La crisis de la competencia universal

Las Ong europeas y norteamericanas de derechos humanos, y una cierta categoría de jueces justicieros, están molestas pues una de sus palancas de intervención preferidas estaría a punto de ser fuertemente limitada.

El Parlamento español  votó, en efecto, el 19 de mayo de 2009 una resolución importante acerca de la llamada 'competencia universal absoluta' la cual desde 2005 autorizaba a los jueces españoles abrir investigaciones sobre los más variados delitos cometidos en cualquier país del mundo, haya o no españoles involucrados en ello.

Preocupados por los excesos que esa doctrina está generando, los parlamentarios españoles, con el apoyo del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Popular de Mariano Rajoy, y con la oposición de los comunistas de Izquierda Unida, decidieron que el principio de la competencia universal debería ser  'aclarado y limitado' de manera urgente. Consecuente, el gobierno español anunció el 26 de mayo de 2009 que reformará la ley respectiva.

La protesta de los interesados fue inmediata. Reed Briody, de Human Rights Watch (HRW), declaró que esa tentativa para restringir la justicia universal era 'un paso hacia atrás'. Por boca de Souhayr Belhassen, la Federación Internacional de Ligas de Derechos del Hombre (FIDH), el equivalente francés de HRW, dijo no entender por qué una de las legislaciones 'más avanzadas para ejercer la competencia universal' tenía que retroceder ante 'consideraciones políticas y diplomáticas'. Airados manifiestos de grupos izquierdistas circulan en estos días contra la reforma que Madrid anuncia.

En los mismos días, las citadas Ongs tuvieron que hacerle frente a otra mala noticia: la decisión del presidente Barack Obama de revivir el sistema de juicios militares para los sospechosos de terrorismo internacional que están en Guantánamo[i]. Kenneth Roth, jefe de HRW, condenó esa decisión y acusó a Obama de 'echar marcha atrás peligrosamente respecto de su plataforma de reformas'. Amnesty International estimó que el jefe de Estado norteamericano abolía así  'una de las promesas más importantes de su campaña electoral'. 'Esas comisiones militares son ilegítimas, inconstitucionales e incapaces de obtener resultados', lanzó Anthony Romero, miembro de la American Civil Liberties Union.

No es un capricho lo que impulsa a los legisladores españoles a revisar la citada ley. Varios países importantes han hecho saber a Madrid su enojo e inconformidad por los actos, considerados como abusos e injerencias indebidas en los asuntos internos, impulsados por algunos jueces de la Audiencia Nacional bajo el amparo de esa legislación.

Washington, por ejemplo, no está muy feliz con las demandas que fueron lanzadas 'contra responsables de la administración Bush respecto de la prisión de Guantánamo', como dijo el diario Le Monde en una descripción de la situación [ii]. Lo mismo ocurre por los lados de Pekín a raíz de las demandas interpuestas 'contra tres altos dirigentes chinos por la represión de los disturbios en el Tíbet en marzo de 2008'. A eso se agregan las fuertes protestas formuladas por la ministra israelí de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, contra los pleitos iniciados en España contra el ministro israelí de Defensa y seis altos mandos israelíes por acciones militares en la franja de Gaza en 2002.

 

Baltasar Garzón, quien es considerado como el Hércules de la competencia universal[iii], criticó la futura enmienda. Nadie olvida que en octubre de 1998, él ordenó la detención y extradición del ex dictador Augusto Pinochet quien se encontraba en esos días en Londres, lo que creó un embrollo jurídico y terminó por crear tensiones con las autoridades británicas y chilenas.

 

Aunque la oposición de Garzón a que se limite la competencia universal fue secundada por cuatro jueces, y hasta por la vicepresidente  del gobierno, María Teresa Fernández, el nuevo presidente de la Audiencia nacional, Ángel Juanes, se declaró favorable a la 'búsqueda de un equilibrio entre la impunidad y la no injerencia en los asuntos ajenos'.

Lo que buscan los parlamentarios españoles es que la futura legislación autorice la apertura de una instrucción únicamente cuando los presuntos responsables del delito se encuentren en España, o cuando los españoles hacen parte de las víctimas. En consecuencia, la justicia española no podrá instruir expedientes que sean objeto de una investigación penal en el país donde ocurrieron los hechos o estén bajo el conocimiento de una jurisdicción internacional.

No es eso lo que ocurre hoy. España tiene la ley de competencia internacional más ambiciosa del mundo. Jueces ibéricos instruyen por lo menos 16 casos diferentes por crímenes como tortura, genocidio y crímenes contra la humanidad, sin que figuren necesariamente en esos casos víctimas españolas. Los acuciosos jueces españoles son incansables. Tres de esos expedientes involucran a ciudadanos norteamericanos, tres otros bregan con funcionarios chinos, dos casos más tienen que ver con militares israelíes. En tres expedientes más están involucrados militares de Guatemala, El Salvador y Marruecos, etc.

 

La tesis de Amnistía Internacional sobre la competencia universal convence cada vez menos. Esta dice: 'Dado que el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas son crímenes contra el derecho internacional, todos los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos en sus tribunales nacionales.' ¿Todos los Estados? De hecho, sólo los países industrializados pueden asumir esa tarea.

 

La competencia universal es un lujo de países ricos. En ciertos casos, es un instrumento de presión contra los países del llamado Tercer Mundo. La lista de los Estados que se atribuyen esa competencia no es larga: España, Alemania, Francia, Bélgica, Gran Bretaña, Portugal, Noruega, Suiza y Canadá. Esas potencias virtuosas, pretendidas guardianas de una moralidad universal, hacen la apología de esa competencia y exigen que los 'pequeños países' la acaten sin chistar. Para eso cuentan con dóciles abogados y propagandistas en los más lejanos países.

En lugar de hacer que los países ricos juzguen los crímenes cometidos en los países pobres, se debe hacer que la justicia y la democracia prosperen en los países pobres para que éstos puedan juzgar debidamente a sus dictadores y a sus nacionales e impedir que la impunidad domine.

 

Mucha razón tiene Emilio Campmany cuando dice: 'Nuestra justicia universal no sólo se limita a perseguir a dictadores retirados, sin importunar a los que continúan en el poder, sino que encima, cuando los EE UU se deciden a derrocar a uno de los más sanguinarios, recibe toda clase de oprobios por 'violar' el derecho internacional, iniciar una 'guerra ilegal' y invadir un país que no merecía semejante trato, prescindiendo de considerar el trato que tal país estaba recibiendo del dictador en cuestión. Esto es lo que ha pasado con Saddam Hussein.' [iv].

A veces las potencias justicieras deben retroceder. Bélgica se embarcó en las delicias de la competencia universal absoluta desde 1993. En 2003 tuvo que hacer marcha atrás y abolió su ley, ante la cólera del gobierno norteamericano. Hoy los jueces belgas son competentes únicamente si el acusado es belga o reside en Bélgica, o si la víctima es belga o ha residido en Bélgica por no menos durante tres años 'al momento de los hechos'.

 

Las Ongs adictas a la competencia universal se vanaglorian de haber batallado contra ex dictadores como Hissène Habré y Pinochet (quien fue, en realidad, juzgado por los chilenos), y contra 'verdugos' en Argentina (Videla y los otros fueron juzgados por los argentinos), en la Ex Yugoslavia y en Ruanda. Nunca, que se sepa, contra los hermanos Castro, ni contra Saddam Hussein cuando estaba vivo. Pero soslayan otras aventuras menos gloriosas.

 

Invocando la competencia universal, cuatro Ongs europeas lanzaron, de 2004 a 2007, una violenta campaña contra Donald Rumsfeld, el ex secretario de Defensa norteamericano, en Francia, Suecia, Alemania y Argentina. Resultado: un fiasco total. La justicia de esos países no las tomó en serio.

 

Lo que lograron los justicieros fue provocar un incidente diplomático con Estados Unidos. El 25 de octubre de 2007, la Fidh y otros grupos similares, entablaron una demanda penal contra el ex secretario norteamericano de Defensa diciendo que éste había 'ordenado la tortura' en Guantánamo y Abou Ghraib. Esa demanda había sido entablada la víspera de la llegada de Rumsfeld a París para asistir a una conferencia organizada por la revista Foreign Policy.

'Donald Rumsfeld debe entender que no hay un lugar donde el pueda esconderse. Un torturador es un enemigo de la humanidad', proclamó no sin exageración Michael Ratner, presidente del CCR (Center for Constitutional Rights) un organismo que trabaja con la Fidh. 'Invitamos a Francia a que rehúse transformarse en paraíso de criminales', declaro Souhayr Belhassen, la presidenta de la Fidh.

 

Esos activistas querían que el ex secretario de Defensa fuera capturado e impedido de regresar a los Estados Unidos para poder abrir contra él, en París, una 'investigación' judicial por tortura. La justicia francesa rechazó la pretensión de la Ong y Rumsfeld no fue arrestado ni humillado. Sin embargo, un piquete de manifestantes llegó hasta el lugar de la conferencia donde se él encontraba para hostigarlo y lanzarle amenazas.

Esa serie de excesos terminaron por opacar el brillo de la competencia universal y lo que ocurre en España es una consecuencia de ello y no será la única. La hostilidad de Washington y de otros gobiernos democráticos contra esa doctrina extravagante es evidente, y la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca no calmará las cosas.