La Alianza Atlántica y la Guerra Antiterrorista

Los atentados terroristas del 11 de septiembre, en las ciudades de Nueva York y Washington, llevaron a la Alianza Atlántica a considerar oportuna la aplicación, por primera vez en su historia, del art. 5º del Tratado de Washington, activándose así el principio de defensa colectiva. 

 

El efecto sobre la población europea de las imágenes de los dos aviones de líneas comerciales estrellándose contra las “Torres Gemelas” del World Trade Center neoyorquino y su posterior hundimiento fue enorme. Nunca desde el final de la II Guerra Mundial se sintieron tan próximas ambas orillas del Atlántico. Tanto la clase política como la ciudadanía europea rechazaron sin matices la agresión terrorista y brindaron a la nación víctima de aquellos ataques su solidaridad. Las diferencias diplomáticas, las viejas reyertas quedaban arrinconadas ante la magnitud de la catástrofe. Todos nos sentimos neoyorquinos, como John Fitzgerald Kennedy se sintió berlinés cuando aquella ciudad más lo necesitó.

 

En este ambiente de emoción contenida se produjo la histórica decisión de activar el art. 5º del Tratado de Washington, una vez que el gobierno norteamericano presentó al Consejo Atlántico pruebas de la responsabilidad del grupo islamista Al Qaida en su organización y ejecución. Para fundamentar una decisión de esta importancia se valoraron una serie de argumentos:

 

 

Sin embargo, esa no era la única opción de la Alianza ni la más apropiada a la luz de lo establecido por el Tratado de Washington (1949) y el Concepto Estratégico (1999). Si se optó por la activación del art. 5º fue, sobre todo, por la voluntad política de reafirmar la profunda solidaridad con el pueblo norteamericano, en el momento en que sufría el primer ataque de la historia en su territorio continental, y para mostrar una clara disposición a colaborar en las acciones de todo tipo que pudieran ser necesarias para acabar con la amenaza terrorista.

 

El art. 5º establece el principio de defensa colectiva: “Las Partes convienen que un ataque armado contra una o más de ellas (...) será considerado como un ataque dirigido contra todas las partes...” La expresión “ataque armado” en el contexto histórico de la Guerra Fría hacía referencia a la agresión proveniente de un tercer estado. Pasado el tiempo, en un escenario estratégico bien diferente, se ha especulado sobre la inclusión de nuevas amenazas, como el terrorismo. Sin embargo, el Concepto Estratégico vigente, aprobado en el Consejo Atlántico de abril de 1999, celebrado en Washington, hace una clara diferencia entre  ambas situaciones. En su artículo 24 podemos leer: “Any armed attack on the territory of the Allies, from whatever direction, would be covered by Articles 5 and 6 of the Washington Treaty (...)Alliance security interest can be affected by other risks of a wider nature, including acts of terrorism (…) Arrangements exist within the Alliance for consultation among the Allies under Article 4 of the Washington Treaty and, where appropriate, co-ordination  of their efforts including their responses to risks of this kind”. Queda, por lo tanto, claramente establecida la distinción entre “ataque armado” y terrorismo, así como los tratamientos de ambas amenazas, art. 5º frente a art. 4º. Éste último  señala que “Las Partes se consultarán siempre que, a juicio de cualquiera de ellas la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de una de las Partes fuese amenazada”.

 

Lo establecido en el Tratado de Washington y en el Concepto Estratégico aconsejaba la activación del art. 4º. Al sufrir un ataque terrorista Estados Unidos podía haber requerido una ronda de consultas por considerar que su seguridad estaba amenazada. Como resultado de esas consultas cabía solicitar a los restantes aliados la colaboración en el terreno de la inteligencia, la ayuda logística y el libre uso de bases aéreas y navales, lo que de hecho se ha realizado vía art. 5º. Si algún estado miembro hubiera deseado participar en las acciones bélicas podría haberlo hecho a través de la colaboración bilateral, como ha ocurrido a pesar de la activación del art. 5º.

 

Si el art. 5º permitía expresar la solidaridad con Estados Unidos, la vía establecida por el art. 4º hubiera evitado algún problema. Para Estados Unidos el art. 5º tenía el interés de asegurar el pleno respaldo diplomático y la utilización de las bases y espacio aéreo de los estados miembros. Pero no deseaba la colaboración militar, pues desde la II Guerra del Golfo y, sobre todo, tras la penosa experiencia de Kosovo, era consciente del atraso tecnológico de las Fuerzas Armadas de sus aliados, con la parcial excepción del Reino Unido. Sin embargo, al no hacerlo dejaba a estas naciones en una incómoda posición. El alivio por no verse requerido no compensaba el desprecio de no ser considerado capaz de actuar en las nuevas condiciones bélicas. Más aún, para aquellos estados europeos ansiosos de contar en la sociedad internacional, suponía enfrentarse con la dura realidad de que Estados Unidos asumía la resolución del problema internacional más grave de nuestro tiempo sin requerir su colaboración. De ahí el giro dado por Francia y Alemania, así como la voluntad de intervenir de estados ajenos a la Alianza pero interesados en subrayar su papel internacional, como Australia.

 

Los acontecimientos del 11 de septiembre han puesto en evidencia los profundos vínculos culturales que unen a Estados Unidos con Europa, pero también la grave crisis que sufre la Alianza Atlántica. La brecha tecnológica ha pasado de ser un argumento diplomático, dirigido a forzar a los europeos a incrementar sus presupuestos de defensa, a convertirse en un obstáculo para la supervivencia de la propia Alianza, salvo que los europeos estén dispuestos a asumir el papel secundario que se les ha asignado en esta crisis.