La Bolivia imposible de Evo Morales

por Gregorio Cristóbal Carle, 6 de julio de 2007

Como era de esperar la revolución silenciosa que prometió el populista  Morales ha terminado por causar demasiado ruido. El mito indígena-racial que pretende instaurar desde la arbitrariedad más absoluta ha llevado a Bolivia a un estado de crisis permanente, agudizado por las continuas confrontaciones en los órdenes social, político y regional.
 
El Presidente ha pasado de representar la esperanza del cambio, realizado a través de la refundación del país, a convertirse en el adalid de la intransigencia, la imposición y el mayor de los desprecios al estado de derecho y al orden constitucional establecido.
 
Transcurrido algo más de un año desde su flamante ascenso al poder los hechos han ido desenmascarando y evidenciando las verdaderas pretensiones del caudillo aymara, que no son otras que la eliminación política de cualquier contrapeso democrático a sus  formas autoritarias, además de la implantación de un sistema social racista en lo político e intervencionista en lo económico.
 
La realidad ha acabado por demostrar que el Sr. Morales, erigido por sus seguidores en el hombre providencial que salvará la patria, carece del más mínimo sentido común y la experiencia necesaria para generar una política de Estado coherente. (sirvan como ejemplo los 541 Decretos Supremos aprobados durante el primer  año de gobierno con la finalidad de evitar el filtro, la discusión o  la crítica del poder legislativo).
 
Los continuos enfrentamientos, avatares y retrasos habidos en Asamblea Constituyente, (el 2 de julio de 2007 debió comenzar el debate de la plenaria, fecha en la que  sólo siete de 21 comisiones entregaron sus informes), son la mejor prueba del déficit institucional que sufre el país y la consecuente  pérdida de credibilidad  que acompaña todas las actuaciones  del  régimen personalista encarnado por el Presidente.
 
Dicho órgano institucional, encargado de dar forma a la nueva Carta Magna, ha transmitido, desde la fecha en la que inició sus trabajos, una imagen deplorable de la política nacional porque el actual gobierno se encuentra firmemente decidido, y parece que también obligado, a llevar a la práctica sus tesis excluyentes, obviando el necesario consenso democrático para alcanzar los necesarios acuerdos.
 
Al Movimiento al Socialismo del Presidente se le acumulan los problemas porque lo que está proponiendo no es otra cosa que  la entrega de amplias cuotas de poder a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas que le dieron su incondicional apoyo en las últimas elecciones presidenciales, y la oposición no acepta que el mandatario se constituya en el origen de la ley, en lugar de simbolizar y defender el respeto a sus límites.
 
Solo desde esta óptica se pueden explicar los cambios que propugnan los nuevos gobernantes. Se trataría de alcanzar el poder absoluto para más tarde perpetuarse en él, utilizando la inocente excusa de lograr un futuro mejor para el pueblo.
 
Para que no quepa ninguna duda sobre los objetivos pretendidos por la revolución social-indigenista cabe recordar que un amplio sector del MAS ha señalado que Morales debe gobernar 50 años, proponiendo  su reelección inmediata --no permitida hoy-- en la nueva Constitución. El objetivo no es tarea fácil ya que el seguro rechazo de la oposición impedirá que la propuesta logre los dos tercios de votos de la Asamblea, y entonces tendrá que decidirse a más largo plazo, en  referéndum. 
 
Más grave, aún si cabe, es la propuesta de ampliar la edad de voto a los dieciséis años en un país donde los índices de analfabetismo alcanzan a un amplio espectro de la población. Parece evidente que se trata de otra entelequia propia del sistema autoritario, que solo puede ser útil para abonar el terreno de las corruptelas.
 
¿Cuál es la intención última de la revolución  Morales?  No es otra que cambiar todo, incluso la propia estructura del Estado, para más tarde poder destruir los valores occidentales que contaminan la verdadera esencia de Bolivia y constituyen el único origen de su histórico retraso.
 
Siguiendo esa lógica, en la que prima el etnicismo más arcaico, el populismo instaurado en el poder pretende que el país pase conformar un estado plurinacional integrado por 36 naciones originarias que tendrían autogobierno y derecho soberano sobre el 70 por ciento del territorio nacional. Con la aplicación estratégica de dichos principios se lograrán crear las condiciones necesarias para restablecer los derechos colectivos frente a los individuales, reintegrando a las culturas minoritarias al lugar que injustamente les ha negado la historia.
 
¿Qué perspectivas pueden surgir de dicho planteamiento? Vistos los precedentes habidos en otros países del área latinoamericana los augurios no son  nada buenos. Hacer crecer el Estado burocrático siempre ha repercutido de una forma nefasta en la gestión eficaz y eficiente de la acción de gobierno (algunas de las autonomías propuestas no superan los cincuenta ciudadanos ¿¿¿???), pero es que además, en el caso de Bolivia, dicha circunstancia puede constituir un factor determinante para aumentar las tensiones raciales existentes en la actualidad.
 
Dicha política quedaría inconclusa si no se aborda el capítulo económico tomando como referencia idénticos argumentos dogmáticos. En este sentido el proyecto revolucionario no solo se nutre de la nacionalización (¿¿confiscación??) de los recursos naturales, la colectivización de la tierra y el continuo menoscabo del derecho a la propiedad privada, sino que en sede constituyente el Presidente ha propuesto que se conceda al Estado la prerrogativa para sancionar futuras privatizaciones de empresas.
 
A todo ello hay que unir la retirada de Bolivia del Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI) dependiente del Banco Mundial, porque es en este centro de resolución de litigios donde algunas petroleras afectadas por el proceso de nacionalización de los hidrocarburos han cursado las correspondientes demandas contra el Estado boliviano.
 
En este sentido cabe afirmar que la demagogia y el populismo del que tanto hace gala el Presidente Morales no tiene límites, especialmente si se adereza con la negativa del gobierno a firmar nuevos Tratados de Libre Comercio con países calificados por el régimen como neoliberales y explotadores.
 
Se trata entonces de aplicar a toda costa las recetas  neoestalistas fracasadas con anterioridad en otros países del área, tesis que solo puede llevar a Bolivia a la desconexión total del mundo globalizado y a la pérdida total de su atractivo inversor. (no se debe obviar que la nación es de las pocas que presenta tasas negativas en este capítulo tan relevante para la economía nacional y, lo que es peor, no tiene visos de mejorar en un futuro inmediato).
 
En el orden legal las cosas no son muy distintas. En este ámbito el gobierno, con su Presidente a la cabeza, ha demostrado un total desprecio hacia la justicia y sus órganos representativos, sin importarle las graves consecuencias que pueden derivar de dicha aptitud.
 
Morales ha evidenciado un nulo conocimiento de los engranajes que sustentan el sistema democrático, lo que determina su incapacidad manifiesta para comprender la importancia de la división de poderes como elemento de contrapeso y control de la acción de gobierno.
 
Así las cosas ha osado buscar la confrontación directa e irresponsable con las más alta instancia judicial del país, demonizándola y acusándola sin pruebas de constituir el paradigma de la corrupción nacional para más tarde amenazarla con llevarla pleito internacional en el seno de la Organización de Estados Americanos.
 
No ha sido ésta la única manipulación ya que, con la excusa de defender a los más desfavorecidos, el Gobierno ha dado un nuevo impulso a sus pretensiones populistas proponiendo que la justicia comunitaria-indigenista llegue, en un futuro no muy lejano, a ser la administradora  de todos los procesos habidos en país, por lo que, de convertirse dicha falacia en realidad, se estaría relegando la justicia ordinaria a un segundo término jerárquico.
 
Sin duda que, de prosperar esta medida en la Constituyente, llevará a Bolivia a las más altas cotas de inseguridad jurídica.
 
Qué decir de la religión católica. A pesar de que una mayoría abrumadora de bolivianos se declara creyente el Estado pretende menoscabar dicho vínculo enmarcado en el ámbito de lo privado.
 
El presidente, fiel seguidor de los métodos de la antigua URSS, entiende que el catolicismo no puede aportar nada positivo a su revolución, por lo que es necesario declarar la laicidad del Estado. Se trata, ni más ni menos, de garantizar la continuidad del régimen desvinculando a la Iglesia de la educación. De esta forma quedaría despejado el camino para inculcar sus principios indígenas y marxistas a los bolivianos del mañana…
 
Morales no quiere un cambio real.  El presidente solo busca la destrucción total de los valores democráticos para instaurar otra Venezuela en el continente.
 
Así lo entienden y le han advertido los empresarios cruzeños: ”Sr. Presidente, tiene que haber un viraje en su actitud, tiene que dejar de entrometerse en la Asamblea Constituyente, debe respetar la voluntad del pueblo manifestada a través de su voto, sobre las autonomías departamentales; poner más atención a la agenda económica y no centrarse sólo en la política, consolidar la seguridad jurídica sin dobles discursos y respetar los procesos de institucionalización en marcha”.
 
Hoy, más que nunca, es necesario buscar soluciones que afirmen la democracia, la paz, la unidad y el desarrollo económico de Bolivia. Se trata de hacer una verdadera política de Estado que genere estabilidad y beneficie a todos los bolivianos sin excepción.

 
 
Gregorio Cristóbal Carle, es Consultor Internacionalización de Empresas. Profesor de Escuela Europea de Negocios (Bolivia). Árbitro Internacional ACAM.