La revolución del Estado de Bienestar
La máxima que ha regido el denominado Estado del Bienestar en los últimos sesenta años en Europa ha sido considerar que el nivel de prestaciones sociales debe ser creciente, independientemente de las circunstancias económicas coyunturales. De manera que o bien lo costea el crecimiento económico, o bien a través de un mecanismo de redistribución de rentas.
El gobierno español en los últimos ocho años se ha empeñado en incrementar el Estado de Bienestar, a través de un mecanismo más perverso. Cuando el crecimiento se terminó, decidió pedir préstamos para pagarlo; es decir pagar la sanidad, las pensiones y los despilfarros con crédito, tirando de la tarjeta de crédito. Pero la tarjeta de crédito tiene un límite, y es que llega un momento en que no podemos seguir tirando de ella.
Los gobiernos en los últimos sesenta años se han venido moviendo entre estas dos opciones; la falacia de la redistribución mandataria de la rentas o el crédito a cualquier preci. Pero ninguno ha querido abordar el problema de fondo, que se llama presupuesto o más bien estado de bienestar. Desde un punto de vista macroeconómico el actual estado de bienestar no es sostenible y mientras no se actúe decididamente, no será posible revertir el problema. Robín Hood no puede ser el ministro de economía de ningún país, no por injusto, que es una cuestión discutible, sino por ineficiente.
De los datos macroeconómicos que conocemos sabemos que el gobierno necesita reducir el déficit total del estado en unos 4 puntos en 2012 ( 40.000 millones de euros) y continuar reduciendo a un ritmo de 2 puntos anuales ( 20.000 millones de euros adicionales en 2013). 60.000 millones es la diferencia entre el caos y la sostenibilidad económica. Teniendo en cuenta que las cuentas de las comunidades autónomas y ayuntamientos son un agujero negro; analicemos lo que corresponde a los presupuestos generales del Estado consolidados, que suponen 300.000 millones de euros en 2011; y que puede suponer un 80% del gasto total consolidados de las administraciones públicas. Esto supone que el gobierno central debe producir en sus presupuestos un ajuste de 32.000 millones en 2011 y de 16.000 millones adicionales en 2013, es decir 48.000 millones de ajuste.
Si analizamos los conceptos presupuestarios, obtenemos algunas evidencias:
Los costes de personal suponen 33.000 millones de euros. La experiencia histórica desde 1994 nos muestra que la no reposición de personal sólo sirve para compensar los incrementos de sueldos que se producen por acumulación de trienios, ascensos, recalificaciones administrativas etc. Además, las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad suponen la mitad del número de empleados públicos; unos 300.000 que quedan fuera de este ajuste. Es decir que no cabe esperar una reducción significativa del capítulo de personal. Hasta en 2011, con un profundo ajuste de salarios en la administración, los costes finales de personal fueron mayores que los presupuestados.
Los gastos corrientes en bienes y servicios ascienden a 8.000 millones de euros; de los cuales casi 2.000 millones corresponden a conciertos de asistencia sanitaria . Es decir que habría un margen para la reducción de estos costes que podría ser de un 20% en este año; es decir unos 1.600 millones de ahorro; con una brutal disminución de los costes operativos que gran parte van destinados a Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad.
Los gastos financieros, son una variable del nivel de endeudamiento y de la prima de riesgo que de momento se mantendrán estables en los próximos dos años al menos, para luego reducirse drásticamente, lo que nos permitiría llegar al cero déficit en 2020.
Las inversiones públicas ascienden a 8.000 millones de euros. Con un importante esfuerzo podría reducirse a la mitad, con lo que podríamos llegar a los 4.000 millones de ahorro. Las transferencias de capital, que suponen unos 10.000 millones, podrían estar afectadas por un notable recorte, digamos el 50%; y así tendríamos otros 5.000 millones. Esto significa que con el mayor ajuste posible del gasto podemos llegar a ahorrar unos 10.000 millones de euros. Ya solo nos quedan 38.000 millones para ahorrar. Sin entrar a considerar cómo pagar las facturas pendientes de pago.
Si el gobierno con subidas de impuestos llegara a una cifra de 10.000 millones adicionales de recaudación; solo nos faltarían 28.000 millones de ahorro. ¿Qué nos queda? El capítulo de transferencias corrientes; que suponen casi 210.000 millones de euros; el 70% del gasto público consolidado.
De ellos 152.417 millones de euros van destinados a familias e instituciones; aquí se incluye seguro de desempleo y pensiones. Teniendo en cuenta la pirámide de edad así como el crecimiento de desempleo a corto plazo y la revaloración, en el mejor de los casos posibles tendremos un ligero incremento de estos capítulos para 2011; quizás un 1% de aumento; o sea que perdemos 1.520 millones de los que teníamos ganados. Es decir que nos vuelven a faltar 30.000 millones de euros.
Esto significa que estos 30.000 millones de euros sólo pueden venir de una reducción muy significativa en el importe de las pensiones, gastos sanitarios y de desempleo. Es decir hay que reducir estos capítulos de gasto en casi un 15% de la dotación actual.
Ahora bien, con estos recortes, se deduce que el estado no invierte, con lo cual su función de estímulo en la economía, tan esencial en estos momento, queda abandonada y la inversión del sector privado continua bajo mínimos sin crédito y con una presión fiscal similar a la de los países nórdicos. El consumo verdadero tirón de nuestra economía se verá lastrado por el drenaje que supone el incremento de impuestos. Es decir no cabe esperar un crecimiento económico significativo hasta 2014.
España ya es una economía bajo rescate, como también lo es Italia. El banco central europeo ha prestado en diciembre dinero a la banca por importe de 394.159 millones de Euros a corto plazo, de los que una tercera parte han venido a bancos españoles: 120.000 millones. La inyección del pasado 22 de diciembre de financiación a largo plazo ascendió a casi 500.000 millones de euros, de los que una cuarta parte ha venido a España. Esta ha sido la mayor inyección de liquidez de la historia del Banco Central. Es decir, en un mes, la banca española ha recibido préstamos por valor de unos 200.000 millones de euros, lo que explica el sostenimiento de la prima de riesgo por debajo de 350 puntos y el pingüe negocio de pedir préstamos al 1% para comprar deuda española al 5%. Solo así se explica que en la última subasta, los bonos a seis meses de Alemania se hayan adjudicado a tipos de interés negativo.
La impresión es que esta capacidad de inyectar liquidez a la economía se podría estar terminando de manera que sólo un esfuerzo evidente y sostenido de los gobiernos reduciendo el déficit podrá calmar a los mercados. No valen las excusas de castigar a las agencias de rating, que sólo se equivocan cuando rebajan los ratings y no cuando mantienen el de Alemania o Finlandia.
Es hora de que el gobierno dé un paso de gigante, no sólo para salvar la actual coyuntura, sino para hacerla sostenible en el tiempo, porque las pensiones y los gastos médicos volverán a crecer con una población más envejecida y lo harán al triple de velocidad que el resto de los gastos públicos. Un crecimiento de la economía del 2% anual sostenido en el tiempo no servirá para compensar el crecimiento del gasto social tal como está configurado en la actualidad, de manera que es hora de plantear reformas rigurosas en materia de sanidad y pensiones como las únicas fórmulas de sostener no el Estado de Bienestar, sino el propio Estado.