La Unidad Militar de Emergencias: una vía para desmilitarización de las FAS

por Alejandro Muñoz-Alonso, 27 de marzo de 2008

1. Creación y puesta a punto de una polémica unidad militar
 
A principios de este año 2007 tuvimos ya ocasión de abordar en un seminario en esta Fundación la cuestión de la Unidad Militar de Emergencias creada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005. En una excelente ponencia del diputado a Cortes Arsenio Fernández de Mesa presentada en aquel seminario se hacía un análisis de la formación, organización, capacidades, funcionamiento y financiación de la UME y se avanzaban ya unas oportunas consideraciones sobre el significado político oculto que revelaba esa unidad de nueva creación. El subtítulo de aquella ponencia, “Un nuevo ejército de ayuda humanitaria” apuntaba ya a lo que podríamos denominar motivaciones no manifiestas del proyecto que, desde entonces, se han concretado aún más, desde el punto de vista jurídico, a través de diversas normas que han completado el perfil de la recién creada unidad. Además, se ha podido contemplar a la UME en acción ya que ha tenido sus primeras actuaciones al intervenir decisivamente en la extinción de los incendios forestales que arrasaron durante el verano de 2007 zonas boscosas de varias provincias españolas. Unas intervenciones aquellas en las que ya se percibieron dificultades de coordinación con otros organismos administrativos, aparte de carencias e insuficiencias de la propia UME, seguramente inevitables dada la lógica falta de experiencia de los militares que la  componen en este tipo de catástrofes.
 
En el plano jurídico, a lo largo del año 2007 se publicaron el Real Decreto 399/ 2007 de 23 de marzo, por el que se aprueba el protocolo de intervención de la UME, así como la Orden ministerial de Defensa 1766/2007 de 13 de junio, por la que se desarrolla el encuadramiento, organización y funcionamiento de la UME. Estas normas jurídicas no sólo no han despejado las dudas que suscitó la creación de esta nueva unidad militar o de naturaleza militar -ésa sería una primera cuestión que no está clara y que tiene importantes consecuencias, según la definición que se adopte- sino que, por el contrario, las han incrementado. En efecto, toda la normativa sobre la UME -en la que se percibe el inevitable resultado de la improvisación sobre la marcha- pone ante nuestros ojos una especie de monstruo que no es plenamente ni civil ni militar; que dudosamente tiene conexiones con la defensa, aunque depende del Ministerio de Defensa pero cuyos medios aéreos para la lucha contra incendios se adscriben funcionalmente al Ministerio de Medio Ambiente y cuyas intervenciones serán decididas por el Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Interior (Disposición adicional primera del citado Decreto y Punto Tercero del Protocolo de intervención). Un galimatías jurídico-formal que los redactores de esas normas no se han molestado en aclarar, pensando seguramente que en la práctica todo será más fácil.
 
Para mayor complicación, el Punto Segundo 2 de la citada Orden ministerial afirma que “la UME, además del cometido orgánico de preparación de la fuerza, realizará las misiones operativas que le encomiende el Presidente del Gobierno”. Misiones que pueden ser de la mayor variedad ya que el Punto Segundo 1 de la misma Orden define a la UME como “una fuerza conjunta que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”. La parte de este Punto en cursiva es idéntica al artículo 15. 3 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional (LODN), como veremos más adelante. Y la referencia a “otras necesidades públicas” puede ser un cajón de sastre para incluir en él misiones de las más diversas características.
 
Este confuso esquema se complica aún más pues el Punto Tercero de la misma Orden, tras reiterar en su apartado 1 que “la UME depende orgánicamente del Ministro de Defensa”, establece en su apartado 2 que “la UME depende operativamente del Jefe del Estado Mayor de la Defensa y se constituye en este ámbito, y de forma permanente, como un Mando Conjunto de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas”. De las citas transcritas de esas dos disposiciones se deduce ya una absoluta falta de definición de la cadena de mando a que está sometida la UME, que rompe o, al menos, no encaja fácilmente en las normas de carácter general establecidas por la LODN.
 
Por todo lo anterior no puede extrañar que las palpables dificultades que plantean el concepto y la naturaleza jurídica de esta peculiar unidad hayan sido ya señaladas por los especialistas, que no acaban de resolver la cuestión de su ensamblaje en la estructura de la FAS, tal y como ha quedado definida en la reciente Ley de Defensa Nacional (Ley 5/2005 de 17 de noviembre), posterior al Acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se creó la UME. Esta circunstancia parece indicar que los mismos redactores de la LODN no veían con claridad ni la naturaleza ni el encaje de la UME y prefirieron no aludir a ella. El resultado es que la UME es algo así como un cuerpo extraño en la estructura de las FAS, una entidad extravagante (en el más estricto sentido etimológico de esta palabra) de difícil por no decir imposible acoplamiento en la institución militar, tal y como está concebida y estructurada en nuestro ordenamiento jurídico.
 
La LODN define a las FAS como “un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire” (artículo 10.1 in fine). Se deduce claramente de este artículo que sólo y exclusivamente los tres ejércitos citados forman parte de las FAS, que el mismo artículo considera como “una entidad única”. Una entidad única formada por tres componentes, sin que se prevea de ninguna manera la existencia de una unidad que ni sería parte de ninguno de esos tres ejércitos, ni estaría sometida a los mandos naturales de los mismos. De ahí se deduciría la extravagancia a que aludíamos más arriba.
 
La Orden ministerial citada maneja además alegremente y sin ningún rigor la idea de “lo conjunto”, tan utilizada en los últimos tiempos y que tiene, fundamentalmente, un carácter operativo: Una cosa es que unidades de los tres ejércitos componentes de las FAS puedan actuar conjuntamente en ciertos supuestos, sin perder nunca su dependencia orgánica de aquéllos, y otra muy distinta crear  una unidad que no pertenece a ninguno de los tres ejércitos y a la que, además, se le asignan misiones que -por importantes que sean- nada tienen que ver con la defensa, razón de ser de las FAS. El artículo 10.1 de la LODN dice también que “las FAS son el elemento esencial de la defensa” y de ahí se deduce, a sensu contrario, que dedicarlas a tareas que nada tienen que ver con la defensa sólo podría hacerse de un modo excepcional y transitorio. Y si, como sucede con la UME, se segrega permanentemente a una parte de las FAS para dedicarla a misiones diferentes de la defensa se está produciendo una grave desnaturalización de las mismas.
 
Es difícil -por no decir imposible- pasar por alto la seria contradicción que se produce al dedicar permanentemente a tareas que en absoluto tienen carácter defensivo a una fuerza que por su constitución y naturaleza se debe a la defensa. De todos modos -y aunque sería ya muy grave-  podría llegar a admitirse la existencia de una unidad como la UME, si su creación se hubiera realizado, formalmente, cumpliendo con los indispensables requisitos legales. Pero tampoco es éste el caso. La UME sólo podría tener algún sentido -más adelante intentaré demostrar que tampoco así nos resultaría aceptable- si se hubiese aprobado por una ley debatida y aprobada en Cortes, que hubiera mostrado la necesidad o conveniencia de dicha unidad. Por el contrario, el Gobierno ha tomado esta importante decisión sin la transparencia exigible, eludiendo el debate, sin recabar la opinión de los grupos parlamentarios y como fruto exclusivo de una ocurrencia de su Presidente, que en ningún caso podríamos calificar de feliz. Los incendios del verano de 2006 -especialmente el de Guadalajara- que pusieron en evidencia los fallos del sistema español de protección civil, encomendado a las comunidades autónomas parece que fueron el factor determinante.
 
Pero, desde el primer momento, la UME suscitó la polémica. Algunos medios se hicieron eco de la “sorpresa en el mundo militar” y definieron a la UME como “un cuerpo de acción rápida a las órdenes de Zapatero”. Otros compararon la decisión con otras de índole más o menos similar de ciertos dirigentes iberoamericanos como Hugo Chávez y otros fueron aún más lejos y hablaron de “guardia pretoriana” a las órdenes directas del Presidente. Seguramente exageraban, pues el material de que se iba a dotar a la UME era más propio de un cuerpo de bomberos que de una unidad militar, pero cuando se toman decisiones tan discutibles es inevitable que se disparen las interpretaciones.
 
En suma, la UME se creó eludiendo los indispensables requisitos legales, sin determinar claramente su encaje en la estructura de las FAS ni la cadena de mando a la que quedaría sometida y en flagrante contradicción con los preceptos de la LODN, máxima norma jurídica en el ámbito de la defensa.   
 
2. La UME y los fines de las FAS
 
Pero si queremos profundizar en el sentido de la UME y en el auténtico “contrafuero” que implica su creación, se impone una mínima reflexión sobre los fines de las FAS, para intentar explorar si una unidad de ese tipo puede conciliarse con la naturaleza de la institución militar, tal y como viene definida no sólo por las normas jurídicas, sino por el sentido común y la tradición.
 
Cualquier análisis sobre las misiones que deben o pueden cumplir las FAS no puede por menos que partir de lo obvio: las FAS tienen como misión la defensa, en el más amplio sentido de la este término. Se trata de una cuestión tan evidente en nuestros tiempos que las Constituciones no suelen ocuparse de ella. Como escribe un autor español: “En el constitucionalismo democrático occidental resulta inusual la expresión de las misiones que competen a la fuerza militar, siendo ello común en el constitucionalismo latinoamericano. La mención expresa de las misiones de las FAS en algunos textos constitucionales occidentales tiene un claro carácter garantista. Con la excepción de Holanda, se trata de Estados con experiencias nada democráticas, por lo que con la expresión de tales misiones se pretende vincular la finalidad de las FAS al régimen constitucional. Así sucede en Alemania, Austria, Portugal y España”[1].
 
Son bien conocidas las misiones que el artículo 8 de nuestra Constitución de 1978 atribuye a las FAS  y desde luego entre ellas no figura expresamente la intervención en casos de catástrofes naturales. No sucede así, por ejemplo, en el caso de Austria que en el artículo 79 de su Constitución, después de establecer que “corresponde al Ejército federal la defensa militar del país”, añade que “el Ejército federal estará además destinado, en la medida en que el poder civil legal recurra a su participación…2º. Para prestar ayuda ante catástrofes naturales y accidentes de alcance extraordinario”.
 
No vamos a entrar en el análisis del artículo 8 de nuestra Constitución, aunque, ciertamente, se podría afirmar, que se ha quedado viejo por no pocas razones. Lo de menos sería que no contemple siquiera una previsión amplia de “otras misiones de las FAS” en las que podría incluirse su uso en caso de catástrofes. Quizás mucho más importante es que -por razones obvias derivadas del momento histórico en que se aprobó nuestra Constitución- no se prevé en él la proyección internacional de la política de defensa que ha tenido lugar en nuestro país, desde el establecimiento de la democracia, en la forma de misiones en el exterior de las FAS, para el establecimiento, mantenimiento o imposición de la paz o con finalidades humanitarias. Tampoco se alude en ninguna parte del texto constitucional a la pertenencia de España a los sistemas de seguridad colectiva, en el marco de Naciones Unidas y de la OTAN, ni se podía prever la integración de España en lo que había de ser Unión Europea, que había de dotarse de una política de defensa común susceptible de avanzar hacia una defensa común, según se estableció ya en los Tratados de Maastricht y de Ámsterdam. Sólo existen, al respecto, las normas de los artículos 93 y 94 que prevén la existencia de tratados o convenios “por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”, especificándose que “los tratados o convenios de carácter militar” (artículo 94 1 b) se incluyen entre aquellos para los que se exige la previa autorización de las Cortes.
 
Pero, volviendo a la cuestión que nos ocupa en este momento, estamos de acuerdo con el ya citado Cotino para quien “el artículo octavo no excluye el empleo de las Fuerzas Armadas para otras misiones, siempre en el marco de la ley de leyes”. Este autor se plantea, concretamente, si es constitucional utilizar a nuestros Ejércitos en lo que, siguiendo a Herrero, denomina “misiones de boy-scouts”, refiriéndose a su posible empleo en situaciones de catástrofes naturales o accidentes especialmente graves.
 
Antes de seguir adelante conviene dejar bien establecido que una cosa es la defensa y otra muy distinta la protección civil. Ambas son funciones del Estado, aunque por obvias razones históricas y políticas en las que no es el momento de entrar, la defensa tiene una máxima importancia, superior en cualquier caso a la protección civil. La defensa es una competencia horizontal que afecta a la propia existencia y conservación del Estado. No es una competencia sobrevenida ni una política sectorial.
Nuestra Constitución, como ocurre en otros Estados compuestos, incluye a “Defensa y Fuerzas Armadas” en la lista de materias que son de la competencia exclusiva del Estado (artículo 149.4º). La protección civil no aparece expresamente como tal en el texto constitucional pero entre las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas se incluye la gestión en materia de protección del medio ambiente, la competencia en montes y aprovechamientos forestales o la coordinación de las policías locales (artículo 148 8ª 9ª y 22ª) por referirnos sólo a lo que figura en la Constitución. En cualquier caso, en el proceso constitucional español y por medio del sistema de transferencia de competencias, la protección civil ha sido asumida por todas las comunidades autónomas. Queda ya a la vista la gran diferencia que separa a ambas funciones más allá de la aludidas razones históricas y políticas: la defensa competencia exclusiva del Estado, la protección civil, competencia autonómica, lo que plantea ya una posible problema de índole competencial: siendo la protección civil una competencia de las comunidades autónomas, ¿tiene sentido que el Estado mantenga una unidad que exclusiva y permanentemente esté dedicada a una función que no corresponde al Estado? Adelantemos que no nos parece mal que el Estado ayude y colabore con las comunidades autónomas en éste como en otros ámbitos. Lo que estimamos que no es aceptable es la segregación permanente de una parte de las FAS para una función plenamente transferida a las comunidades autónomas. Otra cosa sería la creación de una unidad estatal civil específicamente dedicada a la protección civil en todas sus formas y con la misión de prestar ayuda y colaboración a las comunidades autónomas cunado éstas lo requiriesen.
 
Parece innecesario, desde luego, subrayar la importancia que tiene en nuestra época la protección civil y, en el caso español, no hay ningún inconveniente en atribuir al Estado una función subsidiaria en este ámbito que complete lo que ya es una competencia autonómica. Más aún, hay una larga tradición, podemos afirmar que en todos los países, que atribuye a las Fuerzas Armadas la función de prestar colaboración y ayuda en aquellos casos de grandes catástrofes o accidentes de especial importancia. Diversas normas jurídicas han recogido esta hipótesis. Mencionemos de pasada algunos precedentes españoles.
 
Ya en la Ley de Incendios Forestales de 1968 se preveía la posibilidad de que las autoridades civiles recabaran la colaboración de las FAS cuando el incendio forestal alcanzase proporciones que superaran las posibilidades de extinción por los medios locales o provinciales. El Real Decreto 1125/ 1976 regulaba la colaboración de las autoridades militares con las gubernativas en estados de normalidad y excepción y las Reales Ordenanzas de las FAS de 1978 preveían la actuación de “la Institución Militar… en caso de catástrofe o cuando lo requieran circunstancias extraordinarias”. La Ley de Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar de 1980 (que incluía en su artículo 21 el concepto de “defensa civil”[2]) establecía que “las FAS a requerimiento de la Autoridad Civil, podrán colaborar con ella en la forma que establezca la ley para casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad u otra necesidad pública de naturaleza análoga”. (Artículo 22. Uno). También se prevé la colaboración de las FAS en los mismos casos en la Ley 2/1985 de 21 de enero de Protección Civil. Y la reciente Ley Orgánica 5/2005 de 17 de noviembre de la Defensa Nacional en el artículo 15, que fija las misiones de las FAS, establece que “las FAS, junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a los establecido en la legislación vigente”. (Artículo 15.3).
 
Todas estas normas y la propia práctica, tal y como se refleja en los medios informativos nos confirman que las FAS colaboran habitualmente en casos de incendios, inundaciones u otras catástrofes militares. Pero se trata de intervenciones esporádicas en las que las FAS ponen a disposición de las autoridades civiles su capacidad organizativa y de movilización, su permanente disponibilidad y sus recursos humanos y materiales. Pero, como veremos más adelante, la UME es algo muy distinto y que, en consecuencia, merece un juicio también muy diferente. 
 
Tras un detenido análisis de la cuestión, el ya citado profesor Cotino afirma que “la defensa civil no compete a las FAS, si bien no se excluye una posible colaboración de los Ejércitos no por su potencial armado, sino por sus elementos humanos, materiales y organizativos”. Tras examinar también las normas legales -algunas preconstitucionales- en que se ampararían tales supuestos y las aportaciones doctrinales sobre la cuestión concluye, de acuerdo con otros autores, que las actuaciones de las FAS en los casos de catástrofes, calamidades…etc. deben reunir los siguientes supuestos:
 
“a) ser excepcional como los supuestos que le dan lugar;
b)     subsidiaria, en tanto que la competencia es de la Administración  civil, que requerirá su colaboración cuando el
       resto de los instrumentos del Estado devengan insuficientes o
       ineficaces; 
c) subordinada a la autoridad civil que es la que requiere a las
       FAS, aunque logísticamente dependan de sus mandos naturales,
       que, a su vez, dirige el Gobierno;
d) no armada, es decir, tanto el material como el propio carácter
        de las operaciones no tendrán carácter bélico;
e) temporal, su duración será la estrictamente necesaria para
        reconducir la situación a una en la que los medios ordinarios
        del Estado puedan recuperar el control…
f) responsable, tanto las autoridades civiles como militares serán
        responsables de las actuaciones llevadas a cabo”.
 
Concluye este profesor haciendo suya la afirmación de uno de los ponentes constitucionales, Herrero de Miñón, que escribió que “no todas las buenas acciones propias de los boy scouts son las más idóneas para el guerrero”, subrayando además, con J.R. Pardo de Santayana que supuesto que “las fuerzas armadas tienen como finalidad principal la defensa militar de la nación, las diferentes misiones que se les puedan confiar no deben dañar a esa finalidad”[3].
 
En nuestra opinión este planteamiento, que hacemos totalmente nuestro, no cubre la existencia de la Unidad Militar de Emergencias, ya que la misma no cumple las condiciones o requisitos enumerados más arriba. Tal y como está concebida la actuación de la UME no es ni excepcional, ni claramente subsidiaria y tampoco sería temporal. Por el contrario, supone la segregación permanente de una parte de las FAS para unas misiones que, sin duda, son de una enorme importancia pero nada tienen que ver con la finalidad de la defensa, pues son claramente de protección civil. Eso quiere decir, además, que del horizonte de la UME desaparecen por completo las misiones militares y lo que debía ser excepcional, temporal y subsidiario se convierte para esa unidad en su única razón de ser.
 
Esta segregación permanente de una parte de las FAS, una parte notable de las mismas, para finalidades no defensivas, es especialmente preocupante dado los ya escasos efectivos con que cuentan nuestras FAS y las dificultades de un reclutamiento de calidad. A la vista está que España tiene cada vez más compromisos internacionales y que necesita contingentes bien preparados para los mismos. Por el contrario, comprobamos cómo hay un tope de efectivos, 3000, para las misiones en el exterior, mientras que para la UME se prevén unos efectivos de más de 4000, lo que muestra cómo se da prioridad al uso de las FAS para misiones que nada tiene que ver con la defensa.
 
Por todas estas razones, parece bastante evidente que podría dañarse la específica y propia misión de la defensa. Además, dados los escasos recursos que se asignan a la defensa, dedicar una parte importante de los mismos a misiones ajenas a la función defensiva no es aceptable de ningún modo. Da toda la impresión de que se quiere erosionar un  aparato defensivo ya demasiado debilitado.
 
Resulta, además, chocante que una profesión tan peculiar como la militar, que exige una vocación específica muy marcada, que se concreta en eso que suele llamarse “espíritu militar”; la única profesión que en el acto del juramento o promesa ante la Bandera prevé la posibilidad de “entregar la propia vida en defensa de España”, convierta permanentemente a una parte de sus miembros en algo tan noble y necesario, pero tan alejado del espíritu militar como son los trabajadores de protección civil. Con todos los respetos para éstos, no tiene ningún sentido convertir a militares vocacionales en bomberos, de un modo permanente.
 
Todo esto resulta aún más irritante si consideramos que los militares que opten por la UME estarán mejor pagados que quienes continúen en las unidades militares ordinarias. Es decir, se privilegia a los militares que, en la práctica, decidan dejar de serlo. Se les privilegia no sólo respecto sus compañeros de armas que quieran seguir siéndolo sino también respecto de los trabajadores civiles de protección civil que compartan con ellos la lucha contra incendios y catástrofes. En el verano de 2007 ya han trascendido a los medios algunas quejas en este sentido.
 
3. La UME y la encubierta desmilitarización de las FAS
 
Llegados a este punto se impone plantearse el problema de fondo, esto es de las motivaciones profundas que puedan explicar la creación de la UME, conectando, además, este hecho concreto con otros elementos del paisaje español de la defensa, tal y como ha venido configurándose a lo largo de esta legislatura. Por graves que hayan sido los incendios que han destrozado tantos miles de hectáreas en los últimos años, es difícil verlos como la razón última y definitiva para la creación de la UME. Las FAS han participado tradicionalmente en la extinción de incendios y, con toda evidencia, lo han hecho a plena satisfacción desde mucho antes de que existiera esta polémica unidad. Lo que más netamente se ha percibido en los más graves y recientes incendios han sido problemas de coordinación entre Administraciones, que no sólo no se van a arreglar con la UME sino que incluso se pueden agravar, al aparecer un nuevo elemento en el complejo panorama de la protección civil. ¿Cuál sería, entonces, la motivación última y no manifiesta que ha llevado a la creación de la UME?
 
En nuestra opinión nos hallamos ante un encubierto proceso de desmilitarización de las FAS, que se manifiesta con toda evidencia si juntamos una serie de piezas sueltas que han ido apareciendo a lo largo de la legislatura. El inevitable punto de partida es el antimilitarismo tradicional de la izquierda española y, específicamente, del PSOE, “reprimido” desde la Transición y, sobre todo desde su llegada al poder en 1982, pero que ha vuelto a percibirse desde que en 2004 se constituye el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En 1982 los socialistas declararon que habían “descubierto” a la Guardia Civil. No tenemos ningún dato de que esta nueva generación de socialistas haya “descubierto” en algún momento a las FAS, sino todo lo contrario.
 
La primera decisión del Gobierno Zapatero (la retirada o huida de Irak), por la manera en que se produjo implicaba claramente una humillación de nuestras tropas allí destacadas que no fue considerada ni por el Presidente ni por su Ministro de Defensa. Se les ordenó regresar deprisa y corriendo, desalojando sus posiciones y casi abandonando armas y bagajes ante la sorpresa de sus compañeros de armas de otros países. Nada más contrario a las tradicionales normas de conducta militar. Pero al Gobierno no le importaba la dignidad de nuestros militares sino sus “compromisos” electorales.
 
El “ansia infinita de paz” de que el Presidente ha hecho alarde en muchas ocasiones esconde toda una filosofía política -si se puede hablar así- que se concreta en lo que acertadamente se ha denominado “buenismo” y que, ante cualquier conflicto, aplica una misma receta: Paz-Pacifismo-Apaciguamiento-Diálogo-Rendición. La aplicaron con ETA mientras les fue posible y volverán a aplicarla si ganan las elecciones. Y a juzgar por las reacciones ante las recientes insolencias marroquíes, no se puede descartar que no la apliquen ante las exigencias del vecino del sur respecto de Ceuta y Melilla. Ya lo han hecho con el Sahara Occidental, en connivencia con Kofi Annam. A esto lo llaman diplomacia, aunque en realidad no es otra cosa que un decidido abandono de los intereses nacionales.
 
A partir de esta actitud las FAS dejan de tener sentido, pero como no se pueden suprimir (al menos por el momento), se trata de poner en marcha un cauto pero mantenido proceso de desnaturalización de las mismas. Como se ha dicho tantas veces, esta desnaturalización- desmilitarización se concretaría en la conversión de las FAS en una benéfica ONG de uniforme, dedicada en el exterior a misiones humanitarias, a ser posible y deseablemente en lugares exentos de cualquier riesgo, y en el interior a misiones de protección civil o similares. La UME es el modelo y la avanzadilla del proceso.
 
Las manifestaciones de esta pacifista voluntad de desmilitarización de las FAS han sido muchas durante la legislatura 2004-2008 y dar cuenta de todas ellas exigiría un trabajo específico. El primer ministro de Defensa socialista de esta época llegó a declarar en público que prefería que le mataran a matar, resignada actitud propia de mártires por alguna noble causa pero impropia de quien asume la misión de defender a la comunidad nacional. Una actitud que, además, desconoce el derecho a la legítima defensa, imprescindible en una sociedad organizada y civilizada. ¿Cómo podía estar al frente de las FAS quien mantenía semejantes opiniones? Si esa actitud se traslada al ámbito de lo colectivo es evidente que las FAS están de más. Ante cualquier conflicto no cabe sino la rendición y ponerse en manos del enemigo.
 
Bajo el mismo ministro se suprimió la palabra “guerra” de todos los textos legales que se aprobaron bajo su mandato. Es curioso que en la LODN no aparezca este término, aunque si se habla de “conflicto” o de “operaciones militares”. Llegó incluso a proponer, según parece, que se suprimiera la nefanda palabra de los tres artículos de la Constitución en que se la menciona (15,63.3 y 169). Se trata de una manifestación propia del pensamiento primitivo que cree que la “cosa” desaparece si se elimina la “palabra” con que se la denomina. El propio Presidente del Gobierno proclamó en Santiago de Chile “el fin de todas las guerras ideológicas o religiosas”, aunque mantiene la palabra para la única guerra que concibe: la guerra contra la pobreza. No sabemos cómo denomina a la lucha contra el terrorismo o si, en línea con su actitud ante ETA, estima que no cabe más estrategia que el binomio negociación-rendición. Imaginamos, además, que antes de hacer esta solemne proclamación habrá consultado con los fundamentalistas islámicos, en el marco de su Alianza de Civilizaciones…
 
Los socialistas españoles se niegan a aceptar la realidad y la confunden con sus deseos. Nadie nos gana en el deseo de que no haya guerras, pero no se puede prescindir de su posibilidad, aunque, ciertamente, las formas de guerra cambian. En cualquier caso, hay que estar preparados para el caso de que, aún sin quererlas, nos la impongan porque, como dice el proverbio chino “el árbol quiere la paz pero el viento no se la concede”. El más elemental análisis de la situación actual del mundo nos tiene que llevar a la conclusión de que la desmilitarización de las FAS, a la que apunta la creación de la UME, es algo especialmente inoportuno en las presentes circunstancias que vive el mundo.
 
Como ha escrito recientemente un conocido especialista, Angelo Codevilla, “el mundo de hoy está lleno de más gentes animadas por mayor odio y en posesión de más medios para hacer la guerra que en ningún otro momento de la historia”[4]. Sería suicida caer en la tentación de pensar que vivimos en un mundo seguro en el que ya no se necesita a los soldados. Estoy de acuerdo también con las palabras del historiador militar inglés, John Keegan: “La política debe continuar; la guerra, no. Eso no quiere decir -continúa- que haya llegado el fin del papel del guerrero. La comunidad mundial requiere más que nunca guerreros hábiles y disciplinados dispuestos a ponerse al servicio de la autoridad. Unos guerreros que pueden con rigor considerarse protectores de la civilización, no sus enemigos”[5].
 
En la misma línea de desmilitarización encubierta hay que situar la insistencia del Gobierno en referirse siempre a las misiones en el exterior de las FAS como “misiones humanitarias” o “de paz”, incluso en aquellos casos, como Afganistán o Líbano, en las que es evidente que se trata de zonas de alto riesgo en las que no se pueden descartar las agresiones terroristas o de otras fuerzas, conocidas o no, ni tampoco la hipotética necesidad de que nuestras tropas se vean forzadas a entrar en combate. Los militares españoles muertos en ambas misiones son el triste testimonio de que no exageramos al hacer estas afirmaciones. Ignorantes, al parecer, de que la Carta de las Naciones Unidas también prevé la posibilidad de tomar “medidas que impliquen el uso de la fuerza armada” (artículos 41,42 y 43 especialmente), los socialistas españoles se han fabricado una neta distinción entre misiones ONU y misiones OTAN, según la cual las primeras serían la “buenas” por ser siempre “pacíficas” y las segundas las “malas” porque podrían implicar el uso de las armas. En esta línea insisten en denominar a la misión en Afganistán como “misión ONU”, contra toda evidencia, con el argumento de que hay un mandato de la ONU contenido en una resolución del Consejo de Seguridad. Cuando se les dice que también en Irak hay un mandato de la ONU y tres resoluciones del Consejo de Seguridad se ponen de los nervios y prefieren cerrar el debate. En esta línea se le ha oído al ministro de Defensa Alonso afirmar que “menos OTAN y más ONU”. Y es que desde la aludida voluntad desmilitarizadora su rechazo por la OTAN resulta imposible de ocultar. Da toda la impresión de que por su gusto se disolvería la Alianza Atlántica para que imperase sin rival la Alianza de Civilizaciones.
 
Esta actitud ante las misiones en el exterior explica que nuestros contingentes se dediquen a tareas tan encomiables como enseñar español a la población local, mientras sus dotaciones de material militar dejen mucho que desear. Dedicar las FAS a tareas estrictamente militares les parece una obligación repugnante que hay que evitar siempre que sea posible. Pero los socialistas están profundamente equivocados si, al menos para su coleto, estiman que lo deseable sería suprimir a las FAS. No necesitamos, ciertamente, en estos momentos unas FAS muy numerosas. Nos bastan unas FAS reducidas pero muy preparadas para todas las contingencias que se puedan plantear, tanto para la defensa de España como para nuestros compromisos internacionales. Por eso no podemos segregar permanentemente a una parte de las FAS para tareas que no tienen una relación directa con la defensa.
 
En la recientemente aprobada Ley de la Carrera Militar se perciben también una serie de señales que apuntan a esta desmilitarización de las FAS. Así, en la regulación de la enseñanza militar se percibe una menos que soterrada supeditación de la misma a la enseñanza general, civil. Que los oficiales tengan un título universitario se puede aceptar, sin ninguna duda, como un objetivo deseable que, en todo caso, dependerá de los respectivos proyectos personales de cada oficial que, en muchas ocasiones, completará así su formación militar, con evidentes ventajas para el servicio. Pero no se puede aceptar que, para serlo, un oficial tenga, necesariamente, que obtener una titulación universitaria. Da toda la impresión de que se degrada la formación militar a la condición de complemento de la titulación universitaria, generándose una especie de híbrido que podría correr el riesgo de no ser ni una cosa ni la otra. Es más, en el borrador inicial del proyecto de ley aparecía claramente, en un auténtico lapsus linguae, la supeditación de la enseñanza militar a la civil. Posteriormente corrigieron las afirmaciones más flagrantes que aparecían en el preámbulo, gracias a nuestras enmiendas. En cualquier caso, queda bien a vista la voluntad de degradar a las academias militares. Seguramente piensan que para desmilitarizar hay que empezar por el principio, de ahí el deseo de convertir a las academias en instituciones subordinadas a la universidad civil.
 
No voy a repetir aquí la argumentación con la que nos opusimos en las Cortes a este “civilizado” modelo de enseñanza militar pero, como afirmé en el Pleno del Senado, este maridaje academias militares-universidades públicas previsto en el proyecto es como un matrimonio por poderes y con persona desconocida de consecuencias imprevisibles, en un momento en que la enseñanza universitaria, además de inmersa en la compleja aplicación de los llamados “criterios de Bolonia” para la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, está transferida a las comunidades autónomas, cada una de las cuales tiene sus propias normas particulares y, además, en algunas se imparte la enseñanza universitaria en la lengua cooficial, en abierta ruptura con toda la normativa militar que establece como lengua única de las FAS el español.
 
También apunta a esa desmilitarización de las FAS que denunciamos la deslegalización de las Reales Ordenanzas, que ya es un hecho después de la aprobación de la Ley de la Carrera Militar. Se rompe así una larga tradición de nuestras FAS. Con el pretexto de que hay que actualizar la Ley 85/1978 de Reales Ordenanzas de las FAS -un objetivo con el que estamos de acuerdo- se la ha dejado convertida en un mero decreto, asestando así un golpe decisivo al texto que ha encarnado tradicionalmente los valores militares y que, por eso mismo, es la mejor expresión del espíritu militar.
 
Todo esto demuestra que se quiere “potenciar el componente civil de las Fuerzas Armadas”, frase predilecta ahora de algunos responsables socialistas, que deja en evidencia el propósito desmilitarizador que, de este modo, deja de ser encubierto y se convierte en algo manifiesto. Un propósito que ya tiene una primera manifestación en la UME. Como dije también en el mismo debate “Nuestras Fuerzas Armadas no necesitan “incrustaciones” civiles. Las basta con ser plenamente constitucionales. Y ya lo son”.
Esta pretendida “civilización” de las FAS parte de un supuesto erróneo cual es el de considerar a la militar como una profesión más, equiparable a cualquier otra de las que existen en el ámbito civil. Y es ésa una falsedad a la que hay que oponerse rotundamente, porque la profesión militar no se puede comparar a ninguna de las profesiones civiles, ni siquiera a las que exigen un trabajo esforzado y la asunción de graves riesgos. Ya hemos dicho que no hay otra profesión en la que desde el principio, se ofrezca el sacrificio de la propia vida, si fuera necesario. Es que, además hay una clara incompatibilidad entre la militar y las profesiones civiles. El ya citado Keegan ha escrito que “los militares no son como los demás hombres” y se ha referido a “los dos códigos mutuamente contradictorios” por los que se rigen civiles y militares. Los primeros se rigen por el código “de los derechos inalienables, que incluyen la vida, la libertad y el logro de la felicidad”. El código de los militares se basa “en la abnegación en caso de necesidad estratégica”. Para Keegan los militares “son valores de un mundo muy distinto, un mundo muy antiguo que existe en sintonía con el mundo cotidiano, pero que no forma parte de él. Ambos mundos cambian con el paso del tiempo y el mundo del guerrero sigue los pasos del mundo civil, pero a una cierta distancia. Y esa distancia nunca se anula, pues la cultura del guerrero no puede ser nunca la cultura de la civilidad”[6].
 
Como conclusión debemos subrayar, en primer lugar, que la UME no tiene sentido ni encaje en la normativa vigente de defensa porque supone una inadmisible segregación permanente de una parte importante de las FAS para tareas que nada tienen que ver con su función primordial que es la defensa.
 
En segundo lugar, estimamos que la UME debe contemplarse como la manifestación más patente, algo así como la punta del iceberg de un proceso de desmilitarización de las FAS que el Gobierno socialista ha puesto en marcha desde que llegó al poder en 2004.

 
 
Notas


[1] Lorenzo Cotino Hueso: El modelo constitucional de Fuerzas Armadas. INAP-CEPC. 2002. Pg.
  114-115.
[2] Curiosamente este concepto venía a ser como el reverso de lo que significa la UME ya que era definida como “la disposición permanente de todos los recursos humanos y materiales al servicio de la defensa nacional”, aunque añadía “y también en la lucha contra todo tipo de catástrofes extraordinarias”.
[3] L. Cotino: Ob.cit. Pgs. 180-189. La cita de Herrero es de su artículo: “Dimensión constitucional de la  profesionalización de las Fuerzas Armadas” en Revista de Derecho Público de la UNED. Nº 43. 1988. Pg.18. La de J. R. Pardo de Santayana de su trabajo: “La estructura de la Defensa” en Hermann Oehling (coordinador): La Defensa de España ante el siglo XXI. Fundación Cánovas del Castillo. Madrid. 1997. Pg. 226  
[4] Angelo Codevilla & Paul Seabury: War. End and Jeans. (2ª. Ed.). 2006. Pg. 5.
[5] John Keegan: Historia de la guerra. Planeta.1995. Pg. 466.
[6] Ibidem: Pgs. 17 y 76.