La política exterior socialista

Tras las elecciones generales de marzo de 2004 el  gobierno socialista puso en marcha con rapidez una nueva política exterior  marcada por la necesidad de ofrecer a sus votantes una  imagen innovadora e impactante que escenificara la ruptura con el gobierno precedente. Las medidas iniciales, como consecuencia, no sólo carecieron del adecuado período de análisis, sino que se tomaron en función de criterios de imagen interna y en ausencia de una adecuada valoración de los intereses en juego. La idea transmitida a la opinión pública fue sencilla: se abandonaba la sumisión a los EEUU, se recuperaba el consenso perdido y se recolocaba a España en Europa, de donde nunca debió haber salido. Como argumento de fondo analistas y políticos vinculados a la izquierda han insistido en la desproporción entre las aspiraciones del gobierno popular y la capacidad de España, disminuyendo artificialmente su potencial y asignando al país un papel internacional de segunda categoría que correspondería, en definitiva y de acuerdo con ese criterio, a su naturaleza y realidad. El nuevo gobierno no solo mostró así falta de tacto y análisis, además dejaba clara una de las líneas de inspiración de su política exterior: la  ausencia de ambición.

 

Las primeras medidas buscaron conscientemente el impacto mediático. El 18 de abril Zapatero anunció la retirada de las tropas de Iraq. Lo hizo sin consultar a sus aliados, en especial a Polonia, en cuya demarcación y bajo cuyo mando se encontraba la brigada española. La decisión fue públicamente justificada en la imposibilidad de aprobar en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que amparase la presencia de las tropas aliadas en suelo iraquí, hecho que justificaba  retirar las tropas españolas antes junio de 2004, en contra del criterio que el propio presidente había marcado tras las elecciones. Con esta medida se rompieron los estrechos lazos tejidos con EEUU, se dio una respuesta poco elegante al candidato demócrata a la Casa Blanca, que había reclamado una reconsideración de la decisión y se dio una victoria moral a los terroristas de Al Queda, que interpretaron la retirada como un triunfo perfectamente repetible. La aprobación antes de junio de una resolución en el Consejo de Seguridad tras los contactos entre EEUU y Francia demostraron cuan precipitada y escasamente inteligente fue aquella decisión.

 

El 24 de abril Zapatero visitó Marruecos. Con una prisa sin precedentes ofreció sobre la marcha a Mohamed VI la modificación de la postura española sobre el Sahara Occidental a cambio de tranquilidad diplomática. La prensa y el gobierno marroquí saludaron la visita, altamente provechosa para el reino alauita, sobre todo tras la ruptura estratégica española con EEUU. Por supuesto Marruecos no ofreció nada a cambio de tanta generosidad. En agosto el gobierno marroquí otorgaba derechos de prospección petrolífera en el cuadrante marítimo que engloba Melilla, Chafarinas y Alborán. Ha sido el primer signo de otro fracaso clave para los intereses españoles: la seguridad de Canarias y los territorios españoles en el Norte de África; y la delimitación definitiva de los espacios marítimos en litigio. Poco antes EEUU había concedido a Marruecos la categoría de socio estratégico y Collin Powell había insinuado que no se repetiría la ayuda ofrecida en el incidente de isla Perejil. España dejaba al descubierto su flanco de seguridad convencional más débil, el único capaz de generar un conflicto militar. Y lo hacía de nuevo sin recapacitar sobre la cuestión sosegadamente.

 

El 28 y el 29 de abril el presidente de gobierno visitó Alemania y Francia. Schroeder y Chirac le acogieron de forma entusiasta. Solos en la Unión Europea en su política de oposición a los EEUU, agradecían la llegada de un nuevo aliado. Zapatero volvió a ofrecer sin reciprocidad. El abandono de la posición negociadora sobre la Constitución Europea a cambio de una imprecisa aceptación en el eje franco-alemán. En junio EEUU y Francia decidieron reconducir, con motivo del aniversario del desembarco de Normandía, sus maltrechas relaciones. España quedaba al margen de una manera poco elegante e inesperada. Otra decisión, por tanto, de tan escasos como poco edificantes resultados.

 

 

Las tres acciones descritas muestran la importancia mediática que el PSOE otorgaba y concede a la política exterior. Se trata de tres fracasos notables en un corto período de tiempo que, además, desconocen conscientemente las virtudes  de las que debe gozar la acción exterior de un estado: estabilidad y continuidad. La ruptura del orden exterior consolidado durante los ocho años de gobierno popular se realizó, precisamente, sobre el fondo de una acusación tan extraña como discutible, a saber, el desprecio del gobierno Aznar hacia el consenso y la continuidad propia de la transición. Esta acusación obvia varios hechos históricos y  actuales evidentes:

 

·         El pretendido consenso propio de la transición es una invención reciente. Desde un principio el enfoque de la izquierda sobre la relación con EEUU, la entonces CEE y la OTAN fue claramente ideológico y diametralmente opuesto a la postura del centroderecha. La larga y dura polémica sobre la integración de España en la OTAN constituye la mejor muestra de la divergencia de puntos de vista.

 

·         La imagen de continuidad es consecuencia  del largo período de gobierno socialista, bajo la dirección del ex-presidente Felipe González. Resulta del todo extraño exigir a un gobierno de centroderecha que mantenga las coordenadas políticas de un gobierno de centroizquierda sencillamente porque el segundo fue capaz de gobernar, por tanto inspirar la política exterior, más tiempo.

 

·         El PP enlaza con la tradición exterior de la última etapa de gobierno de UCD, corta, pero de importancia trascendente para España. La integración en la OTAN y el reforzamiento de los vínculos con EEUU fue el origen de la polémica que terminó años después con el referéndum sobre ese particular. No existe ruptura alguna, tan solo un salto en el tiempo que exige un esfuerzo de memoria histórica.

 

·         La cronología de los hechos recientes justificaba el acercamiento a EEUU. La limitación constante de las aspiraciones españolas por Francia y Alemania no dejaban otro camino que la búsqueda de aliados preferentes adicionales o el abandono de tales pretensiones. Circunstancias que, hoy por hoy, no han cambiado.

 

Nada justificaba un deslizamiento tan rápido y opuesto al período de gobierno popular de la política exterior española; y ello por razones diversas que a continuación se exponen:

 

·         La base legal sobre la que se apoyó la intervención en Iraq era notablemente superior al respaldo jurídico que tuvieron otras operaciones de uso de la fuerza realizadas por tropas internacionales. Los argumentos esgrimidos en el Consejo de Seguridad respondían, como las investigaciones posteriores han demostrado, a creencias generalizadas dentro y fuera de la ONU, por tanto era, como así ha sucedido, cuestión de tiempo que los miembros del Consejo opuestos a los aliados acercaran posturas.

 

·         Las dificultades de la posguerra iraquí no hacen sombra al hecho cierto de que el fin del régimen de Sadam Hussein ha modificado para bien el marco estratégico de la zona. El fin de una dictadura y la petición final de la ONU de colaboración internacional para garantizar la estabilidad iraquí hacían injustificable el práctico abandono del escenario político protagonizado por el presidente Zapatero, sordo, incluso, a la petición temprana de apoyo realizada por los EEUU en Afganistán. El envío posterior de tropas al norte de ese país no ha reducido el riesgo que corrían los soldados españoles en Iraq y, sin embargo, ha carecido de rédito diplomático alguno.

 

·         No existe una relación de causa efecto entre la política norteamericana en Iraq o Palestina y el incremento del odio a Occidente en el mundo islámico. Las fuerzas ideológicas que subyacen tras los movimientos de signo revolucionario y violento en ese espacio del planeta son complejas, utilizan ese y otros conflictos como argumento operativo, pero aspiran a un cambio radical de los sistemas políticos. En ese proceso Occidente juega el papel de enemigo común, de forma parecida a como el pueblo judío fue utilizado como aglutinante ideológico en la Alemania nazi. Considerar el fin del conflicto palestino como una forma de atajar el problema es un error. Los objetivos fundamentalistas trascienden ese y cualquier otro conflicto  que se haya generado en la zona.

 

·         El rechazo que merecen los abusos a presos practicados por soldados aliados en Iraq no justifica el abandono de un aliado de semejante importancia. La necesaria depuración de responsabilidades debe articularse en torno al sistema legal y administrativo de EEUU. Pocos gobiernos europeos pueden presumir de haber depurado responsabilidades semejantes, algo que resulta especialmente flagrante en el caso de Francia.

 

·         El apoyo que los EEUU recibieron de España nunca fue incondicional, como mostró el grave incidente de Perejil. Además supone una muestra de serio desconocimiento de la realidad política norteamericana creer que un cambio de gobierno en Washington es suficiente para cambiar la política de EEUU y, menos, el odio que inspira en algunos estados del planeta, no solo musulmanes. El gobierno español debiera haber valorado la continuidad de esa política en lo esencial y, por consiguiente, la oportunidad de estabilizar las altas cotas de colaboración alcanzadas.

 

·         Los problemas del mundo no son resultado de la actividad de la administración Bush. Esta simplificación infantil tan bien recibida en sectores amplios de la clase política y académica española solo puede, como de hecho está sucediendo, conducir a errores  estratégicos serios. Es decir, el aspirante demócrata a la presidencia de EEUU, si la alcanza, también necesitará el apoyo de España en Iraq.

 

·         La política exterior del Partido Popular ha reforzado la posición internacional de España, clarificando sus intereses y abandonando parte de la retórica, evidente en los ámbitos latinoamericano y norteafricano, que tanto ha satisfecho a los gobiernos socialistas. España se alineó con los estados de la UE favorables a una robusta relación transatlántica, y frente a Francia y Alemania que, en solitario, pretendieron gestionar la política exterior de la Unión de forma unilateral. El gobierno Aznar gozó de una credibilidad, utilidad y autonomía desconocida hasta entonces tanto en Latinoamérica como en el Magreb. Los legítimos cambios que un nuevo gobierno podía introducir en la política exterior española deberían haber partido de los éxitos precedentes, y no pretender retomar el camino abandonado ocho años atrás.

 

Estos, entre otros, aspectos de la realidad internacional hacen difícilmente entendibles las prisas de Rodríguez Zapatero por poner en marcha una nueva política aparentemente más comprensible para el ciudadano. Creer que la política desplegada por el gobierno Aznar era producto exclusivo del ex-presidente y que sus coordenadas básicas son ajenas al electorado conservador es otro error. Sobre esta premisa el consenso será siempre difícil o imposible, como, de hecho, está sucediendo. La ausencia de coherencia en la política exterior y de defensa socialista, el tratamiento de determinados problemas (Cuba, Marruecos, la crisis de Oriente Próximo) y la multiplicación previsible de errores y fracasos del nuevo gobierno en estos ámbitos imposibilitarán la articulación de políticas duraderas de estado. Lo que la izquierda española ha puesto en tela de juicio es el hecho de que la política del gobierno Aznar respondiese a los intereses de España, pero todavía no han podido establecer una alternativa que garantice mejor esos intereses. En todos los escenarios la situación de España ha empeorado con respecto a la existente hace medio año. En el Norte de África España sigue a merced de la agresividad marroquí y sin el respaldo de EEUU; en Europa se ha adoptado una posición que reduce definitivamente su peso y, por tanto, el poder efectivo de España en la Unión. La vieja aspiración de alcanzar una razonable paridad con los grandes se ha evaporado. En Oriente Próximo España simplemente ha desaparecido, sin que el envío tarde y en silencio de mil soldados a Afganistán pueda contrarrestar esa invisibilidad diplomática. En Latinoamérica se ha perdido un instrumento de influencia tan elemental como era la buena sintonía con la Casa Blanca. El interés de España para los gobiernos de la región ha vuelto a ser limitado o retórico. En algunos casos intrascendente. La idea de que el PP vaya acercándose progresivamente a parámetros de ese tipo sólo puede ser sostenida si se interpreta esa flexibilidad como técnica electoral. Es poco probable que un nuevo gobierno del PP pudiese, por convicción y eficacia, continuar una línea de bajo perfil como la descrita. Una política solo adquiere estabilidad si se convierte, por mor del consenso esencial, en política de estado. Pero las graves deficiencias del PSOE en la articulación misma de los intereses del estado dificultan sobremanera la puesta en marcha de políticas consensuadas. Nunca ha existido una política de estado sobre Marruecos, sobre Cuba, sobre la OTAN, sobre los territorios españoles en el Norte de África, sobre EEUU, sobre Colombia o sobre terrorismo islámico. La izquierda ha hecho siempre imposible un acercamiento de posturas que no fuera retórico, es decir, poco o nada práctico.  Y es poco probable, a la vista de los acontecimientos antes y después de las elecciones de octubre de 2004, que tal acercamiento vaya a ser posible en un futuro próximo.

 

 

El gobierno dirigido por Rodríguez Zapatero ha planteado su alternativa en política exterior más en los mitos sobre la acción del PP en el gobierno desarrollada por el PSOE en la oposición que en la realidad. La izquierda contrapone un giro europeísta al supuesto giro atlantista del ex-presidente Aznar y su partido; un giro optimista sobre la integración europea al pretendido escepticismo del Partido Popular; una relación privilegiada con Francia y Alemania al atrevido enfrentamiento con ambas naciones; la aceptación, en virtud de esa prioridad europea, del sistema de doble mayoría y el fin del Tratado de Niza frente al contumaz bloqueo del proceso constitucional. Sin embargo la corta experiencia del gobierno salido de las urnas en marzo de 2004 permite describir su política exterior como la consecuencia de una visión estratégica virtual, a saber, basada en percepciones ideológicas y no en hechos objetivos que exigen la máxima cautela.

 

En realidad no ha existido ningún cambio de prioridades. Para el gobierna Aznar Europa fue siempre un escenario de máxima categoría. No se puede culpar al PP de tener una visión de Europa distinta a la visión de la izquierda, primero porque tal diversidad de puntos de vista es lógica y, sobre todo, porque esa distinta idea de Europa parte de la muy diferente idea de España que ambos partidos sustentan. Para el PP situar a España entre los grandes de la Unión y dotarla de autonomía dentro y fuera de esa organización era una prioridad. Para el PSOE, cuya idea de España es notablemente menos entusiasta, algo que contrasta con su intenso europeismo, el simple hecho de pertenecer a la organización garantiza sus intereses estratégicos, económicos y culturales. Idea ésta que no es en sí misma ni buena ni mala, simplemente es falsa. Una parte creciente de esos intereses estratégicos se encuentran en Latinoamérica, un espacio poco atendido por la Unión Europea y fuertemente dependiente de los EEUU. El PP entendió, con un criterio que pudiera ser discutible, pero que es en todo caso razonable, que la defensa de los intereses españoles pasaba inexorablemente por mantener una autonomía amplia en ambos hemisferios, hecho que exigía una posición fuerte en la UE y un hueco entre los aliados preferentes de EEUU. Por otra parte recuperar una relación privilegiada con Francia y Alemania ha exigido lastimar esas relaciones con el Reino Unido, con Italia o con Polonia. Porque el hecho cierto y no ilusorio es que la práctica totalidad de los miembros de la Unión, excepto Francia, Alemania, Bélgica y Luxemburgo mantuvieron la misma posición en el conflicto de Iraq que España. No hay forma de pertenecer al núcleo duro de la UE sin autonomía y peso legal en la  organización. El pretendido eje Paris-Berlín-Madrid, anunciado inicialmente por Chirac y Schroeder, no ha dado hasta ahora fruto alguno. España ha sido marginada en el acuerdo franco-americano que permitió desbloquear el tema iraquí en el Consejo de Seguridad. Y no dará frutos en el futuro porque la idea de Europa en esos dos países es muy distinta a la que trasmite el PSOE. Para esas dos naciones la Unión, a la que, en efecto, tanto contribuyen, debe reforzar los ya de por si elevados medios de influencia internacional de ambos estados. Para ello necesitan autonomía de gestión, algo que conseguirán con la previsible futura constitución europea; y un liderazgo moral que hasta ahora no han adquirido, pero que algunos países, como España, sí están dispuestos a sostener. La función de los estados grandes y pequeños queda en esa estructura bien perfilada. Estos últimos no pueden aspirar a que sus intereses tengan prioridad si son contrarios a los franco-alemanes; ni pueden esperar defenderlos con éxito si carecen de instrumentos legales, es decir votos suficientes o derecho de veto. Tendrán que aspirar, como hace el PSOE, a que la propia inercia europea los defienda solos. Lamentablemente esta idea tampoco es en sí misma buena o mala, es tan solo falsa, como el incidente de isla Perejil demostró sobradamente.

 

 

Como sucede con el ámbito europeo, la acción exterior española en el Mediterráneo y en América Latina esta sometida en los partidos de izquierda en general y en el gobierno de Rodríguez Zapatero en particular a unos condicionantes ideológicos incompatibles con la realidad. En general las críticas contra el gobierno Aznar se han centrado en una supuesta pérdida de autonomía, la excesiva identificación con los intereses norteamericanos y el consiguiente deterioro de la imagen y credibilidad de España. La fuerte carga ideológica con la que son analizados los acontecimientos internacionales llevan así al gobierno y al partido que lo sustenta a conclusiones de notable extrañeza, pero elevada trascendencia práctica. Si normalmente la autonomía de un estado en el medio internacional dependía de sus apoyos en el exterior, el PSOE estima por el contrario que esos vínculos, si se establecen con EEUU, la reducen. Si los intereses de un estado eran reforzados gracias a la coincidencia con aquellos de otros actores internacionales capaces de cooperar con él, el PSOE entiende, por el contrario que esa coincidencia, si se produce con EEUU, los debilita. Y si tradicionalmente la imagen de un estado democrático estaba vinculada a la defensa de valores liberales, como la democracia, y a la seriedad en sus decisiones, económicas y políticas; el PSOE, de nuevo, entiende que esa imagen está ligada a la retórica solidaria y es ajena a la potencia política, económica e intelectual que ese país es capaz de emitir por si solo. En la práctica estos criterios permiten mejorar las relaciones con Cuba y con Marruecos y, de facto, debilitarlas con EEUU o Colombia. La comparación entre los cuatro estados citados es suficiente para entender las graves consecuencias de la nueva política socialista. Retórica frente a intereses concretos e inconsistencia frente a autonomía eficaz, es decir, capaz de servir a esos intereses concretos. De nuevo aquí surge un problema adicional del punto de vista gubernamental de las relaciones exteriores, la abstracción como criterio de análisis y decisión. Así la política frente al Magreb debe evitar la confrontación, aumentar la cooperación y, a ser posible, disfrazarse en la política mediterránea europea. Pero en esta formulación no se nombran los intereses españoles en liza: la soberanía de los territorios españoles en el norte de África, la fijación de límites marinos correctos y la resolución, de acuerdo con Naciones Unidas, es decir, con referéndum válido e independencia si fuera necesario, del Sahara Occidental. Ni se nombran ni se establece la fórmula para defenderlos evitando la confrontación, aumentando la cooperación y reforzando la política europea para la región que, como es sabido, impulsa, censura e inspira Francia. España debiera además, de acuerdo con el gobierno, contribuir a la paz palestino-israelí, por supuesto sin mostrar por ello neutralidad alguna, es decir, apoyando a la Autoridad Palestina; y colaborar con la ONU en Iraq, por supuesto sin estar presente en el país y sin seguir las recomendaciones de sus resoluciones, entre otras, la de enviar tropas de estabilización.

 

Se trata de otro escenario virtual, es decir, dulcificado conscientemente para encajar en la mitología que el socialismo español ha elaborado sobre las relaciones internacionales. Pero el escenario real es inestable y, en ocasiones, amenazante; y éste debiera ser el punto de partida de la política norteafricana del gobierno. Normalmente se han considerado dos factores determinantes de la acción exterior española. Uno la impulsa, el hecho de ser parte de la Unión Europea; y otro la limita, la acción de Estados Unidos en los espacios de trascendencia estratégica para España. El primero ampliaría la autonomía de acción, al resguardar los intereses españoles tras el telón europeo; y el segundo la restringiría. Esta percepción de las relaciones exteriores de España da por sentado que los intereses con Europa son coincidentes y con EE.UU. son divergentes, algo que no ha sido nunca cierto. Pero si se aceptase como válida esa interpretación del escenario exterior en el que se mueve España, lo lógico sería intentar superar las limitaciones y aumentar el margen de autonomía. Reforzar la posición en la Unión y asegurar una relación privilegiada con EE.UU. era, a este respecto, la fórmula ideal. El incidente de Perejil o la crisis argentina demostraron que esta fórmula funcionaba. España gozó de su margen de autonomía garantizado por la Unión Europea y reforzó su margen de acción gracias a la relación especial con EE.UU.

 

Todavía es más desconcertante la visión que el PSOE mantiene de las relaciones globales con Latinoamérica, estableciendo una contradicción insalvable entre ibero-americanismo y atlantismo, acumulable a la ya histórica, para la izquierda, tensión entre ibero-americanismo y europeismo. No debiera existir tensión alguna entre ibero-americanismo y atlantismo, a saber, España debe hacer un esfuerzo por integrar a los EE.UU., donde residen 35 millones de hispanos y una cuarta parte de cuyo territorio fue alguna vez gobernado por España, en su política latinoamericana. No es posible, ni lógico, ni puede dar buenos resultados tratar de excluir de la relaciones entre ambos hemisferios a un actor de importancia capital en ambos como son los EE.UU. La convergencia de las políticas de los dos países garantizó un clima de tranquilidad para la diplomacia y las inversiones españolas en la región desconocido en cualquier período anterior. El gobierno debiera entender que no puede calificarse de autónoma una política latinoamericana sencillamente por ser contraria o displicente con la acción de EEUU en la zona. La autonomía debe traducirse en capacidad real de influencia política, ascendiente cultural y proyección económica. Y de nuevo aquí debiera evitarse la confusión entre consenso necesario y continuidad temporal. La política española en la región fue durante años divergente de la norteamericana porque el gobierno de la nación fue durante años socialista. No es de extrañar que el gobierno popular modificase las relaciones con Cuba, la cooperación con Colombia, o que manifestase su escasa simpatía por el populismo anticapitalista que tan buen acomodo encuentra en Latinoamérica. Determinadas actitudes hacia la izquierda latinoamericana, incluyendo sus manifestaciones violentas, son incompatibles con los principios de raigambre liberal que informan el ideario del Partido Popular. Y ese es un ámbito, aparentemente, de difícil, sino imposible, consenso.

 

 

Aunque el gobierno ha insistido en la importancia que la relación con EE.UU. seguirá teniendo en el futuro, lo cierto es que sus decisiones han afectado seriamente a la salud e intensidad de aquélla. Y como sucede en el caso de América Latina y el Magreb, se trata de una relación muy influida por criterios ideológicos, fenómeno éste que explica la dureza con la que ha sido tratada por la izquierda española la política del gobierno norteamericano. Una dureza extraordinaria si la comparamos con la extrema delicadeza con la que se tratan gobiernos de legitimidad y trayectoria dudosa. Las acusaciones de subordinación realizadas contra el gobierno del Partido Popular también están directamente relacionadas con el criterio ideológico que subyace en las decisiones y opiniones vertidas por los distintos miembros del gobierno de Rodríguez Zapatero. Como en otros ámbitos se exige del Partido Popular que sea de izquierdas, en lugar de un partido conservador; y se descarta la posibilidad de que puedan existir coincidencias estratégicas o ideológicas entre el Partido Republicano y la derecha española. Por añadidura se acusa a Estados Unidos de romper el orden internacional, dirigir una guerra injusta e ilegal y despreciar el derecho internacional, tres ámbitos en los  que la trayectoria española, sólo hasta la llegada al poder del ex-presidente Aznar, habría sido intachable. Es evidente que la posición de republicanos en EE.UU. y populares en España es la contraria. Y este hecho, la radical diferencia al establecer cómo se defiende y se ejecuta el derecho internacional y la imposibilidad de facto de consensuar una posición al respeto debiera haber convencido al gobierno socialista de la necesidad de adoptar una actitud moderada, asumiendo los cambios de postura de países como Francia y aceptando el tratamiento que la ONU ha dispensado, finalmente, a la cuestión iraquí. Por otra parte es difícil aceptar la idea de que el vínculo con EE.UU. debilitó la posición de España y tuvo un carácter utilitario contrario a los intereses españoles. En toda relación internacional existe un componente utilitario, en este caso EE.UU. y España se utilizaron, y utilizaron el escenario internacional, mutuamente. Como no podía ser de otra forma. El incidente de Perejil, sin embargo, demostró que ese vínculo era trascendente, de hecho, resolvía el principal problema de seguridad convencional de España al tiempo que reforzaba su capacidad de negociación en todos los escenarios internacionales.

 

Aunque el gobierno socialista espera que la situación iraquí y la campaña electoral obliguen a realizar cambios en la acción exterior de EEUU, y que estos faciliten la normalización de las relaciones, ese es un escenario  poco probable. La situación en Iraq no es buena, pero está lejos de ser un desastre. Con su comportamiento España se ha marginado a sí misma de uno de los escenarios internacionales más relevantes, dañando no ya a los EEUU, sino a su presidente, George Bush, personalmente.  Si éste gana las elecciones presidenciales el gobierno de Rodríguez Zapatero no puede esperar facilidades para retomar los contactos de alto nivel. Si la victoria fuera de su contrincante, J.Kerry, debe aceptarse que tendrá que lidiar el asunto iraquí en condiciones similares a las actuales, algo para lo que necesitará ayuda. Zapatero se verá en la necesidad de automarginarse de nuevo si no desea, como así parece, involucrarse en la crisis iraquí. No se puede, por lo demás, pretender mantener una cooperación leal y firme en ámbitos como el terrorismo, cuando España ha dado muestras de extraordinaria debilidad frente a él, o tras las declaraciones de Zapatero en Túnez reclamando la retirada de las tropas de suelo iraquí. El comportamiento del gobierno español ha demostrado, hacia los EEUU, una elevada falta de sentido de la realidad, notable impericia diplomática, altas dosis de prejuicios ideológicos y una ausencia extraordinaria de atención a los intereses nacionales, que no se agotan, ni mucho menos, en una abstracta persecución de la paz mundial a cualquier precio.

 

 

Multilateralismo y realismo parecen ser las consignas de la nueva política exterior española. Realismo a la hora de establecer el potencial y los objetivos exteriores de España, que no se corresponderían con la ambición desmedida del Partido Popular y el ex-presidente Aznar. Multilateralismo frente al unilateralismo de los EEUU y su desprecio de la legalidad internacional. Estos dos puntos de partida explican las contradicciones de la acción exterior del gobierno socialista. Más allá de los recursos, la ambición exterior de una nación está directamente vinculada con la voluntad política para utilizarlos. Si ésta desaparece los recursos, muchos o pocos, carecen de importancia, porque por si mismos no son capaces de generar una inercia coordinada. En la práctica ese realismo se ha traducido en abandonar el escenario iraquí, olvidar la idea de jugar un papel internacional en primera línea y desmarcar definitivamente a España de los grandes en la Unión Europea; amparando así la falta de ambición de un partido político asediado por las contradicciones internas  en la supuesta falta de capacidad de un estado. En el mundo de las relaciones internacionales un estado tiene el prestigio proporcional al esfuerzo que realiza defendiendo sus intereses, para lo que debe estar convencido de la bondad de aquellos y su valía para sostenerlos. Un gobierno que minusvalora la nación que dirige difícilmente trasmitirá una imagen enérgica y estable hacia el exterior, y será tratado en consecuencia. Respecto al multilateralismo, este es un término abstracto que, en sí mismo, no quiere decir gran cosa. También ha sido multilateral la intervención en Iraq, cuyos defensores consideraron imprescindible para asegurar el cumplimiento de la legalidad internacional. Algunos hechos simbólicos, por lo demás, desdibujan la coherencia de la que presume el gobierno de España al defender esa legalidad internacional. Coincidiendo con el aniversario de la llegada al trono de Mohamed VI, rey de Marruecos, la patrulla águila de la Fuerza Aérea Española se trasladó al país vecino para participar en los actos de celebración. La patrulla voló con su homóloga marroquí, cuyo nombre, para escarnio de muchos es “patrulla Marcha Verde”. Cuando uno no es capaz, o no desea, hacer cumplir la legalidad internacional en su vecindario, difícilmente puede pretender contribuir eficazmente a su respeto en el resto del mundo.