La encrucijada de la legalidad internacional en las relaciones con Marruecos

por Ana Camacho, 3 de junio de 2004

La encrucijada de la legalidad internacional en las relaciones con Marruecos. El gran reto a la fe de la legalidad internacional de Rodríguez Zapatero
 
Las relaciones hispano-marroquíes perfilan un escenario privilegiado para poner a prueba el compromiso del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con la causa de la legalidad internacional. El Gobierno socialista se ha erigido en la pieza clave de unas buenas relaciones con el vecino del sur frente a la crispación bilateral entre los dos países que marcó el último mandato del PP. Pero las relaciones exteriores de Marruecos giran en torno a su negativa a cumplir las resoluciones de la ONU que garantizan al pueblo saharaui el derecho a ejercer la autodeterminación en un referéndum. La tendencia marroquí a condicionar la amistad con otros estados a un apoyo sin restricciones a su ocupación ilegal del Sáhara, ha convertido a Francia en la principal valedora de esa“solución política” que pretende legitimar la anexión a Marruecos de la antigua provincia española evitando la celebración de la consulta. París ha demostrado así que su papel de campeona de la Carta de la ONU en Irak flaquea cuando están en juego los intereses de la francofonía en la que Marruecos es uno de sus peones más valiosos. El lógico interés de París por aprovechar el regreso de la diplomacia española a su órbita arrastrándola a un arreglo favorable a la consolidación del Gran Marruecos, dará la medida de hasta qué punto el abandono de la alianza con EEUU contribuye a una política exterior de España con arreglo a derecho y libre de servidumbres imperiales.
 
El Sáhara no es el único tema que conforma el complejo y conflictivo tablero de las relaciones hispano-marroquíes pero la larga crisis diplomática que enfrentó al Gobierno del PP y Rabat es un reflejo de cómo las negociaciones sobre pesca, la prevención de la emigración ilegal, el desarrollo de las relaciones económicas e incluso las tensiones por los contenciosos territoriales de Ceuta y Melilla están supeditadas a la aplicación de lo que Rabat considera una estricta “neutralidad” española en relación a su antigua colonia. En la acepción marroquí esta neutralidad exige a España la dejación ante las instancias internacionales del ejercicio de la responsabilidad que le corresponde con arreglo a derecho internacional en la defensa de los intereses del pueblo saharaui hasta que éste pueda elegir libremente en un referéndum supervisado por la ONU entre la independencia o la anexión a su vecino.
 
La renuncia de España a cumplir con el papel que Portugal desempeñó con su colonia de Timor Este en los años que siguieron a la ocupación ilegal de Indonesia, en la práctica, perjudica a la parte saharaui. De seguir el ejemplo portugués, el Frente Polisario contaría con el peso que la diplomacia internacional siempre da a las potencias coloniales sobre sus antiguos territorios para contrarrestar la ambigüedad con la que la ONU ha evitado condenar a Marruecos por su guerra ilegal y la sistemática violación de derechos humanos en el Sáhara bajo su control. En el plano económico, por poner otro caso, el pueblo saharaui tendría a su favor una importante baza para denunciar ante los tribunales el expolio de sus riquezas naturales por parte de unos ocupantes que se arrogan unos derechos de propiedad que legalmente no tienen.
 
Esta concesión a la amistad con Marruecos ha obligado a España a incumplir con el derecho internacional pero no ha evitado que, desde los tiempos de los gobiernos de la UCD, las autoridades marroquíes hayan recurrido sistemáticamente al recrudecimiento de las reivindicaciones territoriales o las fricciones en el tema pesquero para castigar a sus homólogos españoles ante el menor gesto de lo que en su diccionario constituye una “aproximación” al Frente Polisario o a Argelia.
 
 La ruptura de las negociaciones pesqueras de Marruecos con la Unión Europea en abril de 2001 se inscribe en esta dinámica de chantaje con la que Rabat deja un margen muy estrecho a la acción española para no incurrir en actos de “hostilidad”. Un botón de muestra de lo difícil que resulta no irritar a los sensibles gobernantes de Rabat es que, oficialmente, el desencadenante de la crisis diplomática que en octubre de ese año cristalizó con la llamada a consultas del embajador marroquí en Madrid, fue el malestar provocado por un simulacro de referéndum de autodeterminación saharaui organizado en el Parlamento andaluz bajo control del partido socialista.
 
La incongruencia que supone pedir cuentas al Gobierno de una nación por una acción de la que es responsable el partido que manda en la comunidad andaluza y lideraba entonces la oposición a nivel nacional, responde a un sospechoso desconocimiento de la práctica del juego democrático y autonómico que se supone son los elementos básicos del proyecto de autonomía que Marruecos ha prometido a la parte saharaui a cambio de evitar la celebración de un referéndum que incluya la opción a la independencia. Estas reacciones desmedidas sirven además como advertencia de lo que le esperaría a España si tomase una senda que pusiese en entredicho la tesis oficial vertida a su opinión pública: España quedó desligada de sus responsabilidades en el Sáhara en virtud de la Declaración de Principios (los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid) con la que decidió liquidar su presencia en el territorio ante la invasión militar con la que, en 1975, el rey Hassán II se apropió por la fuerza de las “provincias del Sur”.
 
Tanto el partido popular de José María Aznar como el partido socialista de Felipe González han contribuido a la amnesia de la opinión pública española en relación a las promesas hechas en tiempos de la transición por las fuerzas democráticas para rectificar los errores del franquismo y anular los acuerdos tripartitos, ilegales y sin validez jurídica alguna. Lo que no han podido evitar es que, precisamente por el carácter nulo de lo que en realidad no pasó de un simulacro de acuerdos, la propia ONU siga reconociendo a España como la potencia administradora del Sáhara y que este pequeño detalle vuelva a serpentear cada vez que Marruecos da un golpe de tuerca para avanzar en la legalización de su ocupación del Sáhara.
 
Además del simulacro de referéndum, las desavenencias marroquíes con el PP coincidieron con el malestar provocado en Rabat porque España no apoyó en la ONU la imposición a la parte saharaui del Acuerdo Marco que preveía la limitada autonomía del primer plan Baker.  Tener de su parte a la potencia con más predicamento en la materia, hubiese facilitado el intento de sustituir con este Acuerdo Marco el Plan de Arreglo que incluye la opción a la independencia y que fue la piedra angular del alto el fuego implantado por la ONU en 1991 con el visto bueno de todas las partes. La comunidad internacional hubiese podido librarse del engorroso conflicto saharaui contentando a Marruecos y señalar a España como la responsable última del desliz de la ONU hacia esa “tercera vía” que borra de un plumazo toda su doctrina de décadas sobre la descolonización del territorio.
 
Este mar de fondo se enturbió aún más con los avatares de una serie de iniciativas civiles puestas en marcha ante los tribunales españoles y de Estrasburgo para anular oficialmente los Acuerdos Tripartitos. La casualidad quiso que en la misma línea apuntase la elaboración del dictamen del asesor jurídico de la ONU, Hans Corell, sobre la legalidad de los acuerdos firmados por Marruecos con petroleras de EEUU y Francia para hacer prospecciones sobre los recursos que, desde 1975, se sabe contiene el territorio saharaui. Para el Gobierno marroquí la explotación de estas riquezas une al importante aliciente económico una valiosa baza política puesto que la pasividad internacional en este capítulo supone el reconocimiento tácito de unas competencias que sólo corresponden al ejercicio de una soberanía de iure.
 
Al negociar con Rabat en materia de pesca, la Unión Europea se ha convertido en corresponsable de la explotación ilícita de los recursos saharauis ya que el grueso de las capturas que contemplan estos acuerdos corresponden al litoral saharaui. Con ello también es culpable de haber animado a las autoridades marroquíes a actuar como si la comunidad internacional diese por buena su versión de que el Sáhara es una “componente de la identidad marroquí” y, por lo tanto, no tiene por qué someterse a la voluntad de la ONU.
 
Hasta ahora Bruselas se ha limitado a no darse por enterada de la situación real amparándose en la ficción creada por los Acuerdos Tripartitos y la paradoja que supone que España acepte unas negociaciones para pescar en unas aguas de las que legalmente sigue siendo la potencia administradora.
 
La preparación del dictamen jurídico con el que Corell ha acabado señalando que los Acuerdos de Madrid no dieron a Marruecos ni la soberanía ni el estatuto de potencia administradora sobre el Sáhara y la posibilidad de que un tribunal confirme la ilegalidad de la cesión española del territorio con todas las consecuencias jurídicas que ello conllevaría, introdujo una nueva variable que interfería con este juego equívoco. La falsedad de los Acuerdos Tripartitos se hacía pública, una vez más, con un notable efecto embudo que estrechaba el margen de maniobra de España: o con la legalidad internacional o contra la legalidad internacional.
 
En este contexto, ese viaje a Marruecos que la oposición socialista exigió a Aznar para que intentase reanudar personalmente las negociaciones pesqueras constituía aparentemente un “pequeño gesto” que quizás hubiese efectivamente contribuido a “salvar” la flota artesanal andaluza. En la práctica, sin embargo, lo que estaba en juego era un valioso tanto para Rabat en la batalla que estaba librando con motivo de la legalización de la explotación petrolera de las aguas sahariano-canarias, con el agravante de que en este nuevo gesto de legitimación, España no hubiese compartido responsabilidades con ninguna otra instancia internacional (la Unión Europea).
 
Las ya cíclicas crisis con Marruecos suelen tener unos pretextos oficiales con los que la monarquía alauita intenta disimular los auténticos fundamentos de sus enfados, especialmente cuando éstos ponen en evidencia la falsedad de las eufóricas declaraciones con las que vende a su opinión pública que el Sáhara es ya un asunto “zanjado”.  A su retórica victimista le resultó muy rentable poderse subir al carro de las acusaciones con las que Rodríguez Zapatero convirtió la “intransigencia” de José María Aznar con Marruecos en un ejemplo del fracaso de la política exterior del PP y del descrédito mundial padecido por España. Las protestas marroquíes contra las “caducas visiones de superioridad” del Gobierno Aznar engarzaban con la cruzada contra la arrogancia emprendida ante su electorado por el PSOE y permitían ocultar, en un discurso antiimperialista aceptable para la opinión pública de España y Marruecos, un nuevo rechazo a todo paso de la diplomacia española que no respalde sus intereses.
 
Los gestos afables con los que fue acogido el polémico viaje de Rodríguez Zapatero a Rabat en diciembre de 2001 reflejan la satisfacción marroquí ante un gesto que, enarbolando la bandera  de “la defensa de los intereses de España” lanzaba a la comunidad internacional el mensaje de que una parte de los españoles prefiere alejarse de la legalidad internacional .
 
A las autoridades de Rabat, que precisamente no se caracterizan por su talante
demócrata ni progresista, les ha resultado muy oportuno seguir reforzando el discurso
con que los socialistas españoles volvieron a incluir, durante la campaña electoral del
14-M, la crispación hispano-marroquí en la lista de secuelas del talante de la derecha
“que nunca ha ejercido el poder con humildad y tolerancia”.  La “vuelta al corazón de
Europa” predicada por el PSOE constituía por sí sola un interesante aliciente para que
Rabat se desviviese por el triunfo de Rodríguez Zapatero y no precisamente por
solidaridad con Irak o su respeto a la legalidad de la ONU.
 
La alianza tejida por el PP y Washington en el marco del enfrentamiento franco-estadounidense no resultaba favorable a los intereses de la diplomacia marroquí que ya ha perdido activos en su tradicional amistad con EEUU por culpa de su papel de abnegado gendarme de la Françafrique. De hecho, Rabat atribuyó a las insidias de esta sintonía el traspiés sufrido en el Consejo de Seguridad de la ONU con la aprobación en 2003 de la resolución 1495 que incluye un plan Baker remozado con una opción, si bien muy edulcorada, a la autodeterminación. Aunque fue EE UU quien tomó la iniciativa de presentar el texto de la iniciativa, Rabat vio en este cambio de actitud de su tradicional aliado la mano de la diplomacia española envalentonada por la posibilidad de poderse cobrar en este frente el apoyo a EEUU en Irak.
 
 Las críticas que entonces dirigió el embajador marroquí ante la ONU, Mohamed Benounna, acusando a España de haberse aprovechado de su papel de presidente del Consejo de Seguridad para “perder la neutralidad” y alinearse con EEUU y Argelia, a favor de las tesis de Polisario, expresaron el nerviosismo de la diplomacia alauita ante el mayor margen de maniobra adquirido por la diplomacia de Aznar en ese frente. Un nerviosismo que no lograron calmar ni siquiera las palabras con las que el entonces primer ministro Jean Pierre Raffarin, aseguró al rey Mohamed VI que Francia “como siempre, está muy próxima a las posiciones marroquíes” relativas a la cuestión del Sahara.
 
Por eso, no hay motivos para dudar de la sinceridad de la alegría manifestada en Rabat por el triunfo de Rodríguez Zapatero. El malestar de EEUU por la retirada española de Irak es interpretado allí como un síntoma de debilidad que podrá explotar al menor indicio de violación de la neutralidad. La crisis de Perejil demostró que en el marco de una Unión Europea, la tutela de Francia le da la ventaja absoluta en una crisis con España. Por lo tanto, desde su perspectiva, el abandono de la alianza con EEUU tiene la doble ventaja de dejar a los españoles sin contrapeso ante la iniciativa francesa y reforzar la posición de París en el escenario internacional que, en definitiva, redunda en el bienestar de sus propios intereses.
 
El alivio de Marruecos ante el renacer del “espíritu de familia” entre Madrid y París no se basa sólo en la apreciación de un cambio en la relación de fuerzas. La tradicional receptividad y espontánea simpatía de la izquierda española con el liderazgo de Francia abren de nuevo la puerta a que el Gobierno español haga suya esa “solución política” que en París apoyan tanto la derecha como la izquierda en virtud de esa unanimidad inquebrantable que pone la defensa de los intereses de estado (la francofonía) por encima de las discrepancias ideológicas.
 
La diplomacia francesa también ha visto en la recuperada sintonía con España un terreno más propicio para que cale también en Madrid su tesis sobre la conveniencia  de contribuir a la estabilidad del trono del rey Mohamed VI con una opción que priva a los saharauis del derecho a la autodeterminación  y exige reconducir la estructura autonómica propuesta por el segundo plan Baker a una “autonomía viable”  puramente nominal. De hecho, la solución del conflicto del Sáhara fue uno de los temas que el ministro de Exteriores francés, Michel Barnier, llevaba bajo el brazo en el primer encuentro que celebró en Madrid con Miguel Ángel Moratinos a las pocas horas de que éste jurase su cargo de jefe de la diplomacia española. La solución “realista”de este contencioso, auguró Barnier, es uno de los retos que el fin del  paréntesis abierto por la política de Aznar en las tradicionales “excelentes” relaciones hispano-francesas, permite retomar con optimismo.
 
Las declaraciones con las que Rodríguez Zapatero ha asegurado a las autoridades marroquíes que él es de los que no creen que “más autodeterminación, más nacionalismo o el germen de estados independientes sea una garantía de progreso para los pueblos”, confirman las buenas expectativas marroquíes y francesas. A cambio, el PSOE puede ahora presentarse ante la opinión pública española como el depositario de la llave del entendimiento entre los dos lados del estrecho. No convendría, sin embargo, perder de vista que la lluvia de elogios recibida por Rodríguez Zapatero en su primera visita a Marruecos como presidente del Gobierno español, pueden convertirse en una peligrosa trampa si la condición para mantenerse en el podio de los elegidos es la de no traspasar “la línea roja” (como la llaman en Rabat) de la legalidad internacional. Y ese es el límite sutilmente marcado por la prensa marroquí, bajo férreo control de la casa alauita, al asociar la celebrada “vuelta a la razón” de España atribuida a Rodríguez Zapatero con la ilusión de que la “nueva era de diálogo” hispano-marroquí apuntala el Gran Marruecos.
 
La causa saharaui, aunque silenciada, logra reunir el suficiente entusiasmo entre los ciudadanos españoles como para que, el verano pasado, 8.500 familias españolas acogiesen a niños saharauis durante los dos meses de vacaciones escolares. En su mayoría, son militantes de base de la izquierda del PSOE e IU que fueron el alma de las multitudinarias protestas del “no a la guerra” en Irak y a los que resulta difícil hacer comprender que el “amor” a Marruecos o la buena sintonía con Francia pasa obligatoriamente por el sacrificio de los derechos del pueblo saharaui.
 
La decepción que podría causar en la opinión pública española descubrir que Rodríguez Zapatero ha dejado de ser un “hombre sabio” para los hombres del rey Mohamed VI no puede competir con la pérdida de credibilidad que España sufrirá faltando de nuevo a sus responsabilidades internacionales en el Sáhara ni con el alto precio político que el electorado puede exigir al PSOE por hacerse cómplice de una nueva patada al derecho y a la ONU. A la monarquía alauita le corresponde mejorar su punto de vista sobre la legalidad internacional y reconsiderar esos sueños imperiales que se dan de bruces con la democratización que ansía su pueblo; a Rodríguez Zapatero, mucho le conviene no enfrentarse al poder de la memoria histórica, de los afectos del pueblo español y de la legalidad internacional.