Las dificultades de las fuerzas de seguridad frente al terrorismo yihadista
Los recientes acontecimientos acaecidos en las ciudades francesas de Toulouse y Montauban, en relación con el terrorista Mohamed Merah, han puesto en el punto de mira de la opinión pública a las fuerzas de seguridad del país galo tanto por su actuación en la resolución como en los antecedentes que al parecer poseía el yihadista.
Las autoridades francesas justifican su actuación argumentando que Mohamed Merah era un “lobo solitario”, con una trayectoria atípica, que experimentó un proceso de radicalización y que viajó a Afganistán en 2010 y a Pakistán en 2011 por su cuenta, al margen de las redes habituales controladas por la inteligencia francesa. Asimismo arguyen que, una vez se tenía conocimiento de sus viajes (por los que fue interrogado por agentes de la Dirección Central de Información Interior -DCRI- en noviembre del pasado año), no hubo señal alguna que hiciera pensar que pudiera pasar a la acción terrorista.
La cuestión que parece importante matizar es si las fuerzas de seguridad creían que Merah era una amenaza inminente y directa como lo ha sido. Es creíble pensar que de dudar de la peligrosidad de Merah, éste hubiera estado controlado; solo hay que fijarse como el día 30 de marzo, 19 islamistas radicales pertenecientes al ilegalizado grupo islamista Forsane Alizza (con el que parece ser Merah tuvo contactos) eran detenidos en una operación policial. Esto demuestra que si se controla a los presuntos elementos más radicales y con posibilidades de atentar.
Es sumamente complicado averiguar si un individuo como Merah, es potencialmente un terrorista. En este hecho y revisando los análisis de expertos en yihadismo, radica la dificultad de plantear un modelo válido para el perfil del terrorista yihadista que atenta en Europa: no existe un único retrato robot. Se podría aventurar diciendo que casi siempre es varón (aunque no hay que olvidar el caso de las viudas negras de Chechenia), con una amplia franja de edad de entre 20-45 años, orientación sunní, casi de cualquier estrato social (aunque predomina la clase media)… Obviamente estos datos no dicen mucho ni pueden ser un parámetro para marcar un perfil, ya que como se puede ver muchísimos individuos podrían encajar en él.
Centrándonos en España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han especializado así como han aumentado el número en sus respectivas unidades antiterroristas, sobre todo a partir del 11-M. Además la reforma de nuestro Código Penal en 2010 permitió incluir como delitos autónomos la financiación, el reclutamiento, el proselitismo o el adoctrinamiento. La inclusión de estos delitos ha sido muy útil para la lucha antiterrorista, si tenemos en cuenta que las últimas operaciones policiales se han centrado en la financiación o en el adoctrinamiento, como esta última llevada a cabo por la Guardia Civil en Valencia en la que un ciudadano saudí pero nacido en Jordania, fue detenido por administrar un foros de difusión, adoctrinamiento y captación de terroristas islamistas.
El gran problema al que se enfrentan las fuerzas de seguridad reside en el hecho de la propia idiosincrasia de algunos delitos relacionados con el terrorismo de corte yihadista. Las pruebas que se presentan en estas investigaciones muchas veces no consisten en algo tan físico como explosivos o armas, sino que se basan en algo más insustancial como demostrar que el detenido estaba adoctrinando para la causa yihadista a una serie de individuos. Estas investigaciones pueden durar meses o incluso años hasta poder tener la certeza del delito y poder presentar pruebas sólidas de la participación del presunto terrorista ante el juez competente que en el caso de España es la Audiencia Nacional la encargada de este tipo de delitos.
La seguridad al cien por cien no existe, es una utopía pensar que estamos totalmente a salvo de atentados terroristas. El eterno dilema entre la ponderación entre seguridad y libertad es totalmente aplicable en este caso; a menos que convirtamos nuestros países europeos en estados policiales, derogando derechos y libertades constitucionales, donde se pudiera perseguir a individuos simplemente por su religión y/o etnia, desgraciadamente hay posibilidades que se produzcan atentados terroristas. Las fuerzas de seguridad seguirán luchando de manera incansable para que esto no ocurra, eso sí, con total respeto a la Ley y a la Justicia.
Óscar Pérez Ventura, Analista en Terrorismo Yihadista, Insurgencia y Movimientos Radicales Islamistas