Las incertidumbres del gobierno Morales...Y ahora ¿qué?
por Gregorio Cristóbal Carle, 19 de septiembre de 2006
Si tuviésemos que resumir la situación económica y política actual de Bolivia en una palabra, quizás la más a adecuada fuese incertidumbre. Incertidumbre generada en todos los ámbitos de actuación del nuevo gobierno, lo que acabará pasando factura más pronto o más tarde si no se adoptan a tiempo las necesarias medidas correctoras
Parece que la refundación del Estado propuesta en el programa electoral del MAS comienza a encontrar dificultades y el gobierno a ser superado por los acontecimientos ¿Se trata de falta de previsión? que nadie se llame a engaño, el Presidente se encuentra atado al cumplimiento de una serie de promesas electorales muy difíciles de llevar a cabo en la práctica, por razones obvias.
Si analizamos la cuestión de la nacionalización de los hidrocarburos es evidente, y por evidente no menos notorio, que más pronto o más tarde iba a llegar a la situación de parálisis en la que se encuentra en la actualidad. En este capítulo el gobierno debía haber previsto las necesidades de financiación de YPFB para la explotación refino y transporte del petróleo, realizando las correspondientes asignaciones presupuestarias.
El Ministro de Hidrocarburos D. Andrés Rada no sólo ha reconocido recientemente que la empresa ya nacionalizada no está recibiendo los recursos económicos resultantes del proceso nacionalizador, (30 millones de dólares mensuales que le corresponde por el 32% de participación adicional establecida en el Decreto de nacionalización 2870), sino que también ha dado a entender que la medida se ha caracterizado por su precipitación y falta de realismo a la hora de establecer un plazo de 60 días para dar por terminada la reestructuración de YPFB, eso sin contar con los retrasos habidos en las auditorías a las petroleras extranjeras implantadas en Bolivia.
Ahora el gobierno no sólo se encuentra ante la imposibilidad de gestionar el negocio por sí solo, sino que necesita el apoyo exterior de Noruega para tratar de alcanzar los objetivos de explotación y rentabilidad de YPFB, como así lo ha manifestado hasta el propio presidente de la nación.
Este país cuenta con un proyecto de asistencia en materia energética a naciones en vías desarrollo, que se denomina 'Petróleo para el Desarrollo', y que actualmente aprovechan Nigeria, Angola, Santo Tomé y Príncipe, Madagascar, Sudán, Timor Oriental, Camboya, Filipinas e Irak
. parece que cuando se trata de recibir ayudas el Gobierno Morales no hace reproche alguno al sistema capitalista del que es un acérrimo detractor.
Además, a esta situación incontrolada hay que añadir la última denuncia interpuesta por Unidad Nacional (UN) acusando a YPFB de un presunto tráfico de influencias por la dudosa transparencia y legalidad aplicada a los procesos de contratación de las empresas adjudicatarias de las auditorías en los campos petrolíferos.
También queda pendiente la difícil negociación con las petroleras, que no mantendrán sus inversiones en el país de no ser que el gobierno Morales les garantice unos niveles de rentabilidad, y lo que es más importante, la seguridad jurídica necesaria para evitar estar a expensas de las decisiones arbitrarias. Así lo ha hecho saber Petrobras que, actuando en consecuencia, ha terminado por desviar su capacidad inversora destinada a Bolivia a otros países del área sudamericana Perú, Argentina y Venezuela.
No debemos olvidar que Brasil es el principal comprador de gas boliviano y que un litigio de difícil solución planteado con la empresa estatal del país vecino puede derivar en consecuencias trascendentales para los intereses económicos del país andino, afectando seriamente al crecimiento de sus exportaciones.
De momento sólo queda esperar a que llegue 'lo antes posible' la autorización del crédito de 180 millones de dólares solicitado al Banco Central, como vía para que la empresa tome la 'plena participación' en toda la cadena productiva, tal como establece el decreto de nacionalización.
En materia de comercio exterior las cosas no son muy distintas. Volvemos a encontrarnos con la misma sensación de incertidumbre, especialmente en el sector de las empresas manufactureras que pueden verse afectadas por la negativa de los EEUU a renovar el Tratado APDEA de preferencias arancelarias. La inminente expiración del acuerdo exige al gobierno boliviano hacer frente con rigor al compromiso de erradicación de las plantaciones de coca, aceptando las reglas del juego del libre comercio y garantizando la necesaria seguridad jurídica a las empresas extranjeras establecidas en su territorio. De otra forma el país estará abocado a la pérdida definitiva de las ventajas comerciales que conlleva tan beneficioso Tratado.
En lo que se refiere a la marcha política de Bolivia es obvio que para que un país pueda garantizar la libertad de sus ciudadanos y empresas debe contar con un sistema político verdaderamente democrático que garantice el correcto funcionamiento de las instituciones, la aplicación de las normas y la existencia de estado de derecho creíble.
Por desgracia parece que los últimos acontecimientos habidos en la recién creada Constituyente no responden a esos principios
¿No hay mayor incertidumbre que comenzar a trabajar sin conocer el método de aprobación de las decisiones? y la ausencia de consenso para determinar el reglamento interno de la Asamblea ¿no genera las dudas consiguientes sobre el correcto funcionamiento del sistema?
Pero lo que parece más grave es que, tomando en consideración que el partido del Presidente posee la mayoría absoluta, se pretenda que las decisiones asamblearias sean adoptadas por mayoría simple de votos (128 asambleístas) y no a por dos tercios (170 asambleístas).
Esta postura supone un intento de control hegemónico de la acción de gobierno por parte del MAS, lo que derivaría en la eliminación real de las minorías del escenario político boliviano y supone un claro abuso y una burla al sistema constitucional que se ha dado el pueblo de Bolivia.
Ante el cariz que están tomando los acontecimientos se comienzan a adoptar medidas de presión, así se ha anunciado la creación de un frente compuesto por los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni.
Tampoco es de extrañar que los líderes de Podemos, Jorge Quiroga, y de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina se hayan posicionado claramente al declarar que las pretensiones del MAS se identifican con un acto arbitrario del gobierno que atenta contra la Constitución Política del Estado (CPE).
Es evidente que esta situación podría derivar en una peligrosa vía al cambio constitucional para dar satisfacción a los intereses del partido de turno en el poder
El gobierno Morales no debe olvidar que la incertidumbre que genera la acción de gobierno afecta directamente al grado de credibilidad de los países y, por supuesto, a su imagen en el exterior.
En estas circunstancias parece que Bolivia puede perder la confianza necesaria para alcanzar los objetivos de crecimiento económico y mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos.
Demasiada confusión
por suerte aún queda un margen de maniobra amplio para enmendar errores.