La "crisis de los cayucos" o el naufragio de una política

En este análisis me dispongo a argumentar que la “crisis de los cayucos” tiene una importancia que va más allá del campo de las políticas sociales o migratorias. La trascendencia de la crisis se debe a que se ha convertido en la piedra de la política interior y exterior del actual Gobierno Rodríguez, demostrando que la misma no sólo resulta inane, sino, lo que es más grave, profundamente perjudicial para los intereses de España. No es menos cierto, que una parte de este fracaso no es atribuible al gobierno Rodríguez, sino a ejecutivos anteriores y a la judicatura española. Por lo demás, la “crisis de los cayucos” posee también una segunda virtualidad y es que demuestra, ante una verdadera situación de “crisis”, que el nacionalismo canario (máxime en su versión autodeterminacionista o independentista) no tiene ninguna viabilidad. En tercer lugar, se pretende advertir que la crisis de los cayucos deja a España inerme ante una posible crisis sanitaria. Finalmente, la “crisis de los cayucos”, demuestra que la política exterior del gobierno Rodríguez hacia África ha sido un rotundo fracaso en todos sus vectores: tanto en relación con Marruecos, cuanto respecto al Sáhara Occidental o al África subsahariana.

 

 

En primer lugar, me propongo discurrir sobre los efectos que la presente crisis han tenido sobre nuestra política interior. Y, en este sentido, parece que queda claro que la presente crisis certifica el fracaso absoluto de las políticas de “regularización” de emigrantes ilegales. El alcance deletéreo de estas políticas se multiplica cuando a las mismas se le suma el “buenismo” judicial y de las “ong” en la comprensión de los derechos fundamentales llevando la situación hasta un absurdo que pone en peligro a nuestro Estado.

 

I.1. Una política de regularización de emigrantes suicida.

 

Antes de la llegada del gobierno Rodríguez al poder, lo cierto es que la política migratoria no era ejemplar. Tanto el gobierno González como el gobierno Aznar llevaron a cabo “regularizaciones” de emigrantes ilegales^[1] que, como no puede ser de otro modo, siempre tienen un “efecto llamada”. Las razones quizás se hallan en un miope cálculo económico hecho para un corto plazo, según el cual la llegada de emigrantes generaba riqueza. Sin embargo, algunos analistas han puesto de manifiesto que estos supuestos beneficios económicos deben relativizarse pues esta llegada incontrolada de emigrantes no sólo ha disminuido la productividad de nuestra economía (que no se ha visto impelida a mejorar la misma al contar con abundante mano de obra barata), sino que constituye una carga muy importante para el Estado en un futuro no muy lejano^[2]. Hay que decir que, si bien el gobierno Aznar no estuvo acertado al efectuar “regularizaciones”, éstas se explican por la existencia de una bolsa de emigrantes ilegales provocada por la política y la legislación del anterior gobierno González. Bien es cierto, que en la existencia de esta “bolsa” también tiene su cuota de responsabilidad el poder judicial con resoluciones que hicieron una lectura “pro-emigrante ilegal” de las disposiciones vigentes. Ahora bien, aunque la causa última de la existencia de bolsas de emigrantes ilegales en el período 1996-2004 sea mayormente responsabilidad del gobierno González, no es menos cierto que el gobierno de Aznar cometió gravísimas torpezas bajo la bandera del ministro Pimentel, de poco grato recuerdo. Como se recordará, a finales de 1999 se nos ofreció el espectáculo delirante de ver cómo el gobierno y el PP votaban en contra del proyecto de ley de extranjería que ellos mismos habían presentado, mientras el PSOE votaba a favor de un proyecto de ley del gobierno del PP^[3] ¡que derogaba la ley que había hecho el propio PSOE en 1985^[4]! La “calidad” del espectáculo se puso de manifiesto en apenas unos meses, cuando a finales del año 2000 el gobierno del PP, presenta un nuevo proyecto de ley para cambiar la ley que él mismo había presentado hacía menos de un año^[5]. Esta inseguridad jurídica y la sucesión de cambios legislativos no auguraba nada nuevo. Pero aún más preocupante era que la ley del PP fuera menos rígida que la del PSOE respecto a la emigración ilegal.

 

En este contexto, la política de la oposición en los últimos años de la segunda legislatura del gobierno del PP se caracterizó por la defensa de posiciones demagógicas. Y dentro de esta fiebre demagógica, la reivindicación del “papeles para todos” ocupa, sin lugar a dudas, un lugar de privilegio. Lo cierto es que, en la primavera de 2005, al año de llegar al poder Rodríguez, su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Caldera, procede a la enésima “regularización” de emigrantes. Pero esta no era como las demás. No sólo por su dimensión cuantitativa (700.000 personas), sino por los elementos cualitativos. En efecto, entre los documentos que se podían presentar se hallaba ¡¡¡una orden de expulsión no ejecutada^[6]!!! El antecedente que se creaba era de una gravedad extraordinaria porque el mensaje que se enviaba urbi et orbe era muy claro: todo emigrante que llegue a España y no sea efectivamente expulsado tiene la más que razonable expectativa de quedarse legalmente. Un acto administrativo de expulsión, por tanto, no sirve para nada en sí mismo.

 

I.2. Una política de derechos fundamentales delirante y peligrosa.

 

Tanto la ley orgánica 7/1985, como la 4/2000 atribuían a los extranjeros entrados ilegalmente un elenco amplio de derechos y garantías contra su expulsión que en realidad constituía un aliciente para emigrar ilegalmente a España. Pero siendo enorme la responsabilidad del Parlamento que aprobó estas leyes y del Ejecutivo que las impulsó, la misma no se agota ahí. Hay otro poder público a quien también es imputable en buena medida la situación. Me refiero al poder judicial. No han sido infrecuentes los pronunciamientos judiciales que han desautorizado la política de extranjería del Ejecutivo antes de la llegada de Rodríguez al poder. Y en esas resoluciones se ha resuelto a favor de los emigrantes ilegales o de quienes suponían una amenaza para la Nación, en lugar de resolver a favor del Gobierno que defendía los intereses generales.

 

Los tribunales españoles han llegado a conceder la garantía constitucional del “habeas corpus” a los extranjeros que, una vez que entran ilegalmente en España, son detenidos. El “habeas corpus” es una garantía constitucional que protege frente a las detenciones ilegales. Ahora bien, que un individuo que entra ilegalmente en España invoque esta garantía constituye la inversión absoluta de la misma. Esa lectura invertida ha sido avalada por los tribunales españoles. Se trata de una delirante perversión del Derecho. En efecto, el “habeas corpus” se crea para proteger a los ciudadanos que se hallan legalmente frente a una detención que la policía pueda hacer ilegalmente abusando de sus poderes. Posteriormente, es cierto, se extendió esta garantía para impedir que una detención legalmente hecha pueda devenir ilegal. Pero ahora se produce una situación delirante y es que quien, claramente, se encuentra en una situación ilegal no puede ser detenido.

 

Para colmo, el Tribunal Constitucional estableció que era inconstitucional que el beneficio de la justicia gratuita se otorgara únicamente a los ciudadanos extranjeros que se hallan en situación legal^[7]. El resultado es que se ha tenido que aprobar una nueva ley^[8] para ampliar ese caro beneficio a los extranjeros ilegales. El resultado es fácil de imaginar. Una vez que el extranjero llega ilegalmente a España si resulta detenido lo primero que hará será pedir un abogado a costa de todos los contribuyentes españoles para intentar anular su detención, internamiento o expulsión abriendo un largo proceso judicial. Y mientras llega la resolución final, el extranjero se mueve libremente por España consolidando su presencia.

 

La situación es aún más grave si recordamos que no es infrecuente que la Audiencia Nacional desautorice al Gobierno otorgando la nacionalidad española a individuos (mayormente marroquíes, por cierto) a los que se le denegó por razones de seguridad nacional tras conocer informes del CNI.

 

El posible resultado de todo ello es preocupante. Se ha advertido de que esta avalancha está empezando a generar problemas de seguridad ciudadana^[9]. Pero el asunto puede ser más grave. Si hubiera individuos terroristas que quisieran entrar en España no cabe duda que podrían introducirse sin ser detectados como tales y con impunidad. Y de entre todos los modos en que lo podrían hacer el método más seguro para no ser detectados es el de los cayucos. De esta forma, la crisis de los cayucos se puede convertir en algo más que un problema “social” para llegar a ser un serio problema de seguridad.

 

 

La “crisis de los cayucos” ha servido para poner de manifiesto el fracaso del nacionalismo canario en una doble vertiente. Por un lado, ha servido para poner de manifiesto la inviabilidad de una eventual independencia del Archipiélago; por otro, ha demostrado la asombrosa torpeza política de una gran parte de la clase política canaria en su esbozo de “política exterior”.

 

II.1. La crisis de los cayucos y la inviabilidad de la independencia canaria.

 

En las islas Canarias ha preocupado tradicionalmente la superpoblación de las mismas. Hasta que se ha producido la “crisis de los cayucos” esa preocupación se articulaba frente a la llegada de ciudadanos españoles o europeos en general. Esta preocupación no carecía de argumentos y lo cierto es que en algunas islas de estatuto especial, como la isla de Jersey, existen serias limitaciones para la residencia de personas no originarias de la misma. Este discurso, en su momento, fue alimentado por el nacionalismo canario, convirtiéndolo en uno de los argumentos en favor de una mayor autonomía e incluso, una eventual independencia del Archipiélago. Lo cierto, sin embargo, es que esa superpoblación de españoles o europeos no ha originado nunca problemas sociales, antes bien, ha sido uno de los motores del crecimiento económico de las islas.

 

Esto ahora ha cambiado radicalmente con la “crisis de los cayucos”. En este momento, lo que está llegando al Archipiélago es una población no española o europea, sino africana. Se trata de una población que, socialmente, es alógena y presenta serios problemas de integración por motivos culturales, religiosos o lingüísticos. Además, es una población que, económicamente, a diferencia de la europea, no aporta riqueza, sino que pretende beneficiarse de dinero público al encontrarse en la indigencia.

 

La situación ha adquirido tal gravedad que las autoridades regionales de Canarias se han visto absolutamente desbordadas e incapaces de gestionar esta población recién llegada. El único modo de tratar esta crisis ha sido, paradójicamente, pedir la “solidaridad” del resto de España para poder evacuar a esta población africana con rumbo a la península de forma que sean otras regiones españolas las que se hagan cargo de estos emigrantes ilegales. La pregunta surge de inmediato: ¿qué habría pasado si Canarias fuera un Estado independiente y no hubiera podido evacuar a todos estos africanos hacia la Península? La respuesta es obvia. Canarias, como Estado independiente, no habría podido albergar a todos estos miles de africanos sin sufrir gravísimos problemas de orden social, económico y de orden público. La “crisis de los cayucos”, por tanto, ha demostrado que la pretensión nacionalista de hacer de Canarias un Estado independiente carece de toda viabilidad.

 

II.2. La “crisis de los cayucos” y el fracaso de la política “exterior” canaria.

 

El desarrollo desordenado del “Estado de las autonomías” llevó a que algunas comunidades autónomas, sobre todo aquellas gobernadas por partidos nacionalistas, iniciaran una política “exterior” en un afán de convertir progresivamente las comunidades autónomas en lo más parecido a un “Estado”. Lo cierto es que el Estado Español reaccionó tarde y sin mucha energía ante este proceso. Y cuando decidió reaccionar, se encontró con una (sería mejor decir, “otra”) desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional^[10] que consagra un ámbito de acción exterior a las Comunidades Autónomas a pesar de que el art. 149.1 de la Constitución es tajante al reconocer como competencia “exclusiva” del Estado la de las “relaciones internacionales”. No es el lugar aquí de comentar esta enésima contribución del Tribunal Constitucional al desmantelamiento del Estado. Baste decir que, desde entonces, la “acción exterior” de las Comunidades Autónomas se ha multiplicado.

 

Canarias no ha sido una excepción a esa regla. Y, sobre todo desde la llegada de Adán Martín al poder, en colaboración con el poderoso consejero de economía (y activo elemento del lobby pro-marroquí español) José Carlos Mauricio, la región canaria ha desplegado una “política exterior” abiertamente pro-marroquí. La misma se ha visto beneficiada por el hecho de que en los otros dos grandes partidos de la región, el PSOE y el PP, la dirección ha sido controlada por políticos también ganados a la causa marroquí. En el caso del PSOE, es notorio el alineamiento con Marruecos de Jerónimo Saavedra Acevedo, presidente del partido en Canarias. En el caso del PP, es también conocido el alineamiento con Marruecos del presidente del partido en el archipiélago, José Manuel Soria.

 

Esta “política exterior” se vio alimentada por una serie de intereses económicos. Numerosos empresarios canarios fueron invitados por el poder político regional a invertir en Marruecos, con la promesa de que este flujo de dinero canario a Marruecos sirviera para garantizar la estabilidad, seguridad y prosperidad de las islas. La doctrina la resumió de forma clara José Carlos Mauricio en una intervención en Madrid: “a Canarias no le interesa que haya un Estado independiente en el Sáhara Occidental”. Los hechos, sin embargo, son claros: por un lado, como vamos a ver más adelante, es que la “crisis de los cayucos” tiene sus causas próximas y remotas en Marruecos; por otro, el río de dinero canario llevado a Marruecos no ha servido para que Marruecos actuara como se espera de un socio leal para ayudar a Canarias en la mayor crisis de su historia. El fracaso de la “política exterior” canaria de estrechamiento de relaciones con Marruecos ha sido, por tanto, estrepitoso.

 

 

Hasta este momento la “crisis de los cayucos” ha tenido una lectura social, económica o de seguridad ciudadana. Pero, ahora ha asomado una nueva dimensión de la crisis: la de la salud pública. Apenas hace unos días el SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha denunciado “que se analiza el estado de salud de todos los retenidos y los resultados revelan una tasa significativa de enfermedades contagiosas” y que “un agente de la Policía en Tenerife ha contraído el tifus por el estrecho contacto con las condiciones infrahumanas en una comisaría”^[11].

 

No es un secreto para nadie que las condiciones sanitarias en la mayor parte de los países africanos (con escasísimas excepciones^[12]) son verdaderamente lamentables. Diversas enfermedades contagiosas, erradicadas o controladas en Europa, aún siguen haciendo estragos en estos países. La “crisis de los cayucos” amenaza con aniquilar los avances conseguidos durante décadas en España para la prevención de enfermedades contagiosas. El volumen de los emigrantes ilegales llegados, el modo de evacuarlos y distribuirlos por la península resulta extremadamente peligroso para la salud pública española. La timorata legislación de extranjería, que permite pero no obliga a retener a los emigrantes ilegales un máximo de 40 días, hace que la mayor parte de ellos no estén en cuarentena, pudiendo convertirse en focos infecciosos que se reparten por toda España.

 

El coste de una epidemia sería enorme, no sólo en términos de salud pública, sino también en términos económicos, en dos sentidos: primero, porque en España el Estado garantiza las prestaciones sanitarias básicas; y, segundo, en términos de perjuicio al turismo. En este terreno está más claro que en ningún otro que la política de prevención es más importante que ninguna, pues si las enfermedades contagiosas traídas por los emigrantes ilegales comienzan a propagarse por España y por Europa el coste de su erradicación puede ser altísimo.

 

 

IV. 1. La crisis de los cayucos demuestra el fracaso de la política del gobierno Rodríguez (y de la UE) hacia Marruecos en especial, y hacia África en general.

 

IV.1.A. Uno de los ejes de la política exterior del gobierno Rodríguez, desde el comienzo de su mandato ha sido el de mantener unas “excelentes” relaciones con Maruecos en contraste con las, supuestamente, “pésimas” relaciones que con Marruecos sostenía el gobierno Aznar. Esa política hacia Marruecos se ha definido en la práctica como una política de concesiones a pesar de los incumplimientos marroquíes especialmente notorios en dos campos: la readmisión de emigrantes de terceros Estados y la readmisión de los propios marroquíes, en especial, menores.

 

El gobierno socialista de Felipe González, siendo José Luis Corcuera ministro del Interior, consiguió firmar con  Marruecos un acuerdo de readmisión de emigrantes de terceros Estados que fue ratificado por ambas partes^[13]. Ese acuerdo estipula de forma clara e inequívoca en su art. 1 que “Las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido”. Pues bien, es un hecho notorio que Marruecos incumple su palabra y se niega a readmitir a los emigrantes de terceros Estados que, desde Marruecos, han entrado en España. Este acuerdo que Marruecos ya incumplía durante el gobierno de González, siguió incumpliéndose durante el gobierno de Aznar, sin que éste en principio adoptara ninguna medida de retorsión contra Marruecos pese a lo supuestamente “pésimas” que eran las relaciones bilaterales^[14].  Sólo pasado el ecuador de su segunda legislatura, en la Cumbre de Sevilla de junio de 2002, Aznar trató de supeditar la ayuda al desarrollo de la UE a que los países receptores controlasen la inmigración ilegal; Berlusconi le apoyó, pero Chirac, el gran amigo de la monarquía marroquí, planteó su veto^[15].

 

La llegada de Rodríguez al poder y el anuncio de una nueva era de “excelentes” relaciones, sin embargo, no se ha traducido en un cambio por parte de Marruecos que sigue incumpliendo este acuerdo.

 

Por lo que respecta al supuesto de que los emigrantes ilegales sean marroquíes, existe la práctica de readmisión de los mismos por parte de Marruecos... si son detenidos de forma inmediata. Sin embargo, una vez que han traspasado la frontera ya no existe posibilidad legal de devolución. A este respecto, conviene advertir que el gobierno de Aznar consiguió trazar unas relaciones de amistad con Argelia y con Mauritania que se vieron coronadas por la firma de sendos acuerdos de readmisión de los nacionales de esos países entrados ilegalmente en España^[16], completados con el acuerdo firmado con otro país de la región, Guinea Bissau^[17]. A día de hoy, el gobierno Rodríguez no ha conseguido firmar con Marruecos un acuerdo equivalente, pese a que a tenor de las cifras de la “regularización” de emigrantes de primavera de 2005, casi un 40% de los emigrantes ilegales eran marroquíes. El asunto adquiere especial gravedad en el caso de los menores que son enviados por sus propias familias marroquíes a España. Pese a que la identificación de las familias existe, Marruecos sólo ha readmitido a un número ínfimo de menores ilegalmente emigrados a España.

 

Estos incumplimientos no han sido obstáculo para una política de “cooperación” que se ha demostrada fracasada. A pesar de que Marruecos incumple el acuerdo de 1992 sobre readmisión de emigrantes ilegales de terceros Estados y de que se niega a firmar un acuerdo de readmisión de sus nacionales ilegales, los sucesivos gobiernos de España, en lugar de adoptar medidas de retorsión, han decidido premiar el incumplimiento. Tanto desde España como Estado, como desde la Unión Europea, los sucesivos gobiernos españoles han adoptado la política de transferir importantísimas cantidades de dinero a Marruecos para que este “luche” contra la emigración ilegal. Esta política, tiene dos raíces. Por un lado, como he dicho, ha sido en gran medida inducida por el extraordinariamente activo lobby pro marroquí en España. Pero, por otro lado, se trata de una iniciativa que sigue el patrón de la “política de cooperación al desarrollo” que desde hace más de cuarenta años viene haciendo la Unión Europea (inicialmente, la Comunidad Económica Europea).

 

El resultado es un fracaso estrepitoso que nadie se atreve a denunciar. Por un lado, en el caso de Marruecos en particular, se constata que este país recibe cantidades crecientes de dinero pese a incumplir los acuerdos firmados. Y mientras el discurso oficial es el de la “lucha” “eficaz” y “satisfactoria” contra la emigración ilegal^[18], las cifras reales (como las de la última “regularización”) demuestran que el número de emigrantes ilegales venidos desde Marruecos (marroquíes y de terceros Estados) es elevadísimo. Por otro lado, alguien deberá explicar cómo es posible que la tan alabada^[19] (con mínimas excepciones^[20]) “política europea de cooperación al desarrollo”, que se inició a comienzos de los años ’60 y que benefició a las ex-colonias francesas y británicas que ahora exportan emigrantes ilegales en todos estos años de transferencias incontroladas de dinero desde Europa no haya conseguido el desarrollo de estos países haciendo que la brecha económica sea mayor que nunca.

 

IV.1.B. Esta política hacia Marruecos, como es obvio, no ha pasado inadvertida para otros países africanos, y muy especialmente para aquellos, como Senegal, que durante décadas llevan siendo firmes aliados de Marruecos en el continente.

 

Marruecos, en el marco de su política de imagen, disminuyó (que no eliminó) la presión migratoria en sus fronteras septentrionales con España. Correlativamente, aumentó la presión sobre Canarias desde el Sáhara Occidental que lleva ocupando desde 1976. Sin embargo, esa presión tuvo que atenuarse por dos órdenes de razones. En primer lugar, porque la imagen de Marruecos seguía quedando muy deteriorada y, en segundo lugar, porque el levantamiento civil de la población civil saharaui contra la ocupación (la “intifada de la independencia” comenzada el 20 de mayo de 2005) introducía variables que podían volverse contra Marruecos. De esta suerte, aprovechando las redes marroquíes de la emigración varios saharauis consiguieron escapar del cerco y llegar a Canarias pidiendo asilo político. Estas solicitudes de asilo político resultaban muy comprometedoras para el gobierno Rodríguez, pues si las concedía se veía obligado a reconocer que su aliado preferencial es un país no democrático que no respeta los derechos humanos.

 

El resultado es que las bases de partida de la emigración se trasladaron a Mauritania. Sin embargo, Mauritania muy pronto se mostró dispuesta a colaborar con España contra la emigración ilegal. ¿Por qué? Quizá porque no quiere contribuir a debilitar a Canarias sabiendo, como sabe, que el debilitamiento de cualquier vecino de Marruecos no es positivo para aquellos otros vecinos, como Mauritania, que siguen siendo apetito de la política expansionista del “Gran Marruecos”.

 

Como consecuencia de la rápida y leal disposición mauritana a colaborar, los puntos de partida de la emigración se trasladaron al gran aliado marroquí en la zona: Senegal. Y todo parece que Senegal ha sido convenientemente adoctrinado y apoyado por Marruecos. En efecto, el comportamiento de Senegal recuerda demasiado al de Marruecos: a cambio de su colaboración con España pide varios millones de euros y pone innumerables trabas al repatriación de sus nacionales detenidos por emigrar ilegalmente a España. Pero además, y lo que es más importante, todo parece indicar que los cayucos que parten de Senegal cuentan con ayuda logística o cobertura. En caso de contar con ayuda logística, esa sólo puede venir de la flota pesquera marroquí, la más importante de la región. La cobertura, por su parte, viene dada por el hecho de que la Armada de guerra más importante de los países por los que costean los cayucos (la de Marruecos) parece no ver nada. El hecho es que el estudio de las corrientes demuestra que los cayucos se adentran en alta mar para alcanzar Canarias desde las costas del Sáhara Occidental.

 

IV.2. La crisis de los cayucos demuestra el error de la política del gobierno Rodríguez hacia el Sáhara Occidental.

 

La independencia del Sáhara Occidental constituye un elemento esencial para frenar la ofensiva migratoria que está amenazando gravemente al Archipiélago Canario.

 

Como se ha dicho, la emigración ilegal que parte de Senegal, no sólo debe atravesar las aguas de Mauritania (país que dispone de una Armada de mínima entidad), sino también las aguas del Sáhara Occidental. Y aquí encontramos una de las claves de la “crisis de los cayucos”. La Armada marroquí, tan diligente en el apresamiento de buques pesqueros españoles, no consta que haya detenido un sólo cayuco cargado de emigrantes ilegales ¡¡¡hasta el sábado 9 de septiembre!!! Quizá habrá que pensar en construir los pesqueros españoles con el mismo material que el de los cayucos para evitar que la Armada marroquí los detecte.

 

La situación es verdaderamente humillante. Por un lado, Marruecos considera que las aguas del Sáhara Occidental son suyas y, por ello, no ha cejado de trabajar para firmar un acuerdo pesquero (ilegal) con la Unión Europea que le reconozca derechos sobre esas aguas. Sin embargo, por otro lado, Marruecos no se considera concernido en absoluto a la hora de localizar y detener los cayucos que, rumbo a Canarias, cruzan por esas mismas aguas del Sáhara Occidental ricas en pesca que se hallan bajo su control. El asunto tiene aún mayor gravedad porque fue el gobierno del presidente Rodríguez el que presionó en todos los niveles de la Unión Europea para que se firmara este acuerdo de pesca con Marruecos englobando las aguas del Sáhara Occidental, mientras ahora no ha hecho la más mínima gestión para exigir la colaboración marroquí para detener a los cayucos que transitan por esas aguas.

 

Un Sáhara Occidental independiente, sin duda, mantendría una actitud de mayor colaboración con España y, especialmente, con Canarias. La relación de amistad entre Canarias y el Sáhara Occidental se remonta a muchos siglos. Y, además, es notorio que si el Sáhara Occidental fuera independiente sería un territorio próspero, él mismo también objetivo de la emigración ilegal. Un Sáhara independiente no tendría ningún interés en no colaborar con España en la lucha contra la emigración ilegal, a diferencia de lo que ocurre con Marruecos. Puede decirse, sin miedo a error, que la “crisis de los cayucos” que sufre Canarias en el año 2006 tiene su causa, directa, en que el Sáhara Occidental no sea un Estado independiente.

 

 

1. La “crisis de los cayucos” marca el naufragio de toda una política. La política migratoria del gobierno Rodríguez, a día de hoy, se puede considerar como un rotundo fracaso. Por lo demás, conviene advertir que el fracaso alcanza también a las políticas migratorias de gobiernos anteriores, aunque no es menos cierto que el gobierno Rodríguez las llevó hasta el esperpento.

 

2. La “crisis de los  cayucos” constituye, asimismo, un acta de acusación contra aquellos tribunales españoles, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, que en un ejercicio de máxima irresponsabilidad dejaron al Estado debilitado (cuando no inerme) ante el fenómeno de la emigración ilegal.

 

3. La “crisis de los cayucos” pone de manifiesto que el nacionalismo independentista canario es incompatible con los verdaderos intereses de Canarias. En efecto, sólo gracias a la solidaridad y cooperación del resto de España Canarias no ha colapsado ya.

 

4. La “crisis de los cayucos” constituye una llamada de atención sobre los efectos que para la salud pública puede suponer la emigración descontrolada.

 

5. La “crisis de los cayucos” demuestra que la política seguida hacia Marruecos en las últimas décadas ha sido contraproducente. En especial, ha dejado en evidencia el discurso oficial del gobierno Rodríguez sobre unas “excelentes” relaciones que no se traducen en ninguna medida práctica.

 

6. La “crisis de los cayucos” demuestra que la política seguida por el gobierno Rodríguez hacia los demás países africanos ha fracasado desde el momento en que todos los países africanos pretenden obtener las mismas ventajas que el gobierno español da a Marruecos.

 

7. La “crisis de los cayucos” demuestra que la política del Gobierno Rodríguez y del gobierno autonómico canario hacia el Sáhara Occidental ha sido un fracaso. La crisis demuestra que el interés de España está en la existencia de un Estado independiente en el Sáhara Occidental.