La llave del cambio
(Publicado en La Gaceta, 14 de diciembre de 2018)
La democracia está trufada de terribles paradojas. Ayer, sin ir más lejos, tuvo la primera reunión entre el Partido Popular y Ciudadanos, para discutir sobre Andalucía. Es de esperar que la formación de Albert Rivera haya descartado por ahora su permanente tentación hacia los socialistas (donde creen que van a encontrar su nuevo vivero de votantes), renuncie a la disparatada idea de que debe ser su candidato el nuevo presidente autonómico y, le guste o no, repudie la opción de su candidato a la alcaldía de Barcelona, el ex primer ministro de Francia, Manuel Vals, a crear un “cordón sanitario” contra Vox.
Como los partidos tradicionales entienden el poder en términos de repartición de cuotas en los puestos del ejecutivo, no es de extrañar que en la reunión se haya abordado quién va ocupar qué cargo, desde la presidencia al parlamento regional, pasando por las consejerías. Tal es su confianza en verse ya instalados en sus respectivos despachos que ya se han olvidado de que ambas formaciones no suman los votos suficientes para garantizarse su gobierno. Necesitan a los diputados de Vox.
Hasta donde yo veo, Vox ha hecho lo que debía: esperar a que los grandes comenzasen a hablar y se pusieran de acuerdo. Lógico y realista. Pero si PP y Ciudadanos creen que pueden ignorar a Vox, cometen un grave error. El cambio en Andalucía es necesario, pero tiene que ser un cambio a mejor. Y ahí es donde surgen las dudas. Hasta ahora, Ciudadanos ha estado apoyando a Susana Díaz y si ahora se encuentran molestos es más por su cálculo electoralista a nivel nacional que por otra cosa; y hasta ahora el PP de Moreno Bonilla tampoco se ha caracterizado por una clara oposición. El ansia de poder no debe limitar el cambio a sustituir unas caras por otras.
Vox aspira a contribuir al cambio de gobierno pues el socialismo sólo ha generado atraso, corrupción y desintegración social durante sus cuarenta años de gobierno. Pero Vox defiende la necesidad de un cambio real. Un cambio que debe simbolizarse –y materializarse- en medidas concretas. Por ejemplo, en aras de la libertad de opinión e información y en contra de la manipulación y el adoctrinamiento desde las instancias oficiales, es imperativo que se cierre Canal Sur. Las televisiones autonómicas no son un derecho natural.
En segundo lugar, Vox ha defendido siempre la trasparencia y la asunción de responsabilidades. Por eso quiere que los separatistas que han orquestado el golpe en Cataluña, sean juzgados y cumplan con las penas que marca la Ley por sus delitos. La moral social y política de que todo vale y nadie paga por sus actos se tiene que acabar. Y en el caso de Andalucía eso significa que si hay que tirar de la manta y mirar bajo las alfombras, se haga. Y si se encuentran indicios de delito, que se persiga a sus responsables. Esa es la mejor forma de empezar una regeneración de la política española, tan dañada por la impunidad en la que se han movido nuestros dirigentes políticos.
En tercer lugar, es obvio que se tiene que acometer una profunda restructuración del estado administrativo de la autonomía. No sólo hay que adelgazar el organigrama actual, hay que eliminar puestos y organismos que son del todo innecesarios y que sólo han estado durante años al servicio de una política clientelas del PSOE. El cambio no es ponerlos al servicio del PP y Ciudadanos, sino que el aparato político y administrativo lo esté para con los ciudadanos. En ese sentido, también se debe poner en marcha una serie de medidas encaminadas a rebajar la presión fiscal. Algunas, como la eliminación del impuesto de sucesiones, es urgente y fácil de acometer. La revisión de la sanidad es tan inaplazable como inapelable.
Cuarto, Andalucía, por su situación geográfica, es terreno abonado para la arribada de emigrantes ilegales. Si bien el control efectivo de nuestras fronteras es y debe ser una competencia del Estado español, la Junta sí puede poner en marcha medidas concretas encaminadas a desincentivar la llegada de inmigrantes ilegales a nuestro suelo. Limitar el acceso a servicios sociales, instituir el copago sanitario, limitar la reunificación familiar, en fin, todo aquello que hace que España sea, a los ojos de los inmigrantes, un paraíso donde siempre ganan y donde instalarse plácidamente no conlleva ningún coste para ellos. Puede que para los más ricos y poderosos, la inmigración sea básicamente una cuestión de mano de obra barata, pero para el resto de mortales es una cuestión de criminalidad y seguridad personal a la vez que una competencia desleal por el bienestar social. Hay que poner fin a ala discriminación positiva hacia el inmigrante y volver a poner a los españoles primero en las prioridades públicas.
Se que ni PP ni Ciudadanos comparten el objetivo último de Vox de acabar con el régimen de autonomías en España. Pero una cosa es no ser maximalistas y otra, bien distinta, tragar con todo en aras a un supuesto cambio. El cambio se muestra andando, pero andando hacia una dirección y con unos objetivos concretos. Veremos qué sale de esta UTE política en la que están sentados los populares y los de Rivera.