La identidad español en la industria de defensa europea

por GEES, 8 de marzo de 2001

Introducción

 
La industria de defensa española ha iniciado una senda de integración en el emergente sector industrial europeo de la defensa. España no podía quedar al margen de este proceso de integración que resulta esencial tanto para el desarrollo de una industria de armamentos competitiva en Europa como para la propia consolidación de la incipiente política de defensa europea. Sin embargo, resulta imprescindible que este proceso de integración garantice al mismo tiempo un cierto grado de identidad nacional de nuestro sector de defensa en el nuevo marco europeo. Una identidad que resulta necesaria tanto para la salvaguarda de nuestros legítimos intereses industriales, estratégicos y políticos, como para asegurar el éxito del proyecto en su conjunto.
 
El nacimiento de una industria europea de la defensa viene amparado e impulsado por dos factores principales. Por un lado, el dinámico desarrollo de una política de seguridad y defensa común en la Unión Europea exige como complemento ineludible el desarrollo paralelo de una base industrial que dote de autonomía y credibilidad a esa defensa común. Por otro, la constricción de la demanda de equipos de defensa experimentada tras el final de la Guerra Fría, la concentración de empresas acontecida en los Estados Unidos en los últimos años y el endurecimiento del mercado internacional de armas, entre otros muchos factores, están obligando a las industrias europeas de defensa a buscar diferentes formas de cooperación e integración para poder subsistir en este nuevo y más competitivo entorno.
 
La industria española de defensa está apostando de forma decidida y activa por este proceso de integración europea. España posee una industria de defensa de entidad reducida que ha estado sometida a un proceso interno de reconversión particularmente duro. Esa reconversión ha supuesto reducir su empleo a la mitad del existente al inicio de la década de los 90, concentrar empresas reforzando los liderazgos de los diferentes subsectores e iniciar un proceso de saneamiento y privatizaciones aún inconcluso. Ese proceso de reestructuración interna ha venido a solaparse en los últimos meses con la propia dinámica de fusiones, alianzas y adquisiciones desatada tanto dentro de la Unión Europea como a escala trasatlántica.
 
España no podía, por la reducida entidad de su sector industrial de defensa ni por su vocación política pro-europea, quedar al margen de este proceso de integración industrial. Nuestro país tiene sin duda mucho que ganar en este proceso de creación de una base industrial para la defensa europea, como lo ha demostrado ya en algunas de las experiencias de cooperación en las que ha participado. Sin embargo, el proceso de integración hace surgir también riesgos e incertidumbres que resultan especialmente intensos para aquellos socios que presentan una menor entidad y una mayor debilidad tecnológica. Así, el principal riesgo para nuestra industria es ser absorbida en este proceso de integración quedando convertida al final del mismo en una mera industria subsidiaria de los grandes grupos industriales de los socios mayores.
 
La industria de defensa presenta en todos los países del mundo unos condicionantes estratégicos, políticos y tecnológicos que no concurren en ningún otro sector. Por esta razón, sería un error para los distintos gobiernos europeo, y en particular para el Ejecutivo español, abandonar este proceso de integración a una mera lógica económica e industrial. Al margen de la titularidad pública o privada de las compañías hay en el sector legítimos intereses políticos que deben ser defendidos políticamente. En este sentido, preservar un grado razonable de identidad nacional en la futura industria defensa resulta un requisito imprescindible para el propio éxito del proceso. Así, todos los gobiernos, y en especial los de aquellos socios de menor entidad, deberían tener un papel más definido y activo en defensa de esa identidad nacional.
 
Un nuevo marco institucional para la industria europea de defensa
 
El carácter estratégico de la industria de defensa ha hecho que este sector haya quedado al margen del proceso de integración europea desde el origen de la Comunidad Económica Europea. Así, el artículo 223 del Tratado de Roma de 1958 consagró la “excepcionalidad” de la industria de defensa salvaguardando este sector de las directrices de la Comisión Europea para la consecución de un mercado único. El Tratado de Amsterdam, cuarenta años después, mantiene esta reserva en su artículo 293, con ligeras variaciones respecto al anterior.  
 
Esta marginación del sector defensa del ámbito comunitario no sólo no ha impedido, sino que ha provocado, la emergencia de diversas iniciativas que buscaban una mayor cooperación transnacional en el sector. Así, especialmente desde el inicio de la década anterior, han sido numerosos los intentos y los instrumentos creados para tratar de impulsar esa mayor integración europea en el ámbito de la industria de defensa.
 
En el marco de la Unión Europea Occidental se creó en 1992 el GAEO (Grupo de Armamentos de Europa Occidental) con el objetivo de definir conjuntamente los requisitos operativos, fomentar la cooperación en I+D, establecer los principios para la apertura de los mercados nacionales y establecer un plan para la creación de una Agencia de Armamento. La puesta en marcha definitiva de esta Agencia de Armamentos de la UEO tuvo lugar en noviembre de 1996, teniendo como misión dar un nuevo impulso a la cooperación industrial, reforzar la base tecnológica europea y crear un mercado único de armamentos para Europa. Los Memorados de Entendimiento Thales, Euclid y Sócrates se integraban en estos instrumentos de colaboración, así como el proyecto Eurolongterm.
 
Por su parte, dentro de la Unión Europea nos encontramos las iniciativas de POLARM, creado en julio de 1995 con el objetivo de aplicar criterios comunitarios al sector defensa y el COARM, creado en 1991, y que trata de lograr una mayor armonización en materia de exportaciones de armas, que ha dado lugar a la formulación del Código de Conducta Europea sobre Exportación de Armas. También dentro del marco de la Unión, pero como una colaboración reforzada entre un grupo más reducido de miembros nos encontramos con el EDIG (Grupo de Industrias de Defensa Europeo), la OCCAR (Organización para la Cooperación Conjunta en Armamento) y la LoI (Carta de Intenciones). Estos dos últimos instrumentos están llamados a convertirse en sendos tratados internacionales.
 
 Por su parte, también la OTAN tiene sus propias estructuras de cooperación en materia de armamento con el objetivo de reforzar la colaboración trasatlántica en este ámbito. Entre ellos destaca la CNAD (Conferencia de Directores Nacionales de Armamento y el NIAG (Grupo Asesor Industrial de la OTAN), así como numerosos grupos de estandarización de material.
 
 La propia proliferación de todos estos instrumentos da idea de cómo articular una verdadera cooperación europea en materia de armamentos constituye una tarea compleja que aún dista mucho de estar plenamente resuelta.
 
 Entre todas estas iniciativas, muchas de ellas redundantes en sus objetivos, aunque incardinadas en organizaciones distintas, destacaremos dos fundamentales (OCCAR y LoI), tanto por la especial amplitud y ambición de sus fines como por los avances conseguidos.
 
OCCAR
 
 La OCCAR puede ser considerado como el principal instrumento de cooperación industrial entre las grandes empresas europeas de armamento. En estos momentos integra en su seno siete grandes programas europeos con un presupuesto total de 17.5 millardos de euros.
 
 Esta organización tiene dos grandes ventajas sobre sus predecesoras. En primer lugar, al tener personalidad jurídica propia ha resultado más eficaz a efectos de gestionar contratos y definir una política de adquisiciones propia. En segundo término, ha resultado una herramienta más operativa que las preexistentes para armonizar las políticas de adquisiciones de sus miembros y para coordinar sus respectivos programas de investigación y desarrollo.
 
 La idea que impulsa la creación de OCCAR es doble. Por un lado, se trata de aglutinar en una sola oficina de carácter permanente la gestión de los diversos proyectos de cooperación en materia de fabricación de armas que se van sucediendo en el ámbito europeo, de forma que pueda generar una reducción de costes en la administración de los mismos. Por otro, se trata de flexibilizar el principio de “justo retorno”, de forma que el tradicional equilibrio entre inversiones y retornos en cada uno de los programas sea reemplazado por un calculo más global de toda la estructura de programas a largo plazo. Esta mayor flexibilidad en el desarrollo y en la gestión de los programas está permitiendo de hecho una reducción de costes significativa en algunos proyectos.
 
 A pesar de estos éxitos aparentes, no hay que perder la perspectiva de que instrumentos como la OCCAR no son más que apoyos técnicos que tienen como único objetivo facilitar la cooperación, pero que carecen de relevancia política a la hora de tomar decisiones. Esto significa que la decisión última sobre incorporarse o mantenerse en un programa corresponde siempre al gobierno de cada uno de los estados. La capacidad de armonización de OCCAR estará por tanto en función de que exista una voluntad común de los miembros de dotarse de un determinado sistema, en un tiempo fijado y con unos requerimientos operativos comunes.  Sin esos tres requisitos será imposible que la organización pueda arrancar un programa.
 
 La autonomía de los Estados queda por tanto plenamente salvaguardada en OCCAR, aún a costa de sacrificar la propia eficacia de la organización. Así, la iniciativa franco-alemana de imponer sanciones financieras a quién incumpliera sus compromisos contractuales en un programa bilateral fue finalmente desechada. Ni siquiera por tanto a escala reducida, en OCCAR hay hoy sólo cuatro países europeos (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), puede hablarse realmente de la existencia de una autentica política de armamentos a escala europea.
 
LoI
 
 Los Ministros de Defensa de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido decidieron en abril de 1998 lanzar una nueva iniciativa política a fin de avanzar en cinco grandes áreas para la integración del sector:
 
·          Garantizar la seguridad de los suministros en el caso de que una reestructuración llevara a la concentración de la producción en un país en detrimento de otro.
 
·          Asegurar la libertad de exportación para un país aún en el caso de que subcomponentes de ese sistema fueran fabricados por otro
 
·          Reducir de las duplicidades en I+D,
 
·          Mantener la seguridad de la información que tuviera que ponerse a disposición de compañías de nueva creación
 
·          Definición de un nuevo marco legal para las cuestiones ligadas a la propiedad intelectual.
 
Tan sólo dos meses más tarde, en junio de 1998, estos compromisos quedarían formalmente plasmados en una Carta de Intenciones (LoI) a la que se adhirió también el ministro de Defensa de Suecia y en la que a los cinco objetivos anteriores se unió uno nuevo y de especial relevancia; el compromiso de tratar de armonizar en la mayor medida posible sus requerimientos operativos y sus calendarios de adquisiciones.
 
 La importancia de esta Carta de Intenciones descansa en que por primera vez los Gobiernos de los países firmantes reconocen abiertamente su propósito de lograr una integración de sus industrias de defensa. Su objetivo fundamental cosiste por tanto en establecer procedimientos estandarizados que faciliten la fusión de las industrias europeas en grandes compañías transnacionales. Es desde esta perspectiva desde donde deben contemplarse las seis áreas de compromiso antes citadas.
 
 Una de las ventajas de la LoI es la inmediatez de su aplicación, pese a tener la consideración, y consecuentemente la fuerza, de un tratado internacional. Esta inmediatez se debe a que basta la entrada en vigor del acuerdo entre dos de los firmantes para que la Carta sea plenamente aplicable a ambos, sin tener que esperar por tanto al largo proceso de ratificación por parte de todos los demás signatarios.
 
La LoI es, sin embargo, más una declaración de intenciones políticas que un acuerdo técnico entre las partes. Esto significa que la utilidad real de la misma estará en buena medida en función de los Acuerdos de Intenciones más técnicos y precisos que se vayan desarrollando al amparo de los compromisos contenidos en la Carta. En cualquier caso, la fortaleza de la voluntad política que subyace en la LoI queda claramente puesta de manifiesto en los breves plazos establecidos para lograr acuerdos concretos en algunas de las áreas más sensibles.
 
Entre los principales logros alcanzados por la LoI debe destacarse en primer lugar las garantías que establece para la libre circulación de información técnica entre los países miembros. La regulación de estos aspectos de seguridad en la información resulta tan detallado que los nuevos procedimientos pueden aplicarse sin requerir mucho más desarrollo normativo.
 
En lo que se refiere a la garantía de los suministros, en la Carta encontramos un equilibrio razonable entre el principio de autonomía de las empresas transnacionales para reestructurar sus centros de investigación y producción sobre la base de criterios industriales y las reservas de los estados para poder reconstruir una capacidad de suministro nacional con carácter excepcional y por razones de seguridad. Los Estados se reservan a su vez el derecho a guardar ciertas capacidades estratégicamente esenciales en sus respectivos territorios.  Estas garantías, que algunos pueden considerar excesivas, resultan lógicas si se tiene en cuenta las especificidades del sector y sus implicaciones políticas y estratégicas para la seguridad nacional.
 
En este terreno existe además el compromiso de simplificar y armonizar las regulaciones internas a fin de facilitar y agilizar los suministros entre los firmantes de la Carta. Estas facilidades llegan incluso al compromiso de que en caso de crisis, ese suministro debe hacerse incluso a costa de reducir sus propias reservas. Hay, por último, un compromiso de mantenerse informado con celeridad sobre cualquier movimiento accionarial que pueda afectar al control de la compañía.
 
 Más detalladas aún resultan las previsiones de la LoI respecto a la regulación de las exportaciones y las transferencias. Así, la Carta establece la posibilidad de una “licencia global de proyecto” que autorice específicamente la transferencia de todos los componentes y subsistemas de un programa de cooperación determinado. Para la exportación, los participantes en el programa deben establecer de mutuo acuerdo una lista de destinatarios autorizados. Cualquiera de ellos puede requerir la eliminación de un destinatario de esa lista autorizada si tras las pertinentes consultas no existe consenso. En la elaboración de todas esas listas serán de aplicación, como es lógico, los principios contenidos en el Código Europeo de Exportación de Armas.
 
 En materia de investigación y desarrollo la LoI contiene también algunos avances a destacar. En primer lugar, la Carta asume el principio de globalización del justo retorno. Es decir, que el cálculo del retorno no se hace ni programa por programa ni por un periodo anual, sino con un carácter mucho más global. Un segundo principio que se admite por primera vez es la posibilidad de poner en marcha proyectos restringidos, lo que supone que puede haber programas de desarrollo no necesariamente abiertos a todos los firmantes sino que surgen por acuerdo de algunos de ellos.
 
 Pero más allá de la aceptación de estos principios y de la obligación de compartir información y coordinar sus políticas de I+D respecto de las empresas transnacionales, la Carta apunta a la creación de una organización con personalidad juridica propia y un presupuesto autónomo que tenga la capacidad para contratar y gestionar programas de investigación y desarrollo.
 
 Existe un consenso generalizado de que la LoI representa más un punto de partida que de llegada. En este sentido, la Carta es trascendente porque marca una voluntad política de integración y aborda buena parte de los problemas que impiden la creación de una verdadera industria europea de la defensa. No obstante, es necesario reiterar que la carta no pasa en muchos aspectos de la mera declaración de intenciones y que requiere, con carácter general, un desarrollo a través de acuerdos específicos, para poder concretar y materializar algunos de sus principales avances. Es seguro que en ese camino surgirán dificultades que sólo podrán ser superadas a base de una renovada voluntad política.
 
El marco futuro
 
 Paralelamente a la constitución de OCCAR y la formalización de la LoI se han producido importantes avances en la definición de una política de seguridad y defensa europea. Así, la designación de un Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, el acuerdo de constitución de una fuerza europea de proyección rápida de 60 mil efectivos, la creación de nuevos órganos civiles y militares de planeamiento y decisión sobre defensa y seguridad en el seno de la UE o la próxima integración de la UEO en la Unión Europea, son decisiones que se han desencadenado en pocos meses y que van dando forma a ese objetivo político de dotarse de una defensa común.
 
 Todos estos hechos tendrán sin duda repercusión en el proceso de integración industrial del sector defensa en Europa. Hay quien defiende que el énfasis en los aspectos políticos de la defensa distraerá a los lideres políticos de la cuestión industrial, lo que puede llevar a una cierta parálisis del proceso dadas las dificultades técnicas que siguen existiendo en el mismo. Pero por otro lado, es evidente que la imprescindible armonización de los requerimientos operativos de los nuevos sistemas de armas puede verse notablemente impulsada por este proceso. En la medida en que Europa avance en la definición de una política de seguridad y defensa común, en la medida en que existan órganos conjuntos de decisión que puedan sintetizar las posiciones nacionales y en la medida en que no resulta creíble una defensa común sin una base industrial y tecnológica que la sustente, resulta lógico que la sinergia existente entre ambos procesos, el político y el industrial, es mucho mayor que su rivalidad.
 
 Una segunda cuestión que conviene plantearse de cara al futuro es en qué medida es conveniente mantener una cooperación reforzada entre los seis principales productores y consumidores de sistemas de armas o si sería mejor que los instrumentos creados para esa cooperación especial fueran integrándose paulatinamente en las estructuras comunes de la Unión Europea. La cuestión es debatible, pero todo apunta a que los países de la LoI están optando por una profundización de su cooperación industrial más que por una ampliación a todos los miembros de la Unión. Es una decisión lógica si se tiene en cuenta que esos seis socios acumulan el 90% de la producción industrial de defensa y se tienen en consideración las múltiples dificultades que están encontrando en ese camino.
 
 Sin embargo, esa cooperación reforzada tiene el riesgo de crear una excesiva división entre los miembros de la Unión que poseen una capacidad industrial en el sector defensa de cierta entidad y aquellos que están prácticamente ausentes del mismo. Una integración de los socios más pequeños aportaría además la ventaja de reforzar la preferencia europea en sus adquisiciones.
 
 Una posible salida a este dilema podría ser una convergencia de la totalidad de los socios europeos en cuanto que adquisidores de armamento en los instrumentos ya existentes en el seno de la Unión, como el GAEO, en los que se puede avanzar hacía un mercado de defensa más integrado, mientras que se profundiza en una cooperación reforzada entre los países productores de esos sistemas a través del impulso de programas comunes.
 
 Elementos añadidos para esa convergencia lo constituyen instrumentos como POLARM O COARM que comparten en esencia los mismos objetivos que la OCCAR o la LoI. Así, tanto POLARM como COARM están orientando sus actuaciones hacia la simplificación de los procedimientos de adquisición de armamento en la Comunidad, la constitución de un mercado interior más abierto, la extensión de los sistemas normales de contratación al sector y la armonización de las reglas de exportación de armas. En este sentido, hay que resaltar que la Comisión puede en el futuro desempeñar también un papel mucho más activo en la regulación de las adquisiciones públicas en el sector defensa.
 
 Un aspecto decisivo para definir un marco más amplio o más restrictivo de la cooperación lo constituyen los programas comunes de investigación y desarrollo. En este sentido, el GAEO está preparando un nuevo MOU, denominado EUROPA, que busca mejorar y flexibilizar el actual EUCLID. En la medida en que EUROPA se adapte a los principios establecidos en la LoI, este nuevo programa podría disuadir a los miembros de OCCAR de convertir a este organismo en un gestor de programas de I+D, tal y como apunta en la actualidad. A pesar de su racionalidad no será fácil poner en marcha una política común de I+D en materia de defensa en el seno de la Unión, dado que en este punto las diferencias de intereses entre los países grandes y los pequeños son notables. Así, los países con un sector de defensa más débil serán reticentes a admitir los principios de un justo retorno más global, las restricciones a determinados proyectos, cuestiones que los grandes consideran imprescindibles para que esa política sea realmente eficaz.
 
La posición española
 
 La posición de España en todo este entramado institucional de cooperación industrial es compleja. España se encuentra en una posición intermedia entre los grandes productores de armas y el resto de los países meramente compradores. Nuestro país es el sexto productor de sistemas y el quinto en capacidad de compra. Una vez más, España tiene divididos sus intereses entre los dos grupos: los países grandes y los pequeños en el seno de la Unión Europea.
 
 Por otro lado, tampoco parecen plenamente definidos nuestros intereses industriales. El sector defensa ha sido tradicionalmente en nuestro país de titularidad pública, similar al francés, y aún hoy las principales empresas del sector continúan en manos del Estado. Sin embargo, desde 1996 hay una voluntad clara de privatización de la industria de defensa, privatización que es ya una realidad en el subsector electrónico, resulta inminente en el de armamento terrestre y tiene fecha fija, el 2003, en el aerospacial. Este momento de transición conduce a la paradoja de que con un sector predominantemente público, la política del Gobierno español en todo este proceso sea la de priorizar los intereses de los futuros accionistas de esas empresas.
 
 Esta complejidad de la posición española ha llevado al Gobierno a adoptar posiciones aparentemente contradictorias. Así, España es parte de la LoI pero aún no se ha integrado en OCCAR. El Gobierno ha impulsado decididamente la integración de CASA en EADS pero la SEPI es partidaria de vender Santa Barbara a una empresa norteamericana para fabricar un carro de combate alemán, al tiempo que BAZAN, ahora IZAR, mantiene una asociación estratégica con Lockheed Martin para la producción de la Fragata f-100. Finalmente, nuestro país es partidario de una mayor integración del sector a escala europea, pero tiene un interés claro en mantener un justo retorno y el acceso a los programas tecnológicos más avanzados.
 
 En definitiva la actual posición española podría sintetizarse en cuatro grandes principios. En primer lugar, un apoyo decidido a la consolidación de un sector de defensa europeo creando las condiciones y el entramado institucional que facilite un proceso de fusión de empresas  capaz de generar un reducido grupo de industrias europeas competitivas con las grandes corporaciones norteamericanas. En segundo término, España no es partidaria de construir un mercado europeo de defensa completamente cerrado a los productos del otro lado del Atlántico, ni a la utilización de políticas proteccionistas a escala europea ya desechadas en nuestros mercados nacionales, políticas que pueden atentar además a la necesaria cohesión trasatlántica. Tercero, la vocación europea de España no conduce a una fusión automática de nuestras industrias a otras empresas europeas de mayor entidad, sino que esa integración debe realizarse siempre salvaguardando los intereses específicos de cada subsector. Finalmente, es necesario mantener un equilibrio entre el peso global de España en la Unión Europea, la contribución que España va a realizar a la defensa común y la participación de nuestra industria de defensa en el emergente sector de armamento europeo.                            
 
La lógica industrial de la integración europea
 
 La lógica política de construcción de una defensa europea como culminación del proyecto de unidad política que hoy constituye la Unión Europea, junto con el consecuente desarrollo de un marco institucional que facilitara la cooperación y la integración industrial en materia de defensa, al que nos hemos referido hasta ahora, ha jugado sin duda un importante papel en la creación de las condiciones necesarias para que pudieran producirse fusiones y concentraciones empresariales como los que han sacudido al sector en los últimos meses.
 
 Sin embargo, es necesario reconocer que la iniciativa en el incipiente proceso de racionalización y concentración del sector a escala europea ha correspondido en mucha mayor medida a las propias empresas implicadas en las distintas operaciones que a la acción directa de los gobiernos. Este protagonismo de las empresas se explica por un doble motivo. Por un lado, se ha impuesto en el sector una filosofía de gestión empresarial que tiene en la salvaguarda de los intereses de sus accionistas y en la rentabilidad económica de las empresas sus principios fundamentales. Este nuevo estilo de gestión privada se ha generalizado incluso en aquellas compañías que aún mantienen una titularidad pública. Los Gobiernos han asumido de esta forma un papel más secundario, de acompañamiento para facilitar el camino a recorrer por las empresas, eliminado obstáculos normativos o burocráticos, pero dejando que fueran ellas las que lideraran el proceso.
 
 Un segundo factor que explica esta iniciativa empresarial es que la lógica económica e industrial empujaba a las empresas a este proceso de concentración aún con mucha mayor intensidad de lo que les impulsaba la lógica política. La reducción de los presupuestos de defensa tras el final de la guerra fría, la perdida de competitividad del sector europeo y el aumento constante de los costes de los nuevos sistemas de armas, son factores que apremian a la industria europea a reaccionar si quiere ser capaz de sobrevivir en este nuevo entorno.
 
La reducción de la demanda
 
 El final de la guerra fría ha supuesto en buena lógica una reducción importante de los presupuestos de defensa de todos los países aliados. Así, los países europeos miembros de la OTAN redujeron su presupuesto de defensa entre 1990 y el año 2000 en 22 millardos de dólares, un 13,8% en términos reales. Esta reducción fue aún más espectacular en Estados Unidos donde la caída del presupuesto de defensa fue del 24%.
 
 El problema para el sector industrial de defensa es que esta reducción del gasto militar no ha sido homogénea entre los distintos conceptos, sino que ha afectado con especial intensidad a las partidas dedicadas a la obtención de equipos y material. Así, la reducción de los presupuestos de inversiones ha alcanzado el 46,8% en Alemania, el 39% en Italia, el 30,8% en los Estados Unidos y el 28,7% en el Reino Unido. Estamos por tanto no sólo frente a unos gastos totales menores sino ante unos presupuestos que simultáneamente dedican cada vez un menor porcentaje a las adquisiciones de material.
 
 Esta reducción de la demanda de equipos de defensa está afectando con especial intensidad a la industria europea de defensa. El gasto en defensa en Estados Unidos no sólo continúa siendo un 40% mayor que el del conjunto de sus aliados europeos, sino que el porcentaje de ese gasto que destina al desarrollo y la adquisición de sistemas de armas es casi el doble que el de Alemania, Italia, España u Holanda. Sólo el Reino Unido mantiene una proporción de sus gastos de defensa para equipamiento superior en términos relativos a la de los norteamericanos.
 
 Por otro lado, la defensa europea sigue siendo más intensiva en capital humano que la de Estados Unidos. Así, los aliados europeos mantenemos casi tres millones de soldados frente al millón y medio escaso de los estadounidenses. Esto hace que el gasto en equipamiento por soldado americano sea casi cuatro veces mayor que el que emplean sus aliados europeos.
 
 En definitiva, la reducción del gasto militar ha sido generalizada en todos los países de la OTAN, pero sus efectos han sido distintos según la intensidad y la forma en que se han aplicado esos recortes en los diferentes países. Así, Estados Unidos es el país que más ha reducido sus presupuestos de defensa en la última década, pero esa reducción ha sido más equilibrada en cuanto al recorte del número de efectivos e instalaciones, por un lado, y el de programas de investigación y adquisiciones de material, por otro. Todo ello hace que las adquisiciones de armamento de Estados Unidos casi tripliquen a las del conjunto de los miembros de la Unión Europea a pesar de la mayor entidad de sus reducciones globales.
 
 Dentro de la Unión Europea las diferencias son también sustanciales. Así, el Reino Unido ha reducido sus presupuestos en un 29%, pero ha tratado de priorizar los programas de adquisición de armamento, especialmente aquellos dedicados al mantenimiento de sus capacidades de combate. Esto ha hecho que el porcentaje dedicado a su capitulo de inversiones haya subido del 24,8% al 27,4% del total del presupuesto de defensa en la última década.
 
 Por el contrario, Alemania ha tenido una reducción similar, el 29,5%,  ha tenido que hacer frente además a los costes generados por la absorción de las estructuras militares de la antigua RDA, entre otros factores, lo que ha centrado sus recortes en las adquisiciones de material, inversiones que en el año 2000 han pasado a representar tan sólo el 14,3% de su presupuesto de defensa.
 
Francia, que en un principio pareció inmune a este proceso de reducciones generalizadas, está afrontando sin embargo en estos momentos un recorte de entorno al 25-30% en sus presupuestos de adquisiciones de armamento y material. Esta reducción debe solaparse además con un proceso de reestructuración de su industria de defensa particularmente complejo y costoso.
 
 Italia, por su parte, ha mantenido más constante su gasto militar en la última década aunque su porcentaje de inversiones dentro del presupuesto de defensa ha caído del 20% de media en el periodo 1985-1990 al 12,5% alcanzado en el año 2000.
 
 Finalmente, España, que experimentó fuertes recortes en su gasto militar en los inicios de la década de los 90, es en  estos momentos el único país de la Unión Europea que está aumentando sus presupuestos de defensa en términos reales. Sin embargo, los crecientes costes del proceso de profesionalización en marcha pueden deteriorar su ya muy limitada capacidad de inversión militar,  sino se produce un aumento más sustancial del gasto en los próximos años, bien por la vía del presupuesto o por algún tipo de ingresos extraordinarios (venta de patrimonio, condonación de créditos, etc.)      
 
La pérdida de competitividad
 
 La fuerte reducción de los presupuestos de inversiones militares experimentada en la última década ha sido un factor determinante, aunque no único, en la acelerada pérdida de competitividad experimentada por el sector industrial de la defensa en Europa.
 
 La reducida entidad del sector en comparación con los Estados Unidos, su excesivo fraccionamiento en mercados nacionales y la falta de reacción del mismo ante los cambios que se avecinaban han hecho que el efecto de la reducción de la demanda de equipos de defensa haya resultado devastador para varias industrias europeas de defensa.
 
 Diversos factores señalan una debilidad estructural del sector europeo de armamentos. Por un lado, la reducida entidad del sector se pone de manifiesto en el dato de que la industria de defensa apenas representa un 3% del total de la producción industrial de la Unión Europea. Por otro, hay un importante fraccionamiento de su mercado, que se pone a su vez en evidencia si se tiene en consideración que el comercio intercomunitario de sistemas de armas convencionales apenas suponía al inicio de la década de los 90 únicamente el 3 ó 4% del total de las adquisiciones de los miembros de la Unión, siendo este porcentaje algo mayor en lo que se refiere a componentes y subsistemas. Finalmente, su fuerte dependencia de los Estados Unidos se manifiesta en el hecho de que en esas mismas fechas el 75% de las armas convencionales importadas por los europeos provinieran de Norteamérica.
 
 A esta debilidad estructural se ha unido la carencia de una estrategia europea para adaptarse a la nueva situación creada tras el final de la guerra fría. En este punto, resulta significativo el contraste con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que sí impulsó con suma diligencia un plan global para la racionalización y la adaptación de su base industrial de defensa al nuevo entorno estratégico y económico que emergía tras el final de la guerra fría.
 
 Así, el proceso de concentración de las industrias norteamericanas ha supuesto que de las veinte empresas que actuaban como principales suministradores de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a principios de la década de los 90, se haya pasado en la actualidad a tan sólo cuatro grandes grupos. Este proceso de concentración ha sido de hecho tan exitoso que en los últimos meses la administración estadounidense ha debido paralizar nuevas fusiones que llevaran a una excesiva concentración del mercado.
 
 Por otro lado, como consecuencia de este proceso de fusiones en Estados Unidos, nos encontramos en la actualidad con la paradoja de que un presupuesto de defensa norteamericano, que es más del doble que el europeo, soportará entre la mitad y un tercio del número total de empresas suministradoras que actualmente componen el mercado de la Unión. Esto significa que si ya hoy hay un déficit de competitividad en la industria europea, ese déficit puede convertirse en un abismo insalvable entre las compañías norteamericanas y las europeas en los próximos años.
 
 Esta creciente distancia en la dimensión y el potencial de las compañías a ambos lados del Atlántico se ponía especialmente de manifiesto con la consolidación de una serie de grandes grupos industriales altamente especializados en el sector defensa en los Estados Unidos, con facturaciones en torno a los 35-45 millardos de dólares anuales, frente a quiénes las principales industrias de defensa europeas, más diversificadas y con facturaciones entre los 10 y los 15 millardos, tendrían muy difícil poder competir.
 
 La superioridad de las industrias de defensa norteamericanas se está así poniendo de manifiesto con toda su crudeza en un mercado internacional cada vez más competitivo. La fuerte reducción relativa del mercado interior en Estados Unidos, como consecuencia de los profundos recortes operados en su presupuesto de defensa, está impulsando a sus industrias a la búsqueda de nuevos mercados, de forma que aquellos mercados con mayor crecimiento en estos momentos, como puedan ser el Lejano y el Medio Oriente, están siendo copados cada vez en mayor medida por los productores norteamericanos en detrimento de sus competidores europeos.
 
 En definitiva, la fuerte constricción del mercado europeo de defensa como consecuencia del recorte de los gastos militares y el deterioro de la estructura presupuestaria de la mayoría de los socios de la Unión, junto a su perdida de competitividad en los mercados internacionales y la incapacidad para competir en el futuro con una industria estadounidense más concentrada, de mucha mayor dimensión y tecnológicamente muy superior, ha obligado a iniciar en el marco de la Unión Europea un proceso de profunda reestructuración del sector.
 
La reestructuración de la industria de defensa europea
 
 Con un cierto retraso respecto a sus competidoras norteamericanas, la industria europea de defensa parece finalmente haber reaccionado a las demandas del nuevo entorno. La reacción europea no ha sido única y exigiría en realidad un análisis país por país para poder matizar todas las peculiaridades del proceso. Sin embargo, es posible identificar tres grandes tendencias que en líneas generales han enmarcado este proceso de reestructuración: privatización, concentración interna e integración supranacional.
 
 La privatización de la industria de defensa no ha implicado tan sólo la transferencia de la titularidad de las acciones de las empresas de defensa del sector público a manos privadas, sino que ha supuesto un cambio radical en la filosofía de gestión de estas empresas por encima de la propia titularidad de las mismas.
 
 La industria de defensa se había considerado tradicionalmente como un sector estratégico vital para garantizar la soberanía, la independencia y la seguridad nacional. La cuenta de resultados de estas empresas era por tanto algo menor e incluso de orden secundario en comparación con los superiores intereses estratégicos y tecnológicos del Estado. En esta lógica, la titularidad estatal no era algo circunstancial, sino que formaba parte de la propia naturaleza de este sector industrial.
 
 Esta filosofía de gestión preeminente pública va a quebrar en la década de los 90. Hay varias razones para ese cambio. En primer lugar, la falta de competitividad de las industrias públicas merma la capacidad de las Fuerzas Armadas propias, obligadas a suministrarse en el mercado nacional en el que obtienen un equipamiento de menor potencial a un más alto coste del que podrían obtener en el mercado internacional. En segundo término, el coste cada vez más elevado de los modernos sistemas de armas obliga a incurrir en grandes pérdidas a estas empresas ante lo restringido de su mercado. Finalmente, el fin de la guerra fría y el incipiente proceso de unión política en el seno de la Unión Europea hacía que la autarquía industrial y tecnológica en el sector defensa perdiera buena parte de su justificación.
 
 Todos estos factores empujaron a los Gobiernos europeos a acometer un proceso de privatizaciones en el sector que ha culminado con las principales empresas del mismo en manos privadas. En estas nuevas compañías privadas, la cuenta de resultados, la defensa de los intereses de sus accionistas y la competitividad en el mercado internacional serán los objetivos fundamentales. Todo ello sin perjuicio de que los gobiernos sigan manteniendo una relación especial con este sector en función de sus especiales características y su incidencia en la seguridad nacional.
 
 En segundo lugar, ha tenido lugar un proceso de concentración del sector dentro de cada uno de los principales productores. Este proceso ha tenido dos estrategias diferenciadas. Por un lado, en el caso del Reino Unido se ha optado por fusiones verticales en las que las empresas integradoras de grandes sistemas de cómbate se fusionaban con sus principales suministradores de subsistemas, en espacial con aquellas que fabricaban componentes electrónicos. Este tipo de fusión permite ganar dimensión, provocar economías de escala, abordar proyectos de I+D más ambiciosos y coordinar mejor las estrategias conjuntas. Por otro lado, en países como Francia se han provocado fusiones más horizontales entre empresas que competían en un mismo sector, constituyendo grandes grupos según los diferentes subsectores. Este tipo de fusiones permite también ganar dimensión y competitividad en el mercado internacional, ampliar la gama de productos, al tiempo que se unifican modelos de sistemas y se racionaliza la capacidad de producción.
 
 La última fase en este proceso de reestructuración del sector defensa en el ámbito europeo lo constituye la integración de las empresas líderes nacionales en grandes grupos transnacionales. En ese proceso de integración transnacional, la constitución de EADS es hasta el momento el único pero trascendente exponente. Esta integración no supone en realidad más que una culminación de una intensa cooperación industrial que se venía realizando en las dos últimas décadas dentro del sector aerospacial, cooperación que había cristalizado en los últimos años no sólo en el desarrollo de grandes proyectos comunes, sino en la formación de sociedades multinacionales específicas para el desarrollo de productos específicos (helicópteros, misiles, espacio, etc.).
 
 Este triple proceso de privatizaciones, concentraciones e integraciones supranacionales ha provocado que en la actualidad haya dos empresas europeas, BAe y EADS, colocadas entre las cinco grandes compañías mundiales de armamento, capaces de competir, al menos por su entidad y potencial tecnológico, con las grandes corporaciones surgidas del proceso de fusiones en Norteamérica.
 
La industria española ante el reto europeo
 
 La industria española de defensa no ha sido ajena a todo este proceso de reestructuración de la industria europea. Es más, el sector de defensa español ha sido pionero tanto en el proceso de privatización de algunas empresas como en la concentración de otras y en su posterior  integración en los grandes grupos europeos emergentes.
 
 La voluntad de privatizar el sector ha sido clara y definida por el Gobierno español desde el año 1996. El problema es que para que estas empresas resultaran atractivas para el sector privado, era necesario, con carácter previo, sanear sus deficitarias cuentas de resultados y culminar un proceso de reestructuración, de forma que se creasen expectativas razonables de rentabilidad en un futuro. Todo ello, pasaba además en algunos casos por una imprescindible integración de estas empresas en otras compañías multinacionales, como en el ejemplo de Construcciones Aeronáuticas (CASA), o incluso su adquisición por otros grupos de mucha mayor entidad, como en el caso de la Empresa Nacional Santa Barbara.
 
 A pesar de estas dificultades, es de resaltar que el subsector electrónico ha sido ya plenamente privatizado, el subsector aeronáutico lo será en el año 2003, una vez culminada su integración en EADS, y el subsector de armamento terrestre está pendiente de la culminación del proceso de venta de Santa Barbara. En este sentido, sólo el subsector naval no tiene aún definido un camino claro hacia su total privatización.
 
 El proceso de concentración interior ha tenido menor relevancia porque en realidad estaba ya muy consolidado por subsectores. No obstante, conviene mencionar la concentración de todo el sector electrónico, tanto público como privado, culminado con la creación de INDRA y el proceso mucho más reciente de fusión de todo el subsector naval público en un gran grupo denominado IZAR.
 
 Finalmente, la integración de nuestra industria de defensa en el ámbito europeo ha sido particularmente acelerada en los últimos años. Esta integración es total en el caso de la industria aerospacial, tras la plena integración de CASA en EADS y es significativa también en el campo de los motores, donde la joven industria nacional, representada por ITP, está participada en un 46,8% por Rolls Royce. Por su parte, en el sector electrónico hay también una vinculación accionarial del 10,5% de INDRA en manos de la francesa Thomson CSF. Los subsectores navales y de armamento terrestre no mantienen conexión con otros grupos europeos, dado el elevado grado de nacionalización que todos los países mantienen aún en estos dos subsectores. Es más, las previsiones para este últimos subsector parecen inclinarse más hacia algún tipo de vinculación trasatlántica más que a la constitución de grupos exclusivamente europeos.
 
 En definitiva, la industria de defensa española no puede, si quiere sobrevivir, quedar al margen del proceso de integración del sector industrial de defensa que se ha desatado en la Unión Europea. La activa participación de CASA en la creación del gran grupo aeronáutico y de defensa que constituye EADS, el principal exponente a fecha de hoy de ese proceso de convergencia, es una buena muestra del camino a seguir. Sin embargo, sería un doble error considerar tanto que con la incorporación de CASA a EADS hemos concluido nuestra  integración en el emergente sector aerospacial europeo, como creer que ese proceso termina con la industria  aeronáutica y no abarcará en un futuro próximo al resto de los sectores industriales relacionados con la defensa, ya sea en una dimensión más exclusivamente continental o trasatlántica.
 
 En todo este proceso, España tiene un papel que no es fácil de jugar. La imprescindible integración de nuestro sector industrial de defensa en el nuevo entramado europeo presenta casi a partes iguales los mismos riesgos que oportunidades. En una lógica estrictamente empresarial, nuestro sector corre el serio riesgo, dada su reducida entidad, de quedar absorbido por los socios más poderosos convirtiendo a nuestras empresas en meras subsidiarias. Sin embargo, la industria de defensa es un sector con suficientes implicaciones estratégicas y de seguridad como para justificar una defensa política de nuestros intereses que vaya más allá de la mera lógica industrial.
 
Redefinir el papel de los estados
 
 En este nuevo escenario de grandes empresas privadas multinacionales es preciso redefinir un nuevo marco de relaciones entre la industria de defensa y los gobiernos nacionales. La fabricación de armas no puede, al margen de la titularidad pública o privada de las empresas implicadas, equipararse a la fabricación de lavadoras. Hay implicaciones e intereses políticos y estratégicos en el sector de los que los estados no pueden evadirse.
 
 Un segundo factor que obliga a una redefinición de las relaciones entre los gobiernos y las industrias de defensa es la nueva dimensión multinacional de estas últimas. Esta nueva dimensión tiene cuando menos dos efectos inmediatos. Por un lado, rompe la tradicional complicidad entre los gobiernos y las industrias, complicidad imprescindible tanto para la puesta en marcha de nuevos proyectos como en el campo de la acción exterior. Por otro, la enorme dimensión industrial y el potencial tecnológico de las nuevas industrias, con posibles situaciones de casi monopolio en determinados subsectores, obliga a los estados a buscar nuevas formas de colaboración, pero también de control, de las nuevas corporaciones trasnacionales.
 
 En este sentido, resulta esencial que los gobiernos mantengan la voluntad de integración de sus industrias nacionales en grandes grupos europeos, si se quiere seguir avanzando en ese proceso. Esta afirmación requiere, no obstante, una doble matización. Por un lado, ya henos señalado que el liderazgo de este proceso de fusiones debe corresponder más a las propias industrias que a los gobiernos. El fracaso de EADC, la fallida fusión de British Aeroespace con la alemana DASA, y el posterior éxito de EADS, son un buen ejemplo de la importancia de mantener ese liderazgo empresarial cuando se trata precisamente de poner en marcha fusiones empresariales.
 
 En segundo término, la integración de este sector a escala europea no debe estigmatizar la existencia de vínculos y proyectos de cooperación trasatlánticos. En este sentido, nada sería más peligroso para los gobiernos europeos que fomentar la creación de un mercado cautivo dominado por un reducido grupo de empresas monopolísticas en sus respectivos subsectores. No obstante, será imposible seguir avanzando en una progresiva racionalización del sector europeo de defensa sin el amparo y el impulso político de los respectivos gobiernos.
 
 El papel de los gobiernos en este proceso debe ser por tanto una acción de acompañamiento y catalizador de los posibles acuerdos empresariales. Lo esencial es que exista una voluntad política global que favorezca la integración por encima de estrechos intereses nacionales puntuales y que supere la concepción tradicional de mantener la máxima autosuficiencia en todos los campos industriales y tecnológicos que abarca la defensa. La voluntad política es en este caso una condición no suficiente, pero sí imprescindible.
 
 Los gobiernos europeos tienen que saber jugar, por tanto, un papel más activo que el de meros comparsas que se limitan a no generar dificultades políticas adicionales a las muchas que ya se presenten en el campo empresarial e industrial dentro de este proceso de constitución de una verdadera industria europea de defensa. Así, los gobiernos deben estar dispuestos a crear dentro de la Unión Europea un marco normativo y una política común que permita la emergencia de este sector europeo de armamento.
 
 En la creación de estas condiciones legislativas y políticas cabe diferenciar dos tipos de acciones. Las primeras estarían inmersas en las políticas tradicionales de creación de un mercado único y de una mayor integración económica en el seno de la Unión. Las segundas serían políticas específicamente diseñadas para el sector defensa.
 
 Entre las primeras cabe señalar cuestiones como el desarrollo de un estatuto de empresa europea, la armonización de los regímenes fiscales de las sociedades transnacionales, la homogeneización progresiva del mercado laboral a escala europea, entre otras cuestiones. Es evidente que el sector defensa, como cualquier otro sector empresarial europeo, se beneficiará de cualquier avance que en este terreno se vaya logrando en un marco más general. En este sentido, debe mencionarse el efecto positivo que sobre este tipo de compañías multinacionales tendrá la definitiva implantación del euro como moneda única en el conjunto de la Unión.
 
 Sin embargo, las propias peculiaridades del sector defensa hacen necesario el desarrollo de algunas políticas específicas para el mismo. Entre ellas cabe destacar la necesidad de desarrollar una política común de seguridad y defensa, una política común de exportaciones de armas y una política común de investigación y desarrollo.
 
 El desarrollo progresivo de una política común de seguridad y defensa resulta esencial para el desarrollo de una industria de defensa a escala europea por dos motivos fundamentales. En primer lugar, sólo en la media en que seamos capaces de desarrollar una defensa común los gobiernos europeos se sentirán completamente desinhibidos para renunciar a la autosuficiencia industrial y tecnológica relacionada con su seguridad nacional. En segundo término, sólo en la medida en que se avance hacia la definición de una autentica política de seguridad y defensa común será posible compatibilizar los requerimientos operativos de los diferentes ejércitos europeos, coordinar los calendarios de adquisiciones de los mismos y sincronizar la financiación conjunta de esos programas.
 
 Una política común de exportación de armas constituye un segundo requisito esencial para el nacimiento de un verdadero sector europeo de defensa. Aún con un mercado integrado, la capacidad de adquisición de armas del conjunto de la Unión Europea se sitúa por debajo de la mitad del mercado estadounidense. La exportación es por tanto un componente fundamental para lograr un sector verdaderamente competitivo con el norteamericano.
 
 La venta de armas al exterior está sin embargo fuertemente condicionada por los intereses de cada uno de los estados en determinadas zonas. Hay además sensibilidades muy distintas en el seno de la Unión respecto a esta cuestión. Así, países como Francia o el Reino Unido han sido tradicionalmente países fuertemente exportadores de armas a todo el mundo. Por el contrario, países como Alemania mantienen restricciones jurídicas y políticas más intensas. Armonizar las legislaciones sobre esta materia, crear los instrumentos de decisión y control conjuntos y definir una política exterior y de seguridad común que permita a su vez consensuar una política de exportación de armas conjunta, parecen tareas difíciles pero imprescindibles si realmente se quiere apostar por la constitución de un sector de defensa europeo competitivo.
 
 Un último factor a desarrollar es una política de investigación y desarrollo común. Esta política resulta imprescindible para poder recortar la distancia que en determinadas tecnologías punta, esenciales para la defensa pero de aplicación a otros campos civiles, sacan los Estados Unidos a los europeos. Recortar esa distancia exige sin duda incrementar el esfuerzo investigador que vienen realizando los gobiernos europeos, pero aún en mayor medida exige una concentración y coordinación de todos esos esfuerzos a través del diseño de una política común. Por otro lado, el dinamismo tecnológico alcanzado por el sector civil en la actualidad, junto a la pérdida relativa de potencial investigador del sector militar tras las reducciones presupuestarias que se han materializado tras la guerra fría, hace que los polos de desarrollo tecnológico se hayan invertido. Hoy parece más significativa la transferencia de tecnología que desde el sector civil fluye al sector militar que viceversa. En este nuevo contexto es donde resulta esencial el desarrollo de una política de I+D común que resulte global para ambos sectores.
 
Conclusión: mantener la identidad española en la industria de defensa europea
 
 La cuestión de cómo mantener la identidad nacional en la nueva industria europea es sin duda el elemento más relevante desde un punto de vista político. Alcanzar un equilibrio razonable entre la capacidad de decisión autónoma de las compañías multinacionales, capacidad esencial desde un punto de vista empresarial, y el protagonismo que los estados mantienen en la demanda y regulación de las industrias de defensa, esencial a su vez desde una lógica política, es uno de los principales desafíos que tiene ante sí el proceso de integración industrial desatado en nuestro continente.
 
 La preservación de la identidad nacional está sin duda vinculada también al principio del justo retorno. Este principio había sido sacralizado en los grandes programas europeos de las últimas décadas, de forma que toda la inversión realizada por un estado en un programa determinado repercutiera de forma directa e inmediata en su propia industria. Este principio era un importante incentivo para que países medianos como España participaran en esos programas, dado que garantizaban un importante volumen de actividad para la industria nacional así como una importante aportación de tecnología. Sin embargo, la experiencia de estos proyectos demostró que esta fórmula encarecía en exceso los programas como consecuencia de la escasa racionalidad en la distribución del trabajo y de la excesiva burocracia que generaban.
 
 Sin embargo, la necesidad ampliamente aceptada de flexibilizar ese principio de justo retorno no significa que el mismo deba ser completamente desechado. La articulación de este principio de forma más flexible, racional y eficiente es particularmente vital para un país como España en un nuevo entorno de integración industrial. Esta necesidad de preservar el principio de justo retorno tiene dos razones fundamentales. En primer lugar, si la eficiencia empresarial es el criterio único que regirá en el futuro la distribución del trabajo entre los componentes nacionales de los grandes grupos europeos de armamento, las industrias de menor entidad, como la española, corren el riesgo de desaparecer o convertirse en mera subsidiaria de las industrias más poderosas de otros estados. En segundo término, el incentivo de los gobiernos para la adquisición de nuevos proyectos seguirá condicionado en buena medida, como un factor no único pero si muy relevante, por los beneficios industriales y tecnológicos que los nuevos programas supongan para el país. En caso de que esos beneficios no existan resultará irrelevante adquirir al grupo propio o acudir directamente al mercado internacional de armamento.
 
 Mantener la identidad nacional no es algo, sin embargo, que tenga que ver exclusivamente con el cálculo económico del justo retorno. Preservar la identidad nacional tiene también mucho que ver con los mecanismos de interlocución entre las nuevas empresas multinacionales y los respectivos gobiernos. Esta interlocución nacional, que resulta obvia en aspectos como el laboral donde las regulaciones de los distintos países son  diferentes, debe mantenerse también en términos comerciales y estratégicos. Este principio, que tiene que ver con cuestiones culturales, de mentalidad e identidad, está siendo generalmente aceptado por las nuevas industrias transnacionales y resulta esencial para su desarrollo futuro.
 
 El caso español es quizás el ejemplo en el que el mantenimiento de la identidad nacional resulte más vital para la consecución de nuestros intereses industriales. Por un lado, la ya reiterada reducida dimensión de nuestro sector industrial de defensa exige una defensa más activa de esa identidad sino quiere quedar desdibujada bajo el liderazgo de otros países más fuertes. Por otro, España es un claro ejemplo en el que el mercado nacional tiende a ser de mayor entidad que el propio sector industrial, por lo que es vital hacer valer nuestra capacidad de adquisición como un instrumento político de defensa de nuestros intereses industriales.