La gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la transparencia necesaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto que autorizará la inversión de una parte del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en renta variable, cuya gestión corresponderá a una entidad ajena al sector público.

 

El Gobierno argumenta que la eficiencia debe imperar sobre este fondo, que puso en marcha el gobierno del Partido Popular tras darle la vuelta a la cuenta de la Seguridad Social, desde el agujero oculto de 600.000 millones de pesetas que dejaron los socialistas en 1996, que suponía la quiebra técnica y que motivó que el Estado tuviese que contratar unas líneas de crédito para poder pagar la extra de diciembre de todas las pensiones, hasta el superávit que arrojaba en marzo de 2004 y que todavía mantiene.

 

Dicha eficiencia la fundamenta en la rentabilidad de la renta variable a largo plazo y en el ejemplo de otras naciones o estados que practican dicha gestión. Propone el Gobierno que lo gestionen entidades de reconocido prestigio -sin aclarar con qué criterios objetivos piensa determinar eso-, así como que la parte a invertir sólo será alrededor del 10% del fondo de reserva. Por último, añade, las inversiones serán realizadas en fondos cuyos subyacentes cumplan con los “principios de responsabilidad social, económica y ambiental”.

 

Que la inversión a largo plazo en renta variable es la más rentable, no se discute. Ahora bien, no nos dejemos engañar: toda inversión conlleva un riesgo, hasta la realizada en renta fija -ésta es, realmente, una renta cierta, pero no segura; depende de la fiabilidad del emisor: por ello hasta ahora se invertía en activos de renta fija “AAA”-. A mayor posibilidad de rentabilidad, mayor riesgo, eso es una de las primeras cosas que se aprende en las facultades de económicas.

 

Por tanto, que no nos diga el Gobierno que no nos jugamos nada; que nos diga que los posibles beneficios de lo que invertiremos son muy superiores a los posibles riesgos que afrontamos, y que si no queremos que la inflación -que tan malas cifras ha arrojado durante mucho tiempo para este gobierno socialista- haga perder valor al ahorro del fondo, tenemos que buscar inversiones más audaces.

 

Las preguntas a realizar al Gobierno son las siguientes: ¿por qué sólo el 10%? ¿En qué se han basado para ello? ¿Por qué ese límite y no otro? ¿Por qué hay que limitar el espectro a inversiones que cumplan con los “principios sociales y ambientales? ¿Cómo son esos principios? ¿Quién los determina? ¿No habíamos quedado en que lo importante era la eficiencia? ¿Qué gran diferencia en la gestión pretenden realizar? Como ven, dudas, terribles dudas asoman tras la decisión del ejecutivo.

 

Veamos un cálculo sencillo acerca de la mejora en rentabilidad que asegura Solbes: si hasta ahora el fondo de reserva tiene una dotación de 40.335 millones de euros y se planea invertir en renta variable un 10%, sólo obtendríamos una inversión superior por unos 4.000 millones de euros aproximadamente. Hasta ahora, la rentabilidad anual que hemos obtenido en renta fija es de un 5%, mientras que los países que han invertido en renta variable han logrado, con estas inversiones, el 10%.  Si suponemos que podemos seguir consiguiendo ese mismo margen en renta fija y variable, respectivamente, algo discutible porque rentabilidades pasadas no prejuzgan rentabilidades futuras, ¿cuál será esa fastuosa ganancia que nos anuncia el Sr. Solbes? ¿Doblaremos los réditos? ¿Los triplicaremos? Pues no, señores, sólo obtendríamos 200 millones más, es decir, un 0,5% de la cuantía actual del fondo de reserva. Pero, claro, con riesgo. ¿Qué pasa si la Bolsa registra pérdidas de valor durante un período de tiempo suficientemente extenso, como de hecho ha ocurrido con frecuencia en el pasado? Pues que en lugar de ganar 200 millones más podríamos perder muchos cientos millones de euros. Y es que lo peor de todo es que el Gobierno toma por tontos a los ciudadanos: hace creer que el Fondo está mal gestionado y que se puede doblar la tasa de retorno a cambio de nada, porque ellos son muy listos, en un claro ejemplo de “fatal arrogancia”. Esto es falso: la mayor rentabilidad sólo es posible a costa de incurrir en el riesgo de perder en el juego bursátil parte de las pensiones de los trabajadores españoles.

 

Otro elemento criticable es el retroceso en la libertad individual que implica la política de pensiones del gobierno: si Solbes confía tanto en el mercado, ¿por qué ha penalizado en su reforma fiscal la aportación complementaria a planes privados de pensiones?

 

Por tanto, tenemos nuestras dudas acerca de que los verdaderos motivos que tiene el Gobierno para externalizar la gestión del fondo de reserva sean los relativos a la eficiencia, gestión que, repito, sería lógico que intentase lograr una mayor rentabilidad.

 

Si a todo ello añadimos lo inconcreto de los requisitos para poder ser adjudicatario de la parte que se externaliza del fondo de reserva, y las manifestaciones del Sr. Arenillas, ése del que dicen regó su cena con vino de 600 euros la botella -qué pensarán los perceptores del salario mínimo, de cuya subida alardea el Sr. Caldera-, que ha reconocido que “su corazoncito (¿?) sería más feliz si Intermoney lograse la adjudicación de su gestión”, quizás alguien podría pensar que oscuros intereses pueden esconderse tras esta decisión gubernamental.

 

Además, el Gobierno dice que con ello contribuye a garantizar el sistema público de pensiones. En primer lugar, resultaría gracioso, si no fuera por el drama que esconde, que el ministro económico que dejó quebrada la Seguridad Social en 1996 nos diga que él y su gestión van a garantizar las pensiones.

 

En segundo lugar, le pedimos a Solbes, una vez más, que no engañe a los ciudadanos, que, entre otras cosas, le pagan el sueldo. El sistema de pensiones necesita de una profunda reforma para poder ser viable a medio y largo plazo. La inversión de la pirámide de población, motivada por el descenso en la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, hará insostenible el sistema si no se acometen importantes modificaciones que aseguren su mantenimiento. Sin embargo, parece que estas decisiones no entran en los planes cortoplacistas del Ministro -ya saben, ése que dice que lo de la financiación autonómica es un “sudoku” que tendrá que arreglar el que le sustituya, en una versión moderna de “después de mí, el diluvio”. Tampoco la inmigración garantiza el sistema, ya que las bases de cotización son bajas, no se puede precisar el tiempo que trabajarán en España y en el futuro cobrarán también los derechos devengados hoy con su cotización.