La asignatura pendiente de la gestión de los programas de defensa

por Hernando Cortés Monroy, 29 de junio de 2009

Los programas de adquisición de sistemas de armas, lanzados por el Ministerio de Defensa, a mediados de los años noventa fueron los de mayor alcance económico en la historia de las fuerzas armadas españolas: el Eurofighter, la fragata F-100, y el carro de combate Leopard 2. Más de diez años después, estos programas todavía siguen en vigor, y en algún caso, se podría decir que seguirán por mucho tiempo. El del Eurofighter no acabará hasta 2014, y el Leopard todavía durará todo el 2010, si no surge ningún problema.  El caso del Eurofighter era sabido, y el programa de las fragatas se amplió posteriormente, pero prácticamente ya ha finalizado. Sin embargo, el programa del carro Leopard 2 incurrió en un retraso difícil de asumir por el Ejército -e imposible de justificar por la industria-, y cuando tenía que haber finalizado en 2007, se habla ahora de que finalizará casi en 2011. Habrá que verlo. Del vehículo acorazado Pizarro -2ª fase-, del helicóptero Tigre, de los nuevos buques y submarinos, y del avión de transporte A400M, tan importantes como los anteriores, no vamos a hablar ya que algunos ni siquiera han comenzado y otros apenas acaban de empezar.
 
Nuevamente en estos días, en lo que afecta a los sistemas terrestres, la misma industria responsable de la pobre gestión demostrada con el carro Leopard, ha vuelto a incumplir y protagonizar nuevos retrasos, pero ahora con un material -los nuevos vehículos MRAP RG-31-, considerado como prioritario y ansiosamente esperado en los teatros de operaciones -principalmente Líbano y Afganistán-, en donde las fuerzas terrestres españolas llevan a cabo misiones denominadas de paz. Pero lo que más sorprende es que la empresa responsable siga figurando entre las empresas que el Ministerio de Defensa considera, incluso, para el futuro programa de vehículo acorazado 8x8 para el Ejército de Tierra. La experiencia está ahí, y como se suele decir: ¡una, y no más, Santo Tomás! Y se debería descalificar a esa empresa como suministradora de defensa. Por lo menos mientras la empresa no cambie y acredite que posee capacidad de gestión demostrada para gestionar y responsabilizarse de los contratos que consigue.
 
En 1996, el entonces Ministro de Defensa explicó en sede Parlamentaria que el Programa Leopard no se podía iniciar en tanto no se reestructurase la industria de armamentos terrestre, en concreto la Empresa Nacional Santa Bárbara, y se mejorase su capacidad de gestión. Hoy, más de una década después seguimos igual. Claro que nos tememos que el método utilizado para obtener los contratos no ha sido muy ortodoxo -no olvidemos que se trata de la principal empresa por antonomasia del Ministerio de Defensa, aunque hoy sea ya privada y 100% extranjera-, y nadie ha exigido que la empresa demuestre ni acredite nada. Posiblemente vale con aplicar la estrategia de negocio apropiada, dirigida por algún muy capaz vicepresidente elegido para el desarrollo de esa estrategia. El papel aguanta todo, y el fin justifica los medios, como ya dijo alguien hace muchos años, en muy distintas circunstancias y en otro lugar.
 
La situación presupuestaria de la defensa lleva siendo muy precaria desde hace mucho tiempo, y ha venido obligando a una financiación aplazada a cargo del Ministerio de Industria -ya desde mediados de los años ´90, en los estertores del felipismo-, con la excusa de que, en última instancia, se beneficiaba y estimulaba a la industria nacional, lo cual no puede ser mayor falacia, cuando esa industria -especialmente en lo que se refiere a sistemas terrestres y aéreos-, está hoy casi totalmente en manos extranjeras. Como mucho, la financiación aportada desde el Ministerio citado, solo ha contribuido a mantener unos determinados puestos de trabajo en determinadas comunidades, en donde los intereses políticos se han considerado prioritarios para el partido instalado en el poder (Andalucía, Castilla-La Mancha…). No puede hablarse de que se ha creado industria cuando el “know-how”, cuando la propiedad intelectual y el conocimiento, en suma,  están instalados más allá de las propias fronteras. Lo que se ha creado es una pura y simple subcontratación encubierta, que no va más allá del ensamblaje y la integración de equipos.
 
El precio que pagan las Fuerzas Armadas
 
Por otra parte, el precio a pagar por el usuario -las Fuerzas Armadas-, ha sido tremendo y ha llevado a que los sistemas que se adquieran no coincidan necesariamente con lo que desean los Ejércitos, sino que, más bien, se viene comprando lo que necesita y quiere vender la propia industria, y asimismo, dada la propia naturaleza de la financiación aportada, la situación ha obligado a unas grandes servidumbres en la contratación, designándose unos subcontratistas de primer nivel que no siempre suelen ser los mejor preparados, pero sí los “preferidos” por la Administración, o los únicos posibles en ciertos casos, con el consiguiente encarecimiento de los productos, y con retrasos en las entregas, en la mayoría de las ocasiones. Así, por citar varios casos, tenemos el helicóptero Tigre -un sistema rechazado por el Ejército hasta el último minuto-, con retrasos incurridos tremendos, el helicóptero NH-90 -adquirido por el Ministerio de Defensa para los tres ejércitos incluso sin que existiera inicialmente una memoria de necesidad o pliego de prescripciones técnicas-, o el vehículo acorazado Pizarro, en su segunda fase, que se ha visto retrasado hasta que un subcontratista de primer nivel muy conocido y apoyado políticamente, tuviera una solución “original” para una nueva caja de cambios, solución naturalmente sin experimentar ni comprobar satisfactoriamente.
 
No hay duda de que si no se hubiera dispuesto de esta modalidad de financiación, a cargo del Ministerio de Industria, los grandes programas de adquisición de los sistemas de armas que hoy van equipando a los tres Ejércitos no se hubieran lanzado, y por lo tanto los militares debieran sentirse hasta agradecidos; pero  ese es otro asunto que desvirtúa la misma esencia de lo que se trata. Y lo desvirtúa porque además, el fin último perseguido por la autoridad política con esta modalidad no es el de apoyar a la defensa, sino el de enmascarar el gasto público, y no incurrir en faltas contra los criterios económicos de convergencia del euro, dictados por el Banco Europeo, al no incrementarse directamente los presupuestos de defensa. Es engañarse a sí mismo, ya que al final, los presupuestos del estado son los que son, pero las autoridades políticas lo aceptan con complacencia. Ojos que no ven, corazón que no siente, y la legislatura siguiente que venga, y que arree. Al fin y al cabo, algo muy español.
 
Otro despropósito ligado a los grandes programas iniciales ha sido la fuerte inversión de recursos en las empresas públicas… para luego, después de todo, privatizarlas y venderlas a terceros, sin pena ni gloria. Y hacerlo especialmente a grupos extranjeros, que son ahora sus dueños al 100%, cuando el objetivo rentable hubiera sido capacitarlas a través de los programas citados inyectándoles las transferencias de tecnología adecuadas, para dejarlas en condiciones de afrontar y competir en otros posibles programas futuros en Europa, o donde fuera menester, y no solo en España. Si las circunstancias de la privatización de Santa Bárbara se hicieran públicas, muchas altas personalidades serían probablemente llamadas a declarar, como poco, ante los tribunales; claro que la actitud de los jueces y tribunales merece también un análisis especial. La actual Navantia, constituye la excepción que prueba lo que comentamos: siendo la única empresa que logra exportar y vender fuera en cantidades importantes, su futuro no se adivina con claridad. EADS, en su vertiente de la antigua CASA, obtiene algunas ventas limitadas, pero ve diluido su esfuerzo en el conjunto de la multinacional, y no se puede decir que su rendimiento revierta íntegramente en beneficio nacional.
 
Hoy, cuando todo indica que se está a punto de lanzar un nuevo gran programa para el Ejército de Tierra, mucho nos tememos que se repitan viejos errores. Así, el hecho de que el Ministerio de Defensa haya solicitado -expresamente y por escrito a ocho grandes empresas multinacionales-, incluyendo la empresa que viene probando con insistencia su informalidad, todas ellas extranjeras -se diga lo que se diga-, que envíen información sobre los productos que consideren que puedan participar en el concurso de adquisición del futuro Vehículo Blindado de Ruedas (VBR) 8x8, indica la decisión de que este programa no se vaya a contratar por procedimiento restringido. Quizás para hacer trascender una transparencia que, desde luego, solo se prueba con los hechos, y que es siempre fácil de enmascarar. Esto nos parece un ejercicio más de cara a la galería que cualquier otra cosa. La posibilidad, como alguien puede creer, de que de esta manera se pueda presentar también cualquier otra empresa que considere tiene algún sistema 8x8, que pueda satisfacer los hipotéticos requerimientos operativos del Ejército, -que por otro lado no se han dado a conocer-, es remota, e indica que desde el Ministerio solamente se lanzan globos sonda.
 
Prueba de lo fácil que se desvirtúa la transparencia que quiere aparentar el Ministerio de Defensa es la visita 'discreta' de uno de los  fabricantes a uno los altos responsables ministeriales, conseguida mediante influencias, en la que no ha estado presente ningún miembro del grupo de trabajo del comité de evaluación de las posibles respuestas y que es la comidilla de todos. Sin embargo, la solicitud de información  había sido enviada a las ocho empresas con una carta que indicaba que si se hacían consultas de algún tipo, las respuestas se distribuirían entre todos los interesados. Como se ve, Rinconete y Cortadillo eran meros aprendices en ese patio de Monipodio que hacia el que se desliza el Ministerio de Defensa. Lo que mal empieza, mal acaba.
 
La sustitución de los BMR
 
Toda obra debe empezar por unos cimientos, y con unos fundamentos sólidos. En el tema que nos ocupa da la impresión es que el Ministerio de Defensa se ha lanzado sin más por la pendiente, quizás acuciado por las presiones -de todo tipo, sociales, industriales,…-, y el clamor por la sustitución del BMR. La sustitución es, efectivamente, urgente y una prioridad para el Ejército. Ahora bien, ¿para qué?, ¿con qué finalidad? Si se trata solo de disponer de un vehículo para las llamadas misiones de paz, entonces parece que se está enfocando mal, y ya se ha comprado uno: el MRAP RG-31. Bueno o malo, todavía sin experimentar por las tropas españolas, que ni siquiera han recibido uno solo. Si se trata de dotar a la Fuerza Terrestre con un nuevo sistema acorazado de combate de ruedas de alta movilidad, proyectable y sostenible, las prisas no son buenas consejeras, y hay mucho camino por recorrer.
 
Y no está claro, ni mucho menos, que se necesite ni siquiera sustituir al BMR con otro vehículo similar pero de mejores prestaciones. Las pocas unidades acorazadas y mecanizadas disponibles cuentan con carros Leopard 2 y vehículos Pizarro, y se recuerda al lector interesado que solo disponemos de tres brigadas, más una brigada de Caballería esencialmente sobre ruedas… ¿adónde irían esos 300 o más nuevos VBR 8x8? Las dos brigadas de infantería ligeras -si es que no se disuelven-, y la brigada de la Legión son sus únicos posibles usuarios. Es decir: no hay ejército ni unidades, ni personal, para ellos, y no hay que olvidar que, aunque diferentes, se están adquiriendo además los Lince y los MRAP. Y no hablemos ya de gestionar toda la flota de nuevos vehículos: es algo que supera totalmente las capacidades logísticas y operativas del Ejército de Tierra actual.
 
Aún así en el documento DIVA 4-47, Tendencias -de 1 de diciembre de 2008-, del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, leemos:
 
“…ante la necesidad de diversificar la dotación de vehículos blindados medios, con objeto de equipar a las tropas con los blindados más adecuados para las características de las misiones y los riesgos y amenazas que deban enfrentar en cada fase de la misión, la mayoría de los países de nuestro entorno han optado por vehículos 8x8 de nueva generación. ...En el apartado de los blindados “tradicionales”, se está produciendo una carrera por dotarse de vehículos blindados rueda 8x8. Esta clase de vehículos se ha visto muy beneficiada de distintos avances tecnológicos que les hace ser un producto a tener en cuenta en el momento actual en el que los presupuestos militares están muy limitados”
 
A tenor de lo leído da la impresión de que, quizás, se va a entrar en un nuevo programa porque es la moda, todos lo hacen, y parece que es una buena opción: bonita, buena y barata, y además, sin duda, a la industria le interesa, y a los “amigos” de la industria también.
 
Todo programa debe empezar, en buena ley, no porque todos lo hagan y sea bueno, sino porque verdaderamente se necesita, y por ello debe existir una memoria de necesidad -documento que debe ser elaborado por la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejercito-, lo que no sabemos si ni siquiera se ha hecho, aunque si debemos asumir que se ha dado tal paso. Lo cual no es difícil por otra parte, ya que la necesidad de sustituir el BMR es obvia y patente. Pero, en cualquier caso, ¿Por qué lo que le sustituya tiene que ser un vehículo de ruedas? Y de 8 ruedas, precisamente, ¿porqué no de 6 ruedas, o incluso de 4, o hasta de cadenas?  Tal y como el Ministerio ha redactado su solicitud de información, o RFI -Request for Information-, puede que cada empresa que conteste a la solicitud, proporcione la información que quiera y que considere puede interesar al Ministerio de Defensa, y, al final, se tenga  que evaluar  una gama variopinta de vehículos 8x8, 6x6, y 4x4, sin entrar en posibles alternativas de cadenas, ya que se denomina al nuevo vehículo como VBR (Vehículo Blindado de Ruedas), y se rechazan implícitamente ya las cadenas.
 
Ciertamente, es muy poco lo que se ha venido haciendo en el seno del Estado Mayor del Ejército de Tierra, hasta hoy para anticiparse a una situación que ahora puede darse por sobrevenida, y ya sea por razones simplemente presupuestarias o de establecimiento de prioridades, la realidad es que ahora se hacer notar la carencia de un nuevo vehículo idóneo y moderno para afrontar las nuevas amenazas que se consideran. El Pizarro, e incluso el Leopard, son medios que, en su finalidad última, estaban diseñados con la visión del Pacto de Varsovia y del Ejército soviético como enemigos preferenciales. Hoy la realidad es otra, para bien o para mal.
 
La Dirección General de Armamento y Material del Ministerio (DGAM) es el organismo que parece haber elaborado el documento de la solicitud de información, en el que se hacen públicos los datos que deberán facilitar las empresas que estén interesadas en el programa de adquisición de nuevos vehículos 8x8, y que deberán ser contestados antes del próximo 15 de agosto, entendiéndose, quizás, que él que no conteste en esa fecha no tomará ya parte en la evaluación, o no. El contrato, que se prevé para un total de 300 vehículos -se trata ciertamente de un nuevo gran programa, que conllevará un alto coste-, se podría llegar a firmar en junio de 2010, después de la evaluación de la documentación suministrada. Los vehículos se dice que se deberán entregar como muy tarde en 2016, empezando en 2012, para disponer antes de 2014 de un mínimo de 40 vehículos. La idea es garantizar su 'capacidad operativa inicial' -no entendemos bien que quiere decir con esto la DGAM-, es decir quizás su posibilidad de despliegue a zona de operaciones -¡solo faltaría que no se pudiese!-, en ese mismo año 2014, y suministrar luego el resto -¡260 vehículos!-, en los dos años siguientes.
 
En suma, un verdadero galimatías, en él que se indica a la posible empresa adjudicataria que deberá entregar a un ritmo de 20 vehículos/año durante los dos primeros años, y posteriormente ¡incrementar el ritmo a 130 vehículos/año!, durante los dos años siguientes. ¿Es esto lo que el Ministerio de Defensa entiende por gestión de un programa? Estamos seguros de que en empresas serias como Krauss-Maffei, Nexter, Iveco, o Patria, se lo habrán tomado a broma -salvo que se les contrate a ellas directamente, y aún así es un esfuerzo considerable-, y propondrán otras alternativas. El plan parece hecho a medida de la única empresa considerada como española, a pesar de la pomposa denominación norteamericana que luce, y que viene incumpliendo todos los contratos que firma, y que, naturalmente, incumpliría éste una vez más, si le fuese adjudicado, en la seguridad de que le serán perdonadas todas las posibles penalizaciones.
 
Por otra parte, y como hecho curioso, no se incluye un presupuesto máximo -suponemos que el Ministerio sí tiene hecha su estimación-, aunque sí se solicita una estimación del coste a las empresas, advirtiendo -no sabemos con que fin-, que las posibles cifras no son vinculantes, y solo se requieren con carácter informativo. Lo que no deja de llamar la atención ya que se deberá considerar en el presupuesto plurianual de inversiones, al objeto de incluirlo en la próxima negociación de los presupuestos, de acuerdo con el calendario propuesto por la propia RFI. Que va a suponer un desembolso entre los años contemplados de 2010 a 2016, de casi dos mil millones de euros, si no más; tal y como están las cosas, no parece que vaya a resultar fácil que en el presupuesto de defensa se vaya a llegar a estas cifras. Una vez más se hipotecará notablemente la gestión del presupuesto de defensa, y si no media el auxilio del Ministerio de Industria, el programa será inviable presupuestariamente.
 
Según explica la DGAM, el propósito de la RFI no es otro que el de, 'recopilar la información actualizada relativa a vehículos blindados 8x8 que hay en el mercado, para que sirva de referencia en un futuro programa de adquisición' para el Ejército. Extraño propósito, ya que para eso, las empresas podrían limitarse a enviar la información publicada, y pública, que es mucha,… en prensa especializada, en boletines de información, en los salones internacionales de materiales de defensa, y, por supuesto, en Internet, y de la que ya dispone el Ejército, sin duda.
 
La DGAM, ya había decidido, en 2004 -bajo la dirección de quien sería luego JEME y hoy vicepresidente de una de las empresas ahora consideradas y llamadas a participar-, acometer el desarrollo de un futuro vehículo acorazado 8x8 para el Ejército de Tierra, con el objeto de que en su día -entre 2012 y 2015-, una fecha que es la que ahora se mantiene en líneas generales sospechosamente-, se pudiera iniciar la adquisición de un vehículo que respondiese verdaderamente a las necesidades del Ejército. Es decir, no al contrario, que el  Ejército acabase adquiriendo aquello que satisfaciera mejor a las necesidades e intereses de la industria, y  no  a sus necesidades reales, como sucede, se decía, cuando se adquieren equipos ya existentes en el mercado. Curioso predicamento, cuando todo indica que ¡cinco años después!, es eso lo que precisamente se va a hacer.
 
El documento de solicitud de información explica, además, que el objetivo del programa es 'proporcionar al Ejército una generación nueva de vehículos blindados de ruedas multifunción, de peso medio y con unas prestaciones acordes con las necesidades actuales y con las exigencias que surjan en el futuro', sin especificar niveles de protección, ni ninguna otra característica. Algo, todo ello muy aleatorio y ambiguo, ya que no se puede pedir información sobre lo que está disponible -recopilando información actualizada-, y además insistir en que el material debe responder a las necesidades actuales, y a las exigencias que surjan en el futuro. ¡Qué fácil es escribir! ¿Sabe el Ministerio de Carme Chacón, cuáles son las exigencias militares del futuro? No se puede pedir lo que no se sabe, es solicitar a gritos ser engañado, y, una vez más, un ejercicio fútil y de cara a la galería.
 
Futuro vehículo 8x8
 
No obstante, en el documento, la DGAM se atreve a señalar que el futuro vehículo 8x8 debe disponer de las características y capacidades siguientes:
 
·                     Elevada capacidad de supervivencia para el personal embarcado. (¿contra qué amenazas?). Decir “elevada capacidad” es no decir nada, del mismo se podría pedir que sea casi invulnerable.
·                     Volumen interno suficiente y gran capacidad de carga útil para las diferentes variantes y misiones. (¿cuánto volumen? ¿cuánta carga? ¿cuánto personal?). Decir “suficiente” es no decir nada una vez más.
·                     Reducida necesidad de recursos logísticos y bajos costes de servicio. (¿qué ciclo de vida y mantenimiento se considera?).
·                     Será un sistema modular, abierto que permita la incorporación de las innovaciones tecnológicas que se consideren necesarias. (Que sepamos, de los materiales disponibles, solo hay uno que responde a la idea de ser modular, ¿descalifica ya eso a los demás?).
 
Dentro de la exposición de lugares comunes que establece la solicitud de información a las empresas, el documento de la DGAM establece que 'Las Fuerzas Armadas necesitan dotar a las Unidades Ligeras Protegidas (Medias) de un vehículo blindado moderno que sustituya y mejore el BMR y el VEC, con las capacidades necesarias de protección y movilidad que permitan el despliegue en un plazo corto de tiempo'. En primer lugar, suponemos que realmente se refiere al Ejército de Tierra y no al conjunto de las Fuerzas Armadas. No se puede ver fácilmente -independientemente de la modularidad que se pide-, como el vehículo puede ser tan polivalente como para servir a los tres ejércitos. El Ejército del Aire, que se sepa, no necesita ninguno, y la Infantería de Marina acaba de dotarse recientemente con un vehículo 8x8 de la familia Piraña, de General Dynamics, ¿entonces?
 
Y, aviso para navegantes, si se pretende no solo sustituir al BMR, sino también al VEC, con la misma plataforma,… quizás se esté apuntando en otra dirección. El Ejército de Tierra ya dispone de vehículos 8x8 Centauro, de reconocimiento y exploración, que mejoran en todo al VEC,… y recientemente se ha puesto a punto en Italia una versión transporte de personal, fuertemente armada, sobre la misma plataforma del Centauro… ¿es eso lo que se ha pensado desde el Ministerio? Entonces, todo podría indicar que se está pensando en otra solución, y además, como contrapartida a la empresa tradicionalmente incumplidora, éstos -a pesar de ser italianos-, hasta ahora han venido cumpliendo sus contratos de forma mucho más formal. Desde un punto de vista logístico, sería una solución con bastante sentido, y justificaría la decisión de adquirir el Centauro, tomada hace varios años, unificando plataformas, conjuntos, repuestos, y mantenimiento, pero no sería una solución innovadora.
 
De orientarse todo en la línea de lo citado, para nada se trata aquí, de innovar, de buscar modularidad, ni de proyectabilidad. Ni el Centauro, ni su hermano -versión de transporte de personal Freccia-, pueden ser transportados por los medios aéreos disponibles, y lo del A400M empieza ya a parecer como el cuento del lobo. Por ello, resulta un jeroglífico descifrar lo que señala el Ministerio de Defensa cuando dice que necesita 'disponer de una familia de vehículos blindados de ruedas, multifunción de peso medio, altos niveles de protección, capacidad de proyección y movilidad', y añade, además, que “dichos vehículos formarán parte del sistema Vehículo Blindado de Ruedas (VBR) del Ejército del futuro”. Eso es hipotecar futuros desarrollos, anclarlos en las tecnologías que hoy están disponibles, y además no es coherente para nada con la información pedida a las empresas. Se puede concluir que los redactores del documento, o no son profesionales, o han redactado la solicitud de información en un momento de inspiración celestial.
 
Da la impresión de que la DGAM ha hecho unas peticiones de información imprecisas, superficiales y poco profesionales, a menos que se trate solo de vestir un santo, y la decisión esté ya tomada de antemano, lo que nos tememos, y especialmente, en favor de determinada empresa. La DGAM podría incluso meterse en un buen lío, pero, sin duda, es por ello que se insiste en explicar repetidamente que la información suministrada por las empresas no tendrá carácter vinculante para un futuro contrato, y solamente se utilizará para 'evaluar las posiciones de adquisición'. Obviamente se trata de no comprometerse y no habría que extrañarse, en consecuencia, que alguna empresa ni siquiera conteste, aunque probablemente lo harán todas por aquello de guardar las formas.
 
Como nos temíamos, la solicitud de información confirma lo ocurrido en programas anteriores, cuando entre otras cosas, el documento especifica que las empresas interesadas en el programa deberán responder en el informe sobre su 'predisposición a establecer un plan de cooperación industrial a desarrollar en España, en colaboración tanto con empresas nacionales del sector de defensa como con los órganos y unidades logísticas del Ejército de Tierra'. Y eso que la información solicitada no es vinculante, y sirve solo para adoptar una posición de partida.
 
Una vez más es obvio que se va a recurrir a la financiación del programa por el Ministerio de Industria -dada la ausencia de presupuesto por parte del Ministerio de Defensa-, por eso hay que vestir el muñeco con el traje de la participación industrial nacional, y además, designando como contratista principal a una empresa nacional, que seguramente, ni conoce el producto, ni tiene la tecnología necesaria, ni está capacitada. Más de lo mismo, una vez más. Y como no podía ser distinto tampoco, el plan industrial que presenten, será evaluado por la llamada Gerencia de Cooperación Internacional (GECOIN), de la empresa ISDEFE, empresa pública que asesora a Defensa, y que preside el propio Secretario de Estado de Defensa. Se dice que el adjudicatario tendrá total libertad para seleccionar a sus socios. Nunca ha sido así, y desde ISDEFE se han indicado las preferencias, valorando supuestamente la transferencia de capacidad de producción, montaje, integración y mantenimiento de los sistemas, y la realización de pedidos o subcontratación de la industria nacional, aunque luego no se hayan supervisado estos extremos eficientemente, ni se hayan tomado medidas correctoras o de penalización, como es aparente tanto en el caso del Leopard como del Pizarro. Como alguien ya dijo: “Déjà vu”, nada nuevo, por lo que los resultados estarán en la misma línea.
 
Y llegados a este punto, podemos decir que no se intuye ninguna referencia a requisitos operativos, a especificaciones técnicas,  a nada de lo que se enseña en los propios cursos de Jefes de Programa que se realizaban apoyados e inspirados desde la propia DGAM, y con el apoyo de ISDEFE. Independientemente de la memoria de necesidad, es indispensable que existan unos requisitos operativos a satisfacer por los sistemas de armas, y consecuentemente a ellos, unas especificaciones técnicas. Es así como se aborda un programa. Aquí, todo da la impresión de que se va a buscar que es lo que hay fabricado por ahí, ver quien da mejores ofertas, y conviene más a los reinos de taifas de las diferentes industrias locales, y a quién Dios se la de, San Pedro se la bendiga. Una vez más, no se ha aprendido nada con los programas anteriores, ni se quiere aprender.
 
Adquisición en fases
 
La DGAM advierte que la adquisición se realizará en sucesivas fases, incluyéndose en las necesidades de la primera fase de 300 unidades, tres versiones: porta-personal (VPP), exploración de caballería (VEC), y puesto de mando (VPC). Siempre estamos con los mismos temas, y los mismos lugares comunes. También en el Pizarro, se incluyeron varias versiones, incluyendo el citado puesto de mando, un invento supuestamente concebido para que no se pueda identificar ni localizar visualmente la ubicación del puesto de mando, como si luego las antenas del vehículo y otras menudencias no lo delaten, independientemente de que el adversario identificará la ubicación, no en base a su equipamiento, sino a sus emisiones electromagnéticas, y eventualmente debido a los movimientos y desplazamiento que realice.
 
Pero lo que más llama la atención es que no se hable para nada de que la empresa seleccionada deberá presentar un prototipo, o prototipos, del vehículo, en su momento, y que se deberán hacer unas pruebas de aceptación, durante un cierto período de tiempo, y en diferentes condiciones y circunstancias, meteorológicas, climáticas, de terreno, etc. Todo hace pensar que, simplemente, el vehículo seleccionado tendrá que ser uno de los ya existentes y probados hoy, pero fabricado hasta cierto punto con alguna participación española, para justificar la financiación del  Ministerio de Industria. Con toda humildad, eso no es un programa, es una adquisición encubierta pura y dura.
 
Quizás no podía ser de otro modo, dado el tiempo perdido y el retraso en modernizar al Ejército, pero si es así huelga esa participación nacional forzada, que solo va a aportar retrasos, y encarecimiento final del producto. La experiencia obtenida con programas anteriores debería servir de algo. En ellos se ha aprendido que:
 
·                    No se puede cerrar un precio sin conocer las prestaciones del sistema y tenerlas bien ajustadas, y más cuando al contratista principal nacional le falta capacitación (casos del Leopard, sobre todo, y ahora también, del RG-31).
·                    Hay que hacer ingeniería de sistemas (completa, desde la planificación hasta el desguace).
·                    Un programa no equivale a un sólo contratista principal, sin más.
·                    Hay que establecer un código de conducta del contratista principal con los subcontratistas.
·                    Las transferencias de tecnología tienen que tener indicadores de valor añadido y no se pueden medir sobre el precio, así ocurría que en los programas citados se llegaba, incluso, a incluir el IVA para valorar la transferencia recibida.
·                    El beneficio se paga sobre el riesgo, no sobre un concepto global. etc... y,
·                    Sobre todo antes de fabricar, hay que garantizar la transferencia tecnológica y el conocimiento.
 
Si no se tienen en cuenta estos aspectos, y enseñanzas, es mejor proceder a una compra directa del producto, sin más problemas. Es más rápido y más barato. Y también hay que considerar si verdaderamente merece la pena. Las transferencias tecnológicas habidas con el Leopard, que sobre el papel eran considerables, no sabe nadie ya quién las tiene ni en donde se han depositado, si es que tuvieron lugar en algún momento. Las que ha recibido el contratista principal, hoy flamante empresa extranjera, si acaso estarán bien custodiadas en su sede, pero lo más probable es que hayan cruzado el Atlántico, y otro tanto sucede con las recibidas por algunos subcontratistas de primer nivel, pero, en ningún caso las tiene ni controla el Ministerio de Defensa, y damos fe de ello.
 
En cualquier caso, la pregunta que nos hacemos es, ¿Compensa haber pagado el alto valor de la transferencia del conocimiento de blindajes especiales, por poner un ejemplo, cuando no hay la más mínima intención de utilizar ese conocimiento?  Ahora, cuando se va a abordar un nuevo programa, no hay ni una sola de las tecnologías recibidas en programas anteriores, que vaya a ser de aplicación para el nuevo VBR 8x8,…el vehículo que se adquiera tendrá las tecnologías que haya incorporado el fabricante, como no podía ser de otra manera, así que ¿para qué ha servido el esfuerzo desarrollado? ¡Qué pérdida de tiempo, recursos, y capacidades!
 
La insistencia del Ministerio de Defensa en que las empresas nacionales alcancen acuerdos sustanciales de cofabricación -dada la necesidad de que sea el Ministerio de Industria quien adelante el presupuesto-, llevará a más de lo mismo y a repetir situaciones y vicisitudes anteriores, como ya se ha dicho, aún cuando esto se acomete ligeramente y sin examinar para nada el posible impacto de esta supuesta cooperación industrial en el precio final, elemento que debería también ser esencial antes de promover incentivos para esta cooperación, ni de tomar ninguna decisión definitiva.
 
¿Qué consolidación industrial?
 
Aunque se diga que desde el Ministerio de Defensa, y el de Industria, se hayan hecho numerosos esfuerzos en los últimos años para favorecer el proceso de consolidación de la  industria en el marco europeo, la realidad es que del total de exportaciones españolas, solo un 5% pueden calificarse como de alta tecnología, tal y como ha estudiado y recoge The Economist, y estas son cifras irrefutables. La realidad es la que es, y España, guste o no, carece de una industria de defensa terrestre relevante.
 
Las afirmaciones que desde algunos medios se hacen en torno a que basándonos en la experiencia y en el conocimiento, en España sólo hay una empresa que fabrica vehículos blindados, una con dominio de los sistemas de mando y control e información, otra experta en direcciones de tiro y optrónica, otra que fabrica motores especiales de altas prestaciones, otra que tiene experiencia en cajas de cambios y transmisiones de vehículos, y otra en simulación, son solo verdades a medias. 
 
No hay ninguna empresa en España que fabrique vehículos blindados propios ya, la que se tiene en mente es extranjera hoy, y el Pizarro fue un diseño conjunto con otro país; si Krauss-Maffei no hubiera estado presente, el carro Leopard 2 no se podría haber fabricado nunca. Todo lo más que pueden hacer es ensamblar, o integrar, siempre y cuando el propietario de la tecnología les deje, y les enseñe como hacerlo.
 
No hay nadie que haya inventado en la Península Ibérica una dirección de tiro eficaz y adaptable a cualquier vehículo, así sin más, y siempre detrás uno se encontraba con nombres como Hughes o Raytheon. No hay ninguna empresa que fabrique motores de altas prestaciones; el motor de los BMR es de la marca Scania, los  motores de los Pizarro son MTU, y los de los Leopard, lo mismo, y cuando se investigó -por parte de ISDEFE, por cierto-, a la afamada empresa que fabricaba el motor del Leopard en España, se descubrió que todos los componentes los traía de Alemania, porque naturalmente era más barato que invertir en su fabricación y producción. Y no hablemos de cajas de cambio o transmisiones; la única empresa que ha hecho algo lo ha hecho siempre con acuerdos con Teledyne, Allison o Renk. En el caso del Pizarro 2ª fase, se trata de un diseño canadiense después de todo, cuyos resultados están por ver, y aún así se han incorporado a un vehículo a medias nacional -el Pizarro es una idea hispano-austríaca-, y ha costado años su integración.
 
Lo mismo sucede con las municiones específicas del carro de combate Leopard, y del vehículo Centauro, o del vehículo acorazado Pizarro. Ninguna empresa española fabrica municiones perforantes subcalibradas de alta velocidad (HVAPDS), una carencia endémica y una dependencia que hace al Ejército especialmente vulnerable. Solo se fabrica cartuchería, y munición de pequeño calibre, y aún así -como recordará quizás alguien-, en algún caso ¡hasta la Guardia Civil, en la época del PSOE y del inefable Roldán, llegó a adquirir municiones de 9 mms. en Filipinas!
 
Alguien, en medios especializados, ha citado que el antecedente del programa industrial del AMX-30 sería un buen modelo a seguir. Si hay precisamente un modelo a no seguir es el del AMX-30, un programa de resultados nefastos y él que más insatisfacción creó en el seno del Ejército de Tierra, algo que todavía los oficiales más antiguos recuerdan con amargura.
 
Para concluir
 
Lo que sí es cierto es que con un nuevo programa tan goloso para los oportunistas ambiciosos, van a iniciarse numerosas iniciativas industriales de las comunidades autónomas que utilizaran sus influencia y medios para apoyar a su propio tejido industrial, como algunos pueden recordar con el caso del Leopard, en el que hasta Cantabria llegó a interesarse. El regionalismo es ciertamente uno de los mayores peligros que acecharán al nuevo programa -detrás de la citada empresa “especializada” en cajas de cambios está nada menos que el PNV, y detrás del fallido vehículo Aníbal está el PSOE andaluz-, y pronto se verán nuevas empresas, hasta ahora desconocidas -caso ahora de la implicada en el vehículo de la empresa Patria, ubicada en Andalucía, y a las que también alude ya Nexter citando la posible fabricación de su vehículo en Cataluña, es decir que pronto tendremos a CiU haciendo lobby -, que no son sino advenedizas en defensa, y para las que todo vale con tal de conseguir un contrato multimillonario.
 
No nos engañemos, ni engañemos al Parlamento y al contribuyente. España carece de la tecnología y capacidad para desarrollar y fabricar un moderno y avanzado VBR 8x8, y el vestir el programa con el disfraz de la co-fabricación solo significa encarecimientos y retrasos. Bélgica, Holanda, Dinamarca y otros países europeos de nuestro entorno -y condiciones similares e incluso tecnológicamente más adelantados-, no caen en la trampa de esa falsa soberanía o nacionalismo trasnochado, de querer designar a un contratista principal nacional. Si se quiere adquirir un nuevo vehículo especial, encárguese éste a quien sepa hacerlo, y responsabilícesele de ello. No hagamos contratista principal ni le encarguemos la gestión a quien no sabe ni es capaz. Otra cosa, naturalmente, es que se obtenga la necesaria carga de trabajo, y se fabriquen en España cuántos componentes o subconjuntos sea posible.
 
Es el precio que hay que pagar tras numerosos años de no invertir en I+D, de no potenciar a las industrias, y de “que inventen ellos”, como ya dijo uno de nuestros más insignes pensadores. Ahora no hay vuelta atrás, y ni el camino ni el tiempo perdidos son recuperables. Las empresa españolas especializadas -en simulación y en tecnologías de la información hay algunas-, solo pueden aspirar a formar parte de algún grupo, o proyecto, y aportar lo que saben hacer. En ningún caso se puede liderar ni articular un proyecto completo por sí solo y en exclusividad. Cuando ni siquiera se ha sido capaz de encontrar un sustituto nacional al tradicional fusil de asalto CETME -el actual G36 es alemán-, mucho menos se va a poder desarrollar y fabricar ahora un vehículo acorazado de alta tecnología.
 
El Ministerio quiere que sea quien sea el responsable industrial que tenga a cargo el nuevo programa, lo haga teniendo en cuenta no sólo las empresas nacionales sino también los órganos y unidades logísticas del Ejército de Tierra. Suponemos que esto va dirigido a asegurar el mantenimiento y apoyo posterior del material durante todo su ciclo de vida, algo muy necesario, y actualmente en entredicho, dadas las escaseces de los presupuestos. Sea como sea, lo que se estructure debe acabar con las prácticas actuales de adquirir repuestos no homologados a firmas pirata, sin ninguna cualificación, como viene siendo práctica habitual, y como no hay visibilidad optimista en torno al futuro, no habrá más remedio que acudir a la externalización de muchas de las tareas de mantenimiento y reparación.
 
El Ejército de Tierra es absolutamente incapaz de asegurar el mantenimiento de 200 Leopard, otros 200 Pizarro, casi 100 Centauro, otros tantos Lince, 100 RG-31, y ahora 300 VBR -cuando lleguen-, sin contar las piezas de artillería ATP, y el resto de vehículos. No tiene ni las instalaciones ni el personal adecuado. Ello va a conllevar un extracoste notable, que nadie se equivoque aquí, y se deberá tener previsto en los presupuestos correspondientes.
 
No se está en contra de dotar al Ejército con un nuevo vehículo blindado. Seguramente lucirá muy bonito en los desfiles y jornadas de puertas abiertas que se organicen entre 2012 y 2016, y la industria agraciada con el contrato estará muy contenta, al igual que estarán satisfechos todos los que reciban sus beneficios, estén en la cúpula o en las estructuras de poder. Pero ello no debe ser óbice para que se haga de la mejor manera posible, ponderando mucho su necesidad, su posible empleo, y la forma en que se obtiene. Y no hay que hacerlo solamente porque exista un cierto clamor por hacerlo, hay que hacerlo si se necesita para lo que la Nación espera de su Ejército, y está dispuesta a hacer. Lo contrario es gastar la pólvora del Rey, y el contribuyente tiene todo el derecho a exigir que el presupuesto se gaste bien.