofonía. Francia también puede atender a sus intereses de seguridad recurriendo a sus aliados, para lo que precisa multilateralizar sus intereses y conseguir el respaldo colectivo a sus iniciativas en el Consejo de Seguridad de NNUU, la Unión Europea, la UEO y con la OTAN. Por eso, el éxito de las reformas francesas depende no sólo de la lógica de sus planificadores, sino también de su acogida por la sociedad francesa y sus aliados y de la evolución de las circunstancias domésticas e internacionales de la seguridad. Así, la estrategia francesa de reintegración en la nueva estructura militar de la OTAN ha fallado al no apoyar los aliados su reivindicación del mando regional de Nápoles.

La disuasión

Tal y como ha quedado definida en el diseño actual, la contribución militar a la estrategia global francesa se cifra en cuatro funciones básicas de disuasión, prevención, proyección y protección. La posibilidad de recurrir, o de amenazar con recurrir, a los medios nucleares para defender sus intereses vitales es una posibilidad de la que sólo disponen las potencias nucleares como Francia. Su empleo sigue centrado en el escenario más peligroso -y menos probable- de un conflicto generalizado en Europa que acabe afectando a sus intereses vitales. Las reformas pretenden mantener la flexibilidad, visibilidad y modernización de sus fuerzas nucleares preservando una diada de instrumentos submarinos y aéreos. La Fuerza Estratégica Oceánica contará con cuatro submarinos nucleares, de los que se espera mantener dos en patrulla permanente, y armados con misiles balísticos M45, a los que se irá sustituyendo con los M51 para que alcancen el año 2040. La Fuerza Aérea Estratégica contará con los bombarderos Mirage 2000N hasta que puedan ser reemplazados por los Rafale y los misiles aire-tierra de alcance medio (ASMP) que serán progresivamente mejorados (ASMP 2G). Por el camino de las reformas se quedarán los misiles Hàdes (30 lanzadores), los lanzadores de la plataforma de Albión (18 misiles) y las plantas de producción y ensayo del Pacífico.

Sin embargo, la disuasión no depende sólo de la voluntad francesa. Por un lado, la desmovilización tecnológica e industrial coloca a la disuasión nuclear francesa en la senda de la colaboración tecnológica con los Estados Unidos. Por otro, los acuerdos y regímenes globales de no proliferación en los que Francia ya participa tienden a limitar el margen de autonomía del que disponía hasta el presente. Finalmente, el recurso al arma nuclear precisa la anuencia de sus aliados y Francia no ha conseguido normalizar su contribución nuclear a la OTAN, compartir con el Reino Unido las tareas nucleares o concertar con sus socios comunitarios una dimensión nuclear de la identidad europea de seguridad y defensa. Además, la disuasión, incluso con una suficiencia estricta de medios como la que se pretende, funciona respecto a actores racionales que tengan algo que perder, una calificación que no puede aplicarse a todos los que participan en la carrera de la proliferación. Si fracasan, como parece previsible, los intentos de impedir el acceso a los medios de destrucción masiva de estos actores irresponsables, estatales o transnacionales, mediante los acuerdos internacionales de no-proliferación y desarme, la única respuesta militar sería la contraproliferación y ésta no está prevista en los planes de las reformas francesas. La complejidad tecnológica y financiera hace imposible la autonomía francesa en este terreno, pero la peculiar situación de Francia en la OTAN dificulta su integración en los programas aliados. La renuencia francesa a admitir la contraproliferación en el ámbito del artículo 5 de la OTAN, su empeño en desarrollar un sistema propio o su carencia de sistemas de detección de alerta temprana de lanzamientos multiplican las dudas sobre la viabilidad de una disuasión fundada en la represalia. Por lo tanto, la modernización preserva la disuasión francesa hasta el límite temporal previsto, pero será difícil de mantener más allá esa capacidad sin la cooperación tecnológica estadounidense, la coordinación operativa con el Reino Unido o la concertación política con sus aliados europeos y trasatlánticos.

La prevención

Su condición de potencia internacional obliga a Francia a anticiparse a otros actores a la hora de hacer frente a las crisis internacionales que acaben afectando a sus intereses para no ir a remolque de las circunstancias. Por ello, las reformas insisten en articular una estrategia de alerta temprana que acerque la inteligencia y el preposicionamiento de equipos a las zonas potenciales de conflicto. En una sociedad informacional donde la información y el tiempo necesario para su procesamiento constituye la principal fuente de poder, la autonomía de decisión francesa depende de su capacidad de captación, análisis y reacción, algo que ha quedado muy claro tras el estrepitoso fracaso de la inteligencia francesa durante la crisis de Ruanda de 1994.

Por eso, la Dirección de Información Militar (DRI) está aglutinando y racionalizando los medios de información humana, espacial, fotográfica y electromagnéticos dispersos por los distintos órganos del Estado, la Dirección General de Seguridad Exterior y los tres Ejércitos. El jefe del Estado Mayor Conjunto (CEMA) cuenta con un sistema de información y mando conjunto (SICA) que facilita la prevención de crisis, y con un órgano especializado en tecnología aerospacial, el Bureau Espace, para evaluar las aplicaciones militares de la sofisticada industria aerospacial y de comunicaciones francesa. Ésta ha puesto en marcha diversos programas de observación (Helios I), metereológicos (Meteo-France), comunicaciones (Telecom-Syracuse I y II) y electromagnéticos (Cerise y Clementine) y pretende seguir haciéndolo de acuerdo con los objetivos expresados en las reformas. Sin embargo, su viabilidad depende de unos fondos de los que no disponen ni Francia ni sus socios europeos, tal y como evidencian las dificultades del programa (Helios II) y la cancelación de los programas Zenon y Horus en 1998. De esta forma, y a pesar del esfuerzo francés, la falta de voluntad o fondos puede restringir los medios de prevención y alerta temprana disponibles, dependiendo de la autorización de acceso a los medios estadounidenses mediante acuerdo puntuales, caso del acuerdo para utilizar el sistema de navegación y localización GPS/Navstar, o acuerdos multilaterales para gestionar el acceso europeo a los medios colectivos de la OTAN.

La proyección

Francia debe contar con una capacidad de proyección interna, para los territorios de ultramar, y otra externa, fuera de ellos, donde la variedad y distancia de los escenarios de conflicto impone la disponibilidad de una panoplia de instrumentos de proyección, desde la mera presencia simbólica (projection de puissance) hasta el empeño total en combate (projection de force). Caído el escenario de conflicto global (scenario S6) de la agenda, en tiempo de paz los escenarios plausibles son los de conflicto regional convencional, iniciado por un actor que cuenta o no con capacidad nuclear (S1 ó S2, respectivamente). Estos dos escenarios pueden afectar a la periferia europea mientras no arrecie la proliferación. Los departamentos y territorios de ultramar son una fuente de riesgo no compartido que tener en cuenta en la planificación (S3), del mismo modo que los acuerdos bilaterales de asistencia militar (S4). Francia debe tener capacidad de proyección interna para garantizar su integridad territorial y la de sus zonas exclusivas económicas repartidas por todos océanos y entre las que se encuentran territorios tan esenciales como la Guyana francesa para la industria aerospacial europea, además de atender sus acuerdos de defensa bilaterales con Gabón, Costa de Marfil, Camerún, Yibuti, Comores y Senegal. También debe contribuir a las tareas de seguridad regional, adoptados en los marcos multilaterales de la OSCE, OTAN y la UEO (S4), y a las de paz y seguridad internacional (S5); responsabilidades en las que Francia ostenta un historial ejemplar: 40 operaciones bajo mandato internacional entre 1990 y 1997 y 13 operaciones en curso durante 1998.

La proyección no es una novedad estratégica en Francia, como se ha demostrado en el Golfo y en los Balcanes, pero lo novedoso de la modernización es que la nueva estructura de las fuerzas gira en torno a la proyección. Las fuerzas se organizan para ser proyectadas en módulos que permitan su combinación adecuada a cada operación (modularidad), y los criterios de operatividad y economía de medios tienden a suprimir las grandes unidades y las que no son proyectables. Además, la proyección de fuerzas aconseja profundizar en los criterios conjuntos, combinados y multinacionales a la hora de racionalizar los recursos disponibles. Francia pretende ser capaz de desplegar y apoyar dos fuerzas, una principal de 30.000 hombres, sin relevos, en cualquier parte del mundo mientras hace lo propio con otra fuerza de 5.000 hombres en otro teatro simultáneo. El reto de la proyección es notable si tenemos en cuenta que el objetivo de fuerza para un conflicto generalizado (S6) sería de 50.000 hombres. Para ello dispondrá de fuerzas de reacción rápida y operaciones especiales, un grupo aeronaval, una fuerza anfibia y un centenar de aviones acompañados de los medios de reconocimiento, escolta y apoyo necesarios para su desplazamiento y sostenimiento, además de un puesto de mando conjunto de teatro (PCIAT) y una fuerza de reserva de 50.000 para los tres servicios. En el caso del Ejército de Tierra, la estructura se ha diseñado para facilitar la proyección de mandos (4 estados mayores proyectables sin conexión orgánica) y módulos de fuerzas (con 51 regimientos especializados en tareas acorazadas, artillería, ingenieros, infantería o helicópteros, agrupados en 9 brigadas conjuntas de configuración acorazada, acorazada ligera, mecanizada, aerotransportada, infantería y vehículos de ruedas, junto a otros 19 regimientos de apoyo y 18 logísticos de apoyo a los anteriores). En el caso del Ejército del Aire, las necesidades de proyección han obligado a incrementar su capacidad de reabastecimiento en vuelo (de 11 a 16 aviones) y a poder desplegar hasta tres bases en teatros exteriores.

En el caso de una operación combinada con otras naciones, el volumen de la proyección francesa oscila entre el 10 y el 30% del total de la fuerza según se pretenda contribuir o liderar la operación, ya que el liderazgo en el seno de una coalición internacional y la tutela del empleo de sus unidades depende del grado de contribución militar. La proyección de fuerzas es una decisión esencialmente política, con valor de cambio en la política internacional, y aunque los planificadores militares se hayan esforzado por afinar los instrumentos disponibles, su utilización depende de la Presidencia francesa, de su diplomacia y, sobre todo, de sus finanzas. Así, y a pesar de las reducciones del despliegue militar en Africa, el preposicionamiento de equipo y el entrenamiento de fuerzas autóctonas, Francia se ha visto obligada los últimos tres años a reducir el coste de las operaciones militares en el exterior (de 3,45 millardos en 1997 a 2,1 en 1998, un 36%), y a recortar las dietas de los participantes en un 20% de promedio, una decisión que genera resistencias entre el personal militar. En estas circunstancias se comprende la voluntad de traspasar a los presupuestos comunitarios de la Unión Europea los gastos de las operaciones militares desarrolladas en su nombre tras el Tratado de Amsterdam.

La protección

Todas las previsiones estratégicas, desde las de la OTAN a las del G-7, aluden bajo el término de retos globales a un conjunto de riesgos que afectan a la seguridad de los ciudadanos debido a la vulnerabilidad de los estados para impedir los efectos locales de la internacionalización del terrorismo, la proliferación, el crimen internacional o los problemas medioambientales. Aunque su respuesta difícilmente es militar, todas las reformas militares están escudriñando sus posibilidades de colaboración en esta área para desplazar hacia ellas sus excedentes o para asumir este nuevo yacimiento de misiones. No se trata de asumir misiones de seguridad interior, desplazando a las demás fuerzas de orden, ni que la Gendarmería abandone sus misiones tradicionales de policía judicial, protección de puntos e instalaciones o cooperación internacional, sino de ampliar el espacio militar de participación en la prevención de riesgos no militares de la seguridad. Por eso la protección es una función que no sólo no se resiente de los recortes generales sino que crece. De hecho, el nuevo Mando de Operaciones Especiales (COS), que coordina habitualmente los procedimientos y equipos de las unidades de los distintos servicios susceptibles de intervenir en operaciones militares clásicas, ha ampliado su campo de acción a las misiones no militares (military operations other-than-war, MOOTW) que caen dentro de las tareas de proyección.

Las reformas en marcha

Las reformas se distribuyen en tres períodos: 1997-2002, 2003-2008 y 2009-2015 regulados en tres leyes de programación. Para el primer período, la ley ya conocida fija como objetivos la profesionalización y la reducción de medios y equipos, dejando para más adelante la modernización y la reestructuración de la industria del armamento. Sobre la profesionalización el reto francés no es distinto al de otros ejércitos que han tomado partido por la profesionalización: competir en el mercado para contratar los 47.000 soldados profesionales necesarios, adaptar el personal civil y crear las reservas adecuadas (50.000 para la proyección y 50.000 para la protección). La profesionalización fragmenta las excelentes relaciones civico-militares actuales en un momento que la identidad francesa, como todas las occidentales, sufre los efectos de la diversidad cultural, la descentralización política y la globalización económica. A diferencia de otras sociedades europeas, el Servicio Militar francés estrechaba la identificación de los ciudadanos y el Estado, con lo que la profesionalización inicia un proceso de desvinculación entre ambos que se acentuará a medida que la sociedad civil pierda la conciencia de defensa nacional.

Los recortes sí que están al alcance del Gobierno, y para el año 2015, el personal militar se habrá reducido a 352.700 miembros desde de 502.460 en 1995, casi un tercio, mientras que el civil aumentará ligeramente hasta alcanzar 81.300 desde 74.900. Como es lógico, la profesionalización ha reducido más el personal militar del Ejército (de 239.100 a 136.000) que las de la Armada (de 63.800 a 45.500) y que las del Aire (de 89.200 a 63.000). Las reducciones de estructuras son también substanciales: el Ejército de Tierra pasa de tener 9 divisiones y 129 regimientos a 9 brigadas con 85, de 927 a 420 carros principales, y de 340 a 180 helicópteros; la Armada reduce sus buques de 101 a 81 (de 314.000 a 234.000 tn, incluyendo todos los submarinos clásicos) y de 33 a 22 aviones de patrulla marítima; por último, el Ejército del Aire diminuye de 405 a 300 sus aviones de combate, de 86 a 52 sus aviones de transporte y de 101 a 84 sus helicópteros.

La modernización depende de la adecuación de la estructura de fuerzas a las tendencias doctrinales, orgánicas y tecnológicas que impone la evolución estratégica, ya que la vocación de liderazgo obliga a Francia a proporcionar el núcleo y la infraestructura de acogida sobre la que puedan articularse operaciones conjuntas y combinadas. Desde el punto de vista de la cooperación entre varios servicios, desde 1993 se está profundización en una estructura conjunta, colocando junto al Jefe de Estado Mayor de los Ejércitos (CEMA) órganos conjuntos como el Estado Mayor Conjunto (EMIA) de planificación operativa, el Centro Operativo Conjunto (COIA) para la conducción de operaciones, la Dirección de Información Militar (DRI) y el Mando de Operaciones Espaciales (COS) que facilitan su interoperabilidad y proporciona al CEMA una gama de instrumentos flexibles para atender a las funciones de prevención, proyección y protección.

El EMIA actúa también en el ámbito combinado, ya que es el interlocutor de órganos conjuntos multilaterales como el Estado Mayor de Planificación Conjunta (CJPS) de la OTAN y la Célula de Planeamiento de la UEO, además de intercambiar en régimen bilateral oficiales de enlace con órganos conjuntos de otros aliados. Estas iniciativas, a pesar de su modestia (el EMIA sólo cuenta con 200 miembros), son equiparables a las adoptadas por la mayoría de los aliados franceses hace tiempo y aunque recortan la distancia con ellos, habrían precisado cambios cualitativos más decididos, como los que se están produciendo en el Reino Unido, cuya Strategic Defense Review están creando unidades conjuntas (Joint Rapid Reaction Forces) y unificando los equipos aeronavales (Joint Force 2000), los sistemas de mando y control, defensa antiaérea, logísticos y NBQ, entre muchos otros. Esta diferencia de velocidades respecto a la jointery (la pasión por lo conjunto) explica por qué la iniciativa de la cumbre franco-británica de Saint-Malo, de 3 de diciembre de 1998, para coliderar operaciones internacionales va seguida de una recomendación de los ministros de Defensa, Alain Richard y George Robertson, para que se revisen en profundidad los procedimientos de cooperación bilaterales entre sus ejércitos, armadas y fuerzas aéreas. El cambio de una mentalidad de servicio a otra combinada y conjunta cuesta más tiempo y resistencia de lo que se necesita para decretarla. Y si en la nueva doctrina francesa hay una apuesta decidida por superar lo nacional y corporativo, las reformas tendrán que vencer la resistencia que ofrecen mandos y hábitos gestados al amparo de la autonomía estratégica, el espíritu de cuerpo o de la defensa del francés como idioma de trabajo.

La enorme dimensión de la estructura de defensa francesa hace impensable su reforma total -mucho menos una revolución- en el plazo previsto. Así se mantiene el principio de organización territorial, y aunque se reducen las regiones de 9 a 5 en el Ejército de Tierra y de 3 a 2 en el del Aire, su supervivencia obedece más a concesiones políticas que a las necesidades estratégicas. De hecho, tras el elevado número global de traslados, cierres y reagrupaciones que afecta a 335 instalaciones, sólo las regiones de la Alta y baja Normandía y la de Île-de-France pierden presencia militar. La concentración de mandos y medios militares ha sido muy acusada en los casos de la fuerza de acción (CFAT) en Lille, logística (CFLT) en Montlhéry, y mandos de apoyo especializados (CAS de Ingenieros en Estrasburgo, Artillería en Oberhoffen, Inteligencia en Metz y Transmisiones en Lunéville) y más conservadora en el conjunto de las escuelas, regimientos e instalaciones, lo que explica que sólo se perderán 6.000 empleos civiles y militares por razón de las reestructuraciones.

Las sombras sobre las reformas

Si las reducciones son inmediatas, la modernización es más difícil de garantizar porque depende de circunstancias políticas, económicas e industriales que escapan al alcance de los planificadores de defensa. En primer lugar, la política militar es una parte de la política de seguridad y se subordina a la estrategia global francesa, una estrategia que en los últimos tiempos parece desdibujada e imprevisible. La estabilidad del eje franco-alemán ha dado paso a una multiplicación de iniciativas a distintas bandas con la OTAN, la UEO, el Reino Unido o Alemania que provocan reservas y confusión. Francia realiza un gran esfuerzo presupuestario, en torno al 3% de su PIB, que le haría ocupar el segundo lugar de la OTAN si excluimos a Grecia y Turquía por su enfrentamiento, y el tercero en gasto de defensa per capita (708 dólares) tras EEUU y Noruega; pero el contenido de las reformas militares deja bien claro que se ha subordinado irreversiblemente la economía de la defensa a la defensa de la economía, multiplicándose las alusiones a los criterios de convergencia de la Unión Monetaria, a la contribución militar a la reducción del déficit publico, y a la necesidad de reducir inversiones para sufragar los gastos de profesionalización y modernización que se acometen. Como ya han experimentado antes otras pequeñas y medianas potencias, los fondos militares no son inmunes a los recortes sino todo lo contrario. Por lo tanto, la ejecución de la modernización y la reestructuración previstas dependerán de lo que den de sí los fondos disponibles realmente.

Hasta el año 2002, de los 185 millardos anuales previstos, 99 se dedicarán a personal y costes de mantenimiento, quedando sobre el papel 86 millardos para inversiones en equipo. En este último apartado se debe tener en cuenta que la cifra representa ya un 18% de reducciones respecto al presupuesto de 1994 y, además, que ya se ha registrado para 1999 un primer recorte a 81 millardos de FF para 1999 (5,7%), lo que confirma que las cifras no son intocables y que afectan en ese porcentaje a los programas de entretenimiento e infraestructuras de los servicios. Si se observa la lista de material pendiente de incorporación a los inventarios franceses, se constata que la mayor parte de los equipos se adquirieron con anterioridad a las reformas y que los previstos en los programas de modernización no acaban de traducirse en pedidos concretos, con lo que parece que las reformas militares no han provocado una modernización en su sentido tecnológico. Si se analizan los efectos de la revisión de programas llevada a cabo en 1998 ha supuesto la reducción de pedidos de 31 de los programas previstos, algunos tan relevantes como los de las fragatas Horizon (50%), los misiles SAMP (50%) y Mistral (45%); se han contabilizado demoras en otros 20, incluidos todos los principales como los submarinos nucleares de nueva generación (SNLE), los aviones Rafale (9 años de retraso acumulados), los helicópteros Tigre y las fragatas NH 90 (15 años de retraso en ambos); aunque lo normal es una combinación de cancelaciones y demoras tras consumir los fondos previstos en los programas.

Los pedidos y la mayor parte de los equipos que aluden las reformas como necesarios para su modernización se encuentran en una fase de evaluación, investigación o desarrollo de la que se han ido cancelando, como los satélites de observación radar y vigilancia espacial citados anteriormente, el misil contracarro AC3G-LP o el misil de crucero Apache. En particular, resulta llamativa la reiteración en las reformas de la necesidad de contar con medios de proyección y su ausencia en los programas de adquisiciones, por lo que no es extraño que los aliados anglosajones sigan incluyendo a Francia entre los candidatos a la desconexión tecnológica, ya que salvo en los ámbitos nuclear, espacial y de las telecomunicaciones, los inventarios franceses no siguen el ritmo de innovación acelerada de sus compañeros anglosajones. La disminución sostenida del esfuerzo en I+D, por debajo de las medias estadounidense y británica, acentúa el desfase tecnológico en algunas áreas y arroja dudas sobre la interoperabilidad de algunos equipos, incluso de los de última generación como el portaviones nuclear Charles de Gaulle, para actuar junto a sus aliados más avanzados.

La modernización afecta a la industria de defensa francesa en la medida que la reducción de compras afecta al mercado interno porque disminuye la oferta de empleo e inversiones en una escala tanto más grave cuanto mayor es la dependencia de los presupuestos que ahora se recortan. La voluntad legítima de preservar el entramado económico y laboral ha mantenido a la industria francesa al margen de la lógica del mercado de los últimos años y de las tendencias de concentración, privatización y globalización que han preservado la competitividad de las empresas estadounidenses y británicas. El retraso acumulado hace que la modernización tenga ahora un impacto más traumático en la economía francesa, aunque también proporciona la ocasión de recuperar el tiempo perdido, cambiar de cultura empresarial -independientemente de su titularidad pública o privada- y racionalizar la gestión bajo las normas del mercado, pero no está claro que la política industrial francesa vaya a hacer de la necesidad virtud y acabar con los problemas estructurales del sector.

Entre los reflejos proteccionistas que conserva la Dirección General para el Armamento (DGA) resalta el deseo de instrumentalizar en beneficio propio el mercado europeo de la defensa, un deseo legítimo pero que se une a otros indicios de dirigismo francés en distintos ámbitos de la política exterior, de seguridad y de defensa en Europa. Mientras que, por un lado, se apela a la 'preferencia europea' en las adquisiciones para preservar la base industrial y tecnológica comunitaria, por otro, se apela a la competencia para desmontar la cooperación industrial con los socios menos desarrollados. Francia, que junto al Reino Unido y Alemania controla el 80% de la producción europea, impulsa el Organismo Conjunto de Cooperación de Armamento (Occar) para descarrilar el proyecto de una agencia europea de armamento. Sin retornos ni compensaciones industriales, y con productos estadounidenses más baratos disponibles en las estanterías, los gobiernos europeos tendrán que escoger entre su lealtad y su cartera.

En resumen, la primera valoración de las reformas se hace más sobre las líneas maestras del diseño que sobre su ejecución, ya que todavía es pronto para evaluar si se han conseguido los objetivos previstos. Sobre el papel, todas las reformas cuadran el círculo: más misiones con menos medios, más eficacia con menos inversiones o grandes transformaciones sin ninguna resistencia, por lo que hay que esperar a que su ejecución acabe desvelando los resultados y desviaciones reales. La reforma francesa est on marche pero todavía es pronto para saber adonde lleva.