La mordaza, el último grito en la moda de Hugo Chávez

Conociendo al presidente de Venezuela, es difícil sorprenderse cuando se sabe que uno de sus objetivos es acomodar el panorama radiofónico y audiovisual a su propia conveniencia. Dominar los medios de comunicación se torna capital en cualquier dictadura y la que padece el pueblo venezolano lo es, aunque se revista de proceso electoral, con observadores internacionales incluidos.

 

Cuando alguien se arroga el poder sin opción a alternancia, cuando se  secuestra con la libertad en la calle o en los medios, cuando se expropia lo ajeno en pos de un presunto bien común, que al final no es otro que el propio del poder, eso es una dictadura; ahora, hace cuarenta años y dentro de setenta. Los “neodictadores” utilizan la Constitución que emana de su pueblo para acomodarla torticeramente a su conveniencia y perpetuarse en el poder. Así son las dictaduras del siglo XXI: “Constitución solo para mí”.

 

Una vez más Chávez está en boca de todos porque acaba de cerrar 34 emisoras de radio y dos canales de televisión, aunque según fuentes del propio gobierno venezolano, la lista de  cierres puede alcanzar hasta 240 en todo el país. Las emisoras clausuradas son las mismas que recogen las denuncias de la ciudadanía ante el mal funcionamiento de los servicios públicos, por la ineficacia gubernamental, por la inseguridad, por el mal funcionamiento de los hospitales y maternidades que aseguran “están en el suelo” o por el encarecimiento desmesurado de la vida.

 

El coordinador general de Expresión Libre, Hugo Díaz Milano, asegura que “no podemos permitir que nos conviertan en una segunda Cuba, por eso, el llamado de Expresión Libre a no bajar la guardia y seguir manifestando y expresando nuestros desagrado a un Gobierno que no acepta opiniones distintas y que solo quiere que la población se arrodille, para luego aplastarla”.

 

Es claro que Chávez no soporta que exista un medio que no acepte la autocensura y no tenga temor a sus amenazas. El único canal que queda capaz de criticar al presidente Chávez está bajo seria amenaza de ser silenciado. Este es Globovisión, el holding audiovisual más importante del país caribeño. Chávez no lo tolera porque el  nivel de penetración y credibilidad de Globovisión en la sociedad venezolana es muy alto.

 

Sus propietarios están avisados: si no dejan la senda “golpista, terrorista y conspiradora en la que se ha adentrado”. El presidente se despacha a gusto en su programa “Aló Presidente” (1). Chávez va a por Globovisión como ya hiciera en 2006 con otra emisora emblemática, RCTV.

 

Por mucho que a los palmeros de la izquierda les parezca Venezuela lugar de peregrinación de las libertades, la situación pinta fea, como muchas entidades de dentro y fuera del país caribeño están denunciando.

 

 

La situación ha llegado al extremo de que varias organizaciones profesionales y civiles se arriesguen a levantar la voz para contarle al mundo lo que pasa en su país, aun  a riesgo de las consecuencias que ello puedo acarrearles. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) representantes de las Redes Populares Socialcristianas de Heres y Caroní, la Asociación Civil Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), la Asociación Civil Expresión Libre y del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), son algunos ejemplos.

 

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) ya  ha solicitado al Gobierno que no ampare la impunidad en los casos de agresiones que sufren cada vez más periodistas que no son afines al Régimen, algo que niegan las autoridades venezolanas, cuando la realidad es que las denuncias se acumulan, a pesar de todas las trabas que encuentran.

 

El Comité para la Protección de Periodistas da un paso más y ha denunciado sin contemplaciones que la Comisión nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, actúa arbitrariamente, según mandato directo de Hugo Chávez, que solo buscan sancionar y cerrar las emisoras críticas con su gestión. Este Comité es una organización independiente sin fines de lucro, ubicada en Nueva York y dedicada a defender la libertad de prensa en todo el mundo. Todo un dato interesante para saber la magnitud de lo que estamos analizando.

 

La ONG Espacio Público señala que los procedimientos contra las emisoras de radio y estaciones de televisión que ya fueron cerradas y las que están amenazadas, no se pueden aplicar por la falta de garantías con las que se ha llevado el proceso de cierre: el Estado venezolano no ha cumplido con un procedimiento vinculado con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, como debería haberse hecho. Por tanto, Espacio Público destapa que el proceso tiene que ver más con un proceso naturaleza político.

 

“Cuando se anunciaron los procedimientos, se anunciaron por razones políticas, no porque el conjunto de estaciones estaba incumpliendo determinados requisitos, sino sencillamente para la consolidación del socialismo y la hegemonía comunicacional”.

 

Desde el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) se denuncia la arbitrariedad del cierre de emisoras y los criterios que se siguen para la apertura de otras emisoras- se estima que unas 29- que sí son afines al Régimen- IPYS tiene claro que la cuestión esgrimida por el Gobierno de Chávez no es cierta: que las emisoras no se presentaron en tiempo y forma ante CONATEL para revalidar la concesión, cuando la realidad es que todas acudieron sin saber muy bien qué tipo de requisitos debía cubrir en esta ocasión, dado que éstos cambian día tras día, a conveniencia del presidente. IPYS: “Es CONATEL quien no cumple, ya que de acuerdo con lo establecido en el reglamento, todas la concesiones previas a la ley deberían ser transformadas en habilitaciones, cosa que el Estado nunca cumplió, a pesar de que ha tenido dos años para ello”.

 

Redes Populares hablan directamente de “violación flagrante”, de un atropello más del Gobierno nacional contra el derecho legítimo de libertad de expresión. El coordinador de este movimiento, César Rizques, es muy claro: “el Gobierno debería preocuparse por resolver problemas como la inseguridad, el desempleo, salud y otros males que aquejan a la sociedad, en vez de estar trabajando en quitarle los derechos legítimos a los venezolanos”.

 

Muchas voces en la misma dirección no pueden estar equivocadas.

 

 

Si bien el cierre de tantas emisoras es significativo, el acaso al holding venezolano es más llamativo y preocupante por las dimensiones y consecuencias que puede llegar a tener.

 

Chávez acosa a Globovisión en todos los frentes. Multas y sanciones, visita intempestiva de agentes fiscales; solicitud de investigaciones por línea informativa formulada por diputados de la Asamblea Nacional; amenazas de tomas pacíficas de los Círculos Bolivarianos. Todo un entramado que persigue la asfixia del holding de comunicación. Por un lado, la vía administrativa. Globovisión enfrenta tres expedientes abiertos en los últimos seis meses por CONATEL que podrían derivar en un cierre cautelar de setenta y dos horas, o incluso, llegar al cierre  total. Por otro lado, el acoso financiero. La agencia tributaria Seniat le ha impuesto dos multas que suman casi 2,5 millones de dólares.

 

Todo un acoso fiscal que persigue colapsar económicamente a esta cadena. Este tema ha motivado la creación de una plataforma llamada Globopotaz, formada por partidos políticos de la oposición y organizaciones civiles. Su objetivo es hacer una colecta callejera entre los ciudadanos para recaudar fondos y ayudar a Globovisión. A pesar del miedo a la persecución, la respuesta ha sido espectacular.

 

Pero hay más. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó el decomiso de unas frecuencias de Globovisión, sentencia que se apresuró a ejecutar CONATEL, que además, investiga al canal por incitar al “pánico y ansiedad” al informar sobre un seísmo que se produjo en Caracas hace unos meses. El caso podría implicar otra multa millonaria o el cierre temporal del canal.

 

Por si fuera poco, el fiscal general abrió una investigación en contra del presidente del canal, Guillermo Zuloaga, por presuntas irregularidades en el almacenamiento de vehículos para la venta (posee una concesionaria de coches) y por coleccionar animales disecados en su residencia, lo que violaría, presuntamente, las leyes ambientales venezolanas (y las del buen gusto, pero eso no es delito en ningún sitio… de momento). Así las cosas, Zuloaga enfrenta dos investigaciones judiciales abiertas por casos de “usura genérica” y “delitos ambientales”. Zuloaga ha sufrido el allanamiento del morada podo después de ser amenazado públicamente por Hugo Chávez.

 

El Régimen chavista no da puntada sin hilo y analiza cuidadosamente cada información de Globovisión hasta encontrar la manera de otorgar componentes penales a presuntos “delitos administrativos”, en una entrevista en la que en un programa vespertino, 'Aló, Ciudadano', en la que el editor del diario El Nuevo País, Rafael Poleo, afirmó que el presidente Hugo Chávez va a terminar como Benito Mussolini.

 

COTANEL afirma que: 'se consideraron distintos mensajes difundidos a lo largo de su programación, específicamente se hace referencia a programas como 'Aló, Ciudadano', 'Noticias Globovisión' (...) Se han monitoreado las transmisiones y se han determinado situaciones que presuntamente estarían infringiendo el ordenamiento jurídico'.

 

Se trata de determinar si con esta información, el  canal incurrió en un hecho punible contemplado en el artículo 171 de la Ley de Telecomunicaciones. Este artículo sanciona a los medios radioeléctricos que 'utilicen o permitan el uso de servicios de telecomunicaciones (...) para coadyuvar en la comisión de delitos'.

 

Para el abogado penalista Gonzalo Himiob, profesor universitario y miembro de las organizaciones no gubernamentales Foro Penal Venezolano y Vive (que representa a familiares de algunas de las víctimas del golpe del 11 de abril de 2002), el camino legal es largo e incierto.

 

Himiob argumenta que en Venezuela existen muy pocas leyes que permiten declarar la responsabilidad de una persona jurídica, es decir, de una empresa, como es el caso de Globovisión.

 

La Ley de Telecomunicaciones no es una de ellas. Por eso, primero tendría que demostrarse que una persona natural cometió delito, a través de sentencia firme de los tribunales; luego, que lo hizo a través de una empresa de telecomunicaciones, y por último que hubo un vínculo de intencionalidad entre la persona y los directivos y empleados de esa empresa de medios, es decir, que directivos y empleados estuvieron de acuerdo con el hecho.

 

'Es entonces cuando se puede abrir un procedimiento administrativo encaminado a sancionar al canal. Pero en este caso se están saltando los pasos: están suponiendo que los tribunales van a encontrar una responsabilidad penal. Mientras tanto, dicen que le dejan el expediente por ahí guardadito', señaló.

 

La cuestión no puede estar más clara: Hugo Chávez está buscando la fórmula que revista de gravedad y legalidad a la situación de manera que pueda llegar a clausurar  Globovisión sin que el escándalo internacional sea de las dimensiones que un acto así comportaría, como ya hizo en diciembre de 2006, cuando cerró RCTV, utilizando el factor sorpresa y alegando que “no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión”.

 

Desde ese día, la batalla emprendida por RCTV estaba perdida, después de 53 años en antena. El Régimen Chavista la sustituyó por Televisora Venezolana Social (TEVES), que a partir de entonces, ocupa su radiofrecuencia, cuya programación solo ofrece “servicio público”.

 

En ningún caso se habló de cierre, sino de “retiro de la concesión”, puesto que esto es potestad del Gobierno.

 

“Este canal ha hecho gran daño al país durante mucho tiempo: los antivalores, el bombardeo mediático de la violencia, el odio, el racismo, el sexo mal visto y mal entendido, el irrespeto a la mujer, a los niños, a las niñas, el irrespeto a muchas manifestaciones de la vida social, a los homosexuales, al país y al mundo, a las personas que tienen alguna discapacidad, ¡eso es la razón de fondo!”. Así se despachaba Chávez… ¿les suenan los argumentos?

 

 

Mientras, la izquierda de salón, tanto latinoamericana como española, defiende y recibe a Chávez sin sonrojarse, y afirma que él está construyendo el “socialismo del siglo XXI”. El ministro de Exteriores del Gobierno Socialista de Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, aseguró en su última visita a Venezuela que “el nivel de libertad de expresión en Venezuela es satisfactorio”. “La libertad de expresión existe plenamente porque hay un sector de medios de comunicación muy crítico con Chávez”.

 

La realidad es que la nueva legislación mediática es autoritaria y significa más un gran golpe aplicado por Chávez contra las libertades democráticas. Esta legislación establece la censura y es incompatible con el derecho a la libertad de expresión. Se trata de más una iniciativa para reprimir las libertades democráticas y sofocar la manifestación de los venezolanos, cansados de soportar la miseria colectiva a la que les relega  el  régimen.

La llamada Revolución Bolivariana, no representa ninguna alternativa para los ciudadanos venezolanos y latinoamericanos. Después de conseguir modificar la constitución, garantizando el derecho de reelegirse indefinidamente, Chávez intenta colocar bajo su control todos los medios de comunicación. Día a día, Chávez dibuja un Estado venezolano con órganos represivos que limitan las libertades de los ciudadanos. Según la prensa disidente: “se trata de más una farsa, de un verdadero Estado bonapartista y de un estado autoritario que camina a grandes pasos hacia un régimen fascista”.

 

Más alto, sí, pero más claro no se puede decir.