Las armas de un espía. Los espías americanos necesitan libertad para espiar a los terroristas extranjeros

Seis años después de las atrocidades terroristas del 11 de Septiembre de 2001, 15 años después del primer ataque contra el World Trade Center en Nueva York, 25 años después del atentado a los cuarteles de los marines de Estados Unidos en Beirut y casi 30 años después de la revolución de Irán - “¡Muerte a América!” era su grito de guerra - nosotros todavía no podemos ponernos de acuerdo en cómo llamar a esos que están librando una guerra contra nosotros. ¿Qué son? ¿Islamistas militantes, fascistas islámicos, terroristas, extremistas o algo completamente distinto?

           

Tampoco nos ponemos de acuerdo sobre cómo defendernos. Lo más polémico del momento: decidir qué herramientas se les deben permitir usar a nuestras agencias de inteligencia para que intenten descubrir las conspiraciones de los terroristas.

 

Previo al 11-S, las capacidades de inteligencia de Estados Unidos eran escasas - por ponerlo suavemente. Sabíamos relativamente poco sobre al-Qaeda, dónde estaban sus miembros y qué tramas estaban urdiendo.

 

Los agentes del FBI no revisaron el ordenador portátil de Zacarías Moussaoui, miembro de al-Qaeda porque no creían tener la autoridad legal para hacerlo. Y si algún agente listo hubiera sospechado de Mohamed Atta - el cerebro de los secuestradores del 11-S - no habría habido forma de que hubiera podido convencer a un juez el 11 de agosto de 2001 para que le permitieran ponerle una escucha a las comunicaciones de Atta basándose en la norma de “causa probable” de la justicia criminal.

 

Lo mínimo que deberíamos esperar es que nuestros funcionarios electos  aprendiesen de estos errores. La ley PATRIOT fue aprobada para derribar el muro que había hecho imposible que los agentes de inteligencia y de las fuerzas del orden trabajasen juntos - para compartir puntos y para conectar puntos.

 

Y la ley Proteger a América (PPA) se aprobó para dar a la CIA y a la Agencia Nacional de Seguridad la libertad que necesitan - y que tenían hasta que en 2007 surgió una decisión de los tribunales aún secreta que ha significado un cambio tectónico - para espiar a sospechosos terroristas extranjeros comunicándose entre ellos fuera de Estados Unidos.

 

Pero la PPA expiró el 16 de febrero. Una ley reautorizando sus provisiones clave fue aprobada por más de dos tercios del Senado - una mayoría abrumadora y bipartita. En la Cámara de Representantes también era probable que la ley se aprobara sin dificultades con votos republicanos y de muchos demócratas buscando una mayoría bipartita. Pero la Presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi para prevenir eso, eligió darles vacaciones parlamentarias a todos los miembros de la Cámara. Pelosi argumenta que aquellos que están promoviendo esta legislación están jugando la baza del miedo. El líder de la mayoría del Senado Harry Reid dijo a los periodistas: “Que esta ley expire en realidad no amenaza la seguridad de los americanos”. 

 

Entre los que discrepan: Michael McConnell, el principal espía de Estados Unidos, director de Inteligencia Nacional. Previamente, prestó sus servicios  como director de la Agencia Nacional de Seguridad bajo las órdenes del presidente Clinton. Antes de eso, fue vicealmirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos y durante un cuarto de siglo fue oficial de inteligencia de Estados Unidos. En otras palabras, a duras penas se le puede llamar halcón partidista.

 

McConnell escribió al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes: “Hemos perdido información de inteligencia esta última semana como resultado directo de la incertidumbre creada por la falta de acción del Congreso”. Un requisito ahora en vigor - que el gobierno demuestre “causa probable” a un juez en Washington para poner escuchas telefónicas  a no americanos en el extranjero - ha “degradado” nuestra capacidad para hacer acopio de datos de inteligencia, agregaba.

 

El 14 de febrero, el senador demócrata Jay Rockefeller, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, se hizo eco de aquello diciendo “Lo que la gente tiene que entender por aquí es que la calidad de la inteligencia que vamos a recibir va a perder calidad. Va a perder calidad. Ya está perdiendo calidad”.

 

Esta semana, Rockefeller ha dado una voltereta hacia atrás, firmando un editorial en el Washington Post junto a otros tres miembros demócratas del Congreso, afirmando que los republicanos - diciendo lo que él mismo dijo antes sobre la pérdida de calidad de los datos de inteligencia - están “desesperados por distraer la atención lejos de los temas de economía y de otros fallos de política; están intentando utilizar este tema para asustar al pueblo americano...”

 

Parece que los grupos izquierdistas como MoveOn.org (que ha pagado anuncios atacando al general David Petraeus como el “General Betray Us” [Traiciónenos]) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) (que desea ampliar las protecciones de privacidad de ciudadanos americanos a los terroristas en Waziristán) nuevamente están saliéndose con la suya con los líderes demócratas.

 

Y también tenemos esto: Después del 11-S, el gobierno se dirigió a algunas compañías privadas de telecomunicaciones y les pidió su ayuda porque era necesario descubrir si había más ataques terroristas en marcha. Las compañías aceptaron y abogados penalistas - entre los más grandes donantes del Partido Demócrata - ahora están demandando a estas compañías por miles de millones de dólares.  

 

La ley del Senado proporcionaría protección contra estas demandas - y protegería al resto de nosotros también: porque si hay juicios, hay un riesgo sustancial de que se ventile públicamente información secreta sobre métodos de inteligencia, de los que se enterarían todos, incluyendo a nuestros enemigos - como sea que los denominemos.