La tentación de acelerar el fin de ETA

 

Si existe un asunto político que debiera haber quedado zanjado en España hace al menos una década ese el del tratamiento a otorgar a ETA y todos sus cómplices. Pero ni siquiera hoy nos vemos libres de escuchar voces interesadas o aturulladas que reclaman, por enésima vez, que reanimemos la figura moribunda de la organización terrorista. Y, de nuevo, hay que volver a recordar algunas obviedades como las que siguen.

 

Uno, que el Estado español ha errado siempre que dio crédito a la fábula de un movimiento aberztale bicéfalo, compuesto por halcones y palomas. En ETA no hay palomas y las que pueda haber en su entorno social y político siempre vuelan bajo permiso y vigilancia de los halcones. Olvidar una vez más esta evidencia podría hacernos perder la gran ventaja que tanto tiempo y dolor ha costado alcanzar.

 

Dos, que el terrorismo nacionalista y el imperio del miedo regentado por ETA en el País Vasco quizá podría haberse extinguido hace ya varios años de no haberse producido la tramposa iniciativa de negociación política impulsada por el gobierno todavía vigente.

 

Tres, que la razón por la que la actual dirigencia de ETA y muchos de sus colaboradores siguen aferrados a la expectativa de una nueva negociación política tiene mucho que ver con los errores cometidos por el gobierno durante su primera legislatura. Esto vale especialmente para aquellos errores que todavía no han sido subsanados, empezando por la moción aprobada en sede parlamentaria en mayo de 2005 (antes de que ETA declarase su última tregua) para “dialogar” con los terroristas (en contra del voto del Partido Popular) y acabando por el mantenimiento de ANV en algunos ayuntamientos vascos.

 

Cuatro, que la ventaja ya obtenida sobre ETA-Batasuna antes de que ésta iniciara su última tregua fue posible gracias a una política antiterrorista basada en unos pocos principios de sencilla enunciación: respeto a la ley, abandono del mito de una ETA invencible, máximo aprovechamiento de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Justicia, extensión de la labor represiva y judicial a toda la trama civil de los terroristas, deslegitimación del discurso nacionalista radical dentro y fuera de España y respaldo a las víctimas del terrorismo. Por cierto, la aplicación paciente y continuada de estos principios durante los años de gobierno del Partido Popular, con apoyos socialistas luego retirados, queda bien explicado en un libro reciente que recomiendo de forma encarecida: España, camino de libertad. Plan de ruta hacia la paz, de Ignacio Cosidó y Oscar Elía, Madrid, Gota a Gota, 2010.

 

Cinco, que el estado de impotencia, desorientación, descomposición y fragmentación que hoy afecta a ETA y a sus socios políticos es fruto de una vuelta a las directrices antiterroristas citadas en el punto anterior, recuperados por el gobierno de Rodríguez Zapatero durante los últimos años, aunque dejando alguna que otra cuenta pendiente.

 

Y seis, que la opción de legalizar a Batasuna o abstenerse de ilegalizar a quienes se alíen con ella (léase hoy Eusko Alkartasuna) antes de que se produzca una ruptura definitiva, absoluta, pública y nítida con ETA entraña dos riesgos inasumibles: por un lado, el riesgo de que las instituciones democráticas y sus recursos vuelvan a ser aprovechados para alimentar y justificar o disculpar el terrorismo; por otro lado, que la permisividad ante los subordinados políticos de la organización terrorista vuelva a ser interpretada por la aquélla como un síntoma de debilidad, reforzando su voluntad de continuar la “lucha armada” o bien motivando un nuevo ensayo de tregua destinado a reactivar la negociación política.

 

Y un último comentario. En los últimos meses, el ex ministro del Interior Mayor Oreja y algunos medios han propuesto la hipótesis de un reparto de papeles en el PSOE, destinada a ocultar una estrategia que tendría como punto final una nueva negociación tácita con ETA. Para rechazar esta hipótesis se suele afirmar su contradicción con la eficaz y dura estrategia que viene siendo aplicada desde el Ministerio del Interior. Pero este argumento no es definitivo: se puede presionar al máximo por la vía policial para ganar una posición de preeminencia en una negociación posterior. De otro lado, no existen evidencias que permitan confirmar esa voluntad de negociar (y menos aún de que el presunto proyecto negociador incluyera concesiones políticas). Lo que sí es evidente es que las intenciones apaciguadoras aún persisten en cierto sector del Partido Socialista de Euskadi, y para demostrarlo no hay más que atender a la actitud de su obstinado presidente, Jesús Eguiguren. De sus declaraciones y otras informaciones aparecidas en prensa se desprende que ese sector socialista quisiera facilitar la vuelta de Batasuna a las instituciones bajo el supuesto de que ello llevaría a ETA a declarar una tregua indefinida. Personalmente creo que, en verdad, el ministro del Interior y el presidente del gobierno no están hoy por esa labor. No obstante, tengo dudas sobre cómo reaccionarían si, en lugar de esperar a que Batasuna recuperase un puesto en las instituciones, mañana ETA anunciara en breve la citada tregua indefinida. Esta es la gran cuestión, pues para un gobierno como el actual, tan desacreditado y tan necesitado de éxitos (aunque sólo sean aparentes), la tentación de acelerar el fin de ETA sería grande. Ojalá la resistan.