La política de Defensa española

Los objetivos anunciados por José María Aznar durante su discurso de investidura, en mayo de 1996, serían posteriormente formalizados en la Directiva de Defensa Nacional, 1/96, de diciembre del mismo año, y en los documentos de carácter militar que de aquella se derivan, desde la Directiva Militar al Objetivo de Fuerzas Conjunto.

 

Sin embargo, la mejor prueba de la voluntad del Gobierno por avanzar en ambos aspectos, profesionalización y modernización, reside en los sucesivos presupuestos de defensa. Al fin y al cabo, los presupuestos del Estado reflejan monetariamente los compromisos políticos del Gobierno.

 

 

En comparación con sus aliados, España siempre ha destinado un menor porcentaje de sus recursos a la defensa nacional. Este diferencial se vio, además, agravado durante los años 90 ya que la política de recortes constantes efectuada por el Gobierno socialista a comienzos de la década, llevó a que en 1995 el esfuerzo de defensa respecto al PIB español fuese casi la mitad que en 1983. Esta reducción se hizo sentir especialmente en dos campos, en la operatividad de las tropas y en la política de inversiones de material, con el resultado de una fuerte descapitalización de las fuerzas armadas, pues el ritmo de recortes presupuestarios no se vio acompañado por reducciones en la estructura de fuerzas con similar intensidad. Básicamente, s mantuvo un ejército del 2’1% del PIB con poco más del 1’2%.

 

El cambio de Gobierno en 1996 conllevó una nueva actitud hacia la defensa, que ya no se veía como la fuente de la que detraer recursos a fin de enjuagar el déficit del Estado. Durante 1997 el presupuesto de defensa se mantuvo en los niveles del año anterior y no creció debido a la necesidad de mantener férreamente la política de austeridad económica cara a los compromisos de Maatricht, pero desde 1998 el presupuesto de defensa retomó una inequívoca aunque lenta recuperación. De hecho, en los cuatro años de la VI Legislatura el presupuesto de defensa creció algo más del 10% en términos monetarios y un 2´5 en términos reales, una vez descontada la inflación. Dicho de otra manera, en los últimos tres años el presupuesto de defensa aumentó en torno al 4% anual, acercándose al billón de pesetas en el año 2000.

 

La recuperación presupuestaria de la defensa tiene una consecuencia clara en la mejora de la posición relativa española respecto de sus aliados. Por una parte, los miembros de la Alianza Atlántica sin excepción han disminuido sus presupuestos de defensa a lo largo de los años 90, los Estados Unidos en un 30% y los europeos entre un 20 y un 25%. Por otro lado, España ve aumentar ligeramente su participación debido al esfuerzo de los tres últimos años. Así, producto de este doble fenómeno, de reducción de los aliados y aumento español, España que se encontraba en 1991 a dos puntos de distancia respecto a la media del gasto OTAN-Europa, ve ahora acortar su diferencia a poco más de un punto. Se va a producir, por tanto, un proceso de convergencia real con Europa en el que todavía queda un buen trecho por recorrer, pero que está encauzado en la dirección apropiada.

 

El suave incremento del presupuesto de defensa se ha visto, además, reforzado por dos canales nuevos de financiación, con los que antes no se contaba: en primer lugar, el Ministerio de Industria ha servido como cauce de prefinanciación de la industria española en el desarrollo de los tres principales programas de armas, el avión de combate europeo, EF-2000, las fragatas F-100, y el carro de combate Leopard 2. Esta financiación supuso un montante de 140 mil millones de ptas. en 1999 y otro tanto durante el año 2000, cifras para nada desdeñables.

 

La segunda vía extraordinaria de financiación corre a cargo de la Gerencia de Infraestructuras, encargada de la venta de instalaciones y propiedades sin interés y en desuso para la defensa. Una reforma de la Ley en 1998 permitió que los fondos obtenidos de la salida al mercado de estas propiedades desafectadas por el Ministerio de Defensa, y que hasta entonces debían ser reinvertidos en obras de infraestructuras, pudiesen ser dispuestos para todo tipo de inversiones de defensa, pasando así a engrosar en parte las partidas de adquisiciones de material. Además, una revisión de la gestión de las ventas supuso la mejora de los procedimientos y, por ende, del capital logrado a través de la Gerencia que pasó de vender por valor de 8 mil millones de media durante los 90 a obtener cerca de 30 mil en el 99.

 

Por otro lado, hay que recordar que las operaciones de paz, cuyos recursos han ido creciendo a medida que España se comprometía con nuevas operaciones, han sido financiadas con créditos ampliables, que en el caso de Bosnia, por ejemplo, ronda anualmente los 27 mil millones de ptas. pero que no grava el presupuesto.

 

En ese sentido, los recursos puestos a disposición de la defensa de España, bien en el presupuesto de Defensa, bien en otras partidas, suman una cantidad importante, lejos de las cifras alcanzadas a mediados de los 80, pero que comienzan a permitir una recuperación notable de las capacidades adquisitivas de las fuerzas armadas.

 

 

En cualquier caso, si pueden deducirse de los presupuestos las prioridades políticas de un Gobierno, hay que reconocer que el Gobierno popular ha dado su apoyo indiscutible a la defensa española, otorgándole crecientes cantidades de dinero, suficientes para ir consiguiendo año tras año los objetivos declarados de la profesionalización y la modernización.

 

 

En 1991 el Congreso, a instancias del Gobierno, aprobó el llamado modelo de “fuerzas armadas 2000”, cuya novedad esencial era la introducción del sistema mixto de reclutamiento y el objetivo de contar con un número importante de voluntarios, que debería acercarse al 50% de la tropa y marinería.

 

Dicho sistema mixto no consiguió mejorar la aceptación social de la recluta obligatoria, pues las cifras de objetores de conciencia no dejaron de aumentar año tras año durante toda la década de los 90, ni en lo referente a la mejora de la operatividad y capacidades de las fuerzas armadas. Los nuevos soldados profesionales comenzaron a entrar en unos ejércitos que sufrían severos recortes en sus recursos y, además, su número crecía tan lento que no podían representar una mejora sustancial en el personal. De hecho, cuando el PP llega al Gobierno en 1996, el número de soldados y marineros voluntarios apenas supera los 30 mil, con un crecimiento máximo de 3.500 en dicho año.

 

A finales de 1996 el Gobierno presentó en el Parlamento, por boca de su ministro de Defensa, su modelo de nuevas fuerzas armadas profesionales a fin de que fuese discutido por la recién constituida “Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la fórmula y ritmo de la profesionalización”. El esquema esencial, en cualquier caso, era lograr la plena profesionalización en seis años y acabar contando con unas fuerzas armadas que tuvieran entre 100 y 120 mil soldados, más unos 48 mil cuadros de mando.

 

Este diseño prácticamente se mantuvo en el dictamen que emitió dicha comisión a mediados de 1997 y que sirvió, a su vez, para la elaboración del texto de la nueva Ley del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, aprobada por el Congreso en mayo del 99. Los plazos para la profesionalización eran los mismos, finales del 2002, aunque el Gobierno anunciaba que podría adelantarse el final de la mili si encontraba los medios para ello, prácticamente dinero para reclutar más profesionales y gente dispuesta a servir como soldado; y el volumen de efectivos también se mantenía en la horquilla 102-120 mil. Con posterioridad, el Estado Mayor de la Defensa elaboró un nuevo objetivo de fuerzas conjunto, estimando que con 109 mil soldados podrían cubrirse las necesidades de la defensa. Por último, el Presidente Aznar anunció durante la campaña electoral de marzo del 2000, su intención de acabar con el servicio militar obligatorio en el 2001, un año antes de lo esperado.

 

La realidad es que a finales de 1999 el Gobierno había logrado doblar el número de profesionales en filas, llegando a los 65 mil soldados voluntarios y que las previsiones para el 2000 suponían la incorporación de 17.500 nuevos soldados para llegar, a finales de ese año, a la cifra de 85 mil voluntarios. Estando así las cosas, y como anunció el Presidente del Gobierno, en el 2001 se podría poner fin a la mili respetando lo estipulado por la Ley de Personal de las fuerzas armadas.

 

El ritmo de profesionalización responde a dos variables externas: por una parte, los recursos presupuestarios para atraer a nuevos voluntarios; por otra, la existencia de una bolsa suficiente de candidatos.

 

Respecto a lo primero, los presupuestos de Defensa han asegurado la incorporación del número adecuado de nuevos profesionales para alcanzar la plena profesionalización en las fechas previstas. Así, en 1997 se reclutaron 3.500 nuevos soldados, en 1998, 7.500, en 1999, 17.500 y en el 2000 otros 17.500. Es más, se han contemplado aspectos indirectos pero imprescindibles de la profesionalización, puesto que ésta no consiste única y exclusivamente en la paga de una soldada, sino también en la adecuación de las condiciones de vida, infraestructuras y servicios a prestar por la nueva tropa y marinería.

 

Respecto al segundo aspecto, la voluntad y disponibilidad de los jóvenes a ser soldados profesionales, el Gobierno, al igual que el resto de países con ejércitos profesionales, se ha encontrado con dificultades crecientes para el reclutamiento. Por un lado la bolsa de aspirantes a soldado profesional no cuenta en ningún sitio con una base social enorme; por otra parte, a medida que se recluta cada vez más hasta estabilizar el modelo totalmente profesional, dicha base no se amplía, sino que tiende a disminuir ligeramente.

 

Aún así, según los datos del CIS elabotrados para el Ministerio de defensa, no habría motivos para grandes preocupaciones, pues una cifra de entre sus encuestados jóvenes que ronda el 4% estarían bien dispuestos a considerar la profesión de soldado profesional como su salida vocacional. Y alrededor de otro 7-8% podría considerarlo bastante probable, como puede verse en el Gráfico.

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente:CIS

 

De hecho, todos los datos indican que alrededor de 40 mil jóvenes cada año se siente atraídos de alguna manera por la profesión de soldados. De éstos, prácticamente la mitad se presentan a las pruebas de ingreso. Por tanto, la base juvenil parece ajustada pero suficiente si el Ministerio de Defensa logra dar con los incentivos necesarios para captar a los 15-17 mil que necesitará cada año hasta completar el nuevo modelo.

 

El modelo del Ministerio de Defensa ha puesto el énfasis en los aspectos ocupacionales para conseguir la atención de los jóvenes. La publicidad subraya la formación interna a la que podrán tener acceso los soldados, apuntando la posibilidad de que los títulos que obtengan sean homologados por el Ministerio de Educación y Ciencia; la posibilidad de que, al cabo del compromiso, se obtenga la acreditación de un diploma de defensa; y que las empresas públicas y privadas contraigan, a través de convenios, el compromiso de favorecer en su selección de personal a quienes hayan servido como soldados y marineros.

 

Además, existe la posibilidad de que un porcentaje elevado de soldados pueda disfrutar de un contrato a largo plazo y puedan quedarse en el seno de las fuerzas armadas de por vida. Aspecto, no obstante, polémico ya que supone el envejecimiento de una capa de la tropa cuyas consecuencias sociológicas y orgánicas se desconocen por completo.

 

Con todo, uno de los factores esenciales sigue siendo el salario, elemento que no se puede despreciar aún cuando la coyuntura económica actual resulta muy competitiva. Así y todo, este factor, ligado al deseo de promoción social y hasta cierto punto de aventura, conforma el universo de incentivos con los que tendrá que jugar el Gobierno para garantizar que el proceso de selección de personal para sus fuerzas armadas siga primando la calidad a pesar de las lógicas limitaciones derivadas de la inelasticidad de los números.

 

La prueba de fuego de las nuevas fuerzas armadas no sólo estriba en lograr reclutar el volumen de efectivos marcado por el Objetivo de Fuerzas Conjunto, sino, además, en retener al personal el suficiente número de años para poder aprovechar su formación y cualidades. Y en este punto los incentivos económicos son importantes, pero el trato, la dignidad, los servicios a cumplir, las instalaciones y el régimen de vida en los cuarteles, en fin todo lo que rodea el día a día de la profesión de soldado es indiscutiblemente determinante. Ya no es cuestión de más presupuesto, sino de que las propias fuerzas armadas sepan revalorizar la figura y la profesión de soldado y hacerla más atractiva.

 

Carro de Combate Leopardo            10.093 Mptas

 

 

 

 

 

PERÍODO 1990-2000
EJÉRCITO DE TIERRA
Alquiler de carros de combate Leopard 2	108
Vehículos BMR	100
Cañón autopropulsado M110 A 2	24
Carro de combate M 60 A1 (Cesión USA)	50
Carro de combate M 60 A3 (Cesión USA)	244
Vehículo sobre orugas M 113 (Cesión USA)	100
Vehículo de Infantería Pizarro	144
Helicópteros As 532 Cougar	15

 

 

 

 

 

ARMADA
Fragatas serie Santa María	1
Buque de apoyo Logístico AOR	1
Buque anfibio LPD	2
Cazaminas	3
Transportes de ataque	2
EJÉRCITO DEL AIRE
Aviones de combate F 18 A remotorizados	24
Avión de reconocimiento RF-4C	8
Avión de combate F 1 Mirage (usados)	21
Avión de transporte C 130 Hércules (usado)	1