La lucha antiterrorista en la Unión Europea

por Juan Avilés, 9 de julio de 2003

(Ponencia presentada en FAES, el 9 de julio de 2003)
 
Los Estados europeos no se encuentran hoy amenazados por ningún Estado hostil, pero viven bajo la amenaza de agentes no estatales potencialmente muy peligrosos. Como ha indicado Javier Solana en su informe ante el Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003, Europa goza de más seguridad que nunca y una agresión a gran escala contra uno de sus Estados miembros resulta improbable, pero se encuentra ante tres tipos de amenazas:
 
·          el nuevo terrorismo, mucho más letal que el tradicional,
·          la proliferación de armas de destrucción masiva, cuyo mayor riesgo desde la perspectiva europea es su posible empleo por organizaciones terroristas, y
·          la existencia en otras regiones del mundo de Estados fallidos, en los que actúa con gran intensidad el crimen organizado, lo que repercute en Europa a través del tráfico de drogas y otras actividades delictivas trans-nacionales.
 
Ninguna de esas amenazas resulta tan grave como las agresiones bélicas a las que en el pasado estaban expuestos los Estados, pero tampoco pueden considerarse meras cuestiones de seguridad interior, a las que cada Estado pudiera dar respuesta por sí mismo. Lo específico de estas nuevas amenazas es precisamente su carácter transnacional, lo que supone la necesidad de afrontarlas mediante la cooperación internacional. En el caso de las organizaciones terroristas, existen muchos ejemplos de como su peligrosidad aumenta si cuentan con una retaguardia en otro país, en el que encuentran una cierta tolerancia o al menos una limitada voluntad política de combatirlas. El caso del 'santuario' que tuvo ETA en territorio francés hasta mediados de los años ochenta es bien evidente.
 
Existen además organizaciones terroristas que cometen atentados en el territorio de países ajenos. Europa lo ha podido comprobar a lo largo de los últimos treinta años, en los que se han producido repetidas veces en su territorio atentados de organizaciones palestinas, libanesas o argelinas, o auspiciados por los regímenes de Irán, Siria o Libia.
 
La respuesta europea a esa amenaza terrorista transnacional ha sido en el pasado menos firme de lo deseable. Los Estados individuales a veces han tratado de garantizar su seguridad mediante concesiones a los terroristas o a los Estados que los amparaban. Y la cooperación antiterrorista entre los distintos Estados, que se inició en 1975 con la actuación del Grupo de Trevi, fue avanzando a un ritmo manifiestamente lento, incluso después de que el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht incluyera la cooperación intergubernamental en materias de Justicia e Interior dentro del tercer pilar de la UE. Por motivos obvios, España fue uno de los primeros impulsores de ese lento avance, en el que constituyó un hito la declaración de la Gomera del Consejo de Justicia e Interior, en 1995. Dos años después, la revisión del Tratado de la Unión Europea efectuada por el tratado de Amsterdam definió la amenaza terrorista como una cuestión de interés común. Sin embargo, una resolución aprobada por el Parlamento Europeo en fecha tan reciente como el 5 de septiembre de 2001 podía denunciar con toda justicia la lentitud mostrada por la Unión Europea en su respuesta a esa amenaza. Seis días después se producían los atentados de Nueva York y Washington, que revelaron súbitamente la magnitud de la nueva amenaza terrorista, y la Unión Europea se veía obligada a afrontar el tema con una nueva sensación de urgencia, que se manifestó en los acuerdos alcanzados durante la presidencia belga del segundo semestre de 2001 y la presidencia española del primer semestre de 2002.
 
Los nuevos instrumentos de cooperación
 
Un Consejo Europeo reunido con urgencia el 21 de septiembre de 2001 en Bruselas inició la nueva etapa. Allí se decidió impulsar dos propuestas que llevaban planteadas algún tiempo: un definición común de terrorismo que permitiera armonizar las legislaciones (sólo seis Estados contemplaban en sus leyes un delito específico de terrorismo) y una orden europea de detención y entrega, que permitiera ejecutar en cualquier país de la Unión las decisiones de un juez de cualquier otro país miembro. Gran Bretaña planteó entonces también, con el apoyo de España, la propuesta de redactar una lista de organizaciones terroristas que habrían de ser ilegalizadas en todos los Estados de la UE. Se decidió también incrementar la cooperación antiterrorista con los Estados Unidos y  dotar de competencias antiterroristas a Europol. Unos días después, el 16 de octubre, un Consejo de ministros de Hacienda e Interior abordó el problema de la financiación del terrorismo, extendiendo a éste y otros delitos graves las medidas ya existentes para combatir el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. Con ello quedaron trazadas las líneas maestras de la nueva política antiterrorista europea, que se irían concretando a lo largo de los siguientes meses.
 
El Consejo Europeo de Laeken, que cerró la presidencia belga, adoptó el 27 de diciembre de 2001 dos posiciones comunes  para combatir el terrorismo. Una de ellas aborda la financiación del terrorismo (2001/930) y la otra ofrece una definición común de los delitos terroristas (2001/931). Esta definición incluye once tipos de actos, desde el homicidio hasta el apoyo a un grupo terrorista, que deben ser considerados terroristas si, definidos como delito por la legislación nacional, pueden dañar seriamente a un país o a una organización internacional  y se cometen con uno de los siguientes objetivos:
 
·          intimidar seriamente a una población,
 
·          obligar indebidamente a un gobierno u organización internacional a realizar o dejar de realizar una actuación, o
 
·          desestabilizar seriamente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.
 
El Consejo Europeo de Laeken aprobó también una lista de entidades terroristas, que junto a grupos irlandeses, griegos y palestinos incluía a ETA y a cinco organizaciones cuya vinculación con ella había sido ya demostrada por la justicia española, así como a los GRAPO. Y dio otro paso importante al establecer la Oficina Europea de Cooperación Judicial (Eurojust).
 
La nueva política recibió un fuerte respaldo cuando el 6 de febrero de 2002 el Parlamento Europeo aprobó por gran mayoría la euroorden de detención y entrega, una medida que facilitará considerablemente el procesamiento de los sospechosos de terrorismo y otros crímenes graves en todo el territorio de la UE, sustituyendo el laborioso procedimiento de la extradición, lo que originó ciertas críticas por parte de algunos grupos de defensa de los derechos civiles. El Parlamento Europeo votó también a favor de la definición común de terrorismo, pero expresó su descontento por no haber sido consultado acerca de la lista de organizaciones terroristas prohibidas por la Unión Europea.
 
El balance de la presidencia española resultó muy favorable respecto a la colaboración en temas de Justicia e Interior y en particular respecto a los instrumentos necesarios para la cooperación antiterrorista. Lo más importante fue que se aprobaron una decisión marco para aproximar las legislaciones de los Estados miembros en la definición de los delitos de carácter terrorista y en las penas correspondientes, y otra acerca de la euroorden de detención y entrega. Cabe recordar, sin embargo, que las decisiones marco no vinculan jurídicamente a los Estados firmantes y que el proceso de trasladarlas a las respectivas legislaciones nacionales puede ser lento. En principio se espera que la eurooorden pueda entrar en vigor en el conjunto de la UE en el año 2004.
 
Además de ello, se lanzó una iniciativa para formar equipos conjuntos de investigación operativa antiterrorista y se avanzó también en la puesta en marcha de la nueva fiscalía europea (Eurojust). Por último, el Consejo Europeo de Sevilla acordó que la lucha antiterrorista quedara incluida también en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC).
 
Más recientemente, en junio pasado, hay que registrar dos hechos importantes. Por un lado el acuerdo de extradición entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que hará posible la entrega de terroristas, aunque no en el caso de que pudieran verse expuestos a una condena a muerte. Y por otro lado la entrega del proyecto de Constitución Europea que ha elaborado la Convención presidida por Valery Giscard d'Estain. Este proyecto, que habrá de ser debatido por una Conferencia Intergubernamental que se celebrará durante la presidencia italiana en la segunda mitad de este año, incluye dos artículos, los números 41 y 42, que presentan un gran interés desde el punto de vista de la cooperación antiterrorista.
 
El artículo 41 prevé, a fin de constituir el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia,
 
·          la adopción, en caso de necesidad, de leyes y leyes marco europeas con el objetivo de aproximar las legislaciones nacionales,
 
·          el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y extrajudiciales, y
 
·          la cooperación operativa de los servicios de policía y otros servicios implicados en la prevención y detección de delitos.
 
Y el artículo 42 prevé una cláusula de solidaridad de la Unión Europea en caso de que uno de sus miembros sea objeto de un ataque terrorista o de una catástrofe de origen natural o humano. Ello implica que la Unión empleará todos los medios a su disposición, incluidos los medios militares puestos a su disposición por los Estados miembros, para
 
·          prevenir la amenaza terrorista,
 
·          proteger las instituciones democráticas y la población civil frente a un eventual ataque terrorista, y
 
·          ayudar a un Estado miembro en su territorio a demanda de sus autoridades políticas en caso de ataque terrorista.
 
Esto supone que la Unión Europea está a punto de dar rango constitucional a la cooperación en materias de Justicia e Interior, incluido el reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, y  a la solidaridad antiterrorista. Da la sensación de que, consolidada plenamente la unión económica y muy lejos de concretarse la política exterior y de seguridad común (que ha brillado por su ausencia frente a una crisis tan grave como la guerra de Irak), la política de Justicia e Interior representa la cuestión en la que más está avanzando en este momento la Unión Europea.
 
En el tema concreto de la cooperación antiterrorista se ha avanzado de manera muy notable a partir del 11 de septiembre. Es importante que el terrorismo haya pasado a ser considerado como una amenaza común para el conjunto de la Unión, que se haya adquirido el compromiso de aproximar las legislaciones nacionales (cuando de entrada la mayoría de los Estados miembros ni siquiera tenían definido el terrorismo como un tipo específico de delitos), que se haya adoptado una lista común de organizaciones terroristas, que han de ser consideradas ilegales en todo el territorio de la Unión, y que se haya adoptado el principio de que una orden de detención emitida por un juez de uno de los estados miembros haya de ser cumplida en el territorio de cualquiera de ellos.
 
Resta por ver en qué medida va a tener todo esto una eficacia práctica. Para ello es necesaria una voluntad política en todos los Estados miembros, sin la cual las declaraciones de principio no servirán de mucho. La gran cuestión es si el sentido de urgencia que el 11 de septiembre dio a la política antiterrorista se va a mantener, impulsando una cooperación efectiva, o si la falta de criterios comunes en temas de seguridad internacional que tan dramáticamente se manifestó frente a la guerra de Irak va a frenar también la cooperación antiterrorista.
 
Para evaluar cual de las dos posibilidades resulta más verosímil, conviene repasar brevemente la naturaleza de las amenazas terroristas a las que se enfrenta la UE y la respuesta que se les ha dado en los últimos tiempos. Distinguiremos para ello la amenaza de las organizaciones terroristas endógenas, de las que hoy es ETA la principal, y la de las organizaciones terroristas exógenas, entre las que destaca Al Qaida.
 
Frente al terrorismo endógeno
 
El terrorismo endógeno, es decir el surgido en la propia Europa, alcanzó su mayor intensidad a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, cuando estaban en su apogeo organizaciones como IRA en el Reino Unido, Brigadas Rojas en Italia y ETA en España. Fue entonces cuando comenzó la cooperación antiterrorista europea, en el marco del grupo de Trevi. La situación actual es muy distinta, ya que la intensidad del terrorismo endógeno es mínima. Mantiene sin embargo su actividad criminal ETA, que sigue siendo un motivo grave de preocupación para los españoles. Ahora bien, ETA se halla indudablemente en declive y a ello ha contribuido poderosamente la cooperación europea, especialmente francesa, de la misma manera que la existencia del 'santuario' francés fue uno de los factores que contribuyeron a incrementar la capacidad criminal de ETA en los años de la transición española.
 
En los últimos años se ha producido un marcado descenso del número de atentados perpetrados por ETA, que tuvo un repunte en el año 2000, por efecto de la reorganización durante la tregua,  pero se situó en un mínimo histórico en el 2002.
 
 
Y a ese declive ha contribuido la eficacia de la acción policial a ambos lados de los Pirineos. La importancia de la colaboración francesa se puede constatar mediante el número de detenciones de presuntos etarras, que en algunos años han llegado a ser más numerosas en Francia que en España. Esto supone que ETA está perdiendo sus bases de retaguardia, que tan útiles le fueron en los años setenta y primeros ochenta.
 
 
A estas cifras hay que añadir las de los primeros meses de este año, en los que la actuación francesa contra ETA ha obtenido resultados muy notables. Han sido detenidos en Francia 21 etarras, entre los que destacan Ainhoa García Montero, jefa de comandos, Laurence Guimon, responsable de logística, y Mikel Otegi, presunto asesino de dos ertzainas en 1995.
 
La presión policial sufrida, tanto en Francia como en España, ha reducido drásticamente el número de terroristas experimentados de que dispone ETA, que ha tenido que nutrir últimamente sus comandos con jóvenes procedentes de la kale borroka, cuya capacidad de atenerse a las normas de la lucha clandestina parece reducida, lo que facilita las detenciones. La publicación de un decálogo de normas de conducta para sus militantes en un reciente número de su boletín, Zutabe, es un testimonio elocuente de la inquietud de la dirección etarra por ese motivo. Y el mismo boletín expresa su preocupación por la falta de capacidad de la izquierda abertzale (entiéndase la rama política de la propia ETA) para reaccionar ante la nueva situación creada por la ilegalización de Batasuna. Es también notable que el fin del clima de impunidad en que se movían los protagonistas de la kale borroka (es decir la acción terrorista de baja intensidad) haya provocado una drástica reducción del número de acciones. Ha habido un repunte de éstas durante la última campaña electoral, pero su intensidad ha sido mínima en comparación de lo que ocurría en años anteriores, a pesar de que se trataba de las primeras elecciones en las que el brazo político de ETA ha visto proscrita su participación. 
 
Como lo demuestra el caso de los GRAPO, un grupo terrorista puede mantener su actividad criminal durante años a pesar de haber quedado reducido a una situación de debilidad extrema. Pero lo cierto es que ETA atraviesa su momento más difícil desde los inicios de la transición democrática. Y a ello está contribuyendo no sólo la eficaz colaboración francesa, sino todo un clima internacional hostil al terrorismo. En el caso de la Unión Europea es importante destacar que Batasuna ha sido recientemente incluida, por acuerdo unánime de los Quince, en la lista europea de organizaciones terroristas, en la que ya figuraban ETA y diversas organizaciones a ella vinculadas.
 
La amenaza del terrorismo exógeno
 
Si España ha jugado un papel tan importante como impulsor de la cooperación antiterrorista internacional, ello se ha debido a que hemos padecido el terrorismo de ETA. Pero si la Unión Europea ha impulsado en los dos últimos años esa cooperación con una energía sin precedentes, el motivo hay que buscarlo en la amenaza que representan Al Qaida y toda la nebulosa de organizaciones terroristas de carácter islamista a ella vinculadas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el terrorismo de Al Qaida representa un peligro de una magnitud diferente al de las organizaciones terroristas tradicionales. Como lo ha subrayado el informe sobre seguridad europea presentado por Solana al Consejo de Salónica, estamos ante un nuevo tipo de terrorismo, que parece dispuesto a utilizar una violencia ilimitada y a causar muertes masivas, por lo que pudiera sentirse inclinado al empleo de armas de destrucción masiva. Resulta por tanto crucial que tomemos conciencia de la magnitud del desafío, lo que exige evitar tres posibles errores:
 
·          Desde el punto de vista español resulta difícil aceptar que ETA no sea nuestro principal problema terrorista. ETA ha matado en España a más de 800 personas, mientras que sólo ha habido un atentado islamista en territorio español, que tuvo lugar hace 18 años (pero que fue uno de los más mortíferos de nuestra historia). Sin embargo ETA está en franco retroceso y, aunque la radicalización del nacionalismo democrático de a veces la sensación de que el 'problema vasco' se está agravando, en el plano de la lucha antiterrorista estamos ante la tarea de consolidar el éxito obtenido y no ante la de lograrlo. En cambio el terrorismo islamista representa una amenaza emergente.
 
·          La Unión Europea no ha sufrido en su territorio ni un solo atentado de origen islamista después del 11 de septiembre. Ello podría llevar a una conclusión equivocada, la de que Europa no está  directamente amenazada, sobre todo si olvidamos que ha habido varios intentos de atentado frustrados en territorio europeo y que ha habido víctimas europeas en atentados perpetrados en otros continentes.
 
·          La errónea percepción de que la UE no está directamente amenazada pudiera combinarse con la percepción, muy agudizada en amplios sectores de la opinión europea, de que los intereses de seguridad europeos y norteamericanos no son coincidentes, para llegar a una conclusión peligrosa, la de que la mejor manera de protegernos frente a eventuales ataques terroristas sería mantenernos al margen de los conflictos que ocurren fuera de nuestras fronteras. Ciertos comentarios acerca del reciente atentado de Casablanca iban en ese sentido.
 
Debemos pues plantearnos varias cuestiones: ¿cuáles son los objetivos de Al Qaida y las demás organizaciones terroristas a ella vinculadas?, ¿qué papel juega el territorio europeo en sus operaciones?, ¿qué amenaza representan para Europa?
 
Respecto a la primera cuestión, nada mejor que atender a lo que escribió el propio Osama Bin Laden en el primero y más elaborado de sus textos,  la “Declaración de guerra contra los americanos que ocupan la tierra de los dos lugares sagrados”, también conocida como  “Epístola ladenesa”, fechada en agosto de 1996. Su contenido puede resumirse en los siguientes puntos:
 
·          Describe un panorama mundial en que los musulmanes perecen a manos de sus enemigos en primer lugar en Palestina y en Irak, pero también en Libano, Tayikistán, Birmania, Cachemira, Assam, Filipinas, Somalia, Eritrea, Chechenia y Bosnia. Por supuesto no se plantea que de todos o algunos de esos conflictos en los que comunidades musulmanas se enfrentan a gentes de otras creencias, incluidos hinduistas y budistas, pudieran tener alguna responsabilidad los propios musulmanes. La culpa corresponde a la alianza de los sionistas (es decir los israelíes) y los cruzados (es decir los occidentales) que bajo la cobertura de las inicuas Naciones Unidas y con falsas apelaciones a los derechos humanos, habrían hecho del pueblo musulmán el principal objetivo de sus agresiones.
 
·          Afirma que la más grave de esas agresiones es “la ocupación de la tierra de los dos lugares sagrados” por los ejércitos de los cruzados americanos y de sus aliados, es decir la presencia de las tropas de Estados Unidos en algunas bases de la península Arábiga a partir de la guerra del Golfo. Una afirmación que sólo puede entenderse desde una mentalidad en la que la sola presencia de infieles en las cercanías de los lugares santos de  Medina y La Meca es un insulto al Islam.
 
·          Denuncia que la monarquía saudí ha perdido su legitimidad por  haber introducido una legislación humana al margen de la ley divina y por haber permitido la entrada de las tropas americanas. Enfatizando el primer punto, afirma que usar una ley humana en vez de la divina es uno de los motivos por los que una persona pierde su condición de musulmán para convertirse en infiel.
 
·          Anuncia que el próximo  establecimiento de un Estado Islámico en Arabia representará una grave amenaza para la propia existencia de un Estado sionista en Palestina.
 
·          Explica que debido al actual desequilibrio de fuerzas no es posible una guerra convencional para expulsar a los cruzados de Arabia y es necesario por tanto recurrir a una guerra de guerrillas, que pudiera ir acompañada de un boicot económico por parte de la población.
 
·          Describe todas las recompensas que Dios dará a los jóvenes mártires que mueran en la lucha contra el infiel.
 
Todo lo cual se puede resumir en que Bin Laden anuncia una guerra a escala mundial (que, debido al poderío de sus enemigos, sería combatida mediante esa estrategia asimétrica que es el terrorismo). Sus objetivos serían:
 
·          la retirada norteamericana de Arabia Saudí,
·          la destrucción del Estado de Israel,
·          la victoria de los musulmanes en todos los conflictos que les oponen a otras comunidades, desde Chechenia hasta Filipinas, y
·          el derrocamiento de todos los  estados musulmanes que no se basen estricta y exclusivamente en la legislación coránica.
 
Esto implica una amenaza directa para los Estados y las poblaciones de todo el inmenso territorio que se extiende desde el África occidental hasta Indonesia y Filipinas, e indirectamente para cualquier otro Estado involucrado en los conflictos de la zona, es decir Estados Unidos y Rusia, por supuesto, pero también la Unión Europea, cuyas dimensiones demográficas y económicas la convierten en una potencia que difícilmente pudiera aislarse de cuanto acontecimiento en sus fronteras meridionales y orientales. Hacer creer a los ciudadanos otra cosa, pretender que la Unión Europea pudiera seguir una política exterior de no implicación en los asuntos mundiales, como la que caracterizó por ejemplo a Finlandia durante la guerra fría, resulta irresponsable.
 
Tras esta reflexión teórica, vayamos a los hechos, para comprobar qué papel representa Europa en la estrategia del terrorismo islamista.
 
·          En primer lugar es un área de refugio, de difusión de propaganda y de reclutamiento de militantes. Es la función que hace pocos años dio lugar al término Londonistán, para referirse a la concentración de líderes radicales que operaban con total impunidad en Gran Bretaña. Se trataba de un abuso del derecho de asilo y de la libertad de expresión, pero no se consideraba demasiado grave cuando no parecía amenazar directamente los intereses europeos.
 
·          El territorio europeo se ha empleado además como base para la organización de atentados en otros países. Ello es notorio en el caso de los atentados del 11 de septiembre y se ha repetido en otros. Cabe recordar que los asesinos del general Massoud, el  dirigente de la resistencia antitalibán asesinado en vísperas del 11 S, partieron de Bélgica, que era británico el terrorista que trató de explotar un avión en vuelo de París a Miami, que residía en Francia el responsable del atentado contra la sinagoga de la isla tunecina de Djerba, que dos británicos han sido responsables de un atentado en Tel Aviv, que recientemente ha sido detenido un francés en relación con los atentados de Casablanca. Es decir que Europa se encuentra en la poco admirable situación de exportar terroristas hacia otras regiones del mundo.
 
·          Ciudadanos europeos han sido deliberadamente elegidos como víctimas en atentados realizados en otras partes del mundo. Recuérdese a los franceses asesinados en Karachi, a los alemanes asesinados en Djerba, a los españoles asesinados en Casablanca.
 
·          Debemos a la eficaz labor de vigilancia de nuestros responsables de seguridad el no haber sufrido hasta ahora un atentado de Al Qaida en territorio europeo. Algunos de estos casos han llegado ya a los tribunales. En marzo de este año un tribunal alemán ha condenado a cuatro argelinos, entrenados en los campamentos afganos de Al Qaida, que habían planeado un atentado en la Navidad del 2000 en la ciudad francesa de Estrasburgo. Y en estos días están siendo juzgados en Bruselas 23 presuntos miembros de Al Qaida, uno de los cuales, Nizar Trabelsi, ha confesado que, tras haberse entrenado en Kandahar, preparaba un atentado contra una base de la OTAN en Bélgica.
 
 
En la reunión que en mayo pasado tuvieron en Jerez de la Frontera los ministros del Interior de los cinco mayores países de la UE, el ministro italiano Pisanu se refirió a la presencia en Europa de redes durmientes del terrorismo islamista, dispuestas a entrar en acción en cualquier momento. Dado que los informes que periódicamente se elaboran sobre el tema no son de libre consulta, no es posible pronunciarse sobre la entidad de la amenaza, pero bastan los hechos hasta ahora expuestos para mostrar que la posibilidad de atentados en capitales europeas, incluso masivos, no puede excluirse.
 
Conclusión
 
La gran pregunta es si la Unión Europea está actuando adecuadamente para hacer frente a la nueva amenaza terrorista. Se trata de una cuestión a la que difícilmente se puede responder sin tener acceso a fuentes reservadas. De cuanto se ha hecho  público cabe sin embargo deducir una respuesta moderadamente optimista, que articularé en tres elementos:
 
·          Parece indudable que a partir de septiembre de 2001 la lucha antiterrorista se ha convertido en una cuestión fundamental para el conjunto de la Unión Europea. A pesar de la lentitud inevitable en unos procedimientos que exigen el acuerdo de 15 Estados soberanos, que serán 25 a partir del año próximo, el avance ha sido notable. Se ha elaborado una definición común de terrorismo, se ha iniciado una aproximación legislativa, hay una lista europea de organizaciones terroristas y se está avanzando en la adopción de la euroorden de detención de entrega, que sustituirá ventajosamente a los complicados procedimientos de extradición.
 
·          La crisis de Irak, que puso en cuestión tanto la solidez de los lazos transatlánticos como la propia política exterior y de seguridad común de la UE, no parece haber afectado a la política antiterrorista. Hay que destacar la importancia tanto del proyecto preparado por la Convención Europea, que otorga rango constitucional a la cooperación en temas de Justicia e Interior y a la solidaridad antiterrorista, como del acuerdo de extradición con Estados Unidos.
 
·          En el plano operativo, los resultados parecen indicar que se está funcionando razonablemente bien. Se han obtenido resultados notables en la desarticulación de redes terroristas en varios países y se ha logrado evitar que se produzca un solo atentado en territorio europeo. Y en esta materia la prevención es la mejor medida del éxito: evitar que se cometa un atentado es muchísimo mejor que detener a los culpables de uno ya realizado.