La Unidad Militar de Emergencia (UME): ¿una necesidad encubierta o simplemente un mal empleo de los medios?
por Antonio J. Candil Muñoz, 9 de abril de 2008
El Ejército de Tierra debe estar equipado y dotado con los mejores sistemas de armas y equipo disponibles, pero ello por sí solo no bastará si estos equipos se insertan e integran sin más en una organización militar que no ha sido optimizada ni diseñada para obtener el máximo rendimiento de los mismos. La verdadera revolución y renovación militar no es sino la reconfiguración de su organización para afrontar los nuevos desafíos y para ello requieren también nuevos procedimientos y una nueva doctrina de empleo de la fuerza. Todos estos aspectos provocan la necesidad cada vez más apremiante de proceder a una revisión profunda del carácter, naturaleza, y tipo de Ejército de Tierra que se necesita para la defensa nacional y la contribución de España a la seguridad colectiva occidental. Después del 11-M esa necesidad se ha hecho más apremiante que nunca y preocupa sobremanera que nuestros gobernantes no sepan valorar la utilidad de la herramienta que constituyen las Fuerzas Armadas y se pierda la oportunidad de constituir un elemento disuasorio defensivo y de seguridad absolutamente imprescindible para garantizar la soberanía nacional.
La misión del Ejército de Tierra está perfectamente identificada en la legislación vigente y todo el mundo tiene en mente que no le cabe otra tarea que la conducción de las operaciones terrestres en caso de guerra, así como la formación y capacitación del componente Tierra de las Fuerzas Armadas, precisa y únicamente con el objetivo de preparar las unidades que lo forman, para su empleo en guerra. La reciente decisión de crear una unidad militar para intervenciones típicas de la Defensa Civil, Protección Civil o Defensa Pasiva, como se llamó en sus comienzos, detrayendo sus efectivos y medios de los que deberían corresponder a la Fuerza de Maniobra o Ejército Operativo, es cuando menos sorprendente. El que sucesos como lo ocurrido durante el verano de 2006, con una plaga desmesurada de incendios asolando Galicia, y otros anteriores de diversa índole, lleven a que la Administración Central de la Nación tome conciencia de que debe disponer -a pesar de la descentralización de competencias vigente-, de medios de relieve para atender catástrofes y emergencias que puedan llegar a superar las capacidades de la comunidad autonómica afectada, no significa que deban ser las Fuerzas Armadas las que atiendan a tal necesidad.
Es obvio que ante la conmoción producida, y el clamor popular por recibir soluciones, el Gobierno ha recurrido a lo más fácil, que no es otra cosa que utilizar el reconocido carácter de obediencia y disciplina del estamento militar, así como su disponibilidad permanente, para crear la llamada Unidad Militar de Emergencias (UME), con unos efectivos humanos del orden de 4.000 personas -una unidad tipo brigada-, al mando de un Teniente General, bajo la dependencia directa del Presidente del Gobierno.
Independientemente del eco que la medida ha provocado, su adopción conlleva serias implicaciones. De entrada, falta de confianza de la Administración en los mecanismos civiles de protección, y muy posiblemente renuncia implícita -tras la creación de la UME-, a mejorar sus niveles de eficiencia y capacidades. Por otra parte, encargar a las Fuerzas Armadas, sobre todo al Ejército de Tierra, esas tareas desvirtúa la esencia de sus funciones y añade confusión sobre el papel y misiones del Ejército en una sociedad como la española de comienzos del siglo XXI. Si, además, se pretende que esa nueva unidad llegue a tener poderes policiales en caso de intervención, ello rompe de algún modo ya casi definitivo con la cadena de mando militar.
Por otra parte, la nueva unidad supone un esfuerzo presupuestario notable (al menos 1.600 millones de Є hasta 2008), cuando precisamente se regatea ese esfuerzo al propio Ejército, (y queremos entender que de esta forma tampoco se potenciarán las tan necesarias capacidades civiles), con la consiguiente disminución de unos recursos muy necesarios para el conjunto de las Fuerzas Armadas, precisamente cuando el Gobierno de la Nación pretende ser un actor relevante en el escenario internacional, en cuyo marco se ve ya en serios apuros para atender a todas las peticiones de implicación militar en operaciones multinacionales de paz que tal papel conlleva. La creación de la UME obliga también a sustraer personal militar en activo de sus unidades de origen -sin duda la supresión de la unidad División en el Ejército ayuda a recolocar a este personal-, que, a su vez, debe ser instruido en actividades que no han formado parte nunca de su formación y entrenamiento o instrucción habituales a toda prisa si se quiere que esta unidad sea operativa a mediados de 2008.
Resulta claro que esta medida no es sino una desviación de cometidos, de contenido y de sentido común, y que bajo ningún concepto es necesario buscarle nuevas tareas y misiones al Ejército para justificar su existencia. A las misiones tradicionales plenamente contempladas en la Constitución hay que añadir ya las derivadas de unas nuevas amenazas que afectan a toda la comunidad internacional, y que se materializan lejos de nuestras fronteras. Sin duda es en estos campos donde habría que concentrar los esfuerzos y no en tareas que corresponden a las autoridades civiles.
Efectivamente, desde octubre de 2005 se ha puesto en marcha la constitución de la que sin duda puede llegar a ser la unidad más potente del Ejército español : 4.310 efectivos, más de 1.000 vehículos entre aviones, helicópteros y embarcaciones ligeras, 75 edificios repartidos por toda España y una inversión inicial que supera los 518 millones de euros. Estas son las cifras de la nueva unidad militar que, bajo la denominación de Unidad Militar de Emergencia (UME), se puso en marcha y que de alguna forma, ha creado no pocas suspicacias y hasta malestar, en el seno de las Fuerzas Armadas.
Especialmente cuando se trata de una unidad cuyo objetivo, según el Gobierno, es «dar una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos ante situaciones excepcionalmente adversas, como grandes incendios, inundaciones, nevadas, terremotos y riesgos biológicos, químicos o radiológicos». Desde las Fuerzas Armadas no se puede ver con buenos ojos una unidad que, en primer lugar detrae recursos muy necesarios para que los ejércitos puedan asegurar el cumplimiento de sus misiones constitucionales que se resumen solamente en la defensa militar, recursos que afectan de manera especial al personal, al cual - para captar su interés -, se le ha ofrecido el cebo de mejores sueldos en sus comienzos, y de mejores evaluaciones para su futuro profesional. Todo ello en plena polémica sobre la aplicación de las nuevas retribuciones laborales y el nuevo modelo de carrera militar.
Cuando desde el Ministerio de Defensa se trata de justificar esta situación y se argumenta que los emolumentos a percibir en la UME son del mismo nivel que los que se puedan percibir en unidades consideradas de élite como la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, la Legión, el portaaviones Príncipe de Asturias, o los Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire, se está ofendiendo de alguna manera a los integrantes de estas unidades.
Pero no es el tema salarial el tema central que se cuestiona en la creación de esta nueva unidad militar, sino que la realidad de que se trata ahora es de la situación de un contingente de cuatro mil hombres, que, en principio, sólo actuará en caso de emergencia y que, el resto del tiempo, deberá adiestrarse en tareas que ahora desconoce, que no responden a la naturaleza de la función militar y que llevarán a que, en breve, se disponga de una unidad -teóricamente militar-, que no tendrá ningún tipo de función militar, que no estará instruida militarmente y cuyo valor nominal puramente militar será prácticamente CERO al carecer de armamento y equipo, no tener instrucción específica ni estar incluida dentro de lo que se venía llamando el orden de batalla o despliegue del Ejército.
La nueva unidad, de todos modos, no ha salido de la nada y para cualquier observador avispado no se debe pasar por alto el hecho de la reciente disolución de la Gran Unidad División al haberse ya desarticulado la organización existente y dejar a la Gran Unidad Brigada como la mayor de las existentes en el Ejército de Tierra. Al igual que la Armada, en su día, se convirtió en una Marina de fragatas y corbetas, al retirarse de la plantilla las unidades navales más pesadas tipo destructor y crucero, y el Ejército del Aire perdió sus grandes aviones de bombardeo -aunque nunca fueran muy grandes tampoco-, el Ejército de Tierra ha pasado ahora a ser un Ejército de brigadas y batallones, si es que no sufre más reducciones en un futuro próximo.
Al desaparecer la División Acorazada Brunete 1 -últimamente División Mecanizada en lugar de Acorazada-, se ha podido prescindir, de hecho, de un cuartel general de tamaño divisionario, de un regimiento de artillería divisionario autopropulsado -el Regimiento de Artillería (RACA) 11-, de un regimiento de ingenieros de zapadores y transmisiones, -el Regimiento Mixto de Ingenieros (RMING) 1 -, de un regimiento de caballería -el Regimiento de Caballería Ligero Acorazado (RCLAC) Farnesio 12-, de un grupo de artillería antiaérea ligero divisionario, de una agrupación logística, sanidad, transporte, etc., en suma de un material cuyo futuro no se sabe muy bien cuál será, y de un personal, que, en balance de resultados, es el que ahora -en torno a los 4.000 hombres y mujeres-, engrosará la flamante nueva unidad de emergencia. Aquí es donde está la magia del Gobierno y no en otra parte. Las matemáticas son las que son y las cifras no se pueden sacar del sombrero de un prestidigitador, aunque los políticos sean especialistas en presentar los datos del modo que mejor convenga.
Los problemas que plantea la creación de la nueva unidad no son solamente militares, como ya se indicaba, sino que afectan también, de algún modo, a la administración local y regional ya que, como desde alguna asociación más o menos formal de militares se ha dicho, están aún pendientes de resolver los problemas de coordinación con las Comunidades Autónomas en caso de siniestro o catástrofe natural, ya que las autoridades locales no pueden tener competencias sobre una unidad militar, a no ser que ésta actúe en misiones de protección civil. Ciertamente hay un cierto caos de competencias respecto de las Administraciones Públicas y habrá que regular bien el marco jurídico de las actuaciones de la nueva unidad de emergencia. Algo que costará tiempo y dinero, que no era necesario, y que ahora a las dificultades habituales de coordinación de los servicios implicados, añade la integración de una estructura acostumbrada a trabajar bajo otros esquemas de funcionamiento, de empleo y, por supuesto, de dedicación al trabajo. ¿Qué ocurrirá cuando los componentes de la UME vean que sus condiciones de trabajo, de empleo, y hasta de riesgo, son diferentes -y ciertamente más exigentes, porque será así, que no lo dude nadie, dada su condición de militares-, que las de los servicios públicos locales?
No es justo invocar la condición militar, las razones de obediencia debida, de sacrificio, de abnegación, de disciplina, e incluso la aplicación del Código de Justicia Militar, a un personal que va a realizar tareas civiles, junto a personal civil, no sujeto a la misma legislación y al que, por las mismas razones, no se va a exigir el mismo grado de devoción y entrega. Y naturalmente, a cambio de unos emolumentos, que aún cuando superiores a los del resto de las Fuerzas Armadas, no se acercan ni de lejos a los que percibe ese mismo personal civil. Todo justificado por la simple disciplina militar. Sin duda se trata de una historia que acabará mal y que no ha hecho más que empezar.
A principios de marzo de 2007, según datos del Ministerio de Defensa, la UME contaba ya con 1.074 efectivos (1.016 hombres y 58 mujeres), entre cuadros de mando y tropa profesional, estando previsto que a finales de abril de 2007 se hubieran incorporado otros 561 nuevos componentes, con el objetivo de contar con algo más de 3.000 efectivos para finales del pasado año 2007, y con la finalidad de alcanzar el total de 4.310 en diciembre de 2008. Unas cifras, y un progreso nada espectacular por otra parte, ya que se habrá tardado 3 años en constituir la unidad, y ello, sin hablar del nivel de instrucción especializada -ya no se trata de desfilar ni marcar el paso-, y de experiencia profesional en cuanto a siniestros o catástrofes, algo que no auguramos como fácil en ningún caso. Por otra parte, ¿qué conocimientos específicos en cuanto a catástrofes posee hoy un joven oficial o suboficial recién salido de la Academia? ¿Se impartirán a partir de ahora la extinción de incendios, la actuación en inundaciones o terremotos, como unas asignaturas más en las academias militares?, en detrimento de las misiones y materias militares naturales como táctica, armamento, tiro, explosivos, o ¿acabaremos creando un cuerpo específico de emergencias y la academia militar correspondiente? No hay duda de que el solo planteamiento de estas cuestiones resulta absurdo y no tiene ningún sentido utilizar una unidad militar para emergencias. A no ser que lo que se busque es ir desmilitarizando las fuerzas armadas de forma paulatina y gradual, casi sin que el propio estamento militar se de cuenta de ello.
En cuanto a la infraestructura necesaria y las instalaciones con que contará la UME, ya en febrero de 2007 se había previsto la construcción de edificios en Torrejón, Morón, Bétera, Zaragoza, León y Gando, todo ello dentro de un plan de choque con una inversión de urgencia de 119 millones de euros. Asimismo se contempla invertir no menos de 400 millones más para la adquisición de diez aviones (de los que ya cuentan con uno), 19 helicópteros (en 2007 se adquirió uno), más de mil vehículos de ruedas -y quizás alguno de cadenas-, de diverso tipo, así como 68 embarcaciones ligeras de distintas capacidades. Se había previsto que la UME pudiera empezar a actuar en el verano de 2007, una vez cubierto el 50% de su plantilla, como así fue.
La UME, a pesar de lo expuesto, y ser una fuerza creada a expensas del Ministerio de Defensa y ciertamente con sus presupuestos, finalmente actuará bajo la dependencia del Ministro del Interior en los supuestos de emergencias declaradas de interés nacional, mientras que en los restantes casos dependerá de los responsables de protección civil de las Comunidades Autónomas, con todo el problema ya expuesto que conlleva esta situación. El Ministro de Defensa se reserva la potestad de autorizar caso a caso la intervención de la UME, a petición del ministro del Interior, según el decreto que finalmente aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo. Aquí, aunque parezca una exageración, se pueden dar además otros problemas, especialmente en cuanto a plazos de intervención y la propia consideración de la situación, ya que ¿cuanto tiempo y bajo qué parámetros se declarará una emergencia como de interés nacional?, ¿cuánto tiempo llevará efectuar tal declaración? Basta recordar lo sucedido con el caso del Prestige, y el incendio, por ejemplo, de Guadalajara, para comprender que no se trata de una banalidad.
Según el decreto del Ministerio de Presidencia aprobado por el Consejo de Ministros, la UME podrá intervenir ante situaciones de emergencia, que tengan 'carácter grave' y estén relacionadas con riesgos naturales como inundaciones, terremotos o nevadas, incendios forestales, accidentes de origen tecnológico (químico, nuclear, radiológico o biológico), o consecuencias de atentados terroristas -no el atentado terrorista mismo ni su prevención-, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, o instalaciones peligrosas -como podría ser el caso de un atentado contra una central nuclear y la consiguiente contaminación-, o 'cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno', y es esta última la que puede resultar ciertamente preocupante. ¿Queda al arbitrio del Presidente del Gobierno, por sí solo, decidir una situación de crisis en la que deba intervenir la UME? Francamente no se alcanza a ver cual puede ser una de estas situaciones, al margen de las ya expuestas. Cuando menos suena raro.
En cualquier caso, el Protocolo de Intervención de la UME señala que 'en los supuestos de emergencias declaradas de interés nacional, la dirección y coordinación operativa de las actuaciones en la zona siniestrada corresponderá al Jefe de la UME -(actualmente un teniente general del Ejército)-, bajo la dependencia del Ministro del Interior'.
A pesar de todo el esquema de funcionamiento parece complicado y no es que se enseñaría en clase de Organización y Métodos en cualquier escuela de negocios o en las escuelas militares de estado mayor. La orden de que intervenga la UME la dará el Ministro de Defensa, por delegación del presidente del Gobierno, de quien depende la unidad en última instancia. También será el Ministro de Defensa el que ordene su repliegue, informando a la autoridad que pidió su intervención. Habrá, pues, un doble filtro para evitar que alguna comunidad autónoma caiga en la tentación de descargar en esta unidad, prevista para emergencias graves, su responsabilidad de contar con medios propios de protección civil: el Ministerio del Interior, en primera instancia, y el de Defensa, luego. Difícil de coordinar a primera vista.
El protocolo insiste en que la UME es una unidad integrante de las Fuerzas Armadas, encuadrada orgánicamente en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, uno de los puntos que se ha dejado para el final es de qué organismo de Defensa dependerá la UME, a efectos de personal y presupuesto, aunque es probable que sea de la Subsecretaría de Estado para la Administración Militar, y ciertamente nunca del Estado Mayor de la Defensa. El protocolo además, adelanta ya una de las previsiones contenidas en la Ley de la Carrera Militar, todavía actualmente en tramitación parlamentaria, y es que los miembros de la UME, 'en el cumplimiento de sus misiones, gozarán del carácter de agente de la autoridad', por lo que podrán dar órdenes a civiles, complicación añadida sin duda, cuando también se dice que podrán utilizar, mientras dure su intervención, medios públicos o privados, que podrán ser requisados con carácter temporal, cuyos propietarios tendrán derecho a indemnización. Es decir, una actuación como agentes de la autoridad que no se enseña a los militares en ninguna academia, por lo que la salsa que ha cocinado el Gobierno va reuniendo todos los ingredientes para ser ciertamente explosiva.
Por otra parte, de lo expuesto y de la declaración de intenciones efectuada por el Gobierno, parece desprenderse sin equívocos que, en principio, el ámbito de intervención de la UME se circunscribe al territorio nacional. Sin embargo, unidades militares españolas intervinieron ya, en su día, en zonas de catástrofe natural tan alejadas como Pakistán, con ocasión de un terremoto, o Indonesia, con ocasión del tsunami que asoló el Sudeste asiático, sin olvidar Mauritania, para establecer un campamento de acogida a los inmigrantes subsaharianos. Es muy posible que la UME se vea solicitada muy pronto allende de nuestras fronteras más que en el propio territorio nacional, dado el índice de frecuencia de desastres naturales de gran escala que se producen en otras zonas de la tierra más proclives a las catástrofes naturales de gran magnitud que en el territorio español, sea por motivos geográficos, geológicos o de otra naturaleza. ¿Se ha previsto tal eventualidad?
A mediados de 2006 tuvo lugar una cumbre de defensa en Tokio -la 11ª Reunión del Foro de Tokio, un foro de discusión de problemas de seguridad y defensa en la región de Asia-Pacífico-, a la que asistieron representantes de la Unión Europea, en calidad de observadores, en la que se debatieron procedimientos y estrategias de aplicación para la cooperación internacional y la coordinación cívico-militar en las operaciones de ayuda humanitaria en caso de desastres naturales de gran magnitud. En el transcurso de la reunión se reconoció la importancia de la contribución de las fuerzas armadas a la ayuda humanitaria a suministrar a las zonas afectadas, dada su capacidad de respuesta casi inmediata, aunque se afirmó que la responsabilidad debe recaer siempre en las autoridades civiles. Los participantes manifestaron su opinión acerca de la importante aportación que pueden proporcionar las fuerzas militares de todos los países, una vez que se produzca la solicitud de ayuda a la comunidad internacional del país afectado, siempre y cuando este requerimiento y las necesidades expresadas superen las capacidades de ayuda humanitaria civil de la propia comunidad internacional. En cualquier caso los participantes expresaron su deseo de que tales aportaciones militares deben producirse siempre con el máximo respeto a la soberanía nacional, a la imparcialidad, a la neutralidad y a los principios mismos de ayuda humanitaria. Con tal fin, en la citada reunión se acordó establecer unos procedimientos operativos conjuntos, establecer un listado de los agregados de defensa acreditados en Tokio de los países dispuestos a cooperar y, asimismo, se consideró oportuno aportar la experiencia obtenida por las diversas naciones en la asistencia y apoyo en operaciones realizadas recientemente tanto en ámbito nacional como internacional.
En el marco de la OTAN también se reconoce, tras la intervención de la Alianza, tanto en el caso del huracán Katrina -en los Estados Unidos-, como en el terremoto de Pakistán, que la capacidad militar es de gran utilidad para aliviar las penalidades que sufre la población civil que se ha visto sometida a un desastre natural de grandes proporciones así como para ayudar a la reconstrucción posterior. Sin embargo no han sido pocas las voces autorizadas que se han levantado dentro de la propia OTAN poniendo en tela de juicio que la ayuda humanitaria sea una actividad a desarrollar por la Alianza del Atlántico Norte. Y, en efecto, no les falta cierta razón.
De hecho, en ámbito OTAN son muchas las preguntas que se pueden hacer y que cuestionan la oportunidad de tales acciones, aunque no se dude de su posible eficacia. Así, la cuestión principal es la de ¿por qué se deben desplegar fuerzas militares en una zona afectada por un desastre natural cuando esas fuerzas tienen otras misiones?, ¿por qué la OTAN?, ¿añade la OTAN algún valor especial como tal a la posible contribución internacional?, ¿quién debe liderar el esfuerzo que hipotéticamente pudiera hacer la OTAN? Estas preguntas no son sino el reflejo que provoca el empleo de unos medios no concebidos, en principio, para tales tareas.
Está claro que la autoridad que debe intervenir es la civil, y el apoyo puede ser más efectivo e incluso más rentable que si se hace con medios militares, ya se trate de autoridades nacionales, organizaciones internacionales como la ONU, la Cruz Roja, etc., o incluso ONG,s. Solamente se encuentra justificación cuando el desastre es de tal magnitud y proporciones que llegue a superar esas capacidades de respuesta de los organismos civiles.
Las capacidades de transporte aéreo militares pueden resultar cruciales cuando los aviones comerciales disponibles no basten ni en número ni en capacidad. Los helicópteros son esenciales en los primeros momentos, cuando la red de carreteras de la zona esté fuera de servicio, y la capacidad de transporte estratégico naval es vital para mantener el ritmo de apoyo y de abastecimientos a trasladar a la zona. Los hospitales móviles de campaña y el personal de la sanidad militar resultan imprescindibles igualmente. Ni que decir tiene que las unidades de zapadores son de gran ayuda igualmente para ayudar en tareas de restablecimiento del suministro de agua potable, y de salvamento y rescate de personas atrapadas en derrumbamientos o aisladas en zonas de difícil acceso.
Desde la OTAN se reconoce que la organización que debe liderar estas actividades debe ser la ONU, y en concreto la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/ UN OCHA), lo que no obsta para que la Alianza haya constituido un centro de coordinación de respuesta ante desastres -NATOs Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre/EADRCC-, al que contribuyen 20 países aliados, y que cuenta con un representante de la ONU, en caso necesario.
Ahora bien, hasta aquí hemos visto que, efectivamente, las capacidades militares pueden ser de gran utilidad a la hora de apoyar las operaciones de ayuda humanitaria en caso de desastre natural, e igualmente en la reconstrucción posterior de las zonas devastadas. Pero no debe pasar desapercibido el hecho de que NADIE, NINGÚN PAÍS, incluso aquellos con mayores recursos y medios que España, equipa, organiza y prepara una unidad militar en forma específica y exclusiva para intervenir en este tipo de operaciones, dejando a un lado sus funciones principales e incluso haciendo inviable que pueda tener una aplicación militar futura propiamente dicha en ningún caso, por las razones que han ido siendo expuestas.
La UME contará con un equipo y material variado, tal como aviones anfibios, helicópteros, lanchas neumáticas, camiones pesados y vehículos ligeros tanto de puro uso logístico comercial como todo terreno, motocicletas, autobombas, maquinaria pesada de ingenieros para obras públicas, máquinas quitanieves, perros adiestrados, potabilizadoras de agua, equipos de detección y descontaminación NBQ, todo ello diseñado para su utilización civil y con poca utilidad específicamente militar. En suma un presupuesto y una disponibilidad que si no se puede calificar como derroche con tales palabras, representa un presupuesto difícil de justificar en las propias partidas presupuestarias del Ministerio de Defensa, cuando, por poner un ejemplo, en el Líbano las tropas desplegadas carecen todavía de gafas de visión nocturna -solamente hay un par por pelotón-, los vehículos utilitarios 4x4 carecen de blindaje, hoy por hoy, ya que la compra a toda prisa de MRAP,s aún no ha permitido que se puedan enviar a las zonas de conflicto, y no había ni siquiera disponibilidad suficiente de inhibidores electrónicos para hacer frente a posibles ingenios explosivos improvisados que puedan colocarse en emboscadas, o en trampas, para las patrullas móviles que recorren las carreteras tanto en el Líbano como en Afganistán, hasta que éstos se adquirieron de urgencia ya en el verano de 2007, naturalmente después de otras adquisiciones urgentes para la UME.
Antonio J. Candil Muñoz, es Coronel en la Reserva del Ejército español, Diplomado de Estado Mayor, y Diplomado de la Escuela de Guerra del Ejército italiano. Diplomado en Alta Dirección de Empresas por parte del IESE (Universidad de Navarra). Ha sido representante de España en la UEO, y ha estado destinado en Gran Bretaña, Bélgica, Italia y Estados Unidos. Ha escrito numerosos artículos en revistas especializadas y recientemente ha publicado un libro sobre La Aviación Militar en el Siglo XXI, (Editorial Quirón, Valladolid).